Los centros de datos de IA han encontrado en Estados Unidos un límite que nadie había puesto en el mapa: el concejo del condado.
En Landover, a veinte minutos del centro de Washington, hay un solar de 87 acres vacío desde hace casi un cuarto de siglo. Ahí estaba el Landover Mall, cerrado en 2002. Su dueño, Lerner Enterprises, anunció en 2024 que rompería el suelo en 2026 o 2027 con Brightseat Tech Park: un campus de 5.000 millones de dólares y hasta 820 megavatios de consumo eléctrico. Los planificadores del condado ya lo habían aprobado; el promotor proyectaba 53,5 millones anuales en impuestos locales y 88,6 en los estatales.
El proyecto está muerto. En junio de 2025, la vecina Taylor Frazier McCollum lanzó una petición que superó las 25.600 firmas, amplificada por el Party for Socialism and Liberation, un grupo que se define como marxista-leninista. La demócrata Aisha Braveboy, nueva ejecutiva del condado de Prince George (el cargo electo que gobierna el territorio, algo así como un presidente provincial), paralizó el desarrollo por decreto en septiembre de 2025. En julio de 2026 el consejo aprobó una moratoria de dos años sobre centros de datos hiperescala. El mes pasado llegó la puntilla: Brightseat deberá repetir el trámite ante el consejo.
¿Y qué se construye en su lugar? Camas elásticas. McCollum propuso un parque del estilo de Urban Air Adventure Park, cuyos locales ingresan de media 3,68 millones al año frente a los 53,5 que dejaba el campus. La concejala neoyorquina Vickie Paladino lo resumió así: ‘Preparaos para nuestra nueva economía del parque de camas elásticas, cortesía de la gente más tonta de la historia de la civilización occidental. El economista Jeremy Horpedahl añadió que ya hay un Urban Air a una salida de la circunvalación.
El caso no es una rareza. En Sutton, un pueblo de Massachusetts, los vecinos se han organizado contra un centro de datos del Kraft Group valorado en 16.000 millones de dólares, según recogió The Daily Caller. El patrón se repite en decenas de condados.
Un condado puede tumbar 5.000 millones de inversión con una votación de cuatro minutos. En Estados Unidos, el suelo siempre ha sido política local.
La cuenta la pagan otros.
La factura eléctrica: 820 megavatios que alguien tiene que pagar
Un campus de 820 megavatios consume como cientos de miles de hogares. En el mercado eléctrico estadounidense, esa demanda entra en las subastas de capacidad del operador regional —PJM Interconnection, la entidad que gestiona la red del Atlántico medio— y se traduce en refuerzos de líneas y tarifas que pagan también los vecinos que votaron en contra. El Departamento de Energía alerta de que la conexión va por delante de la red. El propietario del campus cobra; la red la pagamos entre todos.
Hay una segunda capa, más decisiva: la base fiscal. El condado americano vive del impuesto sobre la propiedad, y un centro de datos es una máquina de ingresos estable que no manda niños a la escuela ni pide ambulatorios. El condado de Loudoun, en Virginia, levantó Data Center Alley sobre esa lógica y hoy sostiene buena parte de sus servicios con ella. Prince George ha hecho lo contrario, justo cuando el precio de la luz se ha instalado entre los asuntos que más pesan en el debate público.
Virginia eligió cobrar. Maryland ha elegido bloquear.
España tiene el mismo pulso, pero otro marco legal
En España el conflicto existe, pero se dirime en otro sitio. Los grandes polos anunciados están en Madrid, Aragón y Cataluña, y el cuello de botella no es el alcalde sino el nudo de acceso a la red: la capacidad que Red Eléctrica asigna a cada proyecto. Las eléctricas —Iberdrola, Endesa, Naturgy— venden esa energía; ACS, Ferrovial y Acciona firman la obra; y Merlin Properties ha hecho de los centros de datos una pata de su negocio patrimonial.
La diferencia está en quién cobra. El equivalente español al impuesto sobre la propiedad es el IBI, y el IAE grava la actividad: ninguno de los dos captura el valor que un campus así genera en su entorno. El municipio soporta la obra, el ruido, y la presión sobre la red, y recauda una fracción de lo que recauda un condado americano. Ese desajuste explica por qué aquí el debate se ha centrado en la subvención y el empleo.
La Lógica de Washington
La paradoja es que Washington no tiene nada que decir aquí. El uso del suelo es competencia local por una razón histórica muy americana: la sentencia del Tribunal Supremo de 1926 en el caso Village of Euclid contra Ambler Realty validó las ordenanzas de zonificación y entregó a los municipios el control sobre qué se construye. Brightseat no lo ha tumbado una agencia federal ni una orden ejecutiva, sino un consejo de condado con una votación.
La segunda pieza es fiscal, y explica la coalición. Durante medio siglo el condado dijo sí a plantas de energía, vertederos y cárceles, porque cada uno pagaba su factura. El rechazo aparece cuando la comunidad deja de creer que el intercambio es justo. La coalición del ‘no’ en Prince George no es la del Partido Demócrata en el Congreso: es una coalición de vecinos que ha entendido que la factura de la luz sube antes que el sueldo.
La incógnita es si el modelo Loudoun es replicable a la escala que exige la IA. La moratoria de Prince George expira en 2028 salvo prórroga, y Brightseat sigue formalmente vivo, pendiente de una nueva revisión. Para España la lectura útil no es la anécdota, sino el mecanismo: donde el vecino no ve compensación clara, el proyecto se para.
Ficha del Caso
- El caso: Una petición de 25.600 firmas y una moratoria de dos años dejan sin efecto Brightseat Tech Park, un campus de 5.000 millones en el condado de Prince George (Maryland).
- Datos clave: 820 megavatios de consumo, 53,5 millones anuales en impuestos locales, moratoria hasta 2028 y otro proyecto de 16.000 millones contestado en Sutton (Massachusetts).
- Para España: el pulso llega por el nudo de acceso a la red que gestiona Red Eléctrica y con menos compensación municipal vía IBI e IAE que un condado americano.
