EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Ministerio de Vivienda negocia con Junts incluir en el próximo decreto dos medidas: prohibir que los fondos de inversión compren viviendas y vetar los desahucios de inquilinos vulnerables en pisos propiedad de estas empresas.
- ¿Quién está detrás? El equipo de Vivienda, Sumar —dispuesta a discutir las rebajas fiscales que pide Junts— y los de Carles Puigdemont como socio indispensable de la mayoría parlamentaria.
- ¿Qué impacto tiene? El decreto debería aprobarse el próximo martes en el Consejo de Ministros; de entrada, la protección alcanzaría sobre todo a las familias que alquilan pisos en manos de fondos y grandes tenedores.
El Ministerio de Vivienda negocia contra reloj con Junts las medidas que permitirán sacar adelante el decreto de vivienda el próximo martes en el Consejo de Ministros. Sobre la mesa hay dos cesiones de calado: prohibir que los fondos de inversión sigan comprando viviendas y vetar los desahucios de los inquilinos vulnerables que alquilan un piso propiedad de una de estas empresas.
Ninguna de esas fórmulas es inédita en el debate público, pero sí lo es el encaje que ahora se busca. Los socialistas se abstuvieron hace apenas un par de semanas en la toma en consideración en el Congreso de una proposición de ley de Sumar que pretendía, precisamente, arrancar la tramitación de una norma para impedir la compra de vivienda a las personas jurídicas. Junts, por su parte, tumbó a principios de este año —junto al PP y a Vox— el escudo antidesahucios que seguía vigente desde la pandemia.
Qué contiene el acuerdo que Vivienda negocia con Junts
La primera pata del entendimiento consiste en vetar la compra de inmuebles residenciales por parte de fondos de inversión y grandes tenedores. La segunda, directamente emparentada, busca recuperar una cierta protección para los arrendatarios vulnerables que no pueden pagar su alquiler.
Hay, eso sí, una limitación que conviene no perder de vista. La medida tan solo alcanzaría a las familias que vivan de alquiler en pisos propiedad de empresas y fondos, que son la minoría: el parque de vivienda en alquiler en España pertenece muy mayoritariamente a particulares. Ese es el agujero que el Ejecutivo intenta tapar con una fórmula intermedia.
Para el alquiler en manos de propietarios individuales, el Gobierno negocia un punto de equilibrio entre la demanda de la izquierda de prohibir los desahucios de forma indefinida y el argumento de Junts sobre la inseguridad jurídica que alega frente a la llamada inquiokupación. La solución que se baraja es que los desalojos de familias vulnerables se paralicen hasta que el inquilino tenga una alternativa habitacional, pero que sea la administración competente —y no el dueño del piso— quien asuma los gastos mientras dure el proceso.
La protección ya no se mide por cuántos desahucios se prohíben en el papel, sino por quién paga la factura mientras el inquilino busca un techo.
No es una receta nueva. Es, básicamente, la que Junts puso sobre la mesa hace meses: que el Estado, en lugar de blindar por ley la suspensión de los lanzamientos, abone a los caseros la renta dejada de percibir para así frenar el desalojo sin cargar el coste sobre el propietario.
Las concesiones fiscales que Sumar ya está dispuesta a discutir
El otro frente de la negociación es económico. Junts exige rebajas fiscales para desbloquear su respaldo, y en ese terreno Sumar ha abierto la puerta a sentarse a pactar. La coalición que lidera la vicepresidenta segunda no cierra la puerta, aunque fuentes de la dirección federal insisten en que cualquier medida deberá encajar dentro de la mayoría que sostiene al Gobierno.
La urgencia manda. El decreto se elabora en contacto permanente con los socios para intentar ponerlo en marcha el martes 29 de septiembre. Sin la concurrencia de Junts en el Congreso, la mayoría parlamentaria del PSOE quedaría en el aire y, con ella, una norma que el Ejecutivo presenta como una de las señas de la legislatura en materia de acceso a la vivienda. El GPS del Congreso mantiene abiertos los canales con los grupos para cerrar el texto a tiempo.
El Eje del Poder Socialista
La maniobra encaja en una legislatura que ha hecho de la vivienda su bandera social. Ferraz evita el relato de la derrota parlamentaria y lo presenta como una muestra de capacidad de acuerdo: la norma sale adelante, se protege a los vulnerables y se pone coto a los grandes tenedores. La lectura interna es clara. Con 120 escaños del GPS del Congreso, el grupo más numeroso de la Cámara, el Gobierno necesita a Junts, y la aritmética obliga a pagar un precio.
El precedente inmediato es el mismo escudo antidesahucios que se tumbó a principios de año: entonces faltó el acuerdo y la protección se perdió. Ahora se intenta reconstruir, recortada y con el foco en los fondos. En el flanco territorial, las comunidades gobernadas por el PSOE —con Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra a la cabeza— observan con atención cómo se reparte el coste, porque buena parte de la gestión de la vivienda depende de ellas. En el plano social, el mensaje que Moncloa quiere instalar es de avance, aunque la medida proteja, de entrada, a una minoría de inquilinos.
El riesgo está servido. Si Junts vuelve a levantarse de la mesa, el decreto se queda sin mayoría y el relato de eficacia se agrieta. La ventana crítica se abre el próximo martes. La oposición ya anticipa que la fórmula deja fuera a los inquilinos de particulares. El desenlace se decidirá en cuestión de horas.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La vivienda como derecho: proteger a los vulnerables y frenar a los fondos buitre, frente a quienes prefieren bloquear.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Aprobación del decreto de vivienda en el Consejo de Ministros del martes 29 de septiembre.
