EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones ante la Junta Electoral Central para que no se inscriba de forma automática a los descendientes de exiliados en el censo de residentes ausentes (CERA) de cara a las elecciones a la Asamblea.
- ¿Quién está detrás? El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local.
- ¿Qué impacto tiene? Exige que solo voten en Madrid quienes acrediten la última vecindad administrativa y blinda el censo frente a lo que Génova considera un intento de manipulación electoral.
La Comunidad de Madrid ha presentado este lunes alegaciones ante la Junta Electoral Central para que no se inscriba de forma automática a los descendientes de exiliados en el censo de residentes ausentes (CERA) para las elecciones a la Asamblea de Madrid.
Qué exige Madrid para cuadrar el censo CERA
El Ejecutivo regional presidido por Isabel Díaz Ayuso pide a la JEC que la inscripción en un municipio madrileño se haga solo cuando la persona pueda acreditar documentalmente que su ascendiente tuvo su última residencia en la Comunidad de Madrid. La base jurídica es el artículo 7.3 del Estatuto de Autonomía, que reconoce como madrileños a los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en la Comunidad de Madrid y acrediten esta condición en el consulado correspondiente.
El texto autonómico añade que gozarán también de estos derechos sus descendientes inscritos como españoles, si así lo solicitan. La Comunidad de Madrid insiste en que el registro no se haga «nunca de forma automática por defecto».
La Consejería de Presidencia Justicia y Administración Local sostiene que el criterio de «mayor arraigo» recogido en el Acuerdo de la JEC es «indeterminado» y choca con el Estatuto autonómico. Madrid exige que se descarten fórmulas que permitan el alta sin acreditación documental.
El consejero Miguel Ángel García Martín ha asegurado en un audio remitido a los medios que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «sabe que tiene perdidas las próximas elecciones y alguien tiene que ponerle freno en su intento de adulterar el proceso electoral. La presidenta regional ya anunció la medida el pasado viernes durante el debate del estado de la región.
La PNL no es solo un gesto parlamentario: en Madrid se traduce en una batalla jurídica por el control del censo que decidirá quién puede votar en las autonómicas.
El pulso con Moncloa: la guerra por los censos
La petición llega después de que el Tribunal Supremo haya suspendido las altas en el censo en aplicación de la ley de nietos, para los hijos y nietos de los españoles que se exiliaron por la Guerra Civil y la dictadura franquista. Moncloa considera la decisión un nuevo choque institucional, pero el Ejecutivo madrileño insiste en que su objetivo es «evitar que el Gobierno central manipule los censos electorales».
El Gobierno central ha defendido la aplicación de la ley de nietos como un mecanismo de reparación histórica, una posición que el Ejecutivo de Ayuso no discute en su literalidad, pero sí en su aplicación al censo electoral de las elecciones autonómicas.
El Eje del Poder Popular
La decisión de la Comunidad de Madrid no es un movimiento aislado en la estrategia territorial de Génova. Posturas similares se han apuntado en otros territorios gobernados por el Partido Popular, preocupados por el impacto de una inscripción masiva de residentes en el exterior en elecciones que se deciden por márgenes estrechos. Fuentes populares consultadas por Moncloa.com confirman que la pelea por el censo CERA forma parte del repertorio de defensa institucional frente a la Moncloa de Pedro Sánchez.
En el traslado a los territorios, esta disputa conecta con el temor a que un censo ensanchado con criterios laxos acabe diluyendo el peso de los electores que sí residen de forma efectiva en la región. La exigencia de acreditación documental se presenta como una salvaguarda de la integridad del proceso. No hay cifra oficial aún sobre cuántas altas potenciales quedarían bloqueadas, detalle que la Consejería se reserva a la espera de que la JEC fije la doctrina.
La reflexión abierta queda servida: si la JEC da la razón a Madrid, otros gobiernos autonómicos podrían copiar el modelo de alegaciones; si la rechaza, el pulso alimentará el relato de asimetría institucional que Génova viene explotando. El próximo Pleno de la Asamblea servirá para medir el respaldo del Grupo Popular a la ofensiva de Ayuso.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: La Comunidad de Madrid blinda el censo frente a la manipulación electoral del Gobierno central.
- Protagonista: Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid)
- Próximo hito: La Junta Electoral Central debe resolver las alegaciones y fijar los criterios de inscripción en el CERA para las autonómicas.
