El curso judicial 2026-2027 no se inaugura oficialmente hasta el 10 de septiembre con la apertura en una ceremonia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, los juzgados no dejaron de trabajar durante el verano y han preparado un año judicial para septiembre difícil para el presidente del Gobierno, que asistirá a nuevos episodios de las instrucciones judiciales del Caso Leire, Santos Cerdán, Plus Ultra-Zapatero y su esposa, Begoña Gómez. Las cuatro causas afectan directamente al partido socialista, que preside Sánchez.
El Caso Leire
Es importante por la implicación que pueda tener el PSOE en el encargo realizado a la considerada «fontanera» del PSOE, la ex militante Leire Díez, para que interviniese en las causas judiciales que afectaban directamente a dos secretarios de organización del PSOE y al hermano y la esposa del presidente del Gobierno.
Este miércoles 2 de septiembre está citado en los juzgados Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Sánchez y ex presidente de Correos, para que el juez Santiago Pedraz, instructor de la causa en la Audiencia Nacional, le devuelva el teléfono móvil tras ser clonado en sede judicial. La defensa de Serrano ya ha recurrido esta diligencia al igual que el primer volcado del mismo terminal realizado por los investigadores de la UCO de la Guardia Civil.
La declaración como imputada de Ana María Fuentes, gerente del PSOE, el próximo 9 de septiembre, es de gran interés porque de su declaraciones dependerá de que el PSOE se vea afectado por varios delitos, entre los que no se descarta el de financiación ilegal, que afectaría directamente a la línea de flotación del partido. En cualquier caso, Fuentes está llamada a declarar para que explique si el partido realizó pagos a Leire Díez y en qué conceptos. El juez espera todavía los informes sobre seis cuentas corrientes del partido durante 2024 y 2025.
El mismo día también declarará Ismael Oliver, abogado ligado al PSOE y primer letrado de Koldo García. Los investigadores de la UCO sospechan que una de sus sociedades, Oliver Gruppe, fue usada para canalizar los pagos del partido a Leire Díez.
El día 10 declarará Leonardo Marcos, ex director general de la Guardia Civil, por la pieza separada que investiga las supuestas presiones recibidas por los investigadores de la UCO a los que se aconsejó «ponerse de perfil» en la instrucción contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno ya juzgado y condenado, por su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz.
A pesar de ser agosto el juez Pedraz ha estado activo tras recibir a mediados de mes los 14 tomos de la causa desde el juzgado de instrucción de Adolfo Zamarriego y ha continuado instruyendo el caso. De hecho, dedicó dos días al volcado del teléfono de Juan Manuel Serrano.
Plus Ultra y Zapatero
La causa Plus Ultra y la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero afectan notablemente al presidente Sánchez aunque sea de manera indirecta. La presencia del ex presidente Zapatero, principal valedor de Sánchez dentro del PSOE, como principal investigado, según el juez Calama por haber intervenido favorablemente en el rescate de la aerolínea Plus Ultra por parte del gobierno socialista, va a dejar un lastre difícil de superar. De hecho, las encuestas sobre intención de voto ya le pasan factura al PSOE por la Causa Plus Ultra.
Sin embargo, Sánchez sigue defendiendo en sus últimas entrevistas en la Prensa que Zapatero acreditará el origen legal de las joyas, algo que parece difícil pues ya han pasado casi dos meses desde que el ex presidente dijo que iba a hacerlo en el juzgado y todavía no ha ocurrido nada que pueda justificar la entrada en España de joyas por valor de 1,3 millones de euros.
El 7 de septiembre declara Julio Martínez Sola, ex presidente de la compañía, ante el juez Pedraz. Su testimonio, que ya adelantó en parte por escrito, va en el sentido del otro Julio (Martínez Martínez), amigo y socio de Zapatero y es similar al presentado también por Roberto Roselli, que fue CEO de la compañía y declarará un día después, el martes 8 de septiembre. Ambos reconocieron haber pagado una comisión del 1 por ciento, 530.000 euros y que parte de ese dinero habría ido a las cuentas del ex presidente del Gobierno.
Caso Koldo: Santos Cerdán
Las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre la pieza separada del Caso Koldo, que afecta a la contrataciones de obra pública, donde presuntamente habría influido Santos Cerdán cuando era diputado y secretario de organización socialista, afectarán inevitablemente a la agenda política del PSOE. El partido ha querido desvincularse de cualquier relación con Cerdán y sus intervenciones. Pero lo cierto es que las constructoras que presumiblemente acudieron a Santos Cerdán lo hicieron por su posición y su influencia política tanto en Madrid como en Navarra.
El juez Ismael Moreno y el fiscal anticorrupción esperan nuevos informes de los agentes de la UCO para tratar de apuntalar la acusación contra Santos Cerdán y varios empresarios de la construcción, una trama que puede salpicar además al ex ministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García. En concreto, los informes que faltan son los relativos a las cuentas de tres constructoras implicadas, otro sobre las cuentas de Antxón Alonso, imputado en la causa y otro sobre las obras de desdoblamiento del túnel de Belate (Navarra)
Begoña Gómez, lo que más le duele a Sánchez
La Audiencia Provincial de Madrid retiró dos de los cuatro cargos -quedan tráfico de influencias y malversación- contra la esposa del presidente y ahora su nuevo abogado debe presentar todavía su escrito de conclusiones contra el juicio por jurado popular que la misma Audiencia ya ha confirmado. El juez Juan Carlos Peinado, que comenzó la instrucción en 2024 se jubila el 27 de septiembre y antes de irse quiere dejar dictado el auto de apertura de juicio oral.
La rebaja hizo que las acusaciones populares -la Fiscalía no va a acusar-, liderada por la asociación Hazte Oír, ha presentado su escrito de conclusiones provisionales contra María Begoña Gómez Fernández y María Cristina Álvarez Rodríguez, y solicitaba la apertura de juicio oral ante el Tribunal del Jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de patrimonio público.
En su escrito las acusaciones populares ha solicitado para Begoña Gómez una pena de 13 años de prisión por un delito de tráfico de influencias y dos delitos de malversación. En concreto, interesan dos años de prisión por el delito de tráfico de influencias, tres años por un delito de malversación continuada y ocho años por un delito de malversación agravada. De forma subsidiaria, en caso de apreciarse concurso medial entre los delitos de malversación, solicita una pena única de diez años de prisión y veinte años de inhabilitación, además del resto de penas de multa. Previsiblemente, será el primer juicio en celebrarse.
