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El posicionamiento de Ciudadanos respecto a la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana ha dejado claro cuál es el perfil político por el que apuesta en esta región: reivindicar al Estado una financiación justa y unas inversiones suficientes pero rechazando posturas valencianistas.

Ciudadanos fue el único grupo parlamentario que se abstuvo en la votación del jueves pasado cuando la Comisión Constitucional del Congreso aprobó la reforma del Estatuto, que contó con el apoyo del resto de partidos.

Esta modificación, pendiente desde 2011, supone incorporar el compromiso de que las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado deben ser equivalentes al peso demográfico que representa la Comunidad Valenciana en España. Durante muchos años, esas inversiones han supuesto entre el 6% y el 8% del total destinado a las comunidades autónomas, pese a que la población valenciana representa el 11%.

El posicionamiento de Ciudadanos le valió las críticas de los demás portavoces presentes en la Comisión, que arremetieron contra este partido por haber roto la unidad política y el consenso en una cuestión tan importante como esta.

“Hoy Ciudadanos ha dado la espalda a los valencianos, ha renunciado a representarlos”, lamentó el diputado del PSOE Artemi Rallo. Más claro fue Fran Ferri, portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, que afirmó que, con su abstención, Cs le había dado “una patada en el culo a los valencianos”.

Incluso el PP se situó al lado de los partidos de izquierdas y enfrente del partido de Albert Rivera. “Incomprensible, inexplicable y pusilánime”, dijo el diputado autonómico Alejandro Font de Mora para describir la postura de la formación naranja.

Ciudadanos se la ha jugado quedándose fuera de la foto en la reforma del Estatuto. Si se mantiene firme en su postura pese a las presiones del resto de grupos, volverá a abstenerse y, por tanto, a quedar aislado, cuando la propuesta se vote esta semana en el Pleno del Congreso y, posteriormente, en el Senado.

PRESENTAN A CIUDADANOS COMO «ANTIVALENCIANO»

Aunque habrá que esperar a los comicios autonómicos y municipales de 2019 para saber si esto tendrá un coste electoral para Cs, al que sus adversarios políticos pretenden presentar como un partido “antivalenciano”, el riesgo de perder votos es evidente.

Las quejas de la Comunidad Valenciana por ser una de las comunidades peor financiadas y por salir mal parada en el reparto de las inversiones del Estado vienen de largo y es algo que todos los partidos, incluido Cs, reconocen como uno de los principales problemas a resolver.

La diferencia está en las soluciones que plantea cada fuerza política, aunque en el caso de las inversiones territorializadas, todos los partidos excepto Ciudadanos se han puesto de acuerdo.

La reforma estatutaria prevé la constitución de una comisión negociadora entre la Administración estatal, la autonómica y la local con el fin de que la Comunidad Valenciana participe en la toma de decisiones sobre esa cuestión. Si bien la mayoría de los partidos afirman que esto puede servir para que las inversiones se incrementen, algunos temen que se quede en una mera declaración de intenciones.

Ciudadanos, en cambio, no tiene ninguna duda. Insiste en que esta medida no tendrá una eficacia real y que se está engañando a los valencianos, y así lo explicó en la Comisión el diputado Ignacio Prendes.

“El PP, el PSOE, Podemos y Compromís no lo han aprobado hasta ahora porque saben que es una norma jurídicamente inaplicable, políticamente intrascendente y económicamente inviable”, señaló Prendes. La modificación estatutaria “no traerá ni un solo euro a los valencianos” y por eso “no vamos a ser cómplices de este paripé”, añadió Juan Córdoba, portavoz adjunto de Cs en las Cortes Valencianas.

La formación naranja se basa en que tanto el Tribunal Constitucional como el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana han determinado que un Estatuto de Autonomía no puede predeterminar el contenido de los Presupuestos Generales del Estado.

CIUDADANOS SORPRENDE CON SU ABSTENCIÓN

La abstención de Ciudadanos en la votación del jueves sorprendió porque un mes antes había pactado un texto con el PP, el PSOE y Unidos Podemos para aprobar la reforma. Además, se había incluido una enmienda de Cs para dejar claro que las inversiones se ajustarán al principio de solidaridad interterritorial.

Pero los motivos esgrimidos por la formación naranja siguen siendo los mismos que expuso en abril y en octubre de 2016, cuando también optó por abstenerse en la votación del Congreso para tramitar la reforma del Estatuto valenciano.

Por un lado, Cs rechaza “la política de pancarta que engaña a la ciudadanía, genera frustración y no sirve para nada”, en palabras de Toni Cantó, diputado de Cs en la Cámara Baja por Valencia.

Por otro lado, insiste en que lo que se necesita es que el Estado y las comunidades aborden sin demora y de manera bilateral la reforma del sistema de financiación autonómica en función de criterios cuantitativos y cualitativos, y reclama también un plan nacional de evaluación y priorización de infraestructuras para decidir cómo repartir las inversiones del Estado.

Así lo defendió en el Congreso en 2016 la diputada alicantina Marta Martín, que afirmó que “el desbarajuste que hay en este país no se ordena con los parches que suponen las concesiones bilaterales”.

UN PAÍS «INVIABLE Y DESCOSIDO»

Dos años después, Prendes ha insistido en esto mismo al advertir de que recoger en cada Estatuto de Autonomía “aquello que quieren oír los ciudadanos de cada comunidad aunque saben que es inaplicable” aboca a “un país absolutamente inviable, descosido” donde al Estado carece de instrumentos para mantener “el equilibrio territorial y el principio de solidaridad”.

De momento, el PSOE ya ha aprovechado la impopular postura del partido naranja para atacar a Albert Rivera y a Toni Cantó, posible candidato a la Presidencia de la Generalitat valenciana en 2019, al plantear el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Manolo Mata, que se los nombre “personas no gratas” por no respaldar la modificación del Estatuto.

Las intensas protestas de los llamados chalecos amarillos en Francia, que dicen representar a las clases medias empobrecidas, han puesto contra las cuerdas a Emmanuel Macron y le han forzado a anunciar una serie de medidas para tratar de mitigar el malestar social y los desórdenes públicos en París y otras ciudades.

Un año y medio después de llegar al Palacio del Elíseo, el nivel de apoyo de Macron entre los franceses estaba en mínimos tras varias semanas de protestas: solo el 20% le daban su aprobación, según una encuesta de Ipsos. En cambio, Albert Rivera mantiene intactos su admiración y respeto por él.

El presidente de Francia sigue siendo su principal referente como gobernante liberal y reformista a pesar de las críticas internas a las que se enfrenta, y así lo ha puesto de manifiesto el líder de Ciudadanos cuando le han preguntado por la situación política en el país vecino.

Rivera ha vuelto ha mencionar a Macron como un ejemplo a seguir, ha defendido su gestión de la crisis de los chalecos amarillos e incluso ha justificado las medidas que ha anunciado para responder al clamor de la calle, cuyo coste hará que el déficit público de Francia se dispare.

Según ha dicho el propio Gobierno francés, las propuestas del presidente le costarán a las arcas públicas entre 8.000 y 10.000 millones de euros y provocarán un incremento del déficit, que podría llegar al 3,4% en 2019.

Esto supondría un incumplimiento por parte de Francia, ya que los Estados miembros de la Unión Europea no pueden registrar un déficit público de más del 3% del producto interior bruto, aunque desde Bruselas han indicado que las reglas del Pacto de Estabilidad permiten superar esa barrera “de manera limitada, temporal, excepcional”.

Pero no parece que esto preocupe a Albert Rivera, que esta semana, en una entrevista en Antena 3, respaldó la posición de Macron y negó que corregir el rumbo de sus políticas equivaliera a claudicar ante los alborotadores.

RIVERA JUSTIFICA LA POLÍTICA DE MACRON

Es que “tiene patas arriba un país”, dijo el presidente de Ciudadanos para justificar ese giro. “Si no lo hace, le critican; si lo hace, le critican. Esto de dar consejos cuando no eres presidente es más complicado”, declaró.

Esta postura contrasta con las advertencias de Cs por la posibilidad de que España incumpla los objetivos de déficit público acordados con la Comisión Europea. “¿Qué necesidad tenemos de hacer el ridículo en Bruselas y volver a la falta de credibilidad?”, planteó Rivera a finales de noviembre.

El líder de la formación naranja sostiene que el  Gobierno debe presentar unos Presupuestos para 2019 que cumplan con la senda de déficit en vigor, el 1,3%, y no el 1,8%, que es el objetivo que querían el Ejecutivo y Podemos pero que recibió el rechazo del Congreso, incluido Ciudadanos. “¿De dónde va a sacar 5.000 millones más del bolsillo de los españoles?”,  preguntó a Pedro Sánchez en la última sesión de control en la Cámara Baja.

La situación en Francia fue uno de los temas que surgieron en el Pleno celebrado esta semana, donde se dio el hecho insólito de que Podemos e Izquierda Unida elogiaron a Macron. Lo pusieron como ejemplo para pedir a Sánchez que defienda ante la Comisión Europea el acuerdo presupuestario que pactaron aunque suponga un incremento del déficit.

“Me gustaría que mi Gobierno pudiera hacer lo mismo que va a hacer el señor Macron. Asumir que cuando la gente señala el camino, un presidente tiene que seguir el camino que está señalando la gente”, apuntó Pablo Iglesias.

En defensa de Macron, Rivera ha quitado hierro a las movilizaciones de los chalecos amarillos –“le ha pasado a casi todos los presidentes” franceses– y ha dicho que es normal que el impulso de ciertas reformas pueda tener “un coste interno”.

“Pero benditos líderes que son capaces de reformar su país y de liderar Europa”, “ojalá hubiera más líderes políticos con la valentía de plantear una Europa unida frente a los populismos y los nacionalismos”, defendió.

Las medidas anunciadas por el Ejecutivo francés, que tienen como objetivo mejorar el poder adquisitivo de las personas con ingresos más bajos, son variadas y numerosas. Se aplicará un aumento de cien euros a quienes cobran el salario mínimo, las horas extraordinarias estarán exentas de impuestos, se congela la subida de las cotizaciones para los pensionistas que cobren menos de 2.000 euros al mes y se pedirá que las empresas paguen a sus empleados una prima especial de fin de año, por la que no se tributará.

“Queremos una Francia donde una persona pueda vivir dignamente de su trabajo”, afirmó el lunes pasado Macron, que, sin embargo, no ha accedido a restablecer el impuesto sobre la fortuna, sustituido a principios de año por un impuesto sobre el patrimonio inmobiliario que los chalecos amarillos ven insuficiente.

Previamente, el Gobierno francés había satisfecho una de las principales reivindicaciones de los manifestantes al renunciar a un nuevo aumento de los impuestos sobre los carburantes. Esto hará que el Estado cuente con 4.000 millones de euros menos en sus ingresos.