sábado, 12 julio 2025

Iglesias acusa a Sánchez de no tener “proyecto de país” y reclama una negociación racional

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Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, culpa al presidente en funciones de no tener “proyecto de país”, su hoja de ruta que busca la investidura primero con el apoyo de Ciudadanos y después con Unidas Podemos justifica para el líder morado esta afirmación sobre el plan de Sánchez. Espera que a partir de ahora se alcance una negociación “más racional” con los tiempos en la que el candidato salga de la dinámica de no hacer nada, algo muy “rajoniano”.

Asimismo, culpa al líder socialista de no querer subir el salario mínimo interprofesional. En esta línea, Iglesias explica que tras la negativa de los socialistas a que sea la formación morada quienes gestionasen la cartera de trabajo,  lo que hay es que «no quieren subir los salarios». Califica como “obsesión” del PSOE la gestión del mercado de trabajo.

Durante una intervención en su propio programa de televisión, ‘Fort Apache’, grabado el viernes pasado y emitido este lunes por la noche, Iglesias se ha preguntado «para qué quiere el PSOE el poder en España». Desde su punto de vista, el partido socialista no ha llevado a debate interno esta cuestión, sino que, han buscado instalarse en La Moncloa con el apoyo de Ciudadanos, pero también de Unidas Podemos.

El líder de Podemos recuerda que durante las negociaciones para los Presupuestos de 2019, Sánchez no quería subir el SMI hasta los 900 euros ni ofrecía garantías en materia de pensiones ni defensa del sistema industrial del país.

El término “izquierda”, según Iglesias, no significa nada para el PSOE, solo lo emplean como elemento «identitario y cultural durante las campañas». Y sus política públicas evidenciarían esta acusación.

La aparición de una formación política como Podemos, que no te pelea el significante pero te pone permanentemente de frente a políticas que tienes que hacer en esa dirección, tienes un lógico problema de identidad que no tiene una solución en clave de táctica sino de diseño de país, comenta Pablo iglesias.

«TIEMPO MÁS RACIONAL»

Iglesias se muestra optimista y cree que hasta septiembre se abre un periodo de tiempo «más racional» en el que debe primar la intención de llegar a acuerdos y salir así de «la dinámica del no hacer nada y ya ocurrirá algo», una actitud que calificaba como propia de la política de Rajoy.

A juicio de Iglesias, para el PSOE «Cataluña es un problema porque existe el PSC y la sociedad catalana», y para la derecha (PP) en cambio es una «oportunidad electoral» puesto que existen Ciudadanos y Vox. Señala que esta disyuntiva hace imposible la gran coalición entre populares y socialistas, por mucho que «Pedro Sánchez lo deseara» y aunque «pudiera estar cómodo en el 155».

El secretario general de la formación de izquierdas, añade en este punto que, eliminada la opción del PP, el PSOE tampoco puede mirar hacia Ciudadanos para lograr apoyos para la investidura porque Albert Rivera ha dicho que «no está para servir al Ibex sino para ser presidente».

Concluye que el PSOE no tiene más remedio que ofrecer una propuesta de solución para el conflicto catalán en clave de país y añade que la vía pasa por abrir el marco de diálogo con las fuerzas independentistas, que, añade, «están por la labor». «El independentismo no está en la lógica unilateral sino que ha renunciado a su estrategia hace bastante tiempo», dice, aunque matiza que «podría recuperarla en los próximos meses».

Carmen Calvo, la mujer del moda en el PSOE

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Carmen Calvo es la política de moda, la mujer que ha estado al frente de las negociaciones con Unidas Podemos para intentar llegar a formar gobierno y celebrar la investidura. Cosa que no ha ocurrido finalmente. Pero, ¿Quién es Carmen Calvo y por qué está tan de moda en el PSOE?

La vicepresidenta en funciones ha tenido que soportar muchos reproches, y no solo ahora que ha estado al frente de una investidura fallida. Sino en otras muchas polémicas en las que se ha visto envuelta. Vamos a conocerla un poco más.

CARMEN CALVO Y SU NEGATIVA DAR EL MINISTERIO DE IGUALDAD A IRENE MONTERO

Carmen Calvo

Carmen Calvo ha sido la encargada de ir llevando a la mesa de Pablo Echenique todas las propuestas e ideas de Pedro Sánchez e Iván Redondo. Primero, los del PSOE dejaron caer la esperanza de un Gobierno de coalición. Pero poco después se descubrió el pastel, especialmente cuando Sánchez quiso vetar a Pablo Iglesias como vicepresidente.

Los dirigentes de Podemos han criticado duramente a Carmen Calvo ya que la hacen responsable de haber dinamitado el acuerdo antes de las votaciones. «Esto es lo que hay«, habría dicho Carmen Calvo a Pablo Echenique.

Un acreditado cargo de La Moncloa no dudó en afirmar que Carmen Calvo se negaba a dar ministerios a Podemos y, mucho menos, a Irene Montero. «Vivió con mucho recelo que se le escapase Igualdad hacia las manos de Irene Montero. Eso no era ‘moco de pavo’ para la vicepresidenta».

Finalmente parece que Carmen Calvo se ha salido con la suya. Irene Montero no tiene ningún ministerio. Pero ella, por ahora, tampoco.

«EL FEMINISMO NO ES DE TODAS, BONITA», LAS PALABRAS DE CARMEN CALVO

calvo Moncloa

La secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado que el feminismo se gestó en el seno del socialismo a lo largo de sus años de historia y que, por tanto, el feminismo «no» es de «todas». «El feminismo es de todas, no bonita, nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista», ha dicho en una conferencia.

Durante su discurso, la responsable de Igualdad del PSOE y del Gobierno ha hecho un repaso a la historia de la lucha por la igualdad de la mujer, señalando que «el feminismo tiene que innovar, transformar«, porque se dan las condiciones actualmente de «poner en el debate cosas nuevas». En este sentido, ha criticado que se hable ahora de los vientres de alquiler, un asunto en el se ven dos componentes: la reivindicación de la propiedad del cuerpo de la mujer y las clases sociales: «No venden su vientre las ricas, sino las pobres, las marginadas, nunca se puede ver mas claro esto que en otro asunto», ha afirmado.

También ha incluido a la prostitución, al asegurar que se trata de una «sinergia del patriarcado con el capitalismo liberal», que es letal». «Somos objeto de compraventa por partes o en todo», ha resumido sus críticas, añadiendo que este derecho «nunca puede pasar por que se destroce el principal derecho humano, que es la integridad física y moral de nuestra condición como seres humanos».

Es precisamente por todo esto por lo que Carmen Calvo se negó en rotundo a dar el poder del ministerio de Igualdad a Irene Montero. Ella considera que no hay nadie mejor que su persona para desempeñar ese cargo.

LA FORMACIÓN DE CARMEN CALVO

carmencalvo Moncloa

La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, estudió en el colegio de las Madres Escolapias y el Instituto Aguilar y Eslava de Cabra. Se licenció en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1980 y se doctoró en Derecho Constitucional por la Universidad de Córdoba.

Es profesora titular (en excedencia en estos momentos) de esta misma materia en dicha universidad, donde después asumió el cargo de secretaria general y también el de vicedecana de la Facultad de Derecho (1990-1994). De 1992 a 1996 fue secretaria del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología.

A pesar de su formación en Derecho, no son pocas las ocasiones en las que Calvo ha quedado en evidencia por no saber alguna que otra ley.

TRAYECTORIA POLÍTICA

politica Moncloa

Carmen Calvo inició su trayectoria política en 1994 como independiente en las filas del Partido Socialista Obrero Español. Se afilió al PSOE en 1999. Durante toda su trayectoria profesional, primero en la universidad y después en las instituciones y la política se ha posicionado como feminista declarando que «el machismo es otra forma de fascismo«.

Tras su etapa como ministra de Cultura y posteriormente vicepresidenta del Parlamento, en 2011 dejó la primera línea de la política y regresó a dar clases a la universidad después de que José Antonio Griñan decidiera apostar por Rosa Aguilar, con quien históricamente Calvo ha mantenido diferencias políticas, para encabezar la lista del PSOE en el Congreso de Diputados por Córdoba.1

En 2012, en las primarias socialistas defendió la candidatura de Carme Chacón frente a Alfredo Pérez Rubalcaba, que terminó ganando en esa ocasión Desde en entonces Calvo dedicó su tiempo en el partido a crear debates y reflexión en la Fundación Alfonso Perales.

En las primarias socialistas de 2017 entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, se decantó públicamente por Sánchez en abril señalando que lo que más le interesaba de Pedro Sánchez era su idea de incrementar y potenciar la democracia interna en el PSOE, lo que se interpretó como una crítica a Susana Díaz.

En la campaña fue una de las coordinadoras de la parte dedicada a políticas sociales del proyecto estratégico de Sánchez Por una nueva socialdemocracia defendiendo que el PSOE se posicione en contra de los llamados «vientres de alquiler».

CARMEN CALVO Y EL MINISTERIO DE CULTURA (2004-2007)

Carmen Calvo

En enero de 2004, como hemos visto, Carmen Calvo dio el salto a la política nacional cuando José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general del partido del PSOE, la eligió como uno de los diez miembros de su Comité de notables, una agrupación de políticos socialistas destacados para asesorar su campaña para llegar al Palacio de la Moncloa.

Para las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 fue nombrada de nuevo cabeza de lista del PSOE para el Congreso de Diputados por Córdoba​ y destacó en el intento de incentivar el voto joven, que consideraba clave para el partido socialista.2 Tras su elección como diputada, fue nombrada ministra de Cultura, cargo que ocupó entre abril de 2004 y julio de 2007.

Entre los compromisos electorales en cultura se encontraban la celebración en 2005 del cuarto centenario de la publicación de Don Quijote de la Mancha, aumentar la financiación destinada a la cultura, crear un Ministerio de la Cultura y la Comunicación que englobara las políticas de medios de comunicación, la creación del Consejo Estatal de las Artes en coordinación con autonomías y ciudades además de una Ley de Excepcionalidad Cultural e impulsar a una nueva ley de Mecenazgo o patrocinio cultural.

CARMEN CALVO, SECRETARIA DE IGUALDAD DEL PSOE

c Moncloa

El 18 de junio de 2017, Carmen Calvo fue elegida secretaria de Igualdad en el PSOE, sustituyendo así a la política Carmen Montón. Fue, sin duda, una de las personas de confianza de Pedro Sánchez al demostrar su apoyo incondicional.

Calvo, además, fue la persona de confianza de Pedro Sánchez para pactar la aplicación del 155 sobre Cataluña, siendo la portavoz del PSOE en la negociación junto con Meritxell Batet y José Enrique Serrano.

Navarra se suma a la lista de consultas planteadas por el PSOE

El PSOE fue muy crítico con la consulta que Podemos planteó a sus bases acerca de cómo debía actuar en la investidura de Pedro Sánchez. La presidenta del PSOE y vicepresidenta del Senado, Cristina Narbona, decía que Pablo Iglesias había “decidido hacer una consulta” donde no le decía “la verdad a sus bases”. Por su parte, el actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, señalaba que las ofertas que había realizado al secretario general de Podemos habían decaído “a la hora de precipitar una consulta unilateral”.

Muchas han sido las consultas que Podemos ha planteado en estos años. Además de sobre la investidura del líder socialista, Iglesias también ha planteado consultas a la militancia de Podemos sobre diferentes temas, que además de conocidos, también han sido muy polémicos, como su permanencia o no, junto con Irene Montero, portavoz de la formación morada en el Congreso, en los cargos institucionales y orgánicos del partido tras la polémica surgida por la compra de un chalé.

Pero las consultas no son solo exclusivas de Podemos. El PSOE también ha planteado diversas consultas a sus bases, especialmente tras las últimas elecciones municipales y autonómicas el pasado 26-M. Navarra es el último caso más reciente, al que también se suman La Rioja o Canarias.

NAVARRA, LA RIOJA Y CANARIAS

Navarra es la última consulta que ha realizado el Partido Socialista en una Comunidad Autónoma. Este domingo, la militancia socialista se ha pronunciado sobre el acuerdo alcanzado por el PSN con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra para la formación del Gobierno en Navarra, liderado por la candidata socialista María Chivite. Un 89,34% de los militantes han dado su apoyo a este acuerdo, frente a un 10,16% que ha votado en contra y un 0,5% de afiliados que han optado por la abstención. Así, ya solo falta que se celebre la sesión de investidura de Chivite, fijada para los próximos días 1 y 2 de agosto.

La Rioja ha sido otro de los últimos escenarios de consulta del Partido Socialista. El pasado 11 de julio el PSOE convocaba una consulta para ratificar el acuerdo alcanzado entre la formación socialista e Izquierda Unida para la investidura de Concha Andreu y la formación del gobierno autonómico. Con una participación del 70,3%, el 99,6% de los militantes votaron a favor de ese acuerdo. Sin embargo, pocos días después la investidura de Andreu resultaba fallida al no lograr la candidata socialista la mayoría suficiente y después de que Podemos emitiese su voto decisivo en contra.

Además de Navarra y La Rioja, a principios del mes de julio se celebró otra consulta, en esa ocasión en Canarias. El PSOE preguntaba a sus bases sobre la ratificación del pacto con Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera para el gobierno regional.

Un 70,79% de los militantes socialistas en Canarias participaron en esta consulta en la que el ‘sí’ fue el gran triunfador, ya que el 99,37% de los votos fueron favorables. Así, pocos días después, el candidato socialista Ángel Víctor Torres era elegido presidente de Canarias con los votos favorables de, además del PSOE, de Nueva Canarias, Podemos y de Agrupación Socialista Gomera.

Pesimismo e indiferencia entre los críticos de Podemos ante la investidura fallida

Podemos ya no es lo que era. Mucho ha cambiado el partido en comparación con los nombres y caras que conformaron el famoso Vistalegre I del año 2014. Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa, Luis Alegre y Tania González fueron las caras más visibles en torno a Pablo Iglesias de aquella primera Asamblea Ciudadana Estatal y que, en la actualidad, ya no forman parte de la formación o bien tienen una menor visibilidad dentro del partido.

Además de ya no estar en Podemos, o estar de manera menos visible, y de ser reconocidos críticos de la formación liderada por Pablo Iglesias, Errejón, Bescansa, Monedero y Luis Alegre compartieron la semana pasada un mismo sentir: pesimismo y tristeza ante la investidura fallida de Pedro Sánchez, en la que Podemos optó por la abstención.

El diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Íñigo Errejón, calificó de “mala noticia” la fallida investidura del líder socialista. “Este bochorno de reproches y culpas va contra el mandato del pasado 28 de abril. Nuestro país expresó una voluntad que va mucho más allá de los partidos: frenar la involución”, explicaba Errejón en su cuenta oficial de Twitter.

La cofundadora de la formación morada, Carolina Bescansa, también quiso expresar en redes sociales su pesimismo: “El poder que otorgamos las personas con nuestro voto es un poder para construir, no para bloquear ni para mentir. Este país necesita un gobierno”. Tras conocerse la investidura fallida de Sánchez, otro de los cofundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, también manifestaba tristeza por no lograr la investidura, y además, quiso destacar que “no se podía negociar un Gobierno en dos días”.

MÁS CRÍTICAS Y, TAMBIÉN, SILENCIOS

No solo Íñigo Errejón, Carolina Bescansa o Juan Carlos Monedero expresaron el pasado jueves su pesimismo, no solo por la consecución de una investidura fallida, sino también por el curso de las negociaciones. Otros exmiembros de Podemos, como Tania Sánchez, diputada autonómica de Más Madrid o Ramón Espinar, el exsecretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, también mostraron públicamente su desacuerdo con la actual falta de gobernabilidad en España.

“Sobra teatro” “falta política” y “decepción” fueron las palabras más contundentes de Tania Sánchez en su cuenta oficial de Twitter. Además, la diputada por Más Madrid también quiso criticar en las redes sociales la práctica parlamentaria: “Sólo la falta de práctica de un parlamentarismo democrático plural explica que en ese contexto no se permita la elección de un presidente y se inicie un proceso de negociación para acordar contenido, orientación, prioridades y composición”.

Ramón Espinar consideraba un «fracaso» la investidura fallida del líder socialista y pedía responsabilidades en su cuenta oficial de Twitter: «Otro indicador de la vuelta a la política de siempre es que hoy nadie saldrá a decir ‘esto es un absoluto fracaso, presento mi dimisión’. Presenciaremos una guerra de relatos y una batería de culpas arrojadas a la cabeza del otro». Además, Espinar quiso criticar el curso de las negociaciones: “No son las competencias, sino la visibilidad y los recursos lo que está bloqueando la negociación. Porque es imposible negociar eso (la convivencia) en 20 horas”.

Mientras que algunos exmiembros de la formación morada mostraban así su descontento con la investidura fallida de Sánchez, otros que ya no están en Podemos o que ya no tienen tanta visibilidad dentro del partido optaron por el silencio. Es el caso de Luis Alegre y Tania González. Luis Alegre, fundador de Podemos, optó por retuitear los mensajes de Íñigo Errejón y Tania Sánchez, mientras que Tania González, eurodiputada de la formación morada, eligió el silencio en las redes sociales. Misma estrategia siguió la actual concejala por Más Madrid, Rita Maestre, que tampoco pronunció palabra alguna en su cuenta oficial de Twitter.

Los hackers y el Ibex 35: una relación de amor-odio

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Los hackers viven en el filo de la navaja. Entre la genialidad informática y la legalidad vigente. Sus acciones, en realidad, están más cerca de lo primero que lo segundo. De hecho, esa capacidad les convierte en activos fundamentales para muchas empresas, aunque todavía hay grandes compañías del Ibex 35, en el caso español, que no se dan cuenta de ese potencial.

Incluso, la criminalización de sus acciones suele ser el primer paso. Quizá por desconocimiento, miedo o, peor aún, por pensar que estas empresas tiran el dinero en equipos de ciberseguridad que no valen para nada, el hacker se ha convertido en un enemigo. Alguien a quien reprochar la incapacidad, en ocasiones, de gestionar bien la seguridad de una compañía.

Un ejemplo reciente lo ha vivido la energética Naturgy. Según un artículo publicado en El Confidencial, un «pirata informático», término que utiliza el medio y que muchas empresas usan de forma despectiva, habría accedido a finales de 2018 a información confidencial de buena parte de los altos directivos de la compañía.

Según la noticia, el hacker habría accedido a correos electrónicos personales, documentos internos altamente confidenciales, operaciones de fusiones y adquisiciones y potenciales objetivos estratégicos corporativos. Aunque según ha podido conocer este medio, el hacker habría accedido a muchas más documentación de la que se tiene constancia.

Pero como sucede en este tipo de historias, la compañía intenta siempre criminalizar al hacker cuando, en realidad, debería servirse de él para mejorar. En el caso de Naturgy, con una polémica de pagos de por medio a través de la consultora Capgemini, manifiestan haber resuelto de manera interna la situación. En realidad, merece la pena preguntarse si en este tipo de situaciones cabría la posibilidad de que el hacker terminara trabajando en la empresa.

Se trata de profesionales con una altísima cualificación en el ámbito de la ciberseguridad, y sus acciones dan buena cuenta de ello. Son capaces de burlar sistemas de seguridad de empresas que cotizan en el Ibex 35. Asimismo, descubren vulnerabilidades que afectan a los clientes de estas compañías y su imagen pública. ¿Por qué no contar con su experiencia laboral?

LOS HACKERS Y EL IBEX 35

La situación que ha vivido Naturgy no es una excepción. Hace unas semanas MERCA2 contaba en exclusiva cómo diversas constructoras cotizadas se enfrentaban, de igual modo, a un hacker que también criminalizaban.

En concreto, la plataforma de gestión documental Nalanda, especializada en el sector de la construcción, sufrió una vulnerabilidad informática por la cual comprometía datos privados de grandes constructoras como FCC, Acciona o Ferrovial, así como otras importantes compañías: Mercadona o Endesa. Lo curioso es que la propia empresa documental tiene entre sus accionistas a estas mismas constructoras.

La historia es que se descubrió una vulnerabilidad 0-day en la solución online Nalanda utilizada para la coordinación de actividades empresariales (CAE) y control de accesos ligados a la documentación que dejaría expuestos los datos privados de sus clientes, contratas y subcontratas, que hubieran utilizado sus servicios. El problema era que a través de esta vulnerabilidad se accedía a parte de esos datos privados. Así lo pudo comprobar MERCA2 según las pruebas aportadas por el analista de seguridad Y3110w-S4bm4r1n3.

En una serie de artículos se descifró todo lo ocurrido. La conclusión, de nuevo, fue que las grandes empresas ningunearon en cierto modo el trabajo de un experto en seguridad. Y la pregunta vuelve a ser la misma: ¿No necesitarían estas compañías de un analista que ha sido capaz de entrar en su organización con recursos limitados?

Bien es cierto que hay hackers que se han hecho famosos, como Chema Alonso, a los que una gran empresa como Telefónica le ha dado trabajo. Pero su trayectoria es algo relativamente distinta a la de esos hackers que desde la sombra son capaces de entrar donde nadie más puede y conseguir aquello que las empresas decían que nadie podía conseguir.

Ciudadanos dificulta la investidura de Díaz Ayuso en Madrid

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La Comunidad de Madrid todavía sigue sin presidente. Las desavenencias entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox parece que siguen sin solucionarse, aunque podrían estar muy cerca de alcanzar un acuerdo. La reciente investidura en la Región de Murcia da algo de esperanzas a los madrileños. 

El Gobierno murciano se había convertido desde hace semanas en la antesala de lo que ocurría en Madrid. El reiterado “no” del partido liderado por Santiago Abascal hacía difícil alcanzar consenso. De nada sirvieron los esfuerzos populares para sacar adelante la investidura en la primera votación del 4 de julio. Un resultado que marcó la gobernabilidad del Ejecutivo madrileño.

CIUDADANOS Y VOX, DESENCUENTROS EN MADRID

El fracaso de la investidura en Murcia anticipó el futuro de Madrid. Los desacuerdos entre Ciudadanos y Vox imposibilitaron una votación favorable a Isabel Díaz Ayuso. El día 10 de julio se efectuó un Pleno sin candidato y en ese momento comenzaba la cuenta atrás para seguir negociando antes del 10 de septiembre. Fecha límite para investir a la popular o la comunidad iría de nuevo a unos comicios. 

Sin embargo, el desbloqueo de Murcia parece dar aliento al PP, que ve cada vez más cerca el nombramiento de Díaz Ayuso. Las conversaciones de ambas comunidades han ido en paralelo al tratarse de un caso similar y según fuentes populares ya han propuesto un documento idéntico al murciano para sacar adelante las negociaciones en Madrid.

En ese acuerdo que ha triunfado en Murcia, y que PP pretende replicar en Madrid, se tratan algunas de las premisas que más han complicado las negociaciones. Por ejemplo, Vox en Murcia finalmente ha renunciado a revisar la ley LGTBI, una de las líneas rojas impuestas por Ciudadanos en la comunidad madrileña.

A cambio PP y Cs han tenido que ceder a las pretensiones que mantienen los ultraconservadores. Una de ellas es garantizar la libre elección educativa «para evitar el adoctrinamiento en las aulas» o el uso del concepto «violencia intrafamiliar» para sustituir a la «violencia de género».

Fuentes populares aseguran que el problema está ahora en Ciudadanos. La formación naranja no ha asistido a la última reunión a tres, el pasado viernes, en la que sí estuvieron tanto Díaz Ayuso como Rocío Monasterio. El objetivo del encuentro era avanzar ese documento programático para desbloquear la investidura. Pero Ignacio Aguado decidió no acudir a la cita, mostrando una vez más sus reticencias a pactar con Vox. 

Los populares aseguran que seguirán intentándolo y que esperan seguir trabajando en dicho documento, para que sea del agrado de ambas partes. De momento no hay previstas más reuniones a tres, pero las negociaciones continúan adelante. Tampoco está decidido una fecha para la nueva sesión de investidura. Desde el PP insisten en que “si de ellos dependiense lo harían lo antes posible”, aunque todo depende de “la voluntad de Vox y Cs”.

EL “SÍ” DE VOX EN MURCIA

El caso de Murcia ha pasado por las mismas fases que ahora se viven en Madrid. Para la primera sesión de investidura, los ultraconservadores querían un documento de propuestas en común que llevara el sello de las tres formaciones o votarían que “no”. Pero Ciudadanos no quiso acceder a esa pretensión. Vox, finalmente, consolidó su amenaza y se negó a apoyar el Gobierno de coalición de naranjas y azules. 

El futuro del Ejecutivo regional entraba en el tiempo de descuento. Desde el primer intento fallido, tenían dos meses para seguir negociando o se convocarían elecciones, pero no ha hecho falta llegar a esta alternativa. Los tres partidos solo han necesitado dos semanas para solucionar sus diferencias programáticas.

El 19 de julio cerraron ese acuerdo y el 26 de julio lo materializaron con el “sí” de los 16 votos del PP, los 6 de Ciudadanos y los 4 de Vox. El partido ultraconservador, sin embargo, no tendrá representación dentro del Ejecutivo de coalición, aunque su apoyo no será solamente simbólico. Tanto PP como Cs han tenido que asumir una veintena de exigencias, como el objetivo de impulsar políticas de prevención de la “violencia intrafamiliar”.

El presidente será el popular Fernando López Miras, mientras que la vicepresidencia será para la líder de Cs, Isabel Franco, quien también ocupará la Consejería de Política Social. Según lo firmado, los populares controlarán las áreas de Hacienda, Sanidad, Educación, Agricultura, Presidencia. Por su parte, Ciudadanos se encargará de la portavocía del Gobierno, y las competencias de Fomento, de Transparencia y Administración Pública y de Empleo.

Interior aumentará las nóminas de la Policía y la Guardia Civil un 20%

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El Ministerio del Interior ha reaccionado y se ha comprometido a cumplir el tercer tramo del acuerdo, que recoge un ascenso del 20% de media en los salarios de la Policía y la Guardia Civil. En concreto, Interior se ha plantado en los 807 millones en tres años (2018-2020) del acuerdo de equiparación salarial y ha entregado a estos organismos el informe de la consultora externa que analiza si la cifra comprometida es suficiente o se tiene que recalcular al alza.

Desde Interior han subrayado que ya con los 807 millones se elevarán las nóminas de policías y guardias civiles en una media de un 20% (calculan que un policía cobrará de media 529 euros más mensuales y un guardia civil, 620 euros). La decisión se ha comunicado en la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de equiparación y ha provocado el enfado de algunos sindicatos firmantes y de la plataforma Jusapol, que se ha manifestado durante horas frente al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

El SUP ha sido el primer sindicato policial en reaccionar al posicionamiento de Interior asegurando en un comunicado que «no acepta el informe» de la consultora externa por «falta de transparencia y opacidad». En este sentido, han asegurado que estudiarán plantear medidas administrativas o judiciales.

Representantes de Jupol, sindicato surgido de la plataforma Jusapol y mayoritario en el Consejo de la Policía desde las elecciones del pasado junio, han protestado frente a Interior, donde han adelantado que no se doblaba la cifra de la equiparación hasta los 1.500 millones plantearían un conflicto colectivo. La decisión la comunicarán de forma oficial en las próximas horas.

Las siete asociaciones de la Guardia Civil firmantes del acuerdo han emitido por su parte un comunicado conjunto en el que dicen que estudiarán el informe de la consultora entregado este mismo lunes en un CD por Interior. Además, han vuelto a mostrar su queja unánime por la cesión de un 1,73% a favor de la Policía en la ejecución del segundo tramo del acuerdo, el ejecutado este 2019.

ENTREGA DE CD CON EL INFORME EXTERNO

La tercera reunión de la comisión de seguimiento se ha celebrado bajo la presidencia de la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, mientras la plataforma Jusapol protestaba en la calle. Interior ha entregado a los representantes de los sindicatos y asociaciones el informe de consultoría elaborado por Ernst and Young Abogados y que, según el acuerdo, tenía que recalcular si los 807 millones eran suficientes.

«La decisión de que una consultora privada analizara las cifras de la equiparación fue adoptada por el anterior equipo del Ministerio del Interior», ha recordado el departamento liderado por Grande-Marlaska, que ha vuelto a decir que mantuvieron el acuerdo «por compromiso institucional hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

En este sentido, Interior ha apuntado al informe del Consejo de Estado que avalaba que esta cláusula no era vinculante para la administración. Fuentes sindicales consultadas por Europa Press señalan que los representantes del Ministerio se han acogido al posicionamiento del Consejo de Estado para rechazar cualquier aumento sobre los 807 millones ya comprometidos, limitándose a entregar un CD con la copia del informe de Ernst and Young Abogados.

La consultora Ernst and Young entregó un primer informe de consultoría al Ministerio del Interior el 27 de febrero, «que no fue recepcionado por deficiencias con el cumplimiento del pliego de prescripciones técnicas que rige el contrato». Tras el plazo de subsanación concedido, señala Interior, el informe fue recepcionado de nuevo el 10 de julio y se ha dado conocimiento del mismo este lunes a los representantes de los sindicatos de la Policía Nacional y de las asociaciones de la Guardia Civil.

SONORA PROTESTA DE JUSAPOL

La entrega del informe se ha producido este lunes en una reunión de la comisión de seguimiento entre Interior y los firmantes del acuerdo de equiparación salarial de marzo de 2018, cuando estaba Juan Ignacio Zoido (PP) al frente del Ministerio: cuatro sindicatos de la Policía (SUP, CEP, UFP y SPP) y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, UniónGC, ASESGC, APROGC y APC).

Tras la reunión entre Interior y los sindicatos firmantes, los directores generales de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Pardo y Félix Azón, respectivamente, han dado traslado del documento a otras organizaciones no firmantes del acuerdo, entre ellas la plataforma Jusapol y sus marcas en ambos Cuerpos, Jupol y Jucil.

Aún así, unos 200 miembros de esta plataforma -entre ellos algunos niños– se han concentrado desde las 16.00 horas frente a la sede del Ministerio del Interior, donde han protagonizado una sonora protesta que ha cortado el tráfico en la calle Amador de los Ríos, mientras lanzaban petardos y hacían sonar numerosos silbatos y tambores.

Al convocar la protesta de este lunes, Jusapol la justificó en la «sorpresa» que les causó no haber sido invitados a la reunión, después de que Jupol sea desde este mes de junio el sindicato con mayor representación al conseguir 8 de los 14 vocales del Consejo de la Policía. Tanto desde Interior como desde el resto de sindicatos, no obstante, se les recordó que el acuerdo especifica que sólo pueden asistir los firmantes del mismo.

Jusapol rechazó desde el primer momento el acuerdo al considerar insuficientes los 807 millones en tres años (2018-2020) y Jupol amenazó con un conflicto colectivo en el caso de que no se atendiera a su petición de doblar el dinero hasta obtener al menos 1.500 millones. La estrategia a seguir tras las elecciones sindicales en la Policía ha provocado discrepancias entre Jusapol y Jupol.

Interior ha defendido este lunes que ha hecho «la mayor inversión en seguridad del Estado en los últimos ocho años» al destinar 850 millones en infraestructuras -600 de ellos en comisarías y cuarteles entre 2019 y 2025– y ha comparado el dinero destinado a la subida salarial de policías y guardias civiles con la del resto de funcionarios públicos, que en el mismo periodo será de un 6,25%.

También ha recordado que ha repuesto en un 115% las puestos de trabajo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con más de 5.000 nuevas plazas. En la reunión celebrada este lunes se ha acordado fijar para el 12 de septiembre una nueva reunión en la que asociaciones y sindicatos aporten su valoración del mencionado informe.

El PP se mueve para erradicar los homenajes a miembros de ETA

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El último homenaje al ex número dos de Eta José Javier Zabaleta Elosegi y a Xabier Ugarte ha emplazado al PP vasco ha moverse para intentar evitar que se produzcan más actos de este tipo. El parlamentario popular Carmelo Barrio presentará este mismo martes en el registro de la Cámara vasca una pregunta dirigida a Iñigo Urkullo, lehendakari, para cuestionar cuáles van a ser las medidas a adoptar por el gobierno para aplicar el ‘Plan de Convivencia y Derechos Humanos’ que eviten escenarios similares.

En su iniciativa, Barrio pide también al lehendakari su valoración, en el marco de las políticas de convivencia del Gobierno Vasco, sobre los homenajes brindados a ambos expresos de ETA, y sobre la presencia «constante, reiterada y protagonista de menores en esos actos de homenaje a criminales».

Tras solicitarle información sobre el número de homenajes a miembros de ETA celebrados en lo que va de año, el parlamentario popular pregunta a Urkullu qué medidas piensa tomar el Gobierno Vasco para que no se celebren en lugares públicos, con presencia de menores «más actos de homenaje y exaltación a miembros de ETA, como reiteradamente exigen las víctimas del terrorismo.

Carmelo Barrio recuerda que el pasado 27 de julio en la localidad guipuzcoana de Hernani el «multi-asesino, miembro de la banda terrorista ETA, alias ‘Baldo’, recibió un homenaje tras su salida de la prisión en la que ha cumplido condena por asesinatos, atentados y pertenencia a organización terrorista ETA y al día siguiente, 28, simpatizantes de ETA y Bildu recibieron y homenajearon públicamente al criminal, miembro de la banda terrorista ETA Xabier Ugarte, en las calles de la localidad guipuzcoana de Oñate».

Tras destacar que el Parlamento Vasco ya se ha pronunciado en contra de los homenajes «a los asesinos», ha lamentado que «estos se repiten con frecuencia en nuestras ciudades y pueblos, y en sus calles y plazas».

PREGUNTAS A LA CONSEJERA DE SEGURIDAD

Sobre estos mismos homenajes registrará este martes Carmelo Barrio sendas preguntas dirigidas a la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, en las que le solicita información en relación a las actuaciones que realizó la Ertzaintza en Hernani y Oñate con motivo de estos actos.

Asimismo, se interesa el dirigente del PP vasco por si «se detectó participación y presencia de menores en los actos organizado por las calles de Hernani y Oñate». Por último, pregunta a Beltrán de Heredia si se han dado traslado a la fiscalía o a los juzgados sobre lo actuado en las referidas actividades de control de ambos actos.

El juez imputa al BBVA por el ‘caso Villarejo’

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Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, ha decidido imputar como persona jurídica al BBVA, por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios relacionados con una operación de espionaje encargada en 2004 a José Manuel Villarejo, comisario jubilado, según han confirmado fuentes jurídicas.

Así, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acepta la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción de investigar si el banco habría encargado el espionaje a diferentes personas contratando los servicios de Cenyt, grupo empresarial del comisario, con el objetivo de conocer diversa información relacionada con la constructora Sacyr.

Esta investigación se enmarca en la novena pieza del ‘caso Tándem’, relativa con los trabajos desempeñados por el policía, que se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017, durante 13 años a cambio de una cantidad estimada en unos 10 millones de euros.

SEGUIMIENTOS, PAGOS ÍLICITOS Y DÁDIVAS

Según el escrito de Anticorrupción, que fue presentado ante el juez instructor este miércoles, el BBVA dirigido por Francisco González contrató al entramado empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo tuvieron para el desarrollo de servicios de inteligencia, «de naturaleza patrimonial y carácter ilícito», además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones o documentación bancaria que, a su entender, supusieron «múltiples» vulneraciones de derechos fundamentales de varias personas.

La Fiscalía afirma que del análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en el mes de noviembre del año 2017 y de la documentación aportada por BBVA se acreditaría que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil CENYT afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo.

Asimismo, destaca en su escrito que alguno de los directivos investigados, cuya identidad no se da a conocer al estar la causa secreta, habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por facilitar tales contrataciones.

Por todo ello, y con arreglo al artículo 31 bis del Código Penal, permiten trasladar a la persona jurídica la responsabilidad penal por los delitos cometidos por las personas físicas, descarta que por el momento que la entidad financiera pueda ser considerada como perjudicada por los hechos investigados, algo que el juez García Castellón comparte, por lo que rechaza que el BBVA pueda personarse en la causa como acusación particular.

NOVENA PIEZA DEL CASO TÁNDEM

Esta pieza de la causa Tándem, la número 9, es muy compleja y ha ido creciendo a medida que ha avanzado el trabajo de los investigadores. Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, podría considerarse una causa en sí misma, dada la abundancia de contratos y de aristas en cada uno de los trabajos que la mercantil de Villarejo, Cenyt, habría venido desempeñando para el BBVA desde el año 2004.

La parte más conocida es la denominada ‘operación Trampa’, el despliegue que habría orquestado Villarejo para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del banco.

Según varias informaciones periodísticas, el excomisario facturó más de medio millón de euros a cambio de informes que incluían la monitorización de más de 4.000 teléfonos y seguimientos a periodistas, empresarios y políticos entre 2004 y 2005, incluido el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián; personado como acusación en la causa.

Tras difusión de la existencia de aquellos negocios con Villarejo a principios de este año, el ya presidente de honor del BBVA Francisco González presentó su renuncia al cargo y la nueva presidencia encargó una auditoría y una investigación internas para esclarecer los hechos.

OTROS INVESTIGADOS

En la pieza ya hay varios imputados, entre ellos ex jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano –también excomisario de la Policía–, a quien el juez dejó el libertad bajo fianza de 300.000 euros el pasado 5 de julio pese a que se negó a prestar declaración sobre este asunto.

Igualmente se investiga a otras ocho personas por delitos cohecho activo y revelación de secretos en relación a los encargos que la entidad financiera habría realizado bajo presidencia de Francisco González. Se trata de la sustituta de Corrochano, Inés Díaz Ochagavia; el consejero delegado de BBVA hasta 2015 Ángel Cano, el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; y el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero.

También están investigados el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, al miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad financiera Ricardo Gómez Barredo y a su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas, que sigue vinculado al banco.

Lambán se gana el apoyo de toda la izquierda y gobernará en Aragón

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El resultado electoral en Aragón dejó un complicado escenario, con variedad de formaciones con representación. El PAR era decisivo y, tras su acuerdo con Lambán, todo ha sido más fácil para el PSOE, que además ha sumado los apoyos de IU (este mismo lunes), Podemos (con un preacuerdo) y el CHA. Suficiente para garantizar un futuro gobierno socialista que, tras el último acuerdo de 52 medidas con IU, «blindara» los servicios públicos.

Con este pacto, el candidato socialista suma un voto más de apoyo a su investidura, que se une a los 24 del PSOE, 3 del Partido Aragonés y 3 de Chunta Aragonesista, formaciones con las que ya ha firmado sendos acuerdos.

Asimismo, los socialistas poseen un preacuerdo con Podemos, que está siendo votado por las bases de la formación morada. En caso de que el resultado sea favorable a la investidura, Lambán se habrá asegurado 36 apoyos –Podemos tiene cinco escaños–, dos más de los 34 que hacen la mayoría absoluta en la Cámara aragonesa, formada por 67 diputados.

Lambán ha expresado su agradecimiento al apoyo de IU a su investidura, excluyendo desde el principio de la negociación estar dentro del Gobierno, con un acuerdo programático, que «sin entrar en contradicción» con los ya alcanzados con otras formaciones «tiene un componente muy situado en elementos de izquierdas» que solo están incluidos en este pacto.

Ha detallado que se recogen medidas relacionadas con la educación, los servicios sociales y la sanidad, además de que «aborda con interés y pasión» la aplicación de la Ley de memoria histórica y democrática.

Asimismo, prevé mecanismos de control y el seguimiento del cumplimiento de un pacto del que Lambán se ha sentido «particularmente orgulloso» desde el punto de vista «cualitativo» porque IU es una fuerza «con tradición en las Cortes de Aragón», donde «siempre ha imprimido calidad, altura al debate, defendiendo posiciones de izquierda».

REALIZABLE

El candidato socialista ha subrayado que no se ha trabajado de manera «frívola», sino «responsable», «buscando que todo aquello que se firmara fuera realizable» y para que «el resto de las fuerzas políticas conformantes del gobierno vayan a facilitar su desarrollo.

«Hemos buscado la complementariedad absoluta», con los acuerdos alcanzados con PAR y CHA y el preacuerdo con Podemos para que «lo que firmemos se pueda cumplir», si bien a lo largo de la legislatura «no descarto que puedan existir desacuerdos, igual que en la pasada ya los hubo y los gestionamos con absoluta naturalidad», ha señalado el líder del PSOE en Aragón.

Al respecto, ha opinado que no habrá «ni un solo gobierno autonómico, ni en el conjunto del Estado en los próximos años que en un momento u otro no tenga discrepancias» porque «la época de las mayorías absolutas y de gobiernos que solo tenían problemas internos como partido han pasado ya».

Ha descartado que en Aragón «no exista la suficiente inteligencia como para gestionar las discrepancias de una manera positiva» y en un momento en el que la gobernanza «no van a ser fácil en ningún ámbito», «debemos demostrar que estamos a la altura de las circunstancias», ha dicho Lambán.

EVITAR EL TRÍO DE COLÓN

El coordinador general de IU en la Comunidad y también diputado en las Cortes, Álvaro Sanz, ha explicado que su propósito ha sido «evitar un gobierno de derechas» y por eso desde el día después de las elecciones su formación «tenía claro que esta Comunidad tenía que quedar fuera del eje gobernado por el trío de Colón», en referencia a PP, Cs y Vox.

«Un gobierno de derechas no es solo aquel liderado por formaciones que así se definen, sino también por otras organizaciones que en un momento determinado puede caer en tentaciones de hacer políticas de derechas», ha relatado Sanz, y por eso han trabajado «mirando a la gente y al territorio» por una investidura «que contase con el mayor componente posible de fuerzas progresistas» y «minorar, fundamentalmente, el peso específico que pudieran tener los tres diputados del PAR.

No obstante, ha agradecido a ese partido que «en un momento determinado faciliten que esta Comunidad no se alinee en su gobierno con aquellos que quieren ser los primeros de la fila en la derecha compitiendo desde puntos de vista cada vez más reaccionarios».

Sanz ha reconocido que lo primero que hubo encima de la mesa fue el acuerdo PSOE-PAR, que a IU «no le parecía un terreno de juego sobre el que empezar a trabajar», si bien ha aclarado que más que fricciones con el PAR, las hay «con una dinámica política que se ha venido imponiendo durante mucho tiempo en esta Comunidad y que es momento de cambiar» para «la reversión de las privatizaciones en los servicios públicos y el blindaje de la educación pública».

IU descartó entrar en el gobierno desde el principio «por una cuestión de sensatez» ya que cuenta con un diputado y la correlación de fuerzas es «muy compleja», para señalar que su papel es «ejercer de referente en medidas concretas impulsadas sin ningún tipo de atadura» y poder «transformarlas en hechos en el ámbito institucional desde la honestidad y el rigor».

ACUERDO PROGRAMÁTICO

La formación se ha planteado la negociación política entorno a un acuerdo programático. «Queríamos hablar de programa, de medidas concretas», que permitan «el blindaje de los servicios públicos como garantía y respuesta a derechos fundamentales», avanzar «hacia un nuevo modelo productivo y situar lo público como motor de medidas que garantizasen bienestar».

También han pretendido «priorizar modelos concretos en materia económica que sirvan para vertebrar el territorio y garantizar la vida no solo en las ciudades, sino también en los pueblos, las infraestructuras y el medio ambiente», ha glosado Sanz.

En concreto, se ha referido a medidas como la protección de las montañas, el «endurecimiento» de las normas que rigen la instalación de grandes centros comerciales y el «blindaje» de la educación pública como tal en el tramo no obligatorio de 0 a 3.

Por otra parte, ha pedido a Lambán (PSOE) que el seguimiento del acuerdo sea «una práctica cotidiana» porque IU «va a exigir que se cumpla», para desearle un «buen gobierno». «Nos tendrá siempre que profundice en estas medidas y en otras que no están aquí, pero que nos permitan caminar por la izquierda», pero IU se situará «delante cuando veamos que aquello no funciona y no es así», ha enfatizado Sanz.

Ha reconocido que puede haber medidas que sean «elemento de fricción a la hora de llevarlas a cabo porque suponen caminar en una dirección distinta a aquellas que se contemplan en los acuerdos a los que el PSOE ha llegado con otras formaciones políticas».

No obstante, ha sostenido que si se pone encima de la mesa el interés general y «la razón, sensatez y superación de la política binaria», priorizando «lo que le importa a la gente, lo que le importa al territorio y al futuro del planeta, llegaremos a acuerdos».

FUTURO GOBIERNO

Lambán ha rechazado tratar sobre la posible composición de su gobierno. «No me parece el momento», además de que «parte del éxito de haber llegado hasta aquí es que hemos hecho cada cosa cuando había que hacerla», ha apuntado.

Sobre el hecho de que en Aragón la izquierda haya alcanzado un acuerdo de investidura, Sanz ha comentado que ha sido porque «aquí hemos hecho política, en otros sitios se ha hecho otra cosa», mientras que Lambán ha afirmado: «Esto viene del Compromiso de Caspe del siglo XV, que nos imprimió carácter», ha afirmado en referencia al acuerdo que permitió en 1412 elegir un nuevo rey para la Corona de Aragón ante la ausencia de sucesión, a través del pacto.

También ha detallado que el sábado habló dos veces con Pedro Sánchez para explicarle el acuerdo con Podemos y «le conté cómo estaba Aragón, él me comentó cómo está España y se manifestó dispuesto a ayudarme en Aragón», al tiempo que Lambán le mostró su disposición «a ayudarle a él en España».

Podemos pasa de Garzón y no investirá ‘gratis’ a Sánchez

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Tras el fracaso de la investidura del pasado jueves, el PSOE no ha cogido el teléfono para retomar las negociaciones con Unidas Podemos. Sánchez quiere gobernar en minoría y espera que el paso del tiempo y la amenaza de nuevas elecciones propicien una abstención de PP o Ciudadanos o un ‘regalo’ de Iglesias. De momento, la vía progresista se antoja complicada. El PSOE no quiere gobierno de coalición y Unidas Podemos no quiere sólo un acuerdo programático.

ECHENIQUE DESCARTA SÓLO UN ACUERDO PROGRAMÁTICO

Echenique ha sido claro y contundente frente a las cámaras de La Sexta: investir a Sánchez a cambio de nada es un error. El secretario de Acción de Gobierno de Podemos cree que ese escenario ya se vivió con la famosa moción de censura a Mariano Rajoy, que desembocó en un gobierno de Sánchez «inestable» que duró tan sólo ocho meses por la incapacidad para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

«Es más sensato apostar por un gobierno estable que tenga capacidad de durar en el tiempo, un gobierno en solitario será inestable», ha comentado Echenique. Unas palabras con las que muestra la contrariedad entre ciertos sectores de Unidas Podemos. «Con todo el respeto a opiniones legítimas», ha comentado tras mostrar la contrariedad entre ciertos sectores de Unidas Podemos, donde IU y la corriente Anticapitalista son partidarios de sacar adelante un gobierno de izquierdas aunque sea únicamente con un «acuerdo programático».

Desde Podemos tienen claro que sería «terrible» que Sánchez amenazara con «pactar con la derecha o repetición electoral» y se desmarcan de cualquier tipo de responsabilidad en lo que pueda traer el futuro. «Nosotros no tenemos la sartén por el mango, si vamos a una situación tan poco entendible será responsabilidad exclusiva de Sánchez, que es quien ha ganado y quien toma las decisiones», ha señalado el secretario de Acción de Gobierno de Podemos.

PODEMOS NO SE FÍA

El principal escollo para firmar ese acuerdo programático que no incluya a miembros de la formación morada en el Gobierno es la credibilidad. Echenique ha comentado que el PSOE sabe lo que es incumplir un acuerdo presupuestario, ya que tras la moción no se regularon los precios abusivos de los alquileres, tal y como reflejaba el escrito que ambos partidos sellaron.

El acuerdo no puede ser un «papel mojado», de ahí que Echenique defienda a capa y espada formar una coalición, la misma que no llegaron a fraguar el pasado jueves. Ahora lo que Echenique pide es rapidez a la hora de actuar: «Que no espere al 20 de septiembre». Desde la formación morada, eso sí, están dispuestos a escuchar propuestas lógicas, pero «de momento no hay ni un solo argumento, solo excusas, problemas y querer acaparar el 95% de las competencias». » Si el PSOE no encuentra un motivo lo estudiaremos, de momento no lo hemos visto y mira que hemos hablado 20 horas.

De Castro (Cs) declara ante el juez tras la denuncia de Vox

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Eduardo de Castro (Ciudadanos), presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, se ha sentado en el banquillo para declarar ante el juez, por supuesta falsificación de la lista electoral de la formación naranja en las elecciones del 26 de mayo. De Castro ha tratado de esquivar a los medios de comunicación, al amagar con entrar por una puerta y hacerlo finalmente por la de atrás. El de Ciudadanos ha clamado contra Vox, que es el partido que ha propiciado esta situación: «Miente más que habla».

En una rueda de prensa posterior para hablar de otros asuntos, Eduardo de Castro ha admitido que ha jugado al despiste con los medios de comunicación «porque ustedes buscaban mi imagen entrando y saliendo de los juzgados y yo os lo tenía que poner difícil» al sostener que detrás de esta situación «está Vox, que miente más que habla».

Eduardo de Castro llegó a los juzgados a las 08.20 horas, diez minutos antes de su citación, y mientras todos los periodistas hacían guardia desde las 08.00 en la puerta principal, el presidente melillense accedió por la puerta de atrás, la de entrada al Registro Civil, que no abre al público hasta las 09.00 horas.

«USTEDES QUERÍAN LA FOTO»

Tras media hora declarando ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla como investigado por los presuntos delitos de falsificación de documentos y delito electoral, De Castro volvió a despistar a los medios colocando a sus dos escoltas y a su coche oficial por la puerta de atrás mientras él salía por la puerta principal a la carrera entre las personas que llegaban en esos momentos a los juzgados y se introducía en un coche particular que le esperaba en la calzada con el motor arrancado.

«Yo les voy a decir una cosa: ustedes buscaban una foto, normal, y como el que salgo en la foto soy yo, y como esto es una jugada de otro partido, no se lo he querido poner fácil» ha admitido el presidente melillense en una posterior rueda de prensa cuando fue preguntado por los periodistas por su actitud esquiva con los medios.

Según el representante de Cs, «detrás de ustedes hay alguien que ha movido esto y quería la foto» ha indicado en referencia al aviso que hizo Vox de esta declaración judicial. «Yo comprendo que ustedes hacen su trabajo y yo no quería la foto» ha admitido.

NIEGA TRATO DE FAVOR DE JUSTICIA

Ante las acusaciones de Vox de haber recibido un trato de favor del Ministerio de Justicia por permitirle entrar por la puerta del Registro Civil para esquivar a los periodistas, cuando aún estaba cerrada al público, De Castro ha respondido que «he llamado a la puerta y me han abierto». «En los juzgados se entra por la puerta principal, por la de atrás, por el garaje, eso es intrascendente», ha dicho.

La primera autoridad melillense no ha querido dar detalles de su declaración. «Yo he respondido a lo que me ha preguntado el juez y por respeto al juzgado, tengo que callarme». En su declaración, Eduardo de Castro ha evitado responder a las preguntas de la acción popular que representa en esta demanda Vox Melilla.

El partido de Santiago Abascal ha acusado al único diputado de Cs, que gobierna Melilla gracias al apoyo recibido en el pleno de constitución de la Asamblea por los ocho diputados de Coalición por Melilla (CPM) y los cuatro del PSOE, por la presunta comisión de sendos delitos de falsificación de documentos y fraude electoral por la supuesta inclusión en la candidatura de personas «sin su consentimiento» o «falsificando sus firmas».

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