La precariedad reina en los estratos más bajos del BBVA. La mayoría de los nuevos empleados de Op Plus, la subcontrata del banco que lleva toda su gestión administrativa, entraba a la empresa con un contrato de obra y servicio para realizar un trabajo estructural. Una práctica que muchos trabajadores no tardaron en denunciar. En muchos de los casos, el BBVA interrumpía las demandas pagando, por sistema, 3.600 euros a los trabajadores despedidos, según relatan fuentes cercanas a la empresa. Pero dos de ellas llegaron hasta el final. Y en ambos casos la Justicia dio la razón a los empleados.
Un contrato de obra y servicio responde a unas necesidades extraordinarias de la empresa. Pero el BBVA se los aplicaba a todos los nuevos trabajadores de Op Plus. Independientemente del volumen de trabajo. El banco contrataba a los trabajadores de su subcontrata durante un periodo de dos años. Y, después de respetar los plazos legales, volvía a contratar nuevos trabajadores para cubrir el mismo puesto. Una práctica ilegal, tal y como reflejan dos sentencias impuestas en 2016 al banco.
Algunos de los empleados que vieron cómo, después de finalizar su contrato de obra y servicio, se volvía a ofertar su puesto de trabajo, dieron un paso al frente y denunciaron al BBVA. Pero ante esta situación, el banco tenía un modus operandi mecanizado. Pagaba entre 3.000 y 3.600 euros a los demandantes una semana antes del juicio para evitar que las denuncias prosperaran. Una práctica que logró retener prácticamente todas las demandas excepto dos. Este pago que el banco había automatizado muchos de los trabajadores de Op Plus lo conocen como «tarifa plana», según relatan fuentes cercanas a la empresa.
Al tratarse de puestos de trabajo estructurales, el banco debía haber renovado a los trabajadores. Pero en su lugar, prefería prescindir de esos trabajadores y volver a actuar del mismo modo una y otra vez. En algunos casos, relatan las fuentes, la empresa ha vuelto a contratar al mismo trabajador para desempeñar la misma función después de haber respetado el plazo necesario.
Pero el BBVA sí que aplicó bien la contratación por obra y servicio en algunos casos. Uno de ellos fue cuando el banco tuvo que devolver el importe de las cláusulas suelo. Ese pico de trabajo exigía un aumento temporal de la mano de obra, por lo que esos contratos sí que estaban justificados. Sin embargo, el BBVA decidió aplicar este principio también a algunos puestos de trabajo estructurales, tal y como refleja la sentencia. Y esta práctica le costó más caro de lo esperado.
En las sentencias, tras desestimar los recursos presentados por la empresa, la Justicia da dos opciones al BBVA: o bien, readmitir a los trabajadores que habían finalizado su contrato de obra y servicio (además de abonarles la cantidad de dinero que deberían haber recibido los empleados por el periodo que habían permanecido inactivos), o bien, a pagarles la indemnización correspondiente.
Durante otra inspección realizada en 2017 por el Ministerio de Trabajo, se deja claro que el BBVA no había actuado según la legalidad. Para el inspector, la subcontrata, controlada plenamente por el banco, había cometido «una infracción en materia laboral por la transgresión de la normativa vigente sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales, mediante su utilización respecto a finalidades y supuestos distintos de los previstos legalmente». Por lo que, afirma el inspector, «se ha extendido la correspondiente acta de infracción».
A pesar de las dos condenas, el BBVA sigue utilizando a través de su empresa Op Plus este tipo de contratos de obra y servicio. Según relatan a MONCLOA.COM fuentes conocedoras de la mecánica, cada nuevo trabajador entra a la empresa por defecto con un contrato temporal para ocupar un puesto estructural. Y los empleados ven cómo esos contratos, cuya remuneración mensual no supera los 800 euros al mes, caducan para volver a realizarse una y otra vez.
La ley determina que este tipo de contratos debe aplicarse para picos de trabajo puntuales. Que esas obras o servicios a los que hacen referencia deben traer a los trabajadores una autonomía y una sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa. Es decir, que no deben ser puestos de trabajo que desempeñen labores propias de la estructura de la compañía. En base a este criterio, la Justicia desestimó los recursos y dio la razón a los dos únicos trabajadores que lograron llegar hasta el final, esquivando el cortafuegos de los 3.600 euros del BBVA.
