Foro Judicial Independiente respaldó a la magistrada Beatriz Biedma y reprochó al CGPJ su falta de apoyo ante las presiones contra la independencia judicial.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha acordado la asociación? El XXII Congreso de Foro Judicial Independiente, clausurado el 6 de noviembre de 2026 en Jaén, aprueba 22 conclusiones, tres de ellas dedicadas a la magistrada Beatriz Biedma.
- ¿Qué base jurídica invoca? Artículo 117.1 de la Constitución, principio de separación de poderes, STS 581/2023 e informe de la Comisión de Venecia de 13 de octubre de 2025.
- ¿Qué impacto tiene? Exige al CGPJ respaldo institucional a sus asociados, reclama modificar la elección de los vocales y abre la vía a medidas de conflicto colectivo, incluida la huelga.
El respaldo del congreso a la magistrada Biedma
La asamblea, reunida los días 5 y 6 de noviembre en Jaén, dedicó tres de sus 22 conclusiones a la situación de la asociada. El texto denuncia «actuaciones de presión y persecución» contra ella «y las personas de su entorno personal y familiar». Incorpora la salvedad de la presunción de inocencia, pero fija un principio: «ningún juez ha de ser perturbado en el ejercicio normal de su trabajo, para la indagación y enjuiciamiento de los hechos objeto del proceso».
El respaldo no se limita a la declaración. La asamblea ratificó las dos decisiones de la dirección: asistencia jurídica a la magistrada y ejercicio de la acción popular. Biedma, asociada de FJI y destinada en Badajoz, instruyó la causa seguida contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
El reproche se suma al que hicieron público el 16 de octubre los jueces de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, que apoyaron a la magistrada ante la «falta de pronunciamiento» del órgano de gobierno sobre los seguimientos y presiones denunciados.
Los ataques políticos a los jueces y el reproche al CGPJ
Las conclusiones sobre Biedma van precedidas de otras dos de alcance general. FJI admite que las resoluciones «son susceptibles de crítica», pero sostiene que nada justifica el ataque «a la persona del juez que la dictó», porque supone «un grave atentado contra los principios de separación de poderes y de independencia judicial».
La asociación rechaza además que dirigentes políticos pidan al Consejo General del Poder Judicial «de manera directa o indirecta» medidas disciplinarias contra jueces concretos. Lo considera «especialmente grave» en un sistema en el que los veinte vocales son elegidos por los políticos.
La crítica a una resolución es legítima; el ataque a la persona del juez que la dicta afecta a la separación de poderes y a la independencia judicial.
La conclusión vigésima es la más dura. FJI «lamenta que desde el CGPJ no se haya dado apoyo expreso a su compañera», lo que «no hace sino evidenciar el alto grado de politización de este órgano y la necesidad de modificar el sistema de elección de sus vocales».
En el plano europeo, la asamblea exige el cumplimiento del Informe sobre el Estado de Derecho de 2026 de la Comisión Europea y reclama la elección directa de los vocales judiciales por la carrera, criterio sostenido por la Comisión de Venecia el 13 de octubre de 2025.
La lectura doctrinal
El conflicto plantea una cuestión de encaje constitucional. El artículo 117.1 de la Constitución somete el ejercicio de la potestad jurisdiccional al imperio de la ley, y el artículo 24 garantiza la tutela judicial efectiva frente a perturbaciones externas. La tesis de FJI es que la crítica a la resolución es ejercicio legítimo de la libertad de expresión, pero la presión sobre la persona del juez y la petición política de sanciones disciplinarias desplazan el debate al terreno institucional.
La asociación conecta esa exigencia con dos precedentes. La STS 581/2023, de 22 de septiembre (Sala de lo Social del Tribunal Supremo) reconoció la protección de la salud laboral de los jueces; la STJUE de 30 de octubre de 2025, asunto C-373/24, fijó los criterios para calificar las guardias y la disponibilidad como tiempo de trabajo.
La proyección es doble. La falta de pronunciamiento del CGPJ se convierte en argumento para revisar la elección de los veinte vocales, modificación que exige ley orgánica. Y la vía judicial queda abierta para ejecutar los acuerdos retributivos de mayo de 2023 y para frenar el modelo de salud laboral antes de su incorporación al Reglamento de la Carrera Judicial.
Salud laboral, retribuciones y tribunales de instancia
La asamblea manifiesta su «rotunda oposición» al sistema de protección de la salud judicial derivado del acuerdo del Pleno del CGPJ de 25 de marzo de 2026, que considera lesivo para el derecho a la salud de los jueces y contrario a la prevención de riesgos laborales. Autoriza a su Gestora a adoptar medidas de conflicto colectivo, incluida la huelga, en coordinación con las restantes asociaciones judiciales.
El objetivo inmediato es impedir que ese modelo se incorpore al nuevo Reglamento de la Carrera Judicial. FJI exige módulos de cargas de trabajo aprobados por especialistas en prevención de riesgos laborales y calculados al margen de las estadísticas de asuntos resueltos, porque tomar la productividad de juzgados sobrecargados como referencia convertiría el exceso estructural en obligación ordinaria.
En materia retributiva, denuncia la «patente falta de voluntad» del Ministerio de Justicia para cumplir los acuerdos de mayo de 2023, que permitieron desconvocar la huelga de jueces y fiscales. La asamblea autoriza a su dirección a acudir a los tribunales para reclamar los atrasos de pagas extraordinarias desde enero de 2023, la revisión de las guardias, el recálculo de trienios y un complemento de carrera profesional.
El congreso cuestiona también la implantación de los tribunales de instancia y el «discurso triunfalista» del Ministerio, y reclama reuniones periódicas para evaluar la nueva estructura. Defiende el sistema de oposiciones y la formación de la Escuela Judicial, y pide medios suficientes para los jueces que asumen investigaciones complejas. Roberto García Ceniceros fue reelegido presidente de la Gestora por un año más.
FICHA DEL CASO
- El caso: Declaración asociativa del XXII Congreso de Foro Judicial Independiente sobre la protección institucional de una magistrada y sobre el funcionamiento del CGPJ. No es un procedimiento judicial.
- Datos importantes: 22 conclusiones fechadas el 6 de noviembre de 2026; tres referidas a Biedma; artículo 117.1 de la Constitución; STS 581/2023; STJUE C-373/24; aprobación unánime.
- Fecha de los juicios: Congreso celebrado los días 5 y 6 de noviembre de 2026 en Jaén; conclusiones de 6 de noviembre; acuerdo del Pleno del CGPJ de 25 de marzo de 2026.
- Personas acusadas y por qué: N/A. La información no describe un proceso con acusados identificados.
