La acusación popular de Hazte Oír ha solicitado la declaración como testigo de Melchor León, diputado socialista en la Asamblea de Ceuta, ante la juez María Tardón, que instruye la investigación sobre la invasión de Ceuta por parte de miles de marroquíes. Según el escrito solicitando esta diligencia, Melchor León afirmó públicamente que el Delegado del Gobierno «sabía todo lo que iba a pasar». La acusación de HO destaca siete nuevos hechos relevantes contra la gestión del Delegado del Gobierno en Ceuta.
Según las declaraciones recogidas en el escrito de HO, el jefe de Gabinete del Delegado, Gonzalo Sanz, confirmó que su jefe, el delegado Pérez Triano, estaba presente durante la llamada con el CNI del 29 de julio. Por ese motivo, desde HO se pide esclarecer «qué sabía el delegado del Gobierno antes de la entrada masiva y qué medidas adoptó para proteger a los ceutíes.
También solicita la testifical del dimitido jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, su carta de dimisión y las comunicaciones de alerta remitidas a los ministerios. La ampliación incorpora nuevos ataques contra militares y guardias civiles y reclama documentación sobre las medidas de protección adoptadas.
La juez Tardón ya dictó una providencia reclamando la parte de las denuncias presentadas en los juzgados de Ceuta el pasado 11 de septiembre: «dada cuenta; de las informaciones obtenidas en los diferentes órganos judiciales de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta, respecto de las causas que se siguen en los mismos por las conductas delictivas derivadas de la entrada masiva irregular de inmigrantes procedentes del territorio de Marruecos en la Ciudad Autónoma de Ceuta que tuvo lugar entre los días 30 y 31 de julio de 2026, se ha tenido conocimiento de que en la Plaza nº 6 se siguen las DPA 473/2026 por causa de una denuncia o querella contra el Delegado del Gobierno de Ceuta. Remítase a este último órgano judicial el Auto de éste de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, asumiendo la competencia por los indicados hechos para que, a su vista, valore la pertinencia de inhibirse de sus actuaciones en favor de este Juzgado, si se tratase de conductas incluidas en el procedimiento que aquí se sigue».
Los siete nuevos hechos denunciados ahora son:
El ataque de 2 de septiembre a una patrulla militar tras el allanamiento de una vivienda
El 2 de septiembre de 2026, en la confluencia de las calles Miguel de Lara y Huerta Téllez, una patrulla militar sorprendió a un individuo que había accedido a una vivienda particular. «Al ser descubierto emprendió la huida arrojando contra los militares piedras de gran tamaño y opuso resistencia con golpes y patadas, hasta que fue reducido y detenido con el apoyo de varias dotaciones de la Policía Nacional, que lo pusieron a disposición judicial», explican.
Este episodio es distinto de la riña de esa misma fecha en la playa del Trampolín. En este caso, el Sindicato Unificado de Policía y la Asociación Unificada de Militares Españoles advirtieron, con ocasión de estos hechos, de la pérdida de autoridad que se percibe en la ciudad y reclamaron más medios materiales, refuerzos de personal y mayor protección jurídica para quienes prestan servicio en Ceuta.
La agresión de 6 de septiembre de 2026: una silla lanzada contra los militares
Al apedreamiento de la noche del 5 al 6 de septiembre de 2026 junto a la playa del Trampolín, se añade un elemento nuevo: el 6 de septiembre se difundió una grabación de aquellos ataques, realizada según lo publicado por el sindicato Jupol, en la que varios individuos lanzan una silla plegable contra los militares; conforme a la publicación que la difundió, la silla alcanzó en la cabeza a uno de ellos. «La Asociación de Tropa y Marinería Española exigió, a raíz de estos hechos, que los miembros de las Fuerzas Armadas desplegados en la ciudad sean investidos de la autoridad suficiente y que su servicio sea reconocido como profesión de riesgo. La versión original de la grabación, con sus metadatos, autoría y cadena de custodia (…)», añade HO.
Trampas dispuestas sobre el terreno para lesionar a los militares
El 10 de septiembre de 2026 se difundió una grabación, registrada en un acantilado del Recinto, junto al Sarchal, en la que dos individuos muestran cómo han dispuesto piedras sueltas sobre cartones en un paso de terreno rocoso, con el propósito declarado de impedir el acceso de los militares a las chabolas: «si pisas aquí te vas directo al vacío», explican ante la cámara.
Dos días después, las asociaciones profesionales de los militares desplegados describieron la extensión de esa práctica: troncos atravesados en las pistas de las zonas de monte para bloquear los vehículos, falsos suelos de piedras sueltas en las laderas para provocar deslizamientos y apedreamientos de las patrullas. La Unión de Militares de Tropa manifestó que la práctica «se mantiene desde el principio» del despliegue, iniciado el 30 de julio, y que quienes las disponen «incorporan elementos cada vez más peligrosos»; la Asociación de Tropa y Marinería Española trasladó al Congreso de los Diputados y al Senado su solicitud de información sobre los heridos, los protocolos de seguridad y las medidas adoptadas.
Los ataques de 11 y 12 de septiembre de 2026 y la condena inmediata de uno de los autores
El 11 de septiembre de 2026, sobre las 12:45 horas, en la explanada del Muelle de Poniente, mientras una patrulla militar identificaba con apoyo de la Guardia Civil a cinco personas indocumentadas, una de ellas arremetió contra un guardia civil propinándole un fuerte empujón en el pecho y se resistió a su detención; en el forcejeo resultaron lesionados los dos agentes intervinientes. «El autor fue condenado al día siguiente, por conformidad, a dos años de prisión y a su expulsión del territorio nacional, según lo publicado», afirman.
En la madrugada del 12 de septiembre, sobre las 4:00 horas, en la zona de Juan XXIII, un militar que identificaba con su patrulla a varias personas en estado de embriaguez fue empujado por una de ellas al intentar ésta huir, y cayó entre las rocas: sufrió la fractura del peroné y lesiones en el hombro. Los responsables no fueron detenidos, pues la prioridad de la patrulla fue el auxilio del herido. La Asociación Unificada de Guardias Civiles salió al paso de la calificación de la inseguridad de la ciudad como «subjetiva»: «una lesión en una muñeca, una fractura de peroné y una condena en cuestión de horas» son hechos objetivos, e insistió en los refuerzos permanentes y en la protección jurídica de los agentes.
En el mismo sentido, el Presidente de la Ciudad Autónoma defendió, con los datos del servicio 112, que el incremento de la inseguridad desde las entradas de finales de julio está respaldado por datos objetivos, recoge la ampliación de querella.
Las protestas de la población por la situación de la ciudad
A las concentraciones vecinales se han sumado nuevas expresiones públicas del malestar de los ceutíes, todas ellas pacíficas. El 2 de septiembre de 2026, en el acto institucional de entrega de las medallas del Día de Ceuta, el público abucheó con gritos de reproche la mención del querellado y de las autoridades del Gobierno de la Nación, y ovacionó de forma unánime, a los gritos de «presidente, presidente», la mención del Presidente de la Ciudad Autónoma.
El 8 de septiembre, primer día del curso escolar, en torno al treinta por ciento del alumnado no asistió a clase por la inseguridad, según lo publicado. El 11 de septiembre, unos cinco mil estudiantes, según los convocantes, secundaron una jornada de huelga y se concentraron ante la sede de la Delegación del Gobierno para reclamar la presencia de efectivos uniformados en los trayectos y paradas de autobús de los escolares.
Y la huelga que el profesorado planteó el 7 de septiembre ha cristalizado en la concentración convocada para el 17 de septiembre en la plaza de los Reyes por la Junta de Personal Docente no Universitario, bajo el lema «Basta», ante el incumplimiento de los compromisos de seguridad en los centros y con la petición de un protocolo específico de actuación para Ceuta, sigue la denuncia.
La desclasificación de los avisos del 29 de julio y la dimisión del jefe de Gabinete del querellado
El 9 de septiembre de 2026 el Gobierno hizo públicos, desclasificados, los mensajes que un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) destinado en Ceuta remitió el 29 de julio a un miembro de la Delegación del Gobierno. A las 13:52 horas le escribió: «En redes sociales hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana a las 20.00 horas aprovechando la Fiesta del Trono…», con referencia a los grupos convocantes, que sumaban 180.000 seguidores.
A las 21:34 horas ambos mantuvieron una conversación telefónica de once minutos. El 10 de septiembre, el querellado rebajó públicamente el valor de esos avisos: «los whatsapps del día 29 no suponen una alerta ni ningún informe, es una conversación entre una persona del CNI y un miembro del gabinete».
Esa misma tarde, decenas de vecinos, convocados por las redes sociales, se manifestaron desde la plaza de los Reyes hasta la sede de la Delegación del Gobierno contra la gestión del querellado, con gritos de «delegado mentiroso» y «tú lo sabías», y se disolvieron sin incidente alguno.
El mismo 10 de septiembre don Melchor León, diputado del Grupo Socialista en la Asamblea de Ceuta, desmintió públicamente al querellado en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta: afirmó haber hablado con el jefe de su Gabinete y que éste le confirmó que el querellado se hallaba presente mientras se mantenía la conversación telefónica con el agente del Centro Nacional de Inteligencia, y añadió que «sabía todo lo que iba a pasar». Ese mismo día declaró a la prensa de la ciudad que la versión del querellado «es mentira» y que «tenemos constancia de que en esa llamada telefónica también estaba el delegado del Gobierno». Quien así hablaba es el diputado del propio partido del querellado que el 15 de agosto había reclamado su dimisión.
El 11 de septiembre dimitió Gonzalo Sanz, jefe del Gabinete del querellado desde febrero de 2025 y receptor de aquellos mensajes. En su carta de dimisión, según lo publicado, afirma que «la información de mensajería escrita que se transmitió por el CNI el día 29 de julio fue transmitida por mi persona al propio delegado ese mismo día», y que también le dio cuenta de la conversación telefónica de once minutos. Es la primera dimisión producida con ocasión de la crisis, continúa la ampliación de querella.
«Las dos versiones no pueden ser verdad al mismo tiempo», explican los querellantes
En el mismo comunicado Sanz declaró que existen «informes que demuestran la labor de aviso y alerta que se realizó desde delegación del gobierno hacia los distintos ministerios». Esa documentación, de existir, obra en poder de la propia Delegación del Gobierno en Ceuta (…). Conocida la dimisión, se publicó al día siguiente que la renuncia no había sido espontánea: que fue el querellado quien se la pidió tras el encuentro que ambos mantuvieron la tarde del 10 de septiembre, y que el Gobierno la presentaba como una desavenencia personal ajena a toda responsabilidad. El 12 de septiembre el querellado declaró que aquello «no fue nada más que un intercambio de información», sostuvo que desconocía tanto los mensajes como la llamada y descartó dimitir. Las dos versiones no pueden ser verdad al mismo tiempo, añaden los querellantes.
El hecho (…) de la querella: si el jefe de su Gabinete trasladó al querellado, el mismo 29 de julio, un aviso con fecha, hora y cauce del asalto anunciado, sus manifestaciones públicas posteriores -«no recibimos ningún aviso previo»- fueron un acto de ocultación, y su inacción de aquellas horas, una omisión consciente (…), continúan.
La convocatoria difundida para el 23 de septiembre de 2026
Desde el 1 de septiembre de 2026 la prensa de la ciudad venía señalando el 23 de septiembre como fecha de un posible nuevo intento de entrada masiva. El 11 de septiembre se publicó que el grupo Gen.Z.212, con más de 91.600 miembros en Facebook, había difundido en árabe el llamamiento «migración masiva el 23 de septiembre hacia Ceuta», haciendo coincidir la fecha con las elecciones legislativas del Reino de Marruecos, cuya campaña se desarrolla entre el 10 y el 22 de septiembre, con el designio de aprovechar la menor presencia policial en la zona; el mismo patrón que, según los documentos desclasificados, se siguió con la Fiesta del Trono el 30 de julio.
El querellado se halla, pues, nuevamente advertido, con una fecha concreta y con la experiencia de lo sucedido hace unas semanas. Lo que disponga -o deje de disponer- en materia de seguridad ciudadana y de protección civil de la ciudad ante ese anuncio pertenece al objeto de esta causa; la custodia de la frontera queda fuera de ella, concluyen los letrados de Hazte Oír.
