martes, 8 julio 2025

El ex jefe de seguridad del BBVA, un ex CEO y otros 6 cargos, imputados por su relación con Villarejo

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El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado al ex jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, y a otras ocho personas para que declaren esta semana en calidad de investigados por presuntos delitos de cohecho activo y revelación de secretos en relación a los encargos que la entidad financiera habría realizado bajo presidencia de Francisco González al ex comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.

Según informan fuentes jurídicas, además de Corrochano ha sido citada como imputada su sustituta en el cargo, Inés Díaz Ochagavia; el consejero delegado de BBVA hasta 2015 Ángel Cano, el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; y el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero.

Asimismo, el juez ha llamado como investigados al que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, al miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad financiera Ricardo Gómez Barredo y a su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas, que sigue vinculado al banco.

En esta misma ‘tanda’ de declaraciones se cita al abogado y socio de Villarejo, Rafael Redondo, con quien gestionaba, entre otras, la mercantil CENYT a través de la que se gestionaban los contratos con el BBVA, de acuerdo a los investigadores.

Las declaraciones comenzarán este jueves 4 de julio a las 10:45 horas, cuando pasarán ante el juez y los fiscales Anticorrupción Pérez Caballero y Cano. Ya por la tarde (16:15h) están citados Malagón, Béjar y Gómez Barrero. El viernes 5 a las 9:30 horas será el turno de Díaz Ochagavia, Campo Campuzano, Redondo y Corrochano.

UNA PIEZA QUE ES YA UNA CAUSA

Se trata de la novena pieza separada del llamado caso Tándem, que investiga las actividades ilícitas de Villarejo y entre las que figuran contratos millonarios para desempeñar supuestas labores de inteligencia para el BBVA, tareas estas en las que de acuerdo a los investigadores se habría servido de su condición de policía y que habrían incluido escuchas y espionaje a miembros del Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero.

De acuerdo a las mismas fuentes consultadas, la relación entre mercantiles del comisario, como el grupo CENYT, y BBVA se habría prolongado durante una década en la que se sucedieron encargos para tareas diversas, lo que ha convertido esta pieza separada en una ‘macrocausa’ en sí misma con numerosas ramificaciones, incluida la que señala directamente a Corrochano como presunto interlocutor de Villarejo con la dirección del banco.

La parte más conocida de esta pieza que permanece bajo secreto es la relativa a la ‘operación Trampa’, el despliegue que habría orquestado el comisario para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del banco.

Según publicaron MONCLOA.COM y El Confidencial, Villarejo facturó más de medio millón de euros a cambio de informes que incluían la monitorización de más de 4.000 teléfonos y seguimientos a periodistas, empresarios y políticos entre 2004 y 2005, incluido el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián; personado como acusación en la causa.

Tras difusión de la existencia de aquellos negocios con Villarejo a principios de este año, el ya presidente de honor del BBVA Francisco González presentó su renuncia al cargo y la nueva presidencia encargó una auditoría y una investigación internas para esclarecer los hechos.

Errejón pide a Cs tres votos para investir a Gabilondo a cambio de no entrar en el Gobierno

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El portavoz de Más Madrid en el Parlamento regional, Íñigo Errejón, ha apostado este martes por la ‘vía de los tres diputados de Ciudadanos’, hasta el punton de mostrarse dispuesto a renunciar a la entrada de Más Madrid en el futurible Gobierno progresista. La  estrategia consiste en que tres parlamentarios de Cs voten a favor para facilitar la investidura del candidato socialista, Ángel Gabilondo, y ha aseverado que no entraría en ese gobierno en caso de que ese sea el impedimento para conseguir esos apoyos de la formación naranja.

En la rueda de prensa posterior a la reunión mantenida esta mañana con el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, dentro de la ronda de contactos previos a la investidura, Errejón ha vuelto a apostar por un «gobierno de regeneración» encabezado por Gabilondo y que contaría con «una mayoría clara o sólida» compuesta por 64 diputados, los conformados por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos.

«Tengo la sensación de que en Cs quieren pactar con Vox a escondidas»

A pesar de que le faltarían tres votos para la mayoría absoluta, el líder de Más Madrid ha dicho que es la mayoría más sólida actual existente en la Asamblea, ya que el PP y Ciudadanos no la superan y Vox no ha dado el voto afirmativo a ambos partidos. Además, ha recalcado que la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, no ha presentado candidatura a fecha de hoy.

El reloj tiene que empezar a contar y tiene que haber un gobierno de regeneración. En Ciudadanos hay un debate interno pero no va a condicionar para que se pueda producir un debate de primera investidura en serio. En ese sentido, es muy claro que Cs tiene ante sí tres opciones. La primera es que asume el humillante chantaje de Vox, que ha dicho por boca de su portavoz que el Orgullo denigra a a las personas, cuando lo que denigra son los recortes de libertades. El otro es que no ceda y nos obligue a votar de nuevo; y la tercera opción es la vía de los tres votos. Solo con tres votos de Cs se puede consentir un gobierno de regeneración y desbloqueo sin ceder al chantaje de Vox«, ha esgrimido.

Y para conseguirlo, el diputado de Más Madrid ha afirmado que su grupo «no será un obstáculo». Aguado ha dicho que sería terrible un gobierno con gente de Más Madrid o Podemos. Que no se preocupe, no es una línea roja, no es lo fundamental tener consejeros. Lo importante es no asumir los chantajes de un grupo con ideas más propias de la Edad Media. Creemos que hay que ir a la investidura y una vez tengamos ese debate, todo tiene que pasar. No se puede descartar y comenzamos a dar pasos para que pueda haber un gobierno de regeneración», ha añadido.

El dirigente madrileño ha insistido que si los que quieren tener consejerías son los de Cs y ese «es el elemento definitivo para decantar la balanza», lo quieren hablar con ellos. «Si es ese, lo tienen que manifestar, no hay ningún problema y nos podemos sentar a hablar. Pero tengo la sensación de que quieren pactar con Vox a escondidas. Si le avergüenza reunirse con ellos es que el pacto no es bueno. El problema no es la foto, es el pacto. Y si no se quieren hacer la foto comporta que tiene algo de vergonzante», ha apuntado.

Errejón ha abundado en la vía de los tres votos de Cs porque ha asegurado en ese partido en las últimas semanas se está viviendo un debate interno con «sacudidas de sus fundadores, de miembros de su dirección nacional, incluso de referencias internacionales». «Macron (el presidente de la República francesa) les ha dicho que se están equivocando. Hay importantes voces de que no quieren que un partido que viene a regenerar, apuntala al PP de la corrupción y de la mano que dice que el Orgullo denigra», ha dicho.

«VÍA QUE PERMITIRÍA EL DESBLOQUEO»

El portavoz parlamentario ha dicho que no se quiere inmiscuir en Cs pero ha recordado que les enviaron una carta para pedir una reunión en este sentido y no la respondieron, pero «mantendrán la mano tendida hasta el final».

«Somos muchos los que sospechamos que hay gente convencida de Cs venía a regenerar y que tras el trágala de Vox hay una vía que permitiría el desbloqueo y que hay gente de Cs que cree que es la vía más razonable. Nosotros hemos venido a hacer política útil», ha añadido.

Preguntado por si conocen a tres diputados de Cs que estuvieran dispuestos a romper la disciplina de voto, Errejón ha respondido que no sabe las discusiones internas de ese grupo pero que conoce las declaraciones de gente importante que dice que están siguiendo «un camino erróneo».

«Si las hemos visto fuera también existe en Madrid. Yo no estoy diciendo que nadie rompa la disciplina de voto, sino un ejercicio de responsabilidad. No puede ser que sigan al partido de la Gürtel o la Púnica«, ha manifestado.

El portavoz parlamentario de Más Madrid ha señalado que el presidente de la Asamblea «está dispuesto y es proclive a facilitar» un Pleno de debate de investidura «en serio» porque sus 20 diputados «van a acompañar esa propuesta de investidura». No obstante, ha apuntado que Trinidad está a la espera de las consultas con los otros portavoces parlamentarios y esperará a que Díaz Ayuso presente o no su candidatura a la investidura.

Podemos tensa la cuerda con Sánchez y habla de investidura fallida

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El mismo día en que se conoce la fecha para el debate de investidura, que comenzará el próximo 22 de julio y cuya votación está prevista para el día 23, desde Unidas Podemos tensan la cuerda con el candidato a la Presidencia del Gobierno. La portavoz de la formación ‘morada’ en el Congreso, Irene Montero, ha advertido al presidente en funciones, Pedro Sánchez, de que se encamina hacia una investidura fallida, añade, si se niega a negociar con el objetivo de «presionar a Ciudadanos».

«El 22 de julio es la fecha elegida por el PSOE para el primer debate de investidura. Sánchez camina a una investidura fallida sin negociar nada con nadie para presionar a Cs, pero es posible un gobierno de coalición progresista en julio. No renunciamos» –explica en un mensaje en su cuenta de Twitter–.

Montero ve en el anuncio de la fecha del pleno un síntoma de que al PSOE le interesa una investidura fallida

Después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, haya anunciado que la fecha decidida para la sesión es el 22 de julio, con una primera votación el 23 de julio, Montero ha valorado así el anuncio y ha recalcado que aún es posible ese acuerdo entre Unidas Podemos y PSOE en julio.

Por otro lado, a pesar de que Batet ha señalado que antes de su comparecencia ante la prensa ha informado a «todos los portavoces y presidentes de los grupos parlamentarios» de la fecha elegida, Montero señala que el anuncio del pleno se ha hecho sin comunicarlo previamente a los grupos y dice que «es una falta de respeto institucional innecesaria».

Que la Presidenta del Congreso anuncie la fecha elegida por Pedro Sánchez sin comunicarlo antes a los grupos (al menos no al nuestro) es una falta de respeto institucional innecesaria, síntoma de que el interés del PSOE es más una investidura fallida que un acuerdo de Gobierno«, explicaba en ese segundo mensaje en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, también se ha valido de su cuenta de Twitter para denunciar que Sánchez ha convocado la investidura desde Bruselas «con el Congreso parado y a su merced». Lo hace «sin haber hecho ninguna propuesta y sin apoyos suficientes. Se ve desde lejos la jugada táctica al coste enorme de desprestigiar (más) la democracia», añade.

Varios eurodiputados reivindican con carteles los derechos de Puigdemont, Junqueras y Comín

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Varios eurodiputados, entre ellos la ‘numero dos’ de ERC Diana Riba, han mostrado al inicio de la sesión constitutiva del Parlamento europeo tres carteles con la imagen del expresidente catalán Carles Puigdemont, de Oriol Junqueras y Toni Comín para reivindicar sus derechos como eurodiputados.

El eurodiputado del Sinn Fein Matthew Carthy ha tomado la palabra y reclamado al presidente saliente de la Eurocámara, Antonio Tajani, que se reconozcan los derechos políticos de los líderes independentistas.

Unos 4.000 manifestantes independentistas se concentraban frente a la sede del Parlamento Europeo

La intervención ha concluido sin respuesta de Tajani a esta señal de apoyo al movimiento independentista catalán, en la que se le ha pedido una declaración de apoyo.

«Esta Eurocámara debe estar del lado de la democracia y de los Derechos Humanos y que se pueda escuchar en ella la voz de los catalanes, porque si no se socavará la credibilidad de esta democracia», ha dicho el eurodiputado del Sinn Fein.

«Un Parlamento europeo que se constituye sin tres de sus eurodiputados porque se les ha vetado es un Parlamento sin legitimidad. Hoy más de dos millones de votantes europeos no están representados», se ha quejado Riba en un tuit difundido desde el pleno.

CONCENTRACIÓN EN EL EXTERIOR DEL PARLAMENTO EUROPEO

Unos 4.000 manifestantes independentistas catalanes se concentraban esta mañana frente a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, según las estimaciones de la Policía francesa consultadas por Europa Press. Estas fuentes explicaron que el número de manifestantes podría llegar a los 8.000 a lo largo de la mañana.

Convocada por el Consell per la República, la manifestación pretende ser una nueva demostración de fuerza del movimiento para defender que Puigdemont, Comín y el exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, puedan ejercer de eurodiputados.

La Policía gala ha habilitado un paseo, que ha sido cerrado al tráfico, para que los manifestantes puedan realizar su concentración, que a la hora citada se desarrollaba con normalidad en un ambiente festivo. Los manifestantes portaban numerosas banderas independentistas, así como banderas europeas, y pancartas en las que se podían leer mensajes como «Cataluña libre» o «Los queremos en casa». También hay pancartas de libertad para los presos. Enfrente de los manifestantes había una persona con una bandera española.

Asimismo, sobre un puente de acceso a la Eurocámara han sido colgadas pancartas en las que se alude a Carles Puigdemont, en inglés y catalán. En una de ellas sobre la cara del expresidente catalán se dice «No rendirse nunca» y en otra «Dejen a Puigdemont unirse al Parlamento Europeo».

Todas estas protestas coinciden con la sesión constitutiva de la Eurocámara a las diez de la mañana, momento en el que el presidente en funciones, Antonio Tajani, procederá a suspender el pleno hasta mañana miércoles cuando está previsto elegir al nuevo presidente de la Eurocámara, a la espera de que prosperen las negociaciones en Bruselas para elegir a los altos cargos de las grandes instituciones.

La sesión arrancará con los escaños vacíos de Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Toni Comin. En el primero de los casos porque el Tribunal Supremo no autorizó que fuera a recoger el acta ante la Junta Electoral Central, mientras que los otros dos no viajaron a Madrid para cumplir con los trámite necesarios para convertirse legalmente en eurodiputados al pesar sobre ellos una orden de detención en España.

Puigdemont y Comin presentaron el pasado viernes un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea para reclamar medidas urgentes que le permitiesen ocupar su escaño en esta primera sesión. El presidente del tribunal rechazó ayer a última hora el recurso de los dos políticos huidos.

PUIGDEMONT EN LA FRONTERA

Por su parte, el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado que éste y el exconseller Toni Comín están fuera de Francia pero cerca del Parlamento Europeo, por lo que estarían esperando la posibilidad de ir a Estrasburgo (Francia) si se dan las circunstancias adecuadas.

«Están en un territorio donde los alemanes y franceses siempre han discutido de quién es», ha precisado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, insinuando así que pudieran estar en Alsacia.

Aunque aún no han tomado una decisión al respecto, ha dejado claro que tomarán la decisión más adecuada para garantizar la seguridad de ambos, tras advertir de que en Estrasburgo habría «una presencia muy fuerte de policía española» preparada para detenerlos en caso de que crucen la frontera.

«La presencia de policía española en Estrasburgo es muy detectable, solo les ha faltado el tricornio», ha lamentado Boye.

En su opinión, es absurdo pensar que la estrategia que planteen sea la detención de Puigdemont y Comín: «Si pasan por un juzgado europeo, tenemos claro qué pasará. Pero si los ponen en un avión hacia Soto del Real, no sabemos qué puede pasar».

Exteriores pide paralizar las ‘embajadas’ catalanas en Berlín, Londres y Ginebra

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La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la paralización de la actividad de las delegaciones de la Generalitat en Alemania (Berlín), Reino Unido e Irlanda (Londres) y Suiza (Ginebra) -las conocidas como ‘embajadas catalanas’, por considerar que están vulnerando la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales y actuando «con singular intensidad» para un proceso secesionista que ha sido declarado inconstitucional.

Según fuentes del Ministerio de Exteriores consultadas por Europa Press, la petición se presentó este lunes, como medida cautelar en el marco del recurso contencioso administrativo interpuesto en 2018 contra el decreto de la Generalitat que restablecía estas tres delegaciones y las de Estados Unidos, Francia e Italia. Todas ellas habían sido cerradas en noviembre de 2017 con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La denuncia apunta que el restablecimiento de estas oficinas exteriores persigue un «fin inconstitucional»

La denuncia ante el TSJC apunta que el restablecimiento de las oficinas exteriores de la Generalitat persigue un «fin inconstitucional como es la creación de una estructura de Estado, al servicio de un proyecto de transición nacional de carácter secesionista inconstitucional, con grave perjuicio, además, para la política exterior de España«.

Según Exteriores, si bien la actividad de las delegaciones de la Generalitat en el exterior se está revelando, en su conjunto, dañina para los intereses del Estado, se ha podido constatar que la que llevan a cabo las delegaciones en Berlín, Londres y Ginebra «responde con singular intensidad a los objetivos del proceso secesionista de Cataluña que ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en reiterados pronunciamientos».

El Gobierno ya avanzó la semana pasada que la Abogacía del Estado estaba estudiando pedir medidas cautelares en relación con las delegaciones de la Generalitat para evitar actividades «perjudiciales para los intereses del Estado. Anunció también que recurriría la última tanda de oficinas creadas por la Consejería de Acción Exterior de la Generalitat, en Argentina, Túnez y México.

Desde Exteriores se trata de preservar la competencia exclusiva del Estado para regular las actividades de proyección externa de las CCAA

En cuanto a las de Londres, Berlín y Ginebra, el escrito presentado este lunes ante el TSJC justifica las medidas cautelares en que las delegaciones «se encuentran en funcionamiento y contraviniendo de forma evidente con su actividad entre otros, un título competencial y exclusivo del Estado, como las relaciones internacionales como límite de la acción exterior de las comunidades autónomas».

Un portavoz de Exteriores ha asegurado que el Ministerio lamenta tener que solicitar estas medidas, pero que «no se le deja otra opción» para preservar la competencia exclusiva del Estado para «establecer medidas que regulen y coordinen las actividades con proyección externa de las comunidades autónomas».

ACCIÓN EXTERIOR EN EL MARCO CONSTITUCIONAL

En cualquier caso, subraya que no se discute la legítima «acción exterior» de Cataluña, como de cualquier otra comunidad autónoma, dentro del ámbito de sus competencias, conforme al ordenamiento constitucional y estatutario.

La apertura de las oficinas de la Generalitat en Reino Unido, Alemania, Suiza, Francia, Estados Unidos e Italia fue anunciada en junio de 2018 y recurrida en septiembre por Exteriores, ya que la Generalitat las abrió sin pedir el informe previo, preceptivo pero no vinculante, al que obliga la Ley de Acción Exterior.

El Govern alegaba que era una reapertura de oficinas cerradas por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. No obstante, el recurso está desde entonces en el TSJC.

TRES TANDAS DE ‘EMBAJADAS’

Después llegó una segunda tanda de oficinas, en Viena, Tallin, Zagreb, Lisboa, Estocolmo y Beirut, para las que la Generalitat sí pidió el informe previo del Gobierno central. En noviembre, Exteriores informó en contra de su apertura, por considerar que «su objetivo claro y manifiesto, declarado de modo reiterado» por la Generalitat, es «apoyar fines manifiestamente contrarios a los principios y objetivos de la política exterior de España». Sin embargo, como el informe no es vinculante, la Generalitat siguió adelante con ellas.

Hace una semana, la Generalitat aprobó formalmente la creación de tres nuevas oficinas, en Argentina, México y Túnez. El anuncio sorprendió al Gobierno central porque, si bien el Govern había pedido el informe preceptivo para abrirlas, no esperó a recibir la respuesta para crearlas.

Exteriores emitió un informe desfavorable a estas oficinas, por considerar que su apertura es «lesiva para los intereses del Estado», teniendo en cuenta «el objetivo declarado del actual Gobierno de la Generalitat de emplear todos los medios a su alcance para la llamada internacionalización del ‘procés'». Además, anunció que las tres oficinas serían recurridas.

Sin acuerdo en la Unión Europea, continúa la negociación para el reparto de altos cargos

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La negociación se está prolongando más de lo deseado y está alterando la agenda de los líderes europeos. De hecho, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tendrá que mantener la reunión programada para hoy con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para fijar al fecha del debate de investidura, por teléfono, porque se le requiere en Bruselas. De esta forma, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea continuarán este martes las negociaciones para el reparto de los altos cargos de las instituciones comunitarias, ante las dificultades para lograr un equilibrio satisfactorio para las tres principales familias políticas, tras más de 24 horas de contactos bilaterales y negociaciones a Veintiocho en Bruselas.

El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha tomado la decisión de «suspender» la cumbre extraordinaria que arrancó el domingo en la capital europea y retomarla hoy a partir de las 11:00 horas, según ha informado su equipo.

Se necesita más tiempo para salvar las diferencias que alejan a ‘populares’, socialistas y liberales

Tras anularse la sesión de este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de líderes de la familia socialdemócrata se reúnen en la delegación española para analizar la situación.

El aplazamiento responde a la necesidad de dar más tiempo para salvar las diferencias que alejan a ‘populares’, socialistas y liberales y tratar de romper el punto muerto en el que se encuentra la situación, han explicado a Europa Press varias fuentes europeas.

La canciller alemana, Angela Merkel, ha dicho que es posible el acuerdo pero que es necesario tomarse algo más de tiempo y ha avisado de que tomar decisiones «con precipitación» podría llevar al riesgo de crear «tensiones en el Consejo durante los próximos cinco años».

«No importa si nos lleva otro día o dos días llegar a este acuerdo», ha continuado Merkel, para quien «será complicado pero posible» alcanzar un acuerdo a tiempo de la constitución del nuevo Parlamento Europeo este miércoles.

La propuesta de Francia, Alemania, España y Países Bajos que colocaba a Frans Timmermans al frente de la Comisión Europea provocó malestar en el Partido Popular Europeo

La negociación formal arrancó con una cena el domingo, tras una jornada de contactos bilaterales, y tomó como punto de partida una propuesta diseñada entre Francia, Alemania, España y Países Bajos que colocaba al candidato socialdemócrata, el holandés Frans Timmermans, al frente de la Comisión Europea.

A pesar de contar con el aval de la canciller alemana, esta propuesto despertó el malestar en el resto de líderes de la familia del Partido Popular Europeo, porque suponía renunciar a la jefatura del Ejecutivo comunitario a pesar de ser la fuerza más votada en las elecciones europeas de mayo y porque relegaba a su candidato, el alemán Manfred Weber, a la presidencia de la Eurocámara.

La familia de los Liberales, a su vez, vería sus aspiraciones satisfechas con el sillón de Alto Representante de Política Exterior de la UE para el aún primer ministro belga, Charles Michel, y la primera vicepresidencia del Ejecutivo comunitario para la danesa Margrethe Vestager.

A lo largo de la segunda jornada de negociaciones, el diseño se revisó para colocar en la presidencia del Consejo europeo a la búlgara del Partido Popular Europeo Kristalina Georgieva, con el objetivo de contentar al PPE y cumplir con criterios de equilibrio geográfico y de paridad de género. El nombre de Georgieva, sin embargo, no ha llegado a consolidarse y ya ha sido descartado.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha asegurado al término del encuentro que el paquete ha encontrado la oposición de «entre diez y once países», que por distintos motivos no aceptaban la designación de Timmermans, aunque los líderes no han llegado a someter a votación ni ésta ni ninguna otra propuesta.

El aún vicepresidente primero en funciones del Ejecutivo comunitario ha mantenido a lo largo de esta legislatura unas tensas relaciones con Polonia y Hungría por sus polémicas reformas judiciales y las dudas sobre el respeto del Estado de derecho en estos países, lo que ha puesto a los países que forman el grupo de Visegrado en contra del holandés.

Italia, por su parte, también ha planteado reservas al ‘plan Timmermans’, no porque tenga nada en contra de la persona, ha asegurado Conte, sino por el modelo de designación que representa –el de los cabeza de lista a las europeas-.

«No era un criterio que aportara soluciones», ha insistido el mandatario transalpino, que se ha mostrado «perplejo» porque Tusk llevara a la mesa de negociación una propuesta «que no funcionaba».

Otras delegaciones conservadoras, como la de Irlanda, Croacia o Letonia pusieron trabas al diseño encabezado por Timmermans en la Comisión, en parte porque el PPE sigue sin querer renunciar a este puesto, pero también porque, según fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press, el primer ministro croata y negociador ‘popular’, Andrej Plenkovic, reclamaba ser el vicepresidente primero del nuevo Ejecutivo comunitario.

A su salida del segundo día de negociaciones, Plenkovic ha dicho que «todo sigue abierto» y que la candidatura de Timmermans «no fue la única opción», aunque ninguna se sometió finalmente a voto.

Ábalos insiste en la necesidad de «otro tipo de acuerdos» con Podemos

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Los plazos se agotan y las llamadas a la reflexión de diferentes miembros del Gobierno en funciones a Podemos se suceden. Se habla «de otro tipo de acuerdos» en alusión a un pacto de cooperación propuesto por el PSOE en el que se descarta la presencia de integrantes de la formación ‘morada’ en el Consejo de Ministros. Precisamente, en esa línea también se manifestaba ayer el titular de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, cuando insistía en que el problema a nivel nacional es que PSOE y Podemos «no llegan a la mayoría absoluta», por lo que «hay que dejar siempre la puerta abierta a otro tipos de acuerdos».

En declaraciones a los medios tras la toma de posesión de la socialista Francina Armengol como presidenta del Govern Balear, Ábalos ha asegurado que en las Islas hay un «compromiso» respaldado por una «mayoría parlamentaria muy clara» que en el Estado, «lamentablemente, no se da». «Falta algo más», ha añadido Ábalos.

Esta misma mañana el presidente en funciones, Pedro Sánchez, mantendrá una reunión -vía telefónica- con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para fijar la fecha del debate de investidura.

Ábalos compara el Govern balear con la Comunidad Valenciana donde también se renueva un «gobierno de progreso

Asimismo, el ministro ha considerado que «si hay que comparar el Govern con algún otro Ejecutivo» es el de la Comunidad Valenciana, donde también se renueva la experiencia de un «gobierno de progreso».

En este sentido ha comparado el partido de MÉS per Mallorca que conforma el Pacte en las Islas con Compromís y ha dicho que es un «gobierno de coalición muy parecido». En los dos casos también se incluye a Podemos.

Por otro lado, ha mostrado su «satisfacción» como «ministro y compañero de partido» para acompañar a Armengol ya que es «todo un logro» volver a presidir el Govern. «Estoy encantado de participar en otro camino progresista para el país», ha concluido

LA TOMA DE POSESIÓN DE ARMENGOL 

La socialista Francina Armengol ha tomado este lunes posesión como presidenta del Govern, revalidando así dos mandatos seguidos al frente del Ejecutivo autonómico, en un acto en la Llotja con unas 1.000 personas donde ha asegurado que «ahora la responsabilidad es mayor» porque su equipo no empieza «desde cero».

Toma de posesión de Armengol
La socialista Francina Armengol ha tomado este lunes posesión como presidenta del Govern Balear

Durante su discurso, Armengol ha argumentado que supone una responsabilidad ya que la ciudadanía «ha depositado su confianza» sabiendo qué se ha hecho y qué se puede hacer. Además, ha sostenido que es la primera vez que, en Baleares, una mujer repite como presidenta «con todo lo que tiene de simbólico en la lucha por la igualdad» y que un «Govern progresista se reedita».

«A pesar de todo lo que hemos avanzado queda muchísimo por hacer, porque este es el objetivo de un gobierno progresista, mejorar la sociedad. Avanzaremos hasta un horizonte de prosperidad y oportunidades para todo el mundo, esta será nuestra brújula», ha continuado Armengol.

En este sentido, la presidenta ha matizado que los ciudadanos de las Islas exigen que se garantice el «derecho a la vivienda y a la movilidad», por lo que ha asegurado que desde el Ejecutivo autonómico impulsarán «nuevos instrumentos que faciliten más viviendas a precios asequibles con más transporte público y con más conexiones aéreas y marítimas en las cuatro islas».

Asimismo, ha insistido en el turismo «de calidad y sostenible» y ha abogado por «potenciar la excelencia, limitando lo que perjudica». «El objetivo es mejorar la oferta y la vida de los residentes a la vez», ha añadido.

Por otro lado, también ha hecho referencia a la lucha contra el cambio climático y ha apostado por «favorecer la transición energética» con más energías renovables, el «destierro» de los plásticos y el «uso responsable» del agua.

El PP guardó en un almacén durante años 78 radares de Tráfico

La Dirección General de Tráfico (DGT) instalará a lo largo de este año en España 78 radares nuevos. Así lo ha asegurado el pasado 27 de junio el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. De ellos, 20 ya están operativos para afrontar la primera operación salida de este verano. Y los restantes se colocarán en los meses restantes. Los dispositivos los compró el anterior Ejecutivo y los guardó en un almacén durante años. Ahora, la DGT los instalará en las carreteras, que este verano estarán vigiladas por 300 guardias civiles más.

Estuvieron hasta cinco años bajo llave. De los 78 radares que Tráfico instalará en las carreteras, 27 autovelox se habían comprado en 2014 y el resto durante los tres años siguientes. Y todos ellos se quedaron cogiendo polvo en un almacén hasta ahora. Además de los autovelox, 15 de los dispositivos son de tramo y 36 son fijos. Solo 20 se han instalado para la operación salida de julio, los demás «irán entrando en servicio conforme se tengan las certificaciones del control metrológico», según ha detallado el ministro de Interior.

El coste de estos dispositivos es elevado. El precio de cada radar de tramo es de aproximadamente 500.000 euros, el de los fijos ronda los 60.000 y el de los autovelox unos 70.000 euros cada uno. Pese a que las cifras pueden variar, el coste estimado de estos 78 radares fue de 11,5 millones de euros. Y el PP los dejó almacenados durante años. Ha sido el actual director de la DGT, Pere Navarro, quien de la mano de la operación salida de verano ha decidido sacarlos a la luz.

Ya a principios de año la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dio a conocer la cantidad de dinero que el Estado preveía recaudar a través de sus radares. La cifra asciende a 356 millones de euros. Y para que se cumplan las previsiones, los dispositivos deben estar en óptimas condiciones. Por ello, la DGT ha destinado un presupuesto anual de más de 1,3 millones de euros para el mantenimiento de los radares.

Muchos de los dispositivos se instalarán en carreteras secundarias. En 2018, el 76% de los accidentes tuvieron lugar en este tipo de vías. Unos siniestros que Navarro achaca al exceso de velocidad. Por esta razón, la Guardia Civil dispondrá de los radares láser autovelox, unos dispositivos portátiles que se pueden colocar en cualquier vía. Además, la DGT pretende reducir la velocidad de las carreteras convencionales de 100 kilómetros por hora a 90.

Los 58 radares restantes se instalarán según «llegue la certificación del centro de metrología», según detallan fuentes de la DGT. Sin embargo, la intención de Tráfico es más ambiciosa. El director destacó en una entrevista a MONCLOA.COM que el número de radares era muy inferior al de otros países europeos como Francia o Reino Unido. Y que había que aproximarse a la realidad de nuestros vecinos. Según sus declaraciones, Reino Unido dispone de 8.000 radares, Francia de 4.000 y España de 1.000.

La otra gran novedad son las cámaras de alta definición. No por el hecho de instalarlas, que ya estaban, sino porque vigilarán el uso del móvil al volante. Una práctica cada vez más común responsable de muchos de los accidentes de tráfico. Además de estas cámaras, la Guardia Civil vigilará el uso del Whatsapp al conducir con furgonetas camufladas. Al ser más altas, pueden controlar si los conductores teclean desde el teléfono bajo el salpicadero.

EL TRÁFICO VACACIONAL

Ya ha llegado el verano. Y con él, los millones de desplazamientos vacacionales. Para afrontar la operación salida, la DGT ha desplegado un importante dispositivo que pretende asegurar que los españoles lleguen a sus destinos. Además de los 78 radares nuevos (de los que 20 ya se han instalado), Tráfico desplegará 12 helicópteros por todo el país (incluidas las Islas Canarias y Baleares), 216 cámaras de alta definición nuevas (que controlarán también el uso del móvil al volante) y 11 drones.

La Guardia Civil vigilará con especial cuidado las carreteras. Además de los 9.100 agentes de tráfico (300 más para el verano), habrá más vehículos camuflados y se prevé realizar 900.000 pruebas de alcoholemia durante julio y agosto. Todo ello enmarcado en las tres campañas de control que la DGT lanzará desde el 1 de julio. Dos de las cuales se centrarán en proteger a los colectivos más vulnerables de la carretera: ciclistas (el 13 y el 14 de julio) y motociclistas (27 y 28 de julio).

Cada vez hay más vehículos en España. Y más españoles que se van de vacaciones estos meses. Este verano la DGT estima que habrá 90 millones de desplazamientos de largo recorrido. Es decir, 1,5 millones más que en el mismo periodo del año anterior. Por ello, todos los fines de semana, Tráfico intensificará los controles. Además, los radares autovelox se moverán por diferentes puntos para controlar la velocidad, especialmente en las vías secundarias.

Este despliegue no es nuevo. Responde a una realidad. En los meses de julio y agosto de 2018 aumentó un 15% el número de fallecidos en siniestros en las carreteras. El verano pasado murieron 260 personas y hubo 940 heridos. Unas cifras que la DGT quiere reducir a toda costa.

Las acciones más llamativas de Greenpeace en España en los últimos años

El colectivo de Greenpeace en España lucha diariamente para poner fin a los abusos contra el medio ambiente. Para ello, las personas integrantes de este grupo realizan acciones muy llamativas, incluso algunos de estos activistas llegan a poner en peligro su vida por defender los ideales del grupo ecologista.

Greenpeace está presente en todo el mundo, incluso en España. Es más, aquí hemos podido ver algunas acciones llamativas que han traspasado fronteras. La última ha tenido lugar esta misma semana por ser el primer día sin multas en Madrid Central tras el cambio de gobierno.

A continuación conocemos esta y otras protestas de Greenpeace España que han saltado a los medios.

LOS ACTIVISTAS DE GREENPEACE BLOQUEAN EL ACCESO A MADRID CENTRAL

Greenpeace.

El Ayuntamiento del PP y Ciudadanos han decidido eliminar las restricciones de tráfico en Madrid Central, una medida impuesta por Manuela Carmena durante su legislatura. Esto ha provocado atascos, ruido y mucha contaminación, que es precisamente lo que querían evitar en el anterior gobierno y el colectivo de Greenpeace España.

Como forma de protesta, los activistas han decidido cortar el acceso al área de bajas emisiones por la calle Alcalá a primera hora de la mañana, justo al lado de Cibeles, que es donde se encuentra la sede del Ayuntamiento. Han permanecido encadenados en la calle durante más de una hora con la intención de que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se reuniera con la Plataforma en Defensa de Madrid Central. Pero no les ha dado tiempo. La policía ha llegado antes de lo que tenían previsto.

Los activistas habían dejado libre el carril bus y han explicado que la zona de bajas emisiones seguía en vigor, pongan o no pongan multas. Han aprovechado, además, para recomendar a los madrileños usar el transporte público y evitar el coche en el centro de la ciudad.

LA PROTESTA DE GREENPEACE EN CIBELES

Greenpeace

Durante la acción, los activistas de Greenpeace se han sentado en el asfalto con pancartas y lemas como «38.000 muertes/año por contaminación» o «No más coches». Pero no solo han estado activos en la calle, también lo han estado en las redes sociales.

Greenpeace Madrid, la sede, ha pedido a los ciudadanos que acudan con carteles a los piquetes informativos que la plataforma ha montado para informar al resto de ciudadanos de Madrid.

En general, el tráfico ha sido fluido en los primeros días sin multas, pero, eso sí, se han visto coches que hasta hace unos días tenían prohibido circular por la zona.

LA RESPUESTA DE ALMEIDA CONTRA LOS PIQUETES

Martínez-Almeida

El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado este lunes de «envidiable» el tiempo libre del que a su juicio disponen los piquetes. «Hay que reconocer que es envidiable el tiempo libre del que disponen para hacer estas actuaciones», ha expresado ante la prensa tras el Pleno de Cibeles. Además, ha asegurado que ellos han de trabajar por los «asuntos que afectan a los ciudadanos», por lo que no cuentan con ese tiempo libre.

A ellos ha enviado un mensaje, y les ha indicado que «a más atascos más contaminación», por tanto «cuanto más tiempo estén, más retenciones causan, más contaminación van a causar».

Por su parte, el regidor ha pedido a la izquierda que «acepte el mandato democrático de las urnas, ya que en los programas del PP, Ciudadanos y Vox había medidas sobre Madrid Central». «Es una pena que intenten ganar en la calle lo que no consiguieron ganar en las urnas, aunque es una práctica tradicional», ha señalado.

GREENPEACE ENTRA EN LA CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES

nuclear Moncloa

Hace algunos años, el grupo de Greenpeace consiguió entrar en la central nuclear de Cofrentes, en Valencia, para reclamar el cierre de la instalación debido a la contaminación que producía y a los riesgos a los que la población estaba sometida por su mantenimiento en el país.

Estos miembros del grupo Greenpeace, escribieron en la torre central de Cofrentes la frase de «Peligro nuclear» justo antes de ser desalojados por la policía, que apareció en poco tiempo en las instalaciones de la central.

Varios de los empleados de la central resultaron heridos. No obstante, ninguno de ellos, según declararon más tardes los activistas, había sido herido por un miembro de la asociación.

GREENPEACE PROTESTA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

congreso Moncloa

En el año 2013, a primera hora de la mañana, activistas de Greenpeace ascendieron hasta la fachada principal del Congreso de los Diputados para desplegar una pancarta con el lema: «El PP vende nuestra costa«. Se trató de una acción pacífica mientras se ha llevado a cabo dentro del hemiciclo el debate sobre la aprobación del ‘Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas’, que desprotegía y privatizaba el litoral español y podría favorecer a unos pocos intereses muy cercanos al Partido Popular (PP).

Durante todo el proyecto de reforma, la estrategia del PP consistió en rebajar al máximo la protección ambiental de la costa y ahondar en su privatización. La desprotección ha ido acompañada de grandes dosis de arbitrariedad, que Greenpeace llevaba denunciando desde el comienzo de la reforma, ya que ésta podría favorecer a intereses muy concretos cercanos al partido en el Gobierno que han quedado recogidos en el informe Amnistía a la Destrucción y que ocasionó una demanda por parte de María Dolores de Cospedal. La privatización que propone la Ley no supondría beneficio alguno para el Estado o el interés público.


Los obispos no esperaban hablar de impuestos con un Gobierno en funciones

La crisis por las declaraciones del nuncio del Vaticano en España sobre Franco ha conseguido que el Gobierno vuelva a poner sobre la mesa la revisión de los impuestos que paga la Iglesia. El Ejecutivo ya había emplazado a los obispos a hablar, pero estos esperaban que el Gobierno ya no estuviera en funciones para comenzar la negociación.

Coincidiendo con la reacción del Ejecutivo a las declaraciones de Renzo Fratini en su retirada de España, la vicepresidenta Carmen Calvo ha señalado, en declaraciones a la SER, que “la Iglesia tiene que pagar impuestos como lo hace en Francia o Italia, porque es de justicia social”.

Calvo ha señalado que “la Conferencia Episcopal ya tiene las dos personas que del lado del Gobierno van a sentarse para ver todo el tema de la fiscalidad de la Iglesia católica en nuestro país”. Por lo tanto, según la vicepresidenta, el Gobierno espera “que la Conferencia Episcopal nombre a las personas que de su lado tienen que sentarse a hablar de esto”.

En el Episcopado ha causado malestar que la vicepresidenta haya relacionado las declaraciones del Nuncio sobre Franco con los impuestos. Calvo dijo que, como la Conferencia Episcopal sabe que hay que hablar de impuestos “por eso me resulta todavía mucho más incomprensible el final con esta entrevista” del nuncio. En ella, Renzo Fratini criticó la actuación del Gobierno sobre la exhumación de Franco.

Efectivamente, tal como adelantó MONCLOA.COM, el Gobierno había contactado telefónicamente y por carta con los obispos para comenzar los contactos sobre lo que el Ejecutivo describió como la revisión del régimen fiscal de la Iglesia católica en España.

Sin embargo, en el episcopado esperaban que las negociaciones no comenzaran hasta que el Gobierno dejara de estar en funciones. El Ejecutivo no puede legalmente dedicarse a asuntos que no sean estrictamente de la gestión diaria mientras se encuentra en esta situación. Además, la composición del nuevo Ejecutivo, las personas que llevaran las diferentes carteras (en un Gobierno que podría ser de coalición) y los posibles apoyos parlamentarios pondrían la negociación en escenarios muy diferentes.

LOS OBISPOS Y LAS ENTIDADES NO LUCRATIVAS

La referencia que hizo la vicepresidenta sobre los impuestos que paga la Iglesia en Italia o Francia, que daba a entender que en España no pagaba, son especialmente polémicas. Las palabras de Carmen Calvo podrían referirse al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), sobre el que existe controversia. La posición de la Conferencia Episcopal ha sido la de recordar que la Iglesia en España disfruta de las mismas ventajas fiscales que las entidades no lucrativas.

Por esta razón considera que si hay un cambio al respecto, debería ser para todas las entidades reguladas por la Ley de Mecenazgo. En cuanto a la comparación con otros países, en el ámbito episcopal consideran que las situaciones no son comparables. Para ello ponen como ejemplo el hecho de que en Francia, donde los templos son propiedad del Estado, no pagan el impuesto que se correspondería con el IBI español.

En el entorno de los obispos se asegura, en cualquier caso, que existe la máxima disponibilidad para el diálogo. Sin embargo, sí que ha extrañado la referencia de la vicepresidenta a que tiene designadas las personas que llevarían la negociación. En cualquier caso, el formalismo que conlleva la creación de una especie de comisión negociadora paritaria contrasta con la comunicación fluida que existe entre la Conferencia Episcopal y sus interlocutores habituales en asuntos económicos en el Gobierno, como suele ser Hacienda y Seguridad Social.

“La Conferencia Episcopal ya tiene las dos personas que del lado del Gobierno van a sentarse para ver todo el tema de la fiscalidad», dice Carmen Calvo

El Gobierno comunicó a la Conferencia Episcopal su interés en abordar la revisión del sistema fiscal de la Iglesia tras anunciar, en la visita que la vicepresidenta Carmen Calvo realizó al Vaticano el pasado mes de octubre, su interés en este asunto. Curiosamente, Calvo también sacó a relucir el tema tributario ante el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en una visita en la que se habló (y hubo diferentes interpretaciones) sobre el papel de la Iglesia en la exhumación de Franco.

El único impuesto citado expresamente en la comunicación del Gobierno al episcopado sobre su interés en negociar la revisión del sistema fiscal fue el IBI. La controversia respecto a este impuesto se circunscribe, al menos por ahora, a que sólo estén exentos los inmuebles dedicados al culto, dependencias anejas, locales destinados a oficinas, casas y conventos de órdenes religiosas.

La polémica sobre este impuesto se ciñe, por lo tanto, a estos límites, según la posición que mantiene el PSOE y que ha incluido en sus programas electorales. Es decir, la revisión del sistema fiscal de la Iglesia planteado no significaría que pasara a pagar el IBI en todos los casos por los que ahora no lo hace.

El sistema fiscal de la Iglesia en España ha sufrido varios cambios en los últimos años. El sistema de financiación a través del IRPF fue reformado de forma que se subió el porcentaje del que se beneficia la Iglesia (pasó del 0,5% al 0,7%) a cambio de dejar de contar con una cantidad mínima asegurada, independientemente de lo recaudado, a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Además, este cambio sirvió también para amortiguar la pérdida de la exención del IVA sobre la compra de objetos destinados al culto e inmuebles. Esta exención tenía sus días contados como consecuencia de la normativa europea. Por último, las reglas sobre la aplicación del impuesto municipal sobre obras y construcciones (ICIO) que paga le Iglesia han sido reinterpretadas por Hacienda recientemente.

El patrimonio de los presidentes del Gobierno

Hace apenas un mes, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, decidió hacer públicos todos sus bienes. Pero no ha sido el único. En estos años hemos conocido algunos de los bienes y del patrimonio de los presidentes del Gobierno. Algunos incluso con cifras desorbitadas.

A continuación conocemos el patrimonio de los presidentes del Gobierno, incluso los de Pedro Sánchez, que ha sido el último en dar cuenta de ellos.

DOS VIVIENDAS, UNA HIPOTECA Y NINGÚN VEHÍCULO

Gobierno
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones. Foto: Flickr.

Pedro Sánchez, el actual presidente del Gobierno en funciones, cuenta que no tiene a su nombre ningún vehículo, que tiene dos viviendas y una hipoteca. En total, su patrimonio asciende a 331.213,47 euros, según los datos que ha facilitado el líder del PSOE. En su declaración, además, incluye las donaciones que realiza a una ONG y al propio partido.

Sánchez recibe una retribución como presidente del Gobierno de 6.914 euros brutos al mes en 12 pagas. Pero no son los únicos ingresos del líder del PSOE. Como casero, ya que tiene sus viviendas en régimen de alquiler, se embolsa 13.871 euros netos al año y 294 euros en dividendos, también de forma anual. También ha ingresado 16.666,66 euros brutos por los derechos de autor de su libro ‘Manual de resistencia’, 10.990 después de los impuestos.

Según publicó Sánchez, la totalidad de los beneficios que genere con sus memorias irán destinadas a la Obra Social Nur, a la que ya ha donado 8.990 euros, una organización que se dedica a ayudar a personas sin hogar.

Sánchez también destinó 3.045 euros al PSOE y un microcrédito de 2.000 euros más para su campaña electoral.

LA HIPOTECA DE PEDRO SÁNCHEZ

Gobierno

Al igual que la mayoría de españoles, Pedro Sánchez tiene una hipoteca que pagar. En su declaración, consta un préstamo hipotecario con Bankia por valor de 159.300 euros concendido en el año 2008, del que aún le queda por pagar 90.530 euros.

Tiene declaradas dos viviendas y dos plazas de garaje, a pesar de no tener ningún vehículo a su nombre, cuyo valor asciende a 180.794 euros. La primera fue adquirida en el año 1992, mientras que la segunda, más reciente, la compró en 2008 junto a su esposa.

El presidente del Gobierno en funciones posee 144.562 euros en el banco, de los que la mayor parte (104.000€) pertenecen a un plan de pensiones contratado con el BBVA. También posee acciones por valor de 5.856 euros.

SEPARACIÓN DE BIENES

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez ha querido incluir en su declaración información sobre su estado actual con su mujer en lo que al patrimonio se refiere. Desde el año 2006, Pedro Sánchez está casado con Begoña Gómez, con quien comparte la propiedad de su última vivienda al 50%. No obstante, en el documento especifica el régimen de separación de bienes que tienen aplicado.

La pareja contrajo matrimonio con un régimen de separación de bienes, algo común hoy en día. Así que, en este caso, la mitad de la vivienda pertenece a su mujer, Begoña, por lo que la hipoteca la estarían pagando juntos.

EL PATRIMONIO DE MARIANO RAJOY

Gobierno

Mariano Rajoy dejó la vida política con un patrimonio que apenas había cambiado desde finales de los años 90. El anterior presidente del Gobierno contaba con cinco inmuebles repartidos por Madrid, Pontevedra y Gran Canaria, que son los lugares en los que suele residir dependiendo de la temporada.

A esto que se declaró habría que sumarle 33.622 euros en sus cuentas corrientes y casi un millón en activos de ahorro. Los alquileres de algunas de sus propiedades le reportaron unos ingresos declarados de 20.214 euros el año pasado, además de los 5.663 euros por dividendos de acciones, y los 2.358 recibidos por la venta de fondos de inversión o derechos de suscripción.

ACTIVOS DE AHORRO E INVERSIÓN

Gobierno

En la declaración de bienes de Rajoy destaca el casi millón de euros en varios activos de ahorro e inversión. El ahora expresidente del Gobierno tiene 498.299 euros en fondos de inversión, 207.972 euros en acciones de empresas que cotizan en bolsa y además 270.106 euros en un seguro de ahorro.

Con su cambio de trabajo, Rajoy decidió actualizar su declaración de patrimonio y esto fue lo que se publicó. Por el momento no hemos tenido noticias de nuevas compras o adquisiciones. Hay que tener en cuenta que su última vivienda la compró en 2004. Hace ya bastante tiempo.

EL PATRIMONIO DE JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

Zapatero indultos

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha adquirido en los últimos meses una casa en uno de los barrios más exclusivos de Madrid. La casa les ha costado 800.000 euros. Un precio que está por debajo de los de la zona en casas similares, por lo que el expresidente y su esposa se pueden congratular de haber hecho un buen negocio.

Hace también menos de dos años desembolsaron también otra cantidad considerable para adquirir una villa cercana a la playa de Famara, en Teguise (Lanzarote), que se ha convertido en su segunda residencia, especialmente en la época de vacaciones. Situada en un terreno de 1.500 metros cuadrados, la casa canaria de Zapatero tiene vistas al Atlántico y no supera los 90 metros cuadrados

DIEZ AÑOS EN LA VIDA DE ZAPATERO, EL CAMBIO A MEJOR

Gobierno

En 2009, el socialista declaraba tener un patrimonio de 209.206,13 euros. Zapatero declaró que el valor catastral de sus bienes inmuebles -que siempre es considerablemente inferior al precio final de la vivienda- ascendía a 37.258,67 euros. Además, sumaba otros 171.947,46 euros en concepto de ‘otros bienes’ (sin especificar), lo que hacía un total de 209.206,13 euros. Además, en créditos, préstamos y deudas acumulaba un total de 80.847,89 euros.

En el año 2011, el expresidente del Gobierno ya carecía de deudas e hipotecas, pero acumulaba en conjunto un capital por valor de 158.389 euros. Según la declaración de bienes y rentas que presentó ante la Cámara Baja, tenía una cuenta conjunta con 34.925 euros, tres planes de pensiones sin cantidades significativas, una parcela de 675 metros cuadrados con su esposa en León y el pago aplazado de 120.000 euros obtenidos con la venta de un inmueble. Entonces cobraba 56.981 euros netos al año como presidente del Gobierno, más otros 10.446 euros por ser diputado.

Navarra Suma baja los brazos y su futuro está en manos de EH Bildu

Sergio Sayas, número uno de Navarra Suma en el Congreso, admitía la semana pasada en Radio Nacional de España que UPN simplemente se encuentra a la espera de que el plan de la socialista María Chivite vuele por los aires.

El PSN ha repetido que no pactará ni con regionalistas ni con abertzales, promesa electoral que cumplió en la constitución de los ayuntamientos: la mayoría pasaron a manos de Navarra Suma porque los socialistas se negaron a pactar, también a negociar, con Euskal Herria Bildu.

UPN ha intentado jugar sus cartas en La Moncloa: primero ofrecieron la abstención de sus dos diputados estatales y esta semana han ofrecido apoyar a Pedro Sánchez, que tiene dificultades en aceptar dos votos que implicarían que otros seis, los del PNV, se fuesen a la oposición.

UPN DE NUEVO EN MANOS DE EH BILDU

La primera vez que UPN alcanzó el poder en Navarra, allá por 1991, su candidato Juan Cruz Alli cruzó los dedos para que PSN y Herri Batasuna no llegasen a un pacto que derribase sus posibilidades. Y le salió bien.

En una situación similar se encuentra ahora Javier Esparza, que tiene dos desventajas respecto a su antecesor: al PSN no le hacen falta los votos favorables de EH Bildu y ETA dejó de matar en marzo de 2010.

Pero la negativa de María Chivite a sentarse con la coalición abertzale ha provocado un enfado en el seno de EH Bildu: su número dos en Navarra, Adolfo Araiz, exige un «diálogo fluido», y Maiorga Ramírez, secretario de la Mesa del Parlamento, afirma que «no se dan las circunstancias para la investidura».

Ramírez explica que la investidura «debe ir acompañada de un proyecto para Navarra y de unos acuerdos que den estabilidad» y ha denunciado que el PSN «ha defraudado las expectativas. Desgraciadamente ese escepticismo a día de hoy sigue con los mismos elementos».

OTROS PROBLEMAS PARA EL PSN

En el Parlamento se da por hecho el pacto entre el PSN y Geroa Bai, que repetirían sin problemas los acuerdos de sus referentes estatales, PSOE y PNV. Pero los votos favorables de Podemos e Izquierda-Ezkerra, imprescindibles para no depender del ‘sí’ de EH Bildu, no parecen del todo factibles.

El líder morado Mikel Buil asegura que están «llamados por el PSN a construir un gobierno alternativo a la derecha y que nuestro trabajo está siendo que ese gobierno desarrolle una serie de políticas progresistas estos cuatro años».

Pero recuerda las diferencias entre Podemos y los socialistas en algunas grandes infraestructuras apadrinadas y frenadas por UPN durante la crisis como el Tren de Alta Velocidad o la segunda fase del Canal de Navarra. Izquierda-Ezkerra también se ha mostrado a favor de poner en marcha un tren que vertebre el territorio.

EH BILDU Y NAVARRA SUMA EXHIBEN FUERZA ANTE EL PSN

Navarra Suma y Euskal Herria Bildu hicieron la pinza en la primera gran decisión de la Mesa del Parlamento y de la Junta de Portavoces: frenar la agrupación pretendida por Podemos y la marcha de Izquierda-Ezkerra al Grupo Mixto hasta disponer de informes jurídicos.

Navarra Suma
El líder de UPN José Javier Esparza en TVE. Foto: RTVE.

Javier Esparza, líder de Navarra Suma, llevó a la Mesa del Parlamento una declaración institucional relacionada con actos festivos que se utilizan, supuestamente, para homenajear a terroristas. EH Bildu se opuso a ellos.

Y Esparza lo aprovechó: «No se puede pactar con esta gente, que dicen sí a los brindis de ETA y que en los espacios festivos hay que excluir a las víctimas del terrorismo y dejar espacios para aquellas que han pertenecido a ETA. Se retratan ellos solos».

LA PRESENCIA DE OTEGI EN TVE ENFADA EN NAVARRA SUMA

La presencia de Arnaldo Otegi en el Canal 24 horas unió a los componentes de Navarra Suma. Pablo Casado aseguró que era «inaceptable que la televisión pública le de voz a un terrorista confeso como Arnaldo Otegi para intentar blanquear el brazo político de Batasuna, en este caso de Bildu».

Y añadió: «No se puede blanquear a Bildu en la televisión pública. Es algo que vamos a denunciar y no vamos a permitir». Albert Rivera mostró una opinión idéntica: «Es un escándalo que Sánchez ponga la televisión que pagamos todos los españoles a limpiar la imagen de un terrorista como Otegi. La señora Mateo debe dimitir de inmediato».

Fuera de Navarra Suma también se exhibieron enfados. Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, aseguró que suponía «que les preguntará por los asesinatos cometidos, por el ametrallamiento de uno de los padres de la Constitución, por el secuestro de un embajador de España y por los delitos que ha cometido».

La AVT se mostró más moderada: «Realmente esperamos que la televisión pública que pagamos todos los españoles no contribuya a blanquear la imagen de Arnaldo Otegi y no se le pregunte por el futuro, sin o por el pasado de violencia que nunca ha condenado».

La Fundación de Víctimas del Territorismo también mostró su opinión: «En un sistema democrático la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero una televisión pública debe velar por la defensa del interés general y garantizar la ética de todos sus contenidos informativos, algo que encuentra difícil encaje con el hecho de que se dé voz a quien de forma reiterada ha mantenido una clara posición de apoyo y justificación de ETA«.

También señalaron que «si nuestro sistema judicial reaccionó en su día con contundencia condenando su apología del terrorismo, es de esperar que nuestra televisión pública no se convierta ahora en una plataforma que permita blanquear la imagen de un condenado por terrorismo y legitimar su pasado como integrante de una organización terrorista».

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