Los vigilantes de seguridad que prestan servicios en empresas como Carrefour, la Agencia EFE, Metro de Madrid y Barcelona, Museo Thyssen, IFEMA o Renfe llevan sin cobrar su nómina desde mayo. El grupo encargado de contratar estos servicios, Ombuds, propiedad de la familia Cortina, está atravesando la peor situación financiera de su historia y eso repercute directamente en el sueldo de los cerca de 8.000 empleados que forman parte de la compañía.
UGT y CCOO han firmado un acuerdo de viabilidad con Ombuds para garantizar que el grupo pague las nóminas atrasadas, la de junio, julio y la extra de verano como máximo hasta el 31 de julio. Ambos sindicatos han detallado que la compañía está intentando reactivar su línea de financiación con los bancos para proceder a los pagos atrasados. Mientras tanto han pedido paciencia a los empleados y, sobre todo, profesionalidad.
LOS NEGOCIOS DE OMBUDS CON LA BANCA
En tan solo dos años Ombuds ha pasado de cosechar unos beneficios de más de 460.000 euros a acumular unas pérdidas de 5,9 millones. La crisis que padece necesita de la inyección de crédito de la banca, en concreto del Santander, Bankia y CaixaBank. La entidad está actualmente negociando con ellos para continuar con el “factoring” y reconducir así el pago de las nóminas.
La clave para reabrir la líneas de financiación con la banca, actualmente paralizada, parece ser la posible entrada de un nuevo socio internacional, según ha adelantado Ombuds. Como última instancia, los accionistas barajan la posibilidad de que terceros aporten nuevas cantidades de dinero o incluso vender la sociedad con el fin de pagar las nóminas.
El portavoz de Alternativa Sindical, Alberto García, desconfía de que los bancos den crédito a la empresa de seguridad. Este martes tienen el encuentro definitivo para conseguir la financiación, después de que la reunión del viernes pasado resultara fallida. García también duda de que Ombuds tenga un inversor internacional, como asegura. “Quién va a querer aportar capital o comprarla si está en ruina”, insiste.
Igualmente para García una intervención bancaria no es la solución al problema, sino que es “un parche temporal”. Ombuds tiene actualmente “más de 40 millones de deuda con Hacienda y la Seguridad Social”, por lo que el dinero de la banca iría para sufragar el monto adeudado. Y además habría que sumar los altos intereses del “factoring”. “Se solventaría el conflicto de estos meses, pero en septiembre se volvería a la misma situación. La empresa es inviable”, asegura.
Si el grupo no consigue la financiación requerida antes del 31 de julio entraría en concurso de acreedores. García critica que tanto UGT como CCOO “estén tapando las miserias” de la familia Cortina y hayan accedido a lanzar un comunicado dando esperanza a los empleados. Para el portavoz, el objetivo de este mensaje es retener a los clientes, que todavía pueden rescindir su contrato.
OMBUDS, LA COMPAÑÍA DE LA FAMILIA CORTINA
La empresa de seguridad pertenece a la familia Cortina. José Rodrigo Cortina fue administrador único y actualmente es consejero de la misma. Es hijo de Antonio Cortina, un exitoso empresario, que a su vez es hermano de José Luis Cortina, ex coronel del Ejército, ex jefe operativo del CESID en el 23-F y compañero de promoción cercano al Rey Juan Carlos.
La figura del ex coronel es la que más intriga genera y no solo por sus decisiones empresariales. Íntimamente ligado al antiguo centro de inteligencia (CESID), José Luis Cortina fue uno de los militares acusados de participar en el golpe de Estado del 23-F, pero finalmente quedó absuelto del macrojuicio. Este hecho no acabó con su carrera militar, sin embargo, en 1991 la filtración de unos planes secretos del Ejército a la prensa le pusieron en el punto de mira y acabó con su destitución.
Su marcha de los servicios militares le hizo dedicarse por completo a su faceta de empresario. Dada su trayectoria profesional, Cortina se enfocó a la seguridad y puso en marcha I2v S.L., una consultora dedicada a la inteligencia y la logística para defensa. En 2008 la compañía creó el Grupo Atenea cuya principal actividad se centraba en dos revistas dedicadas a asuntos militares y que organizaban eventos relacionados con este tema, como la feria de seguridad Homsec.
La aventura empresarial del ex coronel no acabó como esperaba, sin embargo, su hermano Antonio Cortina y los hijos de este, José Rodrigo, Ernesto y Juan Pablo, sí tuvieron más éxito en el mundo de la seguridad. Al menos hasta ahora. Los Cortina han controlado Ombuds a través de Doncorlop, una empresa de inversiones del clan, y lo hicieron con bastante acierto.
En pocos años consiguieron cerrar grandes contratos, valorados en aproximadamente 30 millones, con entes como Renfe, Correos o los hospitales militares. Sin embargo, el trabajo que más dinero reportó a Cortina fue durante la época de ETA, ya que proporcionó cientos de escoltas a cargos públicos amenazados por la banda terrorista. Este jugoso negocio despertó el interés del fondo norteamericano Hackett Inversiones, que controla desde 2011 el 75 % de Ombuds, ahora en pre-concurso de acreedores.
Alberto García y otros expertos en el sector coinciden en que la crisis que atraviesa el grupo actualmente comenzó tras la adquisición de otra empresa de seguridad, Casesa. El portavoz sindical afirma que “la ambición de los Cortina” les hizo comprar la compañía que, a pesar de tener “mucho volumen de negocio, albergaba mucha deuda”. “Ombuds antes de la compra era solvente. Después de sumar a Casesa empezó a obtener malos resultados y ya se retrasaba en el pago de las nóminas a los trabajadores”.
EMPRESAS AFECTADAS POR OMBUDS
Tanto entidades públicas como privadas han salido perjudicadas por la mala situación de la empresa de seguridad. La compañía gestiona los servicios de grandes entes como Renfe, Metro de Madrid y Barcelona, IFEMA, Carrefour, Museo Thyssen, Correos, Gas Natural, Agencia EFE o varias cadenas de supermercados.
Alternativa Sindical critica la opacidad con la que la empresa está gestionando las negociaciones y reuniones. Además, sostienen que “no solo informan poco, sino que mienten en sus declaraciones”. Por ejemplo, no creen que tengan un inversor extranjero como afirman.
Los puestos de 8.000 trabajadores están actualmente en juego. Para el portavoz del sindicato la mejor solución sería “que los clientes abandonaran Ombuds y los empleados fueran subcontratados en la nueva empresa que se encargara de los servicios.” De momento las compañías afectadas por los impagos no se han pronunciado y prefieren ser cautelosas, aunque ya hay rumores sobre los pasos que van a seguir.
“Se está hablando de que tanto el contrato de Carrefour como el de Metro de Madrid podrían quedar resueltos”, asegura García, que insiste en que no serían las únicas que adoptarían esta opción. “Esta situación no deja a la empresa en buen lugar y daña su imagen, por ello les interesa desvincularse de Ombuds cuando antes”, apostilla.
Mientras tanto otras instituciones como el Museo Thyssen aseguran que “mantienen un contacto permanente con los responsables y han solicitado más información, aunque de momento no se ha tomado ninguna medida”. Asimismo la dirección del museo asegura a MONCLOA.COM que se enteró de este conflicto la semana pasada.
