La relación entre la Casa del Rey y el Gobierno se mide en actos concretos: quién propone el candidato a la investidura, quién decide el contenido del mensaje de Nochebuena, cómo se sanciona una ley o qué lugar ocupa cada autoridad en un acto compartido. En varios de esos frentes no hay una norma que zanje la disputa, sino una costumbre, un reglamento o una lectura del texto constitucional que Zarzuela aplica y que Moncloa discute.
El criterio de esta lista no es la repercusión mediática de cada roce, sino la solidez jurídica de la posición que defiende la Casa del Rey. El punto de partida es el reparto que fija la Constitución: el artículo 99 reserva al Rey la ronda de consultas y la propuesta de candidato a la investidura; el 62 le atribuye sancionar y promulgar las leyes; el 63 le sitúa en la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales. A ello se suma el Real Decreto 2099/1983, que ordena las precedencias, y una práctica no escrita, como la autoría íntegra del mensaje de Nochebuena. La lista se queda con los cinco terrenos donde esa frontera se ha hecho visible.
3La sanción real: firmar las leyes sin foto y sin escenografía
La sanción de las leyes no es un acto de voluntad del Rey, sino un trámite obligado que la Constitución le impone. El artículo 62 le atribuye sancionar y promulgar las normas aprobadas por las Cortes y el 91 le fija un plazo de quince días para hacerlo, sin margen para vetar, matizar ni retrasar el texto. Zarzuela lo ha defendido siempre como un acto debido y sin discrecionalidad: la firma certifica que la ley existe, no la avala. De ahí la línea roja que la Casa del Rey marca a Moncloa: la sanción se despacha sin foto, sin comparecencia y sin escenografía, al margen de la agenda pública. Frente a otros actos de la Corona, aquí no cabe la puesta en escena. La excepción es la reforma constitucional: cuando el Rey sancionó el artículo 69.3, que da a Formentera senador propio, sí hubo una breve ceremonia en Zarzuela, el 19 de mayo de 2026, con Sánchez, Armengol, Rollán, Conde-Pumpido y Perelló presentes.
El caso de la ley de amnistía ilustra hasta qué punto esa regla funciona como frontera. El Congreso la aprobó el 30 de mayo de 2024 y el Gobierno retuvo el texto en Moncloa hasta después de las elecciones europeas del 9 de junio, una demora que Zarzuela atribuyó a la conveniencia electoral del Ejecutivo y no a supuestas reticencias del monarca. Felipe VI la sancionó la tarde del 10 de junio, sin acto público ni comparecencia, y la devolvió a Moncloa para su publicación inmediata en el BOE. La Casa del Rey ha sostenido históricamente que la sanción no admite excepciones ni interpretaciones y que su cumplimiento es ineludible. La tensión, por tanto, no está en la firma, sino en los tiempos y en el intento de rentabilizar políticamente un gesto que la Corona quiere mantener invisible.
