El pacto PP-Vox en Andalucía entra en su primera fricción real por los menores migrantes de Ceuta. La crisis humanitaria obliga a Juanma Moreno a administrar dos lecturas de un mismo acuerdo: la que exige ‘no más MENAS’ y la que le obliga a cumplir la ley.
Un pacto, dos lecturas: la presión de Vox y la respuesta de Moreno
El curso político andaluz se ha reabierto este lunes con la primera reunión del Consejo de Gobierno tras las vacaciones de agosto. La crisis de Ceuta, aún sin resolver, ha dejado cifras que pesan: 145 fallecidos en el Estrecho y alrededor de 5.000 extranjeros malviviendo en calles y playas de la ciudad autónoma, según las cifras oficiales que ha citado el propio Ejecutivo de Moreno.
En ese grupo están los menores extranjeros no acompañados, cuyo número sigue sin cerrarse. Han desbordado las instalaciones de acogida del Gobierno ceutí, y la última reforma de la Ley de Extranjería obliga a las comunidades autónomas a la acogida solidaria. Andalucía, bajo el mandato de Juanma Moreno, respalda la ayuda extraordinaria de 25 millones de euros propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez para atender a esos niños.
La respuesta de Manuel Gavira, vicepresidente segundo y líder de Vox, no se ha hecho esperar: ha solicitado formalmente la convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto. El acuerdo dice taxativamente ‘no más MENAS’ y que la Junta se opondrá por todos los medios, también legales, a la llegada de niños extranjeros a Andalucía.
Sin embargo, el mismo párrafo del pacto incluye un matiz que ahora se convierte en eje del debate: la Junta cumplirá la legalidad vigente. En esa dualidad ambigua se mueve el Ejecutivo de Moreno, que intenta conjugar ambas tesis sin que conste todavía que el Gobierno central haya comunicado cuántos menores enviará a Andalucía ni que la Junta los haya admitido o rechazado.
El pacto no se ha incumplido, pero la primera prueba de estrés de la coalición andaluza ya está sobre la mesa.
La crisis de Ceuta desborda los equilibrios de San Telmo
Antes de que la crisis se enquistara, Gavira ya advirtió a principios de agosto: ‘Que vuelvan con sus padres’. Ahora, el vicepresidente primero, Antonio Sanz, niega que exista ‘ningún conflicto real’ con los socios, tras pedirles públicamente la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento.
La portavoz de la Junta, Carolina España, ha tenido que responder hasta en cinco ocasiones por por esas tensiones. Ha hecho malabarismos para conjugar posturas: ‘No se preocupen ustedes, de momento no tenemos tensión entre los socios de gobierno y esperemos que así siga’, ha llegado a decir.
La portavoz ha cargado contra el Gobierno de Sánchez por la gestión de la crisis, pero no ha sabido concretar de cuántas plazas dispone Andalucía para acoger a menores ni cuántas están ocupadas. La Consejería de Asuntos Sociales tampoco ha facilitado esos datos.
El Ejecutivo de Moreno prefiere no situarse todavía en ese escenario y dilata una respuesta clara sobre cómo gestionará sus competencias en acogida. ‘No se ha incumplido el pacto. No veo inestabilidad ni problemas en el acuerdo con nuestro socio de gobierno’, ha insistido España.
La estrategia pasa por desviar la presión hacia Moncloa: ‘Marlaka y Albares han dicho que todos los que han entrado ilegalmente a Ceuta tienen que salir de Ceuta. Lo ha dicho el Gobierno y la UE, esperemos que el Gobierno cumpla su palabra’, ha afirmado la portavoz andaluza.
Génova observa con cautela este primer ensayo de coalición. En Andalucía, los consejeros del PP enmarcan la situación en la ‘normalidad’: ‘Hay conversaciones casi a diario’. La fecha de la reunión entre los socios,, invocada por el líder regional de Vox, aún no se ha hecho pública.
La tensión ha saltado también al Parlamento andaluz, cuya presidenta, la popular Ana Mestre, ha convocado una izada de la bandera española el próximo 2 de septiembre en solidaridad con Ceuta. Las formaciones de izquierdas han quedado excluidas y acusan a PP y Vox de ‘instrumentalizar’ el malestar de la ciudad autónoma.
El Eje del Poder Popular
El primer episodio de fricción en el pacto andaluz se gestiona desde San Telmo con un manual conocido: evitar la confrontación pública, ensalzar la legalidad y dirigir el foco hacia la gestión del Gobierno central. Moreno ya demostró en la pasada legislatura, cuando gobernaba en minoría con apoyos externos de Vox, que prefiere agotar los plazos antes que abrir una crisis de socios.
La lectura territorial es clara: 11 comunidades autónomas están gobernadas por el PP, y en varias de ellas Vox resulta imprescindible o condiciona la gobernabilidad. Andalucía es el laboratorio más relevante por tamaño, presupuesto y proyección. Lo que ocurra en San Telmo en las próximas semanas puede marcar el tono de las relaciones PP-Vox en otros territorios, de ahí que la cúpula nacional observe sin intervenir públicamente.
El precedente de Castilla y León, donde PP y Vox conviven desde 2022 con fricciones recurrentes, ofrece una plantilla de lo que puede ocurrir en Andalucía. Allí, la tensión migratoria y las discrepancias sobre violencia de género se han resuelto con comisiones de seguimiento y declaraciones medidas. Moreno, con más margen parlamentario, confía en que la comisión reclamada por Gavira sirva para rebajar la presión y no para encenderla.
El riesgo a medio plazo no es la ruptura del pacto, que ninguna de las partes desea a menos de dos años del próximo ciclo autonómico, sino la erosión del relato de gestión solvente que el PP andaluz ha cultivado durante casi una década. Cada imagen de descoordinación con Vox resta crédito a la idea de un Gobierno estable, y en Moncloa lo saben.
La próxima ventana crítica será la reunión de la comisión de seguimiento, cuya fecha no ha trascendido, y el eventual traslado de menores a Andalucía. Si el Gobierno central concreta una cifra, Moreno tendrá que elegir entre el acuerdo con Vox y la ley. O, más probablemente, buscará una tercera vía: cumplir con cupos mínimos, dilatar los plazos y mantener el pulso contra Sánchez.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Frente al caos migratorio del Gobierno, el PP andaluz garantiza estabilidad y legalidad.
- Protagonista: Juanma Moreno (presidente de la Junta de Andalucía).
- Próximo hito: Reunión de la comisión de seguimiento del pacto PP-Vox, pendiente de fecha.
