EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Tribunal Supremo de EE. UU. escucha el 5 de octubre los argumentos de Suncor Energy contra el condado de Boulder.
- ¿Quién está detrás? Boulder County (Colorado) demandó en 2018 a Exxon Mobil y Suncor Energy; el Departamento de Justicia respalda a las compañías y Samuel Alito se ha apartado del caso.
- ¿Qué impacto tiene? Un fallo favorable a Boulder abriría la puerta a cientos de demandas climáticas y elevaría el riesgo jurídico de Repsol en EE. UU.
El Tribunal Supremo de EE. UU. escucha el 5 de octubre si los estados y las ciudades pueden demandar a las petroleras por el clima. El caso, Suncor Energy contra el condado de Boulder, llega ocho años después de que un condado de Colorado llevara a Exxon Mobil y a Suncor Energy ante la justicia por los daños que atribuye a sus emisiones.
El fallo no se espera antes de 2027, pero la vista del 5 de octubre dará la primera pista del rumbo de una mayoría conservadora que lleva años recortando el poder de las agencias federales. La pregunta es concreta: ¿el derecho federal desplaza las demandas climáticas estatales o pueden los tribunales de los estados juzgarlas?
Hay además una derivada procesal que puede desactivar el resto. Al aceptar el caso, el Supremo anunció que estudiará también si tiene jurisdicción, porque la justicia de Colorado sostiene que no existe todavía sentencia firme. No es inédito que el alto tribunal falle sin sentencia previa, pero sí poco frecuente: si los jueces concluyen que es pronto, devolverán el pleito a los tribunales estatales.
El caso que puede abrir la puerta a cientos de demandas climáticas
Aquí se juega algo más que dinero.
Boulder demandó en 2018. Alegaba molestias públicas y privadas, allanamiento, enriquecimiento injusto, y conspiración civil, y acusaba a las compañías de ocultar al público los riesgos de sus operaciones a través de la publicidad. El año pasado, el Tribunal Supremo de Colorado permitió que la causa siguiera en la jurisdicción estatal.
Un fallo favorable al condado no obligaría automáticamente a Suncor y a Exxon a pagar nada: el caso tendría que celebrarse igualmente. Pero sentaría las bases para que otros estados y municipios presentaran demandas similares por los gases de efecto invernadero. En sentido contrario, un fallo favorable a las compañías frenaría la mayoría de los litigios hoy en curso en el país.
Un fallo del Supremo no decide el clima de Estados Unidos: decide quién puede demandar por él y en qué tribunal.
Las empresas sostienen que Boulder intenta decidir la política energética nacional desde un juzgado y que sus reclamaciones quedan desplazadas por leyes federales como la Clean Air Act, la ley del aire limpio de 1963. El Departamento de Justicia ha respaldado esa tesis en un escrito: solo el Gobierno federal puede regular las emisiones que cruzan fronteras estatales.
Alito se aparta, el empate 4-4 sobre la mesa y el efecto dominó en España
A la cuenta de votos le falta un juez. Samuel Alito se ha apartado del caso tras la presión de los grupos ecologistas por sus inversiones en petroleras: los informes financieros revelan participaciones en ConocoPhillips y Phillips 66, aunque el magistrado aseguró que no estaba obligado a retirarse porque las acciones las heredó su esposa. Quedan ocho jueces y la posibilidad de un empate a cuatro.
El empate no crea jurisprudencia.
En Madrid, la lectura es de riesgo jurídico antes que de riesgo climático. Repsol, con producción en el Golfo de México y participación en el North Slope de Alaska, opera bajo la misma lógica de responsabilidad retroactiva que Boulder quiere activar: daños de hoy por decisiones de hace décadas. Cualquier apertura de la puerta americana reordena también el tablero europeo, donde el litigio climático lleva años ganando peso, y toca el coste del capital de todo el sector.
El riesgo viaja con el activo.
El argumento de fondo choca con una paradoja que el propio Ejecutivo ha puesto sobre la mesa. Este año, el Gobierno de Donald Trump ha derogado la Endangerment Finding, la declaración oficial de 2009 que permitía a la Agencia de Protección Medioambiental regular los gases de efecto invernadero, con el argumento de que la Clean Air Act no le otorga esa competencia.
Y, al mismo tiempo, el Departamento de Justicia defiende en este caso que esa misma ley federal desplaza cualquier regulación estatal. Es un argumento bastante ridículo: el Gobierno dice que la EPA no puede regular los gases y, a la vez, que el derecho estatal no puede compensar el daño que provocan’, resume Alejandro Camacho, profesor de la facultad de Derecho de UCLA.
La Lógica de Washington
Para entender el caso hay que mirar antes el problema que Washington lleva años intentando resolver. Desde la sentencia West Virginia contra la EPA de 2022, el Supremo sostiene que una agencia federal no puede adoptar decisiones de calado económico sin autorización expresa del Congreso. La derogación de la Endangerment Finding es la consecuencia lógica: si el Ejecutivo ya no puede regular emisiones por vía administrativa, quiere al menos impedir que lo hagan los tribunales estatales. La coalición que lo sostiene es la de siempre en el Partido Republicano: los estados productores —Texas, Wyoming, Dakota del Norte, Alaska—, la patronal del sector y un electorado que ve en cada demanda climática una forma de gobernar sin pasar por las urnas.
Hay precedente de sobra. Reagan protegió el acero americano en 1984 con aranceles amparados en la seguridad nacional; Bush hizo lo propio en 2002 ante la presión de los estados siderúrgicos y acabó retirándolos ante la amenaza de represalias europeas. En ninguno de los dos casos la Casa Blanca buscaba ganar un debate climático, sino proteger una industria y una coalición electoral. Ahora el campo de batalla no son los aranceles, sino la responsabilidad civil: la factura retroactiva que las petroleras pueden recibir por emisiones de hace décadas.
La doctrina ya estaba escrita.
La incógnita es de calado. El Supremo puede tumbar la demanda por preemption federal, puede devolverla a Colorado por falta de jurisdicción o puede partirla en dos: desestimar las reclamaciones ligadas a emisiones y dejar vivas las de engaño publicitario, que la Clean Air Act no regula. Un empate a cuatro daría la razón de facto a Boulder sin crear jurisprudencia nacional. La primera señal llegará con las preguntas de los jueces el 5 de octubre; el fallo, si lo hay, no se espera antes del cierre del mandato, a finales de junio de 2027.
Ficha del Caso
- El caso: Boulder County, en Colorado, demanda desde 2018 a Exxon Mobil y Suncor Energy por los daños climáticos atribuidos a sus emisiones. El Supremo escucha los argumentos el 5 de octubre.
- Datos clave: Ocho jueces tras la retirada de Alito y riesgo de empate 4-4. Fallo no esperado antes de 2027. Las inundaciones de Colorado de 2013 causaron daños cercanos a 4.000 millones de dólares y el incendio Marshall de 2021 superó los 2.000 millones, según el Sierra Club de Colorado.
- Para España: Repsol, con activos en el Golfo de México y Alaska, queda expuesta a la misma lógica de responsabilidad retroactiva y a un encarecimiento de la financiación del sector energético.
