EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Policía Nacional ha detenido en Fuerteventura al responsable de una empresa de jardinería por un delito contra los derechos de los trabajadores.
- ¿Quién está detrás? La Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Puerto del Rosario, que abrió la investigación en agosto tras la denuncia de un trabajador.
- ¿Qué impacto tiene? Tres personas en situación irregular trabajaron sin contrato ni alta en la Seguridad Social, con pagos en efectivo de 30 a 40 euros por jornadas de hasta once horas.
La Policía Nacional ha detenido en Fuerteventura al responsable de una empresa de jardinería y mantenimiento de piscinas por contratar a inmigrantes en situación irregular. La Jefatura Superior de Policía de Canarias atribuye al arrestado un delito contra los derechos de los trabajadores a partir de las denuncias de tres personas.
La operación la desarrolló la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Puerto del Rosario, la unidad policial que controla la extranjería en la isla. Arrancó en agosto con la declaración de un trabajador que denunció las condiciones en las que prestaba servicio, y un segundo afectado relató después, de forma independiente, hechos idénticos en la misma sociedad. Dos testimonios que coincidían en lo esencial: jornadas interminables, efectivo y cero rastro administrativo.
Once horas de jornada, entre 30 y 40 euros y ni un contrato
Los relatos recogidos por los agentes describen un patrón que se repite. Los trabajadores cobraban entre 30 y 40 euros por jornadas de seis a once horas, siempre en efectivo y sin justificante alguno. Ninguno tenía contrato ni alta en la Seguridad Social, y tampoco vacaciones ni pagas extraordinarias.
A eso se suma un elemento que la instrucción policial considera especialmente grave: según las víctimas, el investigado les indicaba que debían huir o esconderse ante la presencia de la Policía o de la Inspección de Trabajo. También denunciaron retrasos frecuentes en los pagos e impagos. El relato dibuja un sistema sostenido sobre el miedo y la ausencia total de derechos.
Captación por mensajería y un tercer trabajador sin salario en Corralejo
Los dos primeros afectados explicaron que habían sido captados a través de grupos de mensajería dirigidos a personas en situación administrativa irregular. Redes cerradas donde el empleo se ofrece sin papeles y sin preguntas. La vigilancia policial permitió localizar al investigado y a un tercer trabajador en un complejo de apartamentos de Corralejo.
Menos de tres euros la hora por una jornada de once: muy por debajo del salario mínimo y sin una sola cotización.
Ese tercer trabajador declaró que no percibía remuneración económica alguna y que recibía únicamente comida, víveres y útiles de aseo. Un caso que la policía enmarca en en la misma investigación. La operación culminó el 30 de septiembre con la detención del empresario, que quedó a disposición de la autoridad judicial competente.
La causa sigue abierta y no hay por ahora pronunciamiento del juzgado sobre medidas cautelares. Fuentes policiales no han detallado si la empresa continúa operando ni si hay más trabajadores identificados en la misma situación en otras localidades de la isla. El delito contra los derechos de los trabajadores está tipificado en el artículo 311 del Código Penal, que castiga a quien impone condiciones laborales abusivas aprovechando la situación de necesidad de la víctima.
El Pulso Territorial
El caso aterriza en un momento en el que el ejecutivo canario, presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha colocado la economía sumergida entre sus prioridades declaradas. No es un fenómeno nuevo. Fuerteventura y Lanzarote concentran buena parte del empleo turístico del archipiélago, y la estacionalidad facilita las bolsas de trabajo irregular. Canarias sigue muy por encima de la media nacional en tasa de paro, y las estimaciones sobre economía sumergida la sitúan en la parte alta de la tabla sin que ningún organismo haya logrado cerrar el cálculo.
La lectura política es doble. La Inspección de Trabajo y la Policía Nacional mantienen abiertos dispositivos contra el fraude laboral en el sector servicios, y en el Parlamento de Canarias (la cámara autonómica, con 70 escaños) se han sucedido las peticiones de la oposición para reforzar esas plantillas. El calendario aprieta: las próximas elecciones autonómicas están previstas para la primavera de 2027. La incógnita es si la respuesta judicial llega antes que la próxima temporada alta.
Ficha Autonómica
- El caso: El responsable de una empresa de jardinería y piscinas de Fuerteventura fue detenido por contratar a inmigrantes en situación irregular.
- Datos importantes: Jornadas de seis a once horas por entre 30 y 40 euros en efectivo, sin alta en la Seguridad Social. Detención el 30 de septiembre.
- Resumen: La investigación sigue abierta, sin pronunciamiento judicial sobre medidas cautelares. Se desconoce si la empresa continúa operando.
