El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre aparca el traspaso de la Seguridad Social a Euskadi. Las conversaciones entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Imanol Pradales para cerrar la gestión del pago de las pensiones quedan sin recorrido en esta legislatura.
La convocatoria electoral cierra también otras materias que seguían abiertas en la agenda bilateral, como la gestión de los paradores de turismo y la regulación de las elecciones municipales. El compromiso de completar el Estatuto de 1979 durante 2025 ya estaba incumplido antes del adelanto.
Aquel pacto, cerrado con el PNV de Andoni Ortuzar, vinculaba el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez al cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, que este mes de octubre cumple 47 años. Desde entonces Euskadi ha recibido, entre otras, las transferencias de Prisiones, el servicio de Cercanías de Renfe, ahora Lottu, la gestión de permisos de trabajo para extranjeros y nuevas funciones para la Ertzaintza.
Qué transferencias quedan pendientes tras el adelanto electoral
En enero de 2026 las dos administraciones cerraron algunos acuerdos y aplazaron el resto a la Semana Santa. Sánchez y Pradales se vieron entonces en La Moncloa y desbloquearon nuevos temas, aunque volvieron a dejar otros pendientes. La cumbre bilateral prevista para el verano se canceló sine die por falta de avances y, tras el parón estival, los contactos no han cristalizado.
Del bloque pendiente, la Seguridad Social es la materia de mayor peso. El traspaso ya arrancó con submaterias menores, como las prestaciones no contributivas y el seguro escolar, y con las políticas pasivas de empleo que gestiona el SEPE. Ese acuerdo estaba firmado y debía entrar en vigor el 1 de enero de 2027, pero se ha pospuesto al 1 de julio de 2027. El Gobierno Vasco sostiene que existe un acuerdo suscrito y que un cambio político en Madrid no debería alterarlo.
Las pensiones, con 12.000 millones de presupuesto, son la materia nunca cedida a una comunidad autónoma que la convocatoria electoral deja fuera de la legislatura.
Qué supone ceder la gestión de las pensiones
El núcleo de la negociación era el pago de las pensiones: 12.000 millones de euros de presupuesto y una estructura de funcionarios y edificios que es la mayor que el Estado mantiene en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa junto con las Fuerzas de Seguridad y el Ejército. Ninguna comunidad autónoma ha asumido antes esta competencia y el carácter unitario del sistema ha generado dudas durante el proceso.
Según el Estatuto de Gernika, el Ejecutivo vasco actuaría como cajero, sin capacidad para modificar la legislación ni las cuantías, y se mantendría la solidaridad interterritorial, la llamada caja única. En paralelo, el PNV reclamaba más atribuciones portuarias. Euskadi gestiona desde hace cuatro décadas los puertos que no son de interés general; Bilbao y Pasaia siguen adscritos a Puertos del Estado, aunque las instituciones vascas participan en el nombramiento de sus responsables.
En materia portuaria, la negociación arrancó con la pretensión de desclasificar y transferir Pasaia. Ante el rechazo de los socialistas, la petición se reorientó hacia más atribuciones de gestión. La oposición ha cuestionado además la gestión de la sociedad pública EKP. Dentro del PNV convivían dos discursos sobre Sánchez: Aitor Esteban reclamaba un adelanto electoral, mientras el lehendakari y sus consejeros insistían en aprovechar la legislatura.
La consejera Nerea Melgosa sostuvo esa misma posición en declaraciones publicadas a comienzos de octubre. Fuentes del Ejecutivo vasco admiten ahora que ‘no estaba el horno para muchos bollos’ en materia estatutaria y que, con fecha electoral sobre la mesa, ‘todo el mundo está ya a otra cosa’. Pradales afirmó dos veces en septiembre que Sánchez podía haber pasado a la historia como el presidente que cumplió íntegramente el Estatuto de 1979.
La reforma estatutaria que se queda sin punto de partida
Al margen de las transferencias, la legislatura deja también sin avanzar la reforma del Estatuto. La idea la lanzó el PNV con Iñigo Urkullu en 2012 y se ha ido aplazando entre legislaturas. En los últimos años, PNV, EH Bildu y los socialistas han mantenido contactos fuera de las instituciones, pero los plazos para presentar un texto se han incumplido de forma sucesiva.
Antes de cualquier envío a Madrid, el procedimiento exige la tramitación completa y la aprobación en el Parlamento Vasco, un proceso que requiere meses o años. La ‘ventana de oportunidad’ para llevar la reforma a las Cortes Generales se cierra sin una propuesta definida en Euskadi.
El último hito confirmado es la entrada en vigor de las políticas pasivas de empleo el 1 de julio de 2027, ya con un nuevo Gobierno en Madrid tras el 29 de noviembre. El PNV afronta esa cita sin haber designado relevo para Aitor Esteban, según las fuentes consultadas. Las competencias que el Estatuto de Gernika, publicado en el Boletín Oficial del Estado, mantiene pendientes desde 1979 seguirán en el cajón hasta que se constituya el nuevo Congreso.
