EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La campaña de recogida de paja de arroz de la Generalitat ha cerrado con 1.000 toneladas de restas vegetales empacadas.
- ¿Quién está detrás? El Consell de Pérez Llorca, a través de la empresa pública Vaersa, con retirada gratuita para los agricultores.
- ¿Qué impacto tiene? La demanda supera la oferta y hay lista de espera; el material va a ganadería, fallas, bioconstrucción y calzado.
La campaña de paja de arroz de la Generalitat cierra con 1.000 toneladas recuperadas y una lista de espera inédita.
Durante toda la campaña, la Generalitat Valenciana ha ofrecido a los arroceros una alternativa a la quema: retirar la paja de sus parcelas sin coste alguno. La gestión corre a cargo de Vaersa, la empresa pública de la Generalitat que canaliza la retirada, el empacado y la entrega del material. El agricultor lo solicita a través de una plataforma web; las empresas y los particulares interesados también pueden pedir la paja ya empacada, y tampoco pagan nada por ella.
El operativo se ha desplegado en las cuatro grandes zonas arroceras de la Comunitat: l’Albufera, la ribera sur del Xúquer, Pego-Oliva y Almenara. De la comarca de Valencia al marjal que comparten Pego y Oliva, y de ahí a Almenara, en la Plana de Castellón. Un mapa que explica por qué esta paja importa más de lo que parece.
La paja que ya no se quema: cuatro comarcas y 1.000 toneladas empacadas
Las 1.000 toneladas recuperadas no son un número aislado. Son la prueba de que existe un mercado para un subproducto que hasta hace poco se resolvía con una cerilla. La paja empacada ha salido hacia la ganadería y la agricultura,, hacia comisiones falleras que la incorporan a sus monumentos, hacia empresas de bioconstrucción, hacia fabricantes de calzado y hacia proyectos de investigación que estudian su uso en productos de belleza y rejuvenecimiento.
La demanda, de hecho, ya supera la oferta. Hay lista de espera para recibir paja, una circunstancia que nadie había anticipado cuando se puso en marcha la recogida gratuita. La consecuencia es paradójica: un residuo agrícola que generaba problemas de gestión se ha convertido en un bien escaso al que se apuntan sectores que no tienen nada que ver con el campo.
La mejor noticia para un residuo es que alguien se lo discuta: la paja de arroz ya tiene lista de espera.
Porque la paja también cumple una función ambiental que va más allá del negocio. La acumulación de restas vegetales en los campos inundables favorece episodios de aguas negras y de anoxia —la falta de oxígeno en el agua—, un fenómeno que castiga especialmente a los humedales. Retirar la paja es, también, proteger el agua.
Anoxia, aguas negras y perellonà: lo que se juega l’Albufera
El caso de l’Albufera es el más delicado. Una vez terminada la recogida, el parque natural entra en la perellonà, el proceso de inundación invernal que se prolonga hasta enero. Algunos campos, sobre todo los situados en las cotas más bajas, ya están bajo el agua. Si la paja se queda en el campo, se queda también en el agua.
En paralelo a la recogida, la Generalitat mantiene abierta la vía de la quema controlada. El Consell (el gobierno autonómico valenciano) adelantó al 16 de septiembre el inicio del periodo autorizado para quemar paja y rastrojo, un plazo que seguirá vigente hasta el final de la campaña de siega o, en todo caso, hasta el 31 de diciembre de 2026, siempre que las condiciones meteorológicas y el riesgo de incendios lo permitan. La autorización convive con la campaña de recogida: dos formas opuestas de resolver el mismo problema.
Para el sector arrocero, la diferencia entre quemar y empacar es económica antes que ambiental. Quien quema asume el trabajo, el calendario y la vigilancia; quien entrega la paja se ahorra la gestión y, de paso, alimenta una cadena de valor que hasta ahora no existía. Mil toneladas no cambian el mundo, pero sí el precio de un problema.
El Escenario Valenciano
La campaña se presenta desde la Generalitat como un ejemplo de economía circular aplicada al campo, y el Consell que preside Juanfran Pérez Llorca, con PP y Vox sosteniendo el gobierno autonómico, la utiliza para dos cosas a la vez: mostrar una política con resultados medibles y alejar la imagen de un campo abandonado a su suerte. El flanco para la oposición —PSPV y Compromís— es evidente: la Generalitat autoriza quemas y presume de recogida en el mismo calendario, y cada tonelada empacada convive con un permiso para prenderle fuego al rastrojo.
La dimensión nacional no es menor. El debate sobre qué hacer con la paja sobrante recorre todas las zonas arroceras de España, del Delta de l’Ebre a las marismas del Guadalquivir, y en todas late la misma tensión entre el calendario agrícola y la protección de los humedales. Lo que se decide en l’Albufera se mira desde otros territorios con el mismo problema y menos soluciones sobre la mesa. De fondo, la pregunta que la política agraria europea lleva años sin resolver: cuánto cuesta dejar de quemar.
Queda por delante el cierre del calendario: el 31 de diciembre de 2026 es la fecha límite para quemar, si el tiempo lo permite. Y queda, sobre todo, la próxima campaña, que volverá a empezar con las primeras siegas de septiembre. La lista de espera es el mejor indicador de lo que falta: si la demanda supera la oferta, el cuello de botella no está en el campo sino en la capacidad de recoger, empacar y repartir. Ahí se juega la Generalitat la próxima campaña.
Ficha del Caso
- El caso: La Generalitat, a través de Vaersa, cierra la campaña de recogida de paja de arroz con 1.000 toneladas empacadas y una lista de espera que supera la oferta disponible.
- Datos importantes: Cuatro zonas productoras (l’Albufera, ribera sur del Xúquer, Pego-Oliva y Almenara); retirada gratuita vía plataforma web; quema autorizada desde el 16 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2026; destinos en ganadería, fallas, bioconstrucción, calzado y cosmética.
- Resumen: Un subproducto agrícola se convierte en materia prima para sectores ajenos al campo y en herramienta para proteger los humedales frente a la anoxia y las aguas negras.
