La ofensiva judicial contra el Gobierno ya no es solo un asunto del PSOE: condiciona la agenda de Sumar.
El contraataque judicial del PSOE marca el inicio del curso político
Este lunes, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, cargó contra lo que llamó “sectores judiciales empeñados en tumbar al Gobierno sea como sea”. En una entrevista en TVE, el dirigente socialista vinculó la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados por la ley de nietos con la estrategia del PP y Vox, a los que acusó de alimentar la teoría del “pucherazo electoral”.
La reacción no quedó en el plano discursivo. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, recurrió el archivo de sus denuncias contra el juez Juan Carlos Peinado y acusó al Consejo General del Poder Judicial de corporativismo. La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, había advertido contra las presiones políticas, una advertencia que el Gobierno interpreta como un intento de silenciar la crítica.
La agenda de Sumar, atrapada entre el ruido judicial y la negociación presupuestaria
En Sumar, la lectura es otra. El espacio liderado por Yolanda Díaz comparte con el PSOE la defensa de la amnistía y la crítica a la judicialización del conflicto catalán, pero no quiere que la legislatura se convierta en un pulso permanente entre Ejecutivo y Poder Judicial. La razón es estructural: la agenda social de Sumar —reducción de la jornada laboral, políticas de vivienda, derechos laborales— requiere negociación con el PSOE y no se beneficia de un socio mayoritario centrado en defenderse de los tribunales. La apuesta por una agenda social tangible no es retórica: es lo que diferencia a Sumar frente a la polarización judicial que propone la derecha.
El pulso entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, no es nuevo, pero ahora condiciona los tiempos de la coalición. En Sumar no ha habido una reacción coordinada a las declaraciones de Óscar López; de hecho, Yolanda Díaz no se ha pronunciado al cierre de esta edición. Ese silencio no es neutral. Implica evitar avalar sin matices una estrategia socialista que puede movilizar a la derecha y desgastar a los socios minoritarios.
Las confluentes observan el movimiento con cautela. Izquierda Unida, Más País y Catalunya en Comú tienen agendas territoriales y sociales propias que necesitan protección. Si el curso político se consume en la guerra judicial, el margen para colocar demandas como la reforma del sistema de cuidados o la reducción de jornada se reduce. La contradicción es real: acompañar al PSOE en el choque institucional refuerza la identidad de bloque, pero resta tiempo y recursos a la negociación legislativa. La ofensiva de los ministros socialistas deja a Sumar ante un dilema: acompañar la confrontación o preservar su perfil programático.
El ruido judicial no solo desgasta al PSOE: convierte cada pleno en un campo de batalla ajeno a las prioridades legislativas de Sumar.
La Dinámica de Coalición
La tensión judicial introduce un nuevo factor en el equilibrio interno de Sumar. Las fuerzas que priorizan la calle y los derechos sociales —IU y las confluentes territoriales— temen que el ruido institucional se coma la agenda; los sectores más ligados a la negociación con el PSOE prefieren no abrir frentes adicionales. La coalición, con 152 escaños entre PSOE y Sumar, depende de mayorías amplias para aprobar cualquier ley. Cada voto de Podemos o de los nacionalistas se vuelve más caro cuando el Gobierno aparece a la defensiva. Ya ocurrió con la amnistía: el PSOE asumió el coste, pero Sumar obtuvo escaso capital político.
En la dimensión de coalición, el PSOE está pidiendo implícitamente lealtad frente al asedio judicial. Sumar, hasta ahora, no ha roto la baraja. Pero la ausencia de un relato propio puede interpretarse como subordinación. La negociación presupuestaria del otoño será el primer test: si la agenda social de Sumar no logra avances concretos, la presión interna crecerá. Las cinco diputadas de Podemos, que ya operan fuera de la disciplina del grupo, tienen un argumento fácil: el ruido judicial diluye la agenda de transformación. El precedente de la reforma laboral de 2021, pactada en un contexto de fuerte ruido mediático, mostró que la coalición puede sacar leyes si aísla el conflicto.
La proyección es clara. El ciclo electoral de 2027 está asomando y PSOE y Sumar necesitan resultados tangibles. La ofensiva judicial puede servir al PSOE para movilizar a su electorado, pero también puede fijar un marco de polarización que beneficie a quienes piden más distancia entre los socios. Sumar necesita que la coalición no se quede sin agenda. Esa es su pelea.
Ficha del Caso
- El caso: La reacción del PSOE contra el Supremo y el CGPJ por la suspensión del voto de los nacionalizados y el archivo de las denuncias contra el juez Peinado coloca a Sumar ante un dilema de agenda.
- Datos importantes: PSOE y Sumar suman 152 escaños; la mayoría absoluta está en 176. La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, advirtió contra las presiones; Bolaños recurrió el archivo.
- Resumen: La ofensiva judicial del Gobierno puede desgastar la agenda social de Sumar y tensar la negociación presupuestaria de otoño.
