EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Ministerio de Presidencia y Justicia reivindica el balance del despliegue de la ley de eficiencia y confirma la mayor creación de unidades judiciales de la democracia: 500 plazas de jueces y 200 de fiscales.
- ¿Quién está detrás? Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con acuerdo del Consejo General del Poder Judicial para una macroconvocatoria de 700 plazas.
- ¿Qué impacto tiene? España pasa de 5.903 plazas judiciales a un incremento cercano al 10% de su plantilla, con la pendencia a la baja y a tres semanas de las elecciones del 29-N.
La reforma judicial del PSOE suma ya 500 nuevas plazas y una macroconvocatoria de 700 empleos públicos pactada con el CGPJ. Es el balance que Félix Bolaños reivindica a tres semanas del 29-N, con la carrera judicial todavía en pie de guerra contra el despliegue de la ley de eficiencia.
Con las Cortes disueltas y la campaña electoral en marcha, el Ministerio de Presidencia y Justicia elige hablar de gestión. Y lo hace con cifras: 1.121 millones de euros invertidos en el despliegue de la norma a lo largo del mandato y un acuerdo con el órgano de gobierno de los jueces para cubrir las vacantes de nueva creación.
Qué hay detrás de las 500 plazas y de la ley que reorganiza los tribunales
La norma que sostiene el entramado se llama ley de eficiencia y está en vigor desde el 2 de enero de 2025. Ha agrupado los antiguos juzgados unipersonales en tribunales de instancia: cada titular pasa a ocupar una plaza de magistrado dentro de una sección (Civil, Instrucción, Contencioso, Social, Familia, Menores, Mercantil) y todos comparten una oficina judicial común. Eso permite repartir la carga de trabajo, adaptar el personal y detectar en qué cuerpo falta gente sin necesidad de crear un órgano completo.
La cifra que el ministerio pone sobre la mesa es la mayor creación de unidades judiciales de la democracia: 500 plazas de jueces y 200 de fiscales, un 8,5% y un 7,1% más de plantilla respectivamente. España parte de 5.903 plazas judiciales y 11,7 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 17,6 de media en la Unión Europea. El incremento roza el 10%. Las salas de gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los 17 tribunales superiores de justicia, y el segundo escalón directivo del Poder Judicial, valoraron la iniciativa ‘muy positivamente’ por atender, en sus propios términos, una necesidad acuciante.
Los datos de pendencia acompañan el discurso. En 2024 los asuntos sin resolver crecieron un 13,7%; en 2025, primer año completo con la ley en vigor, se redujeron un 0,67% en los territorios bajo competencia del ministerio. En el orden civil la bajada llega al 4,5%, impulsada por la obligación de acudir antes a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (mediación, conciliación o negociación), que recortaron la entrada de nuevos asuntos un 20,4%. La litigiosidad global cayó un 9,9% entre abril de 2025 y abril de este año, después de haber subido un 11,4% en el ejercicio anterior.
La reforma judicial del PSOE no se mide en discursos, sino en 700 plazas convocadas y una pendencia que rompe por primera vez su tendencia al alza desde 2016.
La contestación existe y es ruidosa. La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, llegó a acusar al Gobierno de desplegar el cambio ‘sin poner un euro sobre la mesa’. La respuesta ministerial es una cifra: 1.121 millones. Otras organizaciones identificadas con la derecha judicial, como Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, hablan de caos e improvisación. Debajo del ruido hay un fondo corporativo: los jueces han perdido el control de un órgano, el juzgado, que ejercían como autoridad máxima.
El pulso con los jueces y las reformas que quedan en el cajón
El clima del mandato no ha ayudado. La ley se ha desplegado en medio de una confrontación jurisdiccional sin precedentes, con resoluciones del Tribunal Constitucional revocando actuaciones y con el Tribunal de Justicia de la UE corrigiendo interpretaciones, en asuntos que van de la inaplicación de la amnistía a la suspensión de votos a descendientes de exiliados.
En el cajón han quedado las dos reformas de mayor calado. La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dejaba la instrucción penal en manos del Ministerio Fiscal como ocurre en buena parte de Europa y limitaba la acusación popular. Y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que ampliaba a cinco años el mandato del fiscal general, le impedía recibir órdenes del Ejecutivo y atendía las recomendaciones del Greco. Ambas iniciativas venían de lejos —de los ministerios de Caamaño, con Zapatero, y de Gallardón, con el PP— y la convocatoria electoral las ha dejado sin recorrido parlamentario.
El Eje del Poder Socialista
Ferraz tiene un argumento de campaña hecho. La reforma judicial del PSOE permite al partido presentarse como el que modernizó una planta diseñada en 1834, cuando se crearon los partidos judiciales, y desactivar por la vía de los hechos la acusación de recentralización: el ministerio dota de medios al Supremo, a la Audiencia Nacional y a los tribunales de siete comunidades y ciudades autónomas (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla), mientras las doce comunidades con competencias transferidas ejecutan el despliegue junto al Consejo General del Poder Judicial.
El aterrizaje territorial es desigual por diseño. Castilla-La Mancha, con Emiliano García-Page al frente, es una de las comunidades cuyos tribunales dependen del ministerio, mientras Cataluña o Navarra lo hacen a través de sus propios departamentos de Justicia. Esa asimetría obliga a Ferraz a explicar que no es una foto del Gobierno central, sino una estructura común. El Grupo Parlamentario Socialista ha defendido la norma con un dato que incomoda a sus críticos: fue reclamada en 2017 por todas las asociaciones judiciales en un comunicado conjunto, incluidas las conservadoras.
El riesgo inmediato es de calendario. La macroconvocatoria de 700 plazas está acordada con el CGPJ y debe ejecutarse en la próxima legislatura, gobierne quien gobierne. Si el 29-N altera la mayoría, la eficiencia de los tribunales seguirá desplegándose —es una ley en vigor—, pero las plazas, las becas para opositores y la instrucción fiscal quedarán a merced de la prioridad política del siguiente Ejecutivo.
Conviene medir bien la escala. No es una reforma menor: es el cambio más profundo de la planta judicial española desde 1834, y por eso el PSOE lo defiende con números y no con consignas.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Modernización y eficiencia frente al inmovilismo corporativo: la justicia como servicio público, no como coto profesional.
- Protagonista: Félix Bolaños (ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes).
- Próximo hito: Ejecución de la macroconvocatoria de 700 plazas (500 jueces y 200 fiscales) acordada con el CGPJ tras el 29-N.
