El acuerdo de paz de Colombia llega el 12 de octubre al Consejo de Seguridad y la inversión española mira con inquietud. Ese día, el Gobierno de Abelardo De La Espriella expondrá sus reparos al pacto firmado en el Teatro Colón de Bogotá ante los quince miembros del máximo órgano de la ONU.
No es un gesto menor. Será la segunda parada diplomática de alto calibre del nuevo Ejecutivo, después de la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante la semana de alto nivel, el canciller Omar Bula ya comunicó al ministro de Exteriores del Reino Unido —país que actúa como penholder, el responsable de liderar el expediente colombiano en el Consejo— que la intención es ‘remoldear’ el acuerdo según las prioridades del presidente.
Y ahí está el primer problema. El pacto no es un documento cualquiera: está estructurado en seis puntos y desarrollado a través de 432 normas, entre actos legislativos, leyes, decretos, resoluciones y documentos Conpes. Tres actos legislativos lo blindan: el 01 de 2016, conocido como fast track; el 01 de 2017, que elevó a rango constitucional los compromisos de justicia transicional; y el 02 de 2017, que fija los contenidos de derecho internacional humanitario como parámetros obligatorios para toda la normativa de implementación.
Qué puede cambiar el Gobierno de Colombia y qué no
Aquí conviene ser preciso. Los expertos consultados coinciden en que no hace falta una gran reforma constitucional para introducir ajustes en la implementación. Cambiar el espíritu del acuerdo exigiría una reforma estatutaria con dos vueltas en el Congreso. Otra cosa son los engranajes administrativos.
El exnegociador Humberto de la Calle lo resume con claridad: ‘Uno puede imaginarse elementos funcionales, operativos que sea necesario cambiar. Uno no puede decir que hasta la última coma es inamovible’. El analista Germán Darío Valencia apunta a entidades que no son ley y pueden reestructurarse, como la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN), los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) o el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
La revisión administrativa puede reordenar agencias y programas, pero la esencia del acuerdo está anclada en la Constitución colombiana.
La subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Laura Bonilla, ve en la revisión una ‘ventana de oro’ para evaluar los PDET y anticipa que la mayor tensión llegará en la reforma rural integral, por estar ‘muy en contravía’ de lo que propone el Gobierno.
Por qué la inversión española mira con lupa esta revisión
Colombia es una plaza histórica para la inversión española. Compañías de energía, telecomunicaciones, banca, seguros e infraestructuras llevan décadas operando en el país. Cualquier giro en la seguridad jurídica del acuerdo, y sobre todo en la gestión del territorio, incide en la percepción de riesgo de esas inversiones.
El motivo es sencillo. El pacto no solo ordena la desmovilización: también define el uso del suelo, la presencia del Estado en zonas rurales y el marco de la reforma agraria. Si la revisión debilita la capacidad del Estado para implementar lo pactado, la conflictividad en el campo podría repuntar y, con ella, la incertidumbre para quien invierte a largo plazo.
Los números dibujan un avance desigual. Hasta mediados de junio de 2026 se habían entregado cerca de 370.000 hectáreas a campesinos, mujeres rurales y víctimas, de las que 114.000 contaban con títulos definitivos, frente a la meta de tres millones. En formalización se alcanzaron 4.091.252 hectáreas de un objetivo de siete millones. Según la ONU, los conflictos por la tenencia de la tierra persisten en el 40% del territorio rural.
Y aquí es donde la pelota llega al tejido empresarial español. La reforma rural integral, la titulación de tierras y la presencia del Estado en las zonas más castigadas por el conflicto son las condiciones que sostienen la seguridad para invertir. Tocarlas de raíz, o dejar su implementación a medias, tiene un coste directo sobre la confianza.
El precedente que explica los límites de cualquier revisión
Conviene retroceder un momento. Cuando un acuerdo de paz se eleva a rango constitucional, como ocurrió en Colombia con los actos legislativos de 2016 y 2017, deja de ser un programa de Gobierno y pasa a ser un compromiso de Estado. Eso limita mucho el margen de maniobra.
Es un patrón que se repite en los procesos de posconflicto: la revisión administrativa se mueve en los márgenes. Reordena agencias, ajusta partidas, cambia titulares. El núcleo blindado solo se toca con mayorías reforzadas y dos vueltas legislativas.
En justicia transicional, la eficiencia sigue siendo el gran reproche. En ocho años, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha proferido solo cuatro sentencias en firme: tres contra miembros de la Fuerza Pública y una contra integrantes de las Farc.
La reincorporación tampoco escapa al balance. De los 11.000 excombatientes que dejaron las armas, 1.700 siguen en procesos de sometimiento. Se han creado 300 cooperativas y 6.206 proyectos productivos. Pero más de 500 firmantes han sido asesinados desde la firma, según el recuento oficial. La seguridad sigue siendo el talón de Aquiles.
El embajador de Colombia ante la ONU, Mauricio Gaona, defiende la revisión con un argumento de fondo: ‘el proceso de paz debe funcionar, es para los colombianos y no para quienes encuentran en él una idea romántica de paz’.
Lo que ocurra el 12 de octubre marcará el tono. El Gobierno quiere proyectar firmeza; los firmantes y las organizaciones sociales, certezas. Y en medio, la inversión extranjera —también la española— espera una señal clara sobre si el acuerdo se revisa o se desmonta. Esa respuesta no llegará de un discurso, sino de los decretos que vengan después.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: El Gobierno de Abelardo De La Espriella expondrá ante el Consejo de Seguridad de la ONU su intención de revisar el acuerdo de paz firmado en 2016, en plena tensión con la JEP.
- Datos importantes: La cita es el 12 de octubre. El acuerdo se estructura en seis puntos y 432 normas, con tres actos legislativos que lo blindan a rango constitucional. La inversión española es un pilar tradicional en energía, banca y telecomunicaciones.
- Resumen: Una revisión que debilite la implementación en los territorios golpearía la seguridad jurídica y la percepción de riesgo de los inversores, entre ellos las empresas españolas.
