El instrumento no es una transferencia, sino un préstamo. El Consejo de Ministros autorizó el 21 de octubre la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por hasta 10.003,8 millones de euros, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La operación se ampara en la disposición adicional tercera de la Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, que siguen prorrogados y que fija cada año ese tope máximo. Se trata de un crédito sin devengo de intereses, con un plazo de devolución de hasta diez años contados desde el ejercicio siguiente al de su concesión, y que no computa como ingreso del sistema, sino como deuda de la Tesorería con el Estado. El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, confirmó el 4 de noviembre que la cuantía se mantenía en 10.000 millones, la misma que en 2023, precisamente porque los presupuestos continúan prorrogados.
El calendario explica la urgencia. Noviembre es uno de los dos meses en que la Seguridad Social abona a la vez la nómina ordinaria y la paga extraordinaria: el desembolso rondó los 27.100 millones de euros para más de diez millones de pensiones, y muchas entidades financieras adelantan el ingreso a los días 22 y 26, antes de la fecha oficial, que es a mes vencido. A la Tesorería se le había estrechado el margen: hasta septiembre había recibido del Estado 38.926 millones, el 100,6% de lo presupuestado para todo el ejercicio, mientras el bloque contributivo acumulaba un déficit de 19.040 millones pese a ingresar 132.085 millones en cotizaciones, un 6,8% más que el año anterior. Suárez sostuvo que la operación está prevista en la ley de presupuestos y que el Fondo de Reserva cerrará el año por encima de los 14.000 millones; la AIReF, en cambio, advierte de que contabilizar estas aportaciones como ingresos ordinarios distorsiona la lectura de la sostenibilidad del sistema.
4El estado de la hucha de las pensiones y el déficit del sistema, en datos
El Fondo de Reserva cerró marzo de 2026 con 15.267 millones de euros, su nivel más alto en una década, y el Gobierno prevé que termine el año en torno a los 20.000 millones. El crecimiento se explica casi por completo por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una sobrecotización que en 2026 se aplica al 0,90% de la base de cotización y que ha aportado 4.075 millones hasta agosto, un 25,9% más que un año antes. La comparación con el gasto relativiza el titular: la nómina ordinaria de septiembre costó 14.498 millones, cifra récord, de modo que la hucha cubre poco más de un mes de pensiones. Y sigue muy lejos de los 66.815 millones de 2011, el 6,22% del PIB, antes de vaciarse hasta los 2.138 millones de 2021. La normativa, además, prevé que estos recursos solo puedan disponerse a partir de 2033.
El déficit contable de la Seguridad Social fue de 7.387 millones en 2025, el 0,4% del PIB, el más bajo desde 2011 y muy inferior a los 9.834 millones de 2024, con unos ingresos de 232.782 millones frente a 240.169 de gasto. La foto cambia al aislar el componente contributivo: el Instituto Santalucía lo cifra en 56.946 millones (3,4% del PIB), que ascienden a 61.881 si se descuentan los ingresos del MEI, y Fedea lo eleva a 63.716. Ese hueco se cubre con transferencias del Estado, 47.815 millones el año pasado, y con préstamos como el aprobado el 20 de octubre de 2026: 10.003,8 millones sin intereses para afrontar las nóminas de noviembre y diciembre y la paga extra. Con esa operación, la deuda del sistema, que en julio alcanzaba 136.176 millones, superará los 140.000. La AIReF lo resumió así: «Que crezca el fondo de reserva mientras haya déficit, no lo entiendo».
