La comparecencia de Osakidetza en el Parlamento Vasco por el ‘caso Quiñones’ llega este lunes, 271 días después del requerimiento del PP. El consejero de Salud, Alberto Martínez, y la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, responderán ante la Cámara vasca sobre el proceso que llevó al ertzaina Juanjo Quiñones a la jefatura de Seguridad en noviembre de 2023.
La petición de explicaciones partió del PP vasco, que ha sostenido que el retraso responde a un intento de diluir el debate. El calendario del trámite ha dependido del grupo parlamentario del PNV, según la información difundida sobre el caso. La comparecencia se produce casi nueve meses después de la solicitud y ofrece a los responsables de Sanidad la oportunidad de detallar su versión.
Qué deberá aclarar la comparecencia en el Parlamento Vasco
El núcleo del caso se remonta a marzo de 2023, cuando el departamento que entonces dirigía Gotzone Sagardui impulsó la creación de un puesto de jefe de Seguridad en Osakidetza. La plaza se justificó en la Ley 8/2011 sobre protección de infraestructuras críticas, según la documentación remitida al Parlamento Vasco y a los juzgados. El expediente sitúa en doce años el tiempo transcurrido desde la aprobación de la norma hasta que se activó el proceso.
El 16 de mayo de 2023, el Consejo de Gobierno aprobó la plaza 32424 junto a otras 18 de ámbito sanitario, con un coste asociado de 87.376,69 euros. El 11 de julio se dictó la resolución 883/2023 para el puesto de Responsable de Seguridad y Enlace. Entre los requisitos no constaba el conocimiento del euskera, al no existir fecha de preceptividad para el perfil C1.
El título universitario y la resolución de octubre de 2023
La convocatoria exigía una categoría profesional del grupo A en la Ertzaintza y un título universitario. Según los documentos aportados al Parlamento y a los tribunales, ningún otro aspirante se presentó y solo el perfil de Quiñones llegó al tribunal evaluador. El candidato no cumplía el requisito 2.1.c y presentó un documento universitario falso para cubrir el 2.2.a.
El 4 de octubre de 2023, la entonces directora de Osakidetza Rosa Pérez dictó una resolución que anulaba el requisito 2.1.c, el que no cumplía Quiñones y que había detectado el tribunal. El nombramiento se formalizó en noviembre de 2023. Hasta el 11 de diciembre de 2025, según estas mismas fuentes, el responsable de Seguridad participó en la elaboración de bases de concursos y en la elección de adjudicatarios.
El caso se articula en torno a cinco preguntas: la creación del puesto, la adjudicación, la anulación del requisito, el título falso y el alcance de la sentencia de conformidad.
El despido, la sentencia y el marco del pacto ético
El consejero Alberto Martínez asumió la cartera de Salud en julio de 2024. En julio de 2025 prescindió del viceconsejero Enrique Peiró y de la directora general Susana López Altuna, y designó a Lore Bilbao al frente de Osakidetza. Según sus declaraciones públicas, fue ella quien detectó que Quiñones había presentado un título universitario falso al revisar currículos del personal directivo.
Bilbao citó a Quiñones el 11 de diciembre de 2025, un viernes, para que reconociera la falsedad documental, y procedió a su despido. La directora general no acudió a los juzgados hasta que la información sobre el despido salió a la luz. La sentencia por conformidad entre la Fiscalía y el exjefe de Seguridad contempla seis meses de prisión y 1.080 euros, y ratifica el hecho delictivo sin cerrar el expediente administrativo.
El caso se enmarca en el pacto ético por una actividad política que el lehendakari Imanol Pradales presentó en agosto de 2024, con la ejemplaridad entre sus principios. Osakidetza gestiona el servicio vasco de salud y su dirección general depende del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. La comparecencia se suma a otras sesiones de control sobre la gestión sanitaria celebradas en la Cámara vasca.
Los grupos parlamentarios podrán formular sus preguntas tras la intervención de los comparecientes. La sesión de este lunes se celebra con el expediente judicial resuelto por conformidad y con el proceso administrativo del fichaje aún abierto en el plano político.
