Los GEC Files que Sarah B. Rogers filtró el 21 de agosto no demuestran ninguna operación de censura por proxy del Departamento de Estado en 2020. Esa es la conclusión del análisis de Lawfare firmado por Alex Stamos, que no es un observador cualquiera: ayudó a liderar el consorcio Election Integrity Partnership que la narrativa de Rogers convierte en correa de transmisión del poder.
Rogers, subsecretaria de Estado para diplomacia pública, publicó un hilo de 19 entradas en X con documentos que había intentado filtrar a DataRepublican, el alias de Jennica Pounds. La propia Pounds reveló el intento porque creyó que le estaban pidiendo algo ilegal. El episodio convirtió a Rogers en objetivo de una ola de indignación en la misma red.
La filtración de Rogers: una operación de influencia que se desmorona
Los documentos pretendían demostrar una colusión entre el Global Engagement Center (GEC) y el Election Integrity Partnership (EIP), el consorcio liderado por el Stanford Internet Observatory. La tesis de Rogers es directa: el GEC tenía mandato de combatir propaganda extranjera, pero quería atacar discurso doméstico y usó al EIP como cortafuegos. En su formulación, externalizar la censura a universidades y ONG.
Le pongo en contexto: el GEC era la oficina del Departamento de Estado encargada de contrarrestar propaganda y desinformación extranjera. La administración Trump lo desmanteló. Su participación en el EIP nunca fue secreta. De hecho, el consorcio invitó tanto al Comité Nacional Demócrata como al Republicano a enviar avisos.
He seguido de cerca esta acusación desde que apareció en 2021. La han repetido Jim Jordan, America First Legal, Matt Taibbi, Michael Shellenberger, Mike Benz y Elon Musk. También fue investigada, litigada y desestimada. El caso Hines v. Stamos, construido sobre la supuesta conspiración de censura, cayó tras años de fase probatoria. Missouri v. Biden apartó al Departamento de Estado de la obligación inicial.
La lectura confidencial es otra. Rogers no llega a un terreno intacto con pruebas nuevas: llega a una teoría ya investigada y agotada. El expediente operativo que centra su revelación lleva años público y no dice lo que ella sostiene. Rogers, además, escogió no filtrar los mensajes que demostraban que la participación del GEC había sido aprobada por los abogados del Departamento de Estado bajo Trump. Eso no es un detalle menor.
La narrativa de la censura masiva no sobrevive al examen técnico: no hay una sola orden gubernamental de retirada en los 15 tickets del Jira.
Anatomía de los GEC Files: lo que muestran los tickets del Jira
El informe final del EIP de marzo de 2021, de 292 páginas, ya documentó la participación del GEC y el sistema Jira utilizado para rastrear rumores electorales. El proyecto procesó 639 tickets, la mayoría creados por los propios analistas, principalmente estudiantes de Stanford.
Los 15 tickets del Jira con referencias a cuentas de medios estatales rusos llevan casi tres años publicados. Los difundió el propio subcomité presidido por Jordan en noviembre de 2023. El consorcio ignoró seis de los avisos. Solo en nueve de los 15 tickets los analistas decidieron trasladar el contenido a las plataformas.
Esas cifras son devastadoras para la tesis de una maquinaria estatal de censura. Los tickets referencia a 192 URL en total. Más de un tercio de los enlaces de Twitter procedían de dos cuentas de propaganda extranjera: Fort Russ News y la cuenta principal de RT. Trece de cada quince tickets mencionaban un medio estatal extranjero o un proxy, como RT, Sputnik, SouthFront, OneWorld.Press, Fort Russ News, o cuentas en español afines al chavismo.
El consorcio etiquetó el 21% de las URL reportadas, eliminó el 13% y no actuó sobre el 65%. La eliminación se concentró en violaciones simples: suplantación de cuentas oficiales y phishing. El GEC solo fue etiquetado en el 2,5% de los tickets del Jira, según el gráfico citado por el propio Jordan. Si aquello era un brazo clandestino del Estado profundo, resultó sorprendentemente indisciplinado.
El ejemplo que Rogers eleva a prueba central es el ticket EIP-556, sobre la filtración de varias llamadas de Zoom del movimiento Sunrise. La analista del GEC escribió que había encontrado los tuits buscando amplificación extranjera de narrativas de violencia electoral, pero que no podía investigar más por posibles vínculos con ciudadanos estadounidenses. Tres días después, la misma analista documentó la amplificación de Sputnik. Nada de esto implicó una orden de censura.
La cifra que Rogers vende como gran escala, 475.581 tuits relacionados, tampoco mide actividad del GEC ni de las plataformas. Es una fila de una tabla del informe final del EIP que recogía el alcance de las narrativas. La narrativa del Dominion Voting Systems generó más de 7,1 millones de tuits; Stop the Steal, 2,9 millones. Es decir, esos 475.581 tuits muestran lo viral que fue el contenido, no lo censurado que estuvo.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
Lo veo así: estamos ante una operación de influencia de manual, aunque no en el sentido que Rogers denuncia. La filtración de una subsecretaria de Estado para armar una narrativa de censura masiva contra el Departamento de Estado es, en sí misma, una bomba de desinformación. No hace falta una agencia extranjera: el propio ecosistema político estadounidense produce este tipo de operaciones con actores y audiencias domésticas.
El vector de amenaza encaja en la categoría de filtración desde dentro del aparato del Estado. Rogers, como subsecretaria de diplomacia pública, tuvo acceso a documentos internos y decidió difundirlos con una interpretación interesada. Las agencias implicadas no son servicios de inteligencia clásicos, pero el esquema es idéntico al de una campaña de desinformación: selección interesada de material, descontextualización técnica y difusión a una audiencia predispuesta.
En términos de equivalencia para España, el CNI o el CCN-CERT vigilan este tipo de narrativas porque alimentan la desconfianza estructural hacia las instituciones. La teoría del ‘complejo industrial de la censura’ ya se ha exportado ideológicamente fuera de Estados Unidos y bebe de la misma deslegitimación de los organismos que combaten la desinformación rusa.
El precedente histórico del oficio es claro. La desestimación de Missouri v. Biden y de Hines v. Stamos dejó a la narrativa sin base probatoria. El subcomité de Jordan publicó los tickets creyendo que incriminaban al Departamento de Estado y logró lo contrario: mostró que los avisos eran escasos, acotados y respondían a medios estatales extranjeros. Marco Rubio, que prometió la revelación de los ‘GEC Files’ en 2025, precipitó una promesa imposible de cumplir.
El nivel de clasificación estimado del material filtrado es bajo, probablemente ‘sin clasificar pero sensible’. No es una filtración masiva de secretos de Estado: es la reinterpretación militante de documentación administrativa. El daño no está en la seguridad nacional, sino en la contrainteligencia informativa.
Le adelanto que el siguiente hito será ver si el Congreso estadounidense cita a Rogers o si el expediente se diluye como una anécdota más de la guerra cultural. Lo que no resucitará es la carrera de una acusación que ya ha sido desestimada por los jueces.
