Canarias no tiene ni una sola zona tensionada declarada, aunque la mayoría de sus grandes municipios cumpliría los requisitos para serlo.
Una ley regional que apuesta todo a construir más rápido
El Gobierno de Coalición Canaria y el PP declaró la emergencia habitacional al arrancar la legislatura y tramitó una nueva ley autonómica de vivienda. La fórmula elegida fue una sola: construir más y más rápido. El texto, aprobado en el Parlamento de Canarias (la cámara autonómica, con 70 escaños), no incluye ninguna medida para contener precios, frenar la especulación o impedir que los grandes tenedores acumulen inmuebles.
Lo que sí hace la norma es acelerar trámites y licencias y legalizar cambios de uso del suelo, lo que permite recalificar terrenos reservados a dotaciones como centros de salud o parques para levantar edificios. Los constructores aplaudieron. Los precios, en cambio, no han dejado de crecer. Canarias acumula los salarios más bajos del país, cifras récord de turismo y más del 30% de compradores de origen extranjero.
Bruselas mira al archipiélago: 26 de los 30 municipios cumplirían
La ley estatal de vivienda —la norma que permite topar el alquiler en las zonas declaradas tensionadas— no se aplica en las Islas y nunca se ha aplicado. El mecanismo exige que el municipio solicite la declaración al Ejecutivo autonómico, que es quien tiene la competencia. Solo tres ayuntamientos lo han hecho formalmente: Las Palmas de Gran Canaria, Granadilla de Abona y Adeje.
Ninguna ha prosperado. La capital grancanaria remitió su petición en 2024 y después respondió con los informes que el Gobierno regional le reclamó; según el Ayuntamiento, se le exigieron documentos que no eran preceptivos solo para dilatar el proceso. Casi dos años después, el Gobierno de Canarias sigue sin aceptar una sola declaración.
En Canarias sobran casas y faltan salarios: hay más de 200.000 viviendas vacías mientras el alquiler devora la renta de quien trabaja en las islas.
Otros consistorios se quedaron a medio camino: Santa Cruz de Tenerife nunca formalizó la solicitud y La Laguna la rechazó en pleno. Al menos diez municipios turísticos cumplirían hoy los requisitos para ser declarados tensionados. Bruselas añade una capa más: según los criterios de su futura Ley de Vivienda Asequible, 26 de los 30 municipios más poblados podrían acogerse a esa figura.
Los números dibujan un archipiélago al límite. Con datos del Consejo General del Notariado, y del Instituto Nacional de Estadística, comprar una casa en Adeje exige 24,57 años de salario medio y en Guía de Isora, 24,32. En las cuatro ciudades más pobladas, el esfuerzo va de los 10,46 años de Telde a los 12,55 de La Laguna. La proporción entre precio y renta no ha dejado de crecer en la última década.
El Pulso Territorial
Gobierna en Canarias una coalición de Coalición Canaria y PP desde 2023, y la vivienda se ha convertido en su flanco más expuesto. El PSOE canario y el resto de la oposición sostienen que el problema no es que falten casas, sino que sobran precios: se estiman más de 200.000 viviendas vacías fuera del mercado y la ley autonómica no incluye ningún incentivo para sacarlas al mercado. El Ejecutivo culpa a la ley estatal, pero en las Islas no se aplica.
La declaración de zona tensionada no es cosmética. Abriría la puerta a limitar las viviendas vacacionales que no sean residencia habitual, penalizar fiscalmente los pisos vacíos o exigir declaraciones previas de uso antes de comprar, siempre sobre inmuebles adquiridos después de la entrada en vigor de la norma. Canarias registra los sueldos más bajos del país, un contraste que se hace más visible en municipios turísticos como Adeje, donde el esfuerzo de compra multiplica por dos la referencia europea de ocho años de renta.
El calendario aprieta por dos vías. La futura Ley de Vivienda Asequible europea debe pasar todavía por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la UE, y no tendrá carácter retroactivo. En casa, las próximas elecciones autonómicas y municipales previstas para mayo de 2027 medirán el coste político de haber dejado en el cajón la herramienta que Bruselas pone ahora encima de la mesa.
Ficha Autonómica
- El caso: Canarias declaró la emergencia habitacional y aprobó una ley de vivienda centrada en construir más rápido, pero mantiene cero zonas tensionadas reconocidas mientras Bruselas fija nuevos criterios.
- Datos importantes: 26 de los 30 municipios más poblados cumplirían los requisitos europeos. Adeje exige 24,57 años de renta para comprar una vivienda; Telde, 10,46. Más de 200.000 viviendas siguen vacías y fuera del mercado.
- Resumen: Solo Las Palmas de Gran Canaria, Granadilla de Abona y Adeje han pedido la declaración; ninguna ha sido aceptada. La futura ley europea, aún pendiente del Parlamento Europeo y del Consejo, abriría la puerta a limitar las viviendas vacacionales.
