El Tribunal de Apelación de Victoria ha desestimado la demanda por genocidio contra el rey Carlos III. Tres jueces han cerrado la tercera vía judicial abierta por el activista indígena Robbie Thorpe, que desde 2023 intentaba sentar al soberano británico ante los tribunales de Melbourne.
El fallo no entra a valorar el fondo de la acusación. Se limita a constatar que el demandante carece de cauce procesal para llevar a juicio al jefe del Estado australiano. En la práctica, blinda la inmunidad de la Corona y deja el caso en un callejón sin salida doméstico.
Thorpe, de 68 años, es elder del pueblo krautatungalung. Su tesis sostiene que el Rey, junto a instituciones del Estado australiano, es responsable de un genocidio articulado a través de sistemas que discriminan a los indígenas del país. La acusación se presentó por vía privada y nunca llegó a sustanciarse.
Tres jueces y tres derrotas judiciales para Robbie Thorpe
La resolución del Tribunal de Apelación es ya la tercera derrota del demandante. Thorpe ha anunciado que no piensa renunciar y estudia solicitar permiso para recurrir ante el Tribunal Superior de Australia, la máxima instancia del país. Ese filtro, sin embargo, admite un porcentaje muy reducido de solicitudes, según ha recordado ABC News.
El caso ha circulado durante tres años por distintas instancias australianas sin alcanzar nunca el juicio oral. La razón es estructural: la Corona británica arrastra un régimen de inmunidad penal y civil que la doctrina considera heredado por Australia, aunque apenas se haya puesto a prueba en los tribunales del país. Hasta ahora.
La tercera derrota de Thorpe no resuelve el fondo del asunto: confirma que ningún tribunal australiano está dispuesto a sentar en el banquillo a su propio jefe de Estado.
La inmunidad del soberano: qué protege realmente a Carlos III
Carlos III es jefe del Estado de Australia además de soberano del Reino Unido. Esa doble condición explica buena parte del laberinto procesal. Los expertos citados por la agencia Associated Press subrayan que el monarca británico disfruta de una amplia inmunidad frente a responsabilidades penales y civiles en el Reino Unido.
La constitucionalista Anne Twomey, de la Universidad de Sydney, sostiene que esa protección se ha trasladado con toda probabilidad al ordenamiento australiano. Añadió, eso sí, que desconocía que la cuestión se hubiera planteado antes ante un tribunal del país. La cuestión no se había probado antes. Dicho de otro modo: el fallo de Victoria no solo cierra un expediente, también fija un precedente en un terreno poco transitado.
La otra puerta que Thorpe pretende abrir es la internacional. El activista ha asegurado que la Corte Penal Internacional ‘expondrá’ a Australia por sus alegaciones. La vía es más estrecha de lo que sugiere el anuncio. El experto en derecho internacional Don Rothwell, de la Universidad Nacional de Australia, recuerda que un particular no puede iniciar por sí mismo un procedimiento ante la CPI, solo aportar evidencias para que la Fiscalía decida si existen bases suficientes.
El matiz importa. La CPI no reconoce inmunidad a los jefes de Estado, pero eso no equivale a que cualquier ciudadano pueda demandarlos. Entre una cosa y otra media la distancia que separa un titular de un procedimiento real.
Análisis: una victoria judicial con rédito de imagen y un coste simbólico
Más allá del plano jurídico, el fallo tiene una lectura de imagen. La decisión de los tres jueces de Victoria ha sido recibida en redes con un respaldo apreciable al Rey, en una línea poco frecuente en los últimos años. Buena parte de los comentarios no discutían el fondo de la acusación, sino la propia viabilidad de un proceso semejante. Uno de los argumentos más repetidos era simple: quien no participó en un hecho no puede ser juzgado por él.
El fallo no ha venido acompañado, por el momento, de reacción oficial alguna desde Buckingham. La convención que rige en la Casa Real británica es conocida: silencio sobre todo lo que se dirime en los tribunales y ninguna declaración que alimente el relato del demandante. El riesgo institucional, sin embargo, es de otra naturaleza. La inmunidad del soberano es sólida en términos jurídicos e incómoda en términos simbólicos, y cada intento judicial, aunque fracase, reabre el debate australiano sobre su jefatura del Estado y sobre la relación del país con sus pueblos indígenas.
Queda por ver si Thorpe supera el filtro del Tribunal Superior de Australia. Si lo consigue, el asunto volvería a la primera línea informativa del país en un momento de discusión constitucional abierta sobre la forma de Estado. Por ahora no hay fecha ni escrito de recurso registrado. El frente judicial se cierra en Melbourne. El político sigue abierto.
Claves del Protocolo y Estado
- Contexto del acto: el fallo del Tribunal de Apelación de Victoria cierra la tercera intentona judicial contra Carlos III en Australia y refuerza por vía jurisprudencial la inmunidad del soberano como jefe del Estado.
- El detalle de protocolo: ninguna instancia australiana ha aceptado tramitar la demanda y Buckingham se ha mantenido fiel a la convención de no comentar asuntos judiciales.
- Próximos pasos: no hay fecha para una eventual solicitud de admisión ante el Tribunal Superior de Australia, un filtro que solo acepta un porcentaje mínimo de recursos. Thorpe ha anunciado que también explorará la vía internacional.
