El instrumento no es una transferencia, sino un préstamo. El Consejo de Ministros autorizó el 21 de octubre la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por hasta 10.003,8 millones de euros, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La operación se ampara en la disposición adicional tercera de la Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, que siguen prorrogados y que fija cada año ese tope máximo. Se trata de un crédito sin devengo de intereses, con un plazo de devolución de hasta diez años contados desde el ejercicio siguiente al de su concesión, y que no computa como ingreso del sistema, sino como deuda de la Tesorería con el Estado. El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, confirmó el 4 de noviembre que la cuantía se mantenía en 10.000 millones, la misma que en 2023, precisamente porque los presupuestos continúan prorrogados.
El calendario explica la urgencia. Noviembre es uno de los dos meses en que la Seguridad Social abona a la vez la nómina ordinaria y la paga extraordinaria: el desembolso rondó los 27.100 millones de euros para más de diez millones de pensiones, y muchas entidades financieras adelantan el ingreso a los días 22 y 26, antes de la fecha oficial, que es a mes vencido. A la Tesorería se le había estrechado el margen: hasta septiembre había recibido del Estado 38.926 millones, el 100,6% de lo presupuestado para todo el ejercicio, mientras el bloque contributivo acumulaba un déficit de 19.040 millones pese a ingresar 132.085 millones en cotizaciones, un 6,8% más que el año anterior. Suárez sostuvo que la operación está prevista en la ley de presupuestos y que el Fondo de Reserva cerrará el año por encima de los 14.000 millones; la AIReF, en cambio, advierte de que contabilizar estas aportaciones como ingresos ordinarios distorsiona la lectura de la sostenibilidad del sistema.
3De dónde sale el dinero: el Tesoro adelanta fondos que no cubren las cotizaciones
El dinero que ha hecho posible la nómina de noviembre no sale de las cotizaciones, sino del Tesoro. La Tesorería General de la Seguridad Social recibió un préstamo del Estado de 10.003,81 millones de euros, aprobado por el Consejo de Ministros del 21 de octubre al amparo de la disposición adicional tercera de la ley de Presupuestos de 2023, todavía vigente por la prórroga. Esa circunstancia explica que la cuantía repita la de hace dos ejercicios en lugar de ajustarse al gasto real. La operación no devenga intereses y, sobre el papel, debe cancelarse en un plazo máximo de diez años desde el 1 de enero siguiente a su concesión; en la práctica se refinancia cuando vence. Con ese respaldo se afrontó un desembolso de 27.119,7 millones: 13.720,2 de nómina ordinaria y 13.399,7 de paga extraordinaria para 10,4 millones de pensiones y 9,4 millones de perceptores. El préstamo cubre algo más de un tercio de esa factura.
El problema de fondo es que las cuotas cubren cada vez menos. Hasta noviembre, las cotizaciones aportaron unos 160.800 millones (un 5,7% más), frente a 50.439 millones en transferencias corrientes del Estado, que crecen un 16%, según la ejecución presupuestaria del sistema; el gasto acumulado en pensiones superaba los 167.241 millones, un 6% más. Si se descuentan transferencias y préstamos, el saldo negativo del organismo ronda los 54.700 millones en once meses, la lectura que usan los críticos para sostener que las pensiones se pagan con impuestos y deuda. El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, replica que las cotizaciones crecen casi un 7% —unos 8.400 millones más— y que el desequilibrio bajó del 1,5% al 0,5% del PIB, con una hucha de más de 14.000 millones al cierre del año gracias al MEI, del 0,8% de la base de cotización en 2025. Ese fondo equivale a poco más de una nómina mensual ordinaria.
