El Grupo Popular ha registrado en el Congreso la petición de comparecencia del ministro Félix Bolaños en la Comisión Constitucional tras la suspensión cautelar del Supremo a los efectos electorales de la ‘ley de nietos’. La portavoz parlamentaria Esther Muñoz lidera la ofensiva popular, respaldada por el Grupo Parlamentario Popular del Congreso. El escrito tendrá que pasar por la Mesa del Congreso y por la de la Comisión. Los populares creen que PSOE y Sumar no podrán rechazarlo, solo dilatar su tramitación.
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado este lunes en el Congreso la solicitud de comparecencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para que explique en la Comisión Constitucional la instrucción que amplió el alcance de la ‘ley de nietos’. La ofensiva parlamentaria llega después de que el Tribunal Supremo acordara el pasado martes suspender cautelarmente el derecho de voto de los nuevos electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) al amparo de esta norma.
La medida cautelar del Alto Tribunal no anula las nacionalidades ya concedidas ni resuelve el fondo del litigio, pero bloquea temporalmente sus efectos electorales. Los expedientes podrán seguir tramitándose, aunque sus consecuencias para el sufragio quedarán suspendidas hasta que se dicte sentencia. En ese contexto, el PP considera que Bolaños debe dar explicaciones sobre el papel de un alto cargo de su ministerio —la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermana del actual ministro Óscar Puente— a la hora de alterar una ley aprobada en el Parlamento.
La ofensiva parlamentaria: calendario y bases del escrito
El escrito registrado por el GPP tendrá que pasar primero por la Mesa del Congreso y después por la Mesa de la Comisión Constitucional. Los populares auguran que la suma de PSOE y Sumar podría dilatar al máximo la comparecencia, pero confían en que no podrán rechazarla, ya que el documento es jurídicamente impecable. De hecho, Bolaños ya compareció en abril de este año en esta comisión tras una petición del PP.
El origen de la controversia se encuentra en una instrucción dictada por el Ministerio de Justicia el 25 de octubre de 2022, poco después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. El Gobierno interpretó que podía presumirse la condición de exiliado de los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin necesidad de acreditar individualmente los motivos políticos, ideológicos, religiosos o de orientación e identidad sexual que justificaron la salida.
La dimensión electoral del conflicto es la que ha encendido las alarmas. El Tribunal Supremo utiliza el crecimiento de 408.262 electores en el CERA desde 2023 como uno de los elementos centrales para justificar las medidas cautelares. El Alto Tribunal ha encargado a la Junta Electoral Central (JEC) que supervise el desglose de qué nuevos votantes obtuvieron la nacionalidad por ser descendientes de exiliados y cuáles lo hicieron mediante la interpretación expansiva ahora paralizada.
La JEC, encargada de velar por la transparencia de los procesos comiciales, se reúne este lunes para abordar los efectos operativos de la decisión del Supremo. Deberá estudiar cómo aplicar el bloqueo preventivo del sufragio para los nuevos inscritos por esta vía y cómo coordinar el flujo de datos con las oficinas consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores.
El Supremo no cuestiona solo la instrucción: está reequilibrando los efectos de una interpretación expansiva que disparó el censo electoral exterior sin las garantías individuales que exige la ley.
Los cuatro frentes que cercan la ‘ley de nietos’
En paralelo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional estudia la posible anulación de la mencionada instrucción, fechada el 25 de octubre de 2022 y elaborada por Sofía Puente. La controversia, por tanto, abarca el ámbito judicial, el administrativo y el electoral, ademas del parlamentario. No es un embudo sino un cerco.
Bolaños no era titular de Justicia cuando Sofía Puente firmó la instrucción. En ese momento, la cartera correspondía a Pilar Llop. Sin embargo, cuando Bolaños asumió el ministerio en noviembre de 2023, unificándolo con Presidencia, mantuvo a Puente en su equipo y la ascendió a secretaria general. Esa continuidad es el punto que el PP quiere ahora poner sobre la mesa en la Comisión Constitucional.
La reacción del Gobierno ha sido de abierto desacuerdo con la suspensión cautelar. Bolaños llegó a pedir este sábado desde su perfil en X que el Supremo resolviera el tema antes de las elecciones de 2027. La portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz, le acusó de tratar de presionar a los magistrados del Alto Tribunal. El censo no puede alterarse sin base legal sólida, reprochó el ministro.
El Eje del poder popular
La ofensiva parlamentaria del PP no se limita a una cuestión de trámite. Tiene una lectura estratégica clara: situar al Gobierno ante sus propias contradicciones en la gestión de un censo electoral que ha crecido en más de 400.000 electores en apenas dos años. El mensaje de Génova es que no se trata de un debate sobre memoria histórica, sino sobre integridad electoral y respeto a la separación de poderes.
En los territorios donde gobierna el PP, la preocupación es tangible. El voto CERA puede ser determinante en elecciones generales y autonómicas, y la integridad de ese censo afecta directamente a la representación de los territorios populares. Las federaciones territoriales observan con cautela el descontrol administrativo que denuncian en la gestión de las altas consulares.
Los populares recuerdan un precedente incómodo para el Gobierno: la batalla por la reforma de la ley electoral que el PSOE intentó tramitar por la vía exprés y que acabó en los tribunales. Ahora, con la suspensión cautelar del Supremo, el PP considera que se repite el patrón de un Ejecutivo que legisla al margen del Parlamento. La gran incógnita es si la comparecencia de Bolaños podrá celebrarse antes de que el Supremo dicte sentencia.
El riesgo inmediato para el Gobierno es doble: la JEC se reúne hoy para operar el bloqueo del sufragio y la Audiencia Nacional puede anular la instrucción originaria. Si ambos frentes avanzan en paralelo, la posición de Bolaños en la comisión será aún más delicada. Dejémoslo en un ya veremos.
