Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano Leopoldo López, y su hija menor se encuentran en España, según ha informado el Gobierno español este martes. Ambas han decidido abandonar la Embajada española en Venezuela y se encuentran «en perfecto estado».
Tintori y su hija se encontraban alojadas en la Residencia de la Embajada de España en Venezuela junto a Leopoldo López desde el pasado 30 de abril, cuando éste fue liberado de su arresto domiciliario por fuerzas leales al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, al que España y otros países reconocen como presidente encargado.
Sobre López pesa una condena de casi 14 años de prisión, pero su esposa no tiene ningún cargo. Así, fuentes del Palacio de la Moncloa han señalado que «en ejercicio de su libertad de movimiento», Tintori y su hija han venido a España «tras abandonar la Residencia de la Embajada de España en Venezuela, donde permanecían como huéspedes».
LA FAMILIA AL COMPLETO, EN ESPAÑA
Según fuentes del entorno familiar de López consultadas por Europa Press, el motivo fundamental del viaje de Tintori es reunir a su familia, ya que los dos hijos mayores de la pareja se encontraban ya en España.
Sin embargo, el Gobierno español no ha dado más detalles sobre el viaje. Eso sí, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación han señalado que Leopoldo López continúa en la residencia del embajador español en Caracas.
Los padres del opositor, Leopoldo López Gil y Antonieta Mendoza, residen en España y tienen nacionalidad española desde diciembre de 2015. De hecho, López Gil ha sido elegido eurodiputado en las listas del PP.
El Gobierno español les concedió a los padres de López la nacionalidad por «carta de naturaleza», una vía completamente discrecional que se reserva para casos de interés humano o social o para personas a las que les une un fuerte vínculo con España. En 2016 se la concedió también a la hermana del líder de Voluntad Popular, Diana López Mendoza, y a su marido, Herman Sifontes.
El tiempo transcurre y cada vez resta menos para la investidura de los nuevos presidentes y alcaldes. La negativa de Ciudadanos a negociar y entrar en gobiernos con Vox ha abierto un nuevo escenario en el que el PP intentará buscar el apoyo de ambas partes por separado. En caso de no lograrlo, la formación de Abascal, reacia a ceder a la presión de la formación naranja, se ha atrevido a hablar ya de una nueva postura que podría repetirse si la derecha no logra ponerse de acuerdo a las primeras de cambio: la moción de censura.
“Es posible que al final gobierne la izquierda en algunos sitios y posteriormente haya que hacer una moción de censura”. Son palabras de Iván Espinosa de los Monteros, que reflejan lo lejos que están los tres partidos de ponerse de acuerdo en diferentes lugares de España. Sobre todo, después de la firme posición de Albert Rivera. Vox tendrá que decidir si apoyar sin siquiera negociar, o facilitar un gobierno de izquierdas, una postura que parecen incluso haber previsto tras las palabras de su portavoz en el Congreso.
La complejidad de alcanzar pactos y sumar ha derivado en gobiernos con cierta inestabilidad. El mismo Pedro Sánchez, que se abstuvo para facilitar un gobierno de PP y Ciudadanos, posteriormente regresó al poder con una moción de censura. Vox prevé que será una forma más fácil de saltar al poder desde la oposición, y lo haría de la mano de Ciudadanos y Voz. Y, por supuesto, es una forma de ganar tiempo.
VOX NO CEDE A LA PRESIÓN DE CIUDADANOS
La primera opción de Vox, no obstante, es adquirir importancia y entrar en los gobiernos autonómicos y municipales de la mano del PP. “Sigue habiendo muchas opciones”, ha sostenido Espinosa de los Monteros. “Un gobierno del PP con Vox que apoye Ciudadanos desde fuera o un gobierno en solitario del PP que apoyen Vox y Ciudadanos desde fuera”, ha comentado el portavoz de Vox en el Congreso.
No obstante, sus ecuaciones parecen inverosímiles en estos momentos. Si bien Ciudadanos no logró el ansiado sorpasso, sí aumentó sus votos en prácticamente todos los territorios y en algunos, como Madrid, no ha estado tan lejos del PP. De ahí que la formación de Rivera pretenda a toda costa entrar en estos gobiernos e incluso que alguno de sus nombres propios gobierne.
Desde Vox consideran que el veto de Ciudadanos es una estrategia de Rivera para abrirse a un pacto con el PSOE. Sin embargo, y pese a dejar la puerta abierta a los socialistas que renieguen de Sánchez, lo cierto es que el Comité Ejecutivo de Ciudadanos dejó claro que su principal socio sería el PP. Queda por ver si su arriesgado plan de marginar a Vox resulta un acierto, o si por el contrario la izquierda termina por beneficiarse de esa falta de entendimiento en una derecha que debate a contracorriente.
Pablo Iglesias ha recriminado al Tribunal Supremo que en el auto en el que ordena la paralización cautelar de la exhumación de Franco, se indique que el dictador fue Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936, antes incluso del comienzo de la Guerra Civil. El secretario general de Podemos ha tachado esto de «auténtica barbaridad».
«Que la sección cuarta de la Sala III del Tribunal Supremo considere a Franco Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 es una auténtica barbaridad», ha señalado Iglesias en un mensaje en su perfil de Twitter, recogido por Europa Press.
En esa fecha, el 1 de octubre de 1936, en Burgos, a los pocos meses del comienzo de la Guerra Civil, el general Franco fue investido como Jefe del Estado por el bando sublevado. El líder ‘morado’ señala que la razón para que el TS cite esa fecha quizá sea «la cercanía de uno de los jueces a la Fundación Franco». Y recalca que ese juez, al que no nombra, ha participado en algunos actos de la fundación.
El mensaje de Iglesias en Twitter va acompañado de una fotografía del auto judicial en el que se puede leer la fecha a la que hace referencia, el 1 de octubre del 36.
IGLESIAS CULPA AL TRIBUNAL SUPREMO
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, culpa al Tribunal Supremo (TS) de apoyar el obstruccionismo de la familia de Franco al suspender cautelarmente la exhumación de los restos del dictador, y recalca que Francisco Franco hace muchos años que debió perder el mausoleo de Estado del Valle de los Caídos.
En un mensaje en su perfil de Twitter, Iglesias lamenta que el TS haya primado la postura de la familia Franco por encima de «los derechos de las víctimas del franquismo y del mandato del Congreso de los Diputados». Añade que «la exhumación de Sanjurjo prueba lo fútil de esta decisión».
«El Supremo ha apoyado el obstruccionismo de la familia del dictador por encima de los derechos de las víctimas del franquismo y del mandato del Congreso. La exhumación de Sanjurjo prueba lo fútil de esta decisión. Franco debió dejar de tener un mausoleo de Estado hace muchos años», dice textualmente.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha decidido por unanimidad suspender cautelarmente la exhumación de Franco, que debía llevarse a cabo el próximo día 10 de junio. El tribunal alega que debe evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes -la familia Franco y otros tres colectivos- y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, «los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan».
En el caso del general Sanjurjo, tras ser exhumado de la Cripta del Monumento a los Caídos en Pamplona, una resolución judicial dictaminó en 2018 que estimaba el recurso contra la exhumación y establecía que los restos fueran restituidos en ese mausoleo. Esa sentencia de momento no se ha hecho efectiva después de que el Ayuntamiento de Pamplona anunciara que interpondría un recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2.
Quim Torra, que ha descartado convocar nuevos comicios, ha mostrado su deseo por un referéndum y ha llamado a Pedro Sánchez a una nueva reunión entre ambos: «Yo pido al presidente del Gobierno que salga que vuelva a la mesa del diálogo allí donde lo dejamos».
Lo ha dicho en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, convocada para hacer balance del primer año de mandato de su Govern, que se constituyó el 2 de junio de 2018 cuando tomaron posesión los nuevos consellers y quedó levantada la aplicación del 155.
Torra ha planteado un diálogo bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat, donde se pueda hablar de un referéndum de autodeterminación para Cataluña, y que cuente con la figura de un «relator» para dar conocimiento sobre qué se negocia y neutralidad y transparencia a las conversaciones.
Precisamente fue la polémica por la figura del relator la que frenó los últimos contactos entre Generalitat y Gobierno central en febrero de este año, y Torra ha criticado que fue Sánchez y no la Generalitat quien «se levantó de la mesa» del diálogo en aquel momento.
El presidente catalán plantea retomar estos contactos con un esquema inicial que ha calificado de sencillo: la Generalitat llevará la autodeterminación como principal demanda y ha instado al Gobierno central que lleve «la propuesta que tenga para Cataluña.
«Que tenga el coraje de afrontar el reto que el mundo entero le pide: que se siente a dialogar con el gobierno catalán sobre el ejercicio del derecho de autodeterminación. Nosotros estamos aquí», ha resumido el presidente de la Generalitat.
UN AÑO DE DIÁLOGO
En su balance de su primer año de gestión, ha asegurado que su Govern se ha caracterizado por «tender la mano al Estado desde el primer momento», y ha recordado que tuvieron dos reuniones con Sánchez, una en Moncloa en julio de 2018 y otra en el Palau de Pedralbes de Barcelona en diciembre del mismo año.
También ha reivindicado haber buscado el diálogo pese a los obstáculos que ha encontrado, entre los que ha citado «la represión» del Estado; la judicialización de la política catalana y las advertencias de que se podría aplicar otro 155.
Torra ha insistido en que un referéndum negociado sobre la independencia sería el mejor instrumento para dirimir la situación que se vive en Cataluña, y ha advertido de que, aunque el Gobierno central se mantenga en su actual negativa, el camino hacia una república catalana es «imparable».
FINANCIACIÓN E INVESTIDURA
El presidente de la Generalitat ha descartado que su Govern esté dispuesto a cambiar su objetivo político independentista por una nueva financiación, y ha asegurado que no se plantea participar en foros multilaterales del Gobierno y las comunidades para abordar un nuevo reparto de los recursos.
Torra ha insistido en que la Generalitat quiere una «negociación bilateral con el Gobierno del Reino de España con la figura del relator», y ha asegurado que este es el mandato que le han dado los catalanes en las urnas y del que no se puede mover.
Preguntado por si los grupos independentistas en el Congreso deberían entrar a negociar la investidura de Sánchez, ha explicado que no puede ser «demasiado explícito» sobre el tema, alegando que corresponde precisamente a los grupos pronunciarse y no a él.
Sin embargo, se ha mostrado partidario de rechazar la investidura, argumentando que siguen siendo «válidas» las razones por las que estos mismos grupos independentistas rechazaron aprobar los últimos Presupuestos Generales del Estado –uno de los motivos que llevó a adelantar las elecciones generales–.
Pablo Casado ha dado luz verde a Asier Antona para «explorar» cualquier tipo de acuerdo para el gobierno de las Islas Canarias. Estas palabras dejan la puerta abierta al PSOE, vencedor de las elecciones, con quien no descarta pactar en estos momentos el PP. La otra alternativa es buscar un pacto con Coalición Canaria.
Así lo ha explicado Antona tras reunirse este mediodía en Madrid con Casado y con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, para revisar la situación en aquella comunidad, donde está abierto el gobierno autonómico pero también los de los cabildos insulares y buena parte de los ayuntamientos, incluidos los de las capitales.
Según ha explicado tras la reunión, ‘Génova’ autoriza a Antona a negociar con todos los partidos sin descartar «a nadie» y para «explorar cualquier de las opciones viables en los futuros pactos de gobernabilidad y estabilidad». El dirigente canario ha subrayado que apuesta por un cambio liderado por el PP, pero ha advertido de que el cambio también puede ser un cambio de actitudes, un cambio de candidatos, un cambio de muchas cosas».
«Vamos a explorar situaciones con todas las fuerzas que sumen 36», ha resumido, en referencia al número de diputados que dan la mayoría absoluta en el Parlamento de Canarias. De momento, Antona se ha entrevistado con el líder de PSOE canario, Ángel Víctor Torres, y en los próximos días cerrará un encuentro con Coalición Canaria.
DEL PSOE A COALICIÓN CANARIA
De las varias ecuaciones que podrían dar esa suma, Asier Antona ha asegurado que quedan fundamentalmente dos: una que pasa por el PSOE, que fue el partido que ganó las elecciones autonómicas, y otra que incluye a Coalición Canaria. «Lo que digo es que el PP, que es determinante para dar estabilidad en las instituciones, lo haga, y que tengo toda la autonomía para llevar a cabo esas negociaciones», ha insistido Antona.
El dirigente canario ha reiterado que no hay líneas rojas y no ha querido hablar tampoco de preferencias al buscar acuerdos. «Ni descarto al PSOE, ni a Coalición Canaria ni a Ciudadanos ni a Casimiro Curbelo», ha dejado claro, en referencia en este último caso al líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG).
Al mismo tiempo que ha mantenido todas las puertas abiertas, Antona ha recalcado también que el PP tiene una capacidad de dar estabilidad en las instituciones por sus resultados electorales que no tienen ni Cs ni ASG, tanto en el Parlamento de canarias como en cabildos y ayuntamientos, y que su partido tiene «vocación» de gobierno y de estabilidad.
«Esa realidad la vamos a trabajar con sentido común y responsabilidad, somos partido de gobierno, tenemos vocación de participar en el gobierno y en el mayor número de instituciones, queremos generar estabilidad y certidumbre», ha insistido.
Preguntado sobre un pacto con Coalición Canaria cuando su candidato, Fernando Clavijo, está investigado por la justicia por el ‘caso Grúas’, Antona, ha insistido en que de momento se encuentran en fase de buscar acuerdos para cada institución, evitando pactos «en cascada» y cerrando consenso de acuerdo con las peculiaridades de cada ámbito, local, insular y autonómico.
«No solo hace falta la voluntad del PP, que tiene toda, de liderar la gobernabilidad de esta tierra y dar estabilidad, sino que depende de la voluntad de otros actores y protagonistas», ha concluido.
El Gobierno asume con normalidad, sin sorpresa, la decisión del Tribunal Supremo de paralizar temporalmente la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos hasta que la corte resuelva sobre el fondo del asunto.
«No es extraño que el Tribunal Supremo suspenda la ejecución de una decisión cuya legalidad tiene que revisar a instancia de parte«, considera La Moncloa en una primera reacción a la noticia.
No obstante, el Ejecutivo está «convencido» de que el Tribunal Supremo desestimará los recursos presentados contra la exhumación cuando resuelva sobre el fondo de la cuestión, como ha venido haciendo hasta la fecha con todos los recursos planteados por la familia Franco.
La decisión del Supremo es la de evitar el perjuicio si una vez exhumados los restos fuera preciso devolverlos
Entre tanto, y como consecuencia de la suspensión cautelar decidida este martes por el Supremo, «el Gobierno pospondrá la ejecución de la exhumación hasta que en los próximos meses se dicte sentencia sobre el fondo del asunto.
La razón en la que descansa la decisión del Supremo es la de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan.
La noticia no ha cogido por sorpresa al Gobierno, cuyos miembros ya desde la semana pasada enmarcaban dentro de la normalidad la posibilidad de que el Supremo aceptase la suspensión cautelar solicitada por la familia del dictador.
Panteón en el cementerio de El Pardo donde el Gobierno pretende enterrar los restos de Franco.
UN FALLO PARA EVITAR UN PERJUICIO MAYOR
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha suspendido, por unanimidad, cautelarmente la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, que debía llevarse a cabo el próximo 10 de junio por decisión del Gobierno, para evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes -la familia Franco y otros tres colectivos- y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, «los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan».
Dan respuesta a la medida cautelar planteada en los cuatro recursos presentados contra la iniciativa del Gobierno por la familia Franco, La Fundación Francisco Franco, la comunidad Benedictina en Cuelgamuros y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos.
La Sala, presidida por Jorge Rodríguez Zapata, ha estado también integrada por los magistrados Celsa Pico, José Luis Requero, Pablo Lucas y Antonio-Jesús Fonseca-Herrero.
Los recursos que deben aún resolver se presentaron contra el acuerdo por el que el pasado 15 de febrero el Consejo de Ministros autorizó la ejecución de la exhumación, siempre y cuando la familia del dictador accediera a elegir una ubicación distinta a la cripta de la Catedral de la Almudena para inhumar de nuevo los restos de su abuelo.
Ante la negativa de la familia de renunciar por el momento a enterrar a Franco en la sepultura que poseen a perpetuidad en la cripta de La Almudena, un lugar que el Gobierno considera inadecuado por su situación tan céntrica y su interés turístico, el Ejecutivo aprobó posteriormente, el 15 de marzo, otro acuerdo por el que decidía reinhumar los restos del dictador en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio y fijaba para el 10 de junio la fecha de los trabajos de inhumación.
Tanto la familia como la Fundación Francisco Franco y el resto de recurrentes apelaban al daño que se causaría si se trasladan los restos del dictador antes de que el Supremo dicte sentencia sobre el fondo del asunto. Es decir, si se trasladan esos restos al cementerio de El Pardo- Mingorrubio, en Madrid, y luego el tribunal resuelve que han de regresar al Valle de los Caídos.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha explicado que su formación política baraja diferentes fórmulas alternativas con el objetivo de impedir gobiernos de izquierdas en aquellos territorios en los que las fuerzas de la derecha sumen. El líder del Voz plantea tripartitos con PP y Cs; ofrece su apoyo a posibles gobiernos en solitario del PP, e incluso propone a Cs un «pacto global».
La única opción que no contempla es que se excluya a Vox deliberadamente de las negociaciones. Abascal es rotundo en este sentido: su formación no aceptará ningún «cordón sanitario»y ha ofrecido a Ciudadanos un «pacto global» que incluso lleve a Begoña Villacís a la Alcaldía de Madrid o a Ignacio Aguado a la Presidencia de la Comunidad. En caso contrario, cree que la solución vendría de la mano de gobiernos monocolores del PP sostenidos en pactos puntuales.
«No hemos salido con un catálogo de exigencias por no imposibilitar el acuerdo»
Abascal ha reiterado este martes en una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press, la condición «inexcusable» de Vox de sentarse en una mesa de negociación con todos los partidos que quieran su apoyo para la investidura. En ningún caso vamos a apoyar a un gobierno en el que algunos de sus miembros no se quieran sentar con nosotros», ha garantizado.
El líder de Vox ha rechazado así el «cordón sanitario» que ha denunciado que les quiere imponer Ciudadanos y ha avisado de que su formación nunca aceptará «chantajes». «A mí me ponen entre la espada y la pared y cojo la espada, independientemente de las consecuencias», ha reconocido asegurando que con esta postura defiende a sus votantes.
GOBIERNOS TRIPARTITOS
Para Vox, la solución «ideal» sería la formación de gobiernos tripartitos con ‘populares’ y ‘naranjas’ en muchas instituciones, teniendo en cuenta la fuerza que ha obtenido cada partido en las urnas. En este escenario, Abascal ha asegurado que ellos abordarían la negociación «con flexibilidad y respeto» conscientes de su peso.
Para llegar a este punto, Abascal cree que se podría llegar a un «acuerdo global» con el PP y el partido de Albert Rivera por el que incluso los ‘populares’ cedieran algún puesto y Ciudadanos pudiera gobernar en Madrid, –hacerse con la Alcaldía o la Presidencia de la Comunidad-.
Pero si Ciudadanos mantiene su «cordón sanitario», Abascal cree que la solución podría ser que el PP gobierne en solitario y se apoye en pactos puntuales. Y la última opción sería la negociación de mociones de censura a posteriori si es imposible un acuerdo que evite que Manuela Carmena vuelva a ser investida alcaldesa de Madrid.
Abascal cree que el «cordón sanitario» contra Voxnació en las elecciones del 13 de marzo de 2004 que ganó el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se «impuso» un «sistema político y mediático al servicio de la izquierda». «Nuestra postura no es orgullo, yo soy hipersensible a lo que percibo como un chantaje», ha justificado.
De hecho, ha recordado que Vox no ha puesto sobre la mesa ninguna exigencia programática porque no quiere dar «excusas» a quienes no quieren sentarse a negociar ellos. «No hemos salido con un catálogo de exigencias por no imposibilitar el acuerdo», ha explicado como manera de «no contribuir a la zozobra».
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, no esconde su oposición, sin matices, al acercamiento entre PP y Vox, de cara a los pactos municipales y autonómicos.
De hecho el líder gallego ha defendido que el PP forme gobiernos con Ciudadanos (Cs) en comunidades autónomas y ayuntamientos y cuenten con el apoyo puntual de Vox, donde sea necesario. «No soy partidario de que Vox entre en los gobiernos, pero he de respetar las necesidades y estratégicas de cada territorio», ha explicado.
«El PP quiere gobernar con Ciudadanos y si necesitamos el apoyo de Vox lo pediremos»
En una entrevista en la emisora COPE, Feijóo ha insistido en el ejemplo marcado por el modelo seguido en Andalucía donde hay un acuerdo de gobierno entre PP y Cs, pero la investidura de Juanma Moreno fue facilitada por el partido de Santiago Abascal.
LOS PARTIDOS «TENDRÁN QUE RETRATARSE»
Con todo, ha reclamado que se formen gobiernos alternativos de derechas y dejar de lado «pulsos absurdos», en referencia a los ataques cruzados entre Ciudadanos y Vox. Pese a que Feijóo es contrario a que Vox entre en los gobiernos autonómicos y municipales, entiende que cada territorio tiene que buscar la alternativa para forjar sus gobiernos y ha asegurado que todas las formaciones «se tienen que retratar».
«Es necesario situarse en la madurez y en la responsabilidad. El PP lo ha dicho, quiere gobernar con Ciudadanos y para ello si necesitamos el apoyo de Vox lo pediremos en la sesión de investidura», ha zanjado.
Sobre el escenario nacional, Feijóo ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene un «gobierno oculto» con Podemos que ha evitado desvelar desde las elecciones del 28 de abril pensando en los comicios autonómicos y municipales del 26 de mayo. «Intuyo que gobernará con Podemos, Ciudadanos ha sido tan claro diciendo que no gobernará con Sánchez que rozaría un fraude electoral», ha declarado.
REFORMA ELECTORAL
Asimismo, el presidente de la Xunta ha reclamado una reforma electoral para facilitar la gobernabilidad a los partidos ganadores en los comicios. «No puede ser que el partido ganador se convierta en perdedor, y el que pierda se convierta en gobierno», ha afeado.
Así, ha reclamado la introducción de una segunda vuelta o de un ‘plus’ parlamentario para la formación ganadora de las elecciones, de tal forma que facilite la gobernabilidad. Feijóo ha mencionado Portugal, Italia o Grecia, como países que cuentan con un sistema que prima a la primera fuerza.
«No puede ocurrir es como en Galicia, donde el PP ha ganado en tres diputaciones y vamos a ver si gobernamos en alguna», ha subrayado, indicando que se ve al PSOE como ganador de los comicios en Galicia al ganar en tres de las principales ciudades gallegas, y ha sacado los mismos resultados que el PP. «No puede ser que en España se manipule hasta el lenguaje, cuando el PP gana pero no saca la mayoría absoluta se dice que pierde», ha insistido.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, cumple el anuncio comunicado la semana pasada e inicia hoy una ronda de contactos con el objetivo de buscar una «unidad estratégica» del soberanismo sobre cómo afrontar los próximos meses, que ve decisivos porque se prevé que el Tribunal Supremo falle sobre la causa del 1-O.
El calendario de reuniones, con entidades y partidos soberanistas, se abre hoy con dos encuentros, con la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y con el vicepresidente de Òmnuim, Marcel Mauri, según figura en la agenda pública del Govern.
Para Torra el fallo del TS será un «momento histórico» que el soberanismo deberá afrontar unido
Ante el pleno del Parlament, Torra dijo que aspiraba a verse con todos los partidos y entidades sociales, económicas y civiles catalanas comprometidas con el derecho de autodeterminación de Catalunya, y para empezar ha elegido las dos organizaciones con más peso del independentismo catalán.
El presidente del Govern quiere «recuperar el espíritu» del 1-O, ya que considera que fue la unidad del soberanismo la que permitió que se celebrara aquella votación pese a todos los obstáculos que puso el Estado, incluidas las cargas policiales.
Torra prevé que el fallo del Alto Tribunal será un «momento histórico» que el soberanismo deberá afrontar unido, pero no ha desvelado nunca qué piensa hacer ante unas eventuales sentencias condenatorias y se ha limitado a decir que toda decisión la someterá a debate en el Parlament.
VÍA UNILATERAL
Algunos partidos independentistas ya han empezado a explicar qué plantearán con esta ronda de contactos como es el caso de Demòcrates, cuyo portavoz y diputado en el Parlament, Antoni Castellà, avanzó este lunes que le plantearán retomar la «vía unilateral» a la independencia.
Las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno central están en un punto muerto tras el ciclo electoral de las generales, las europeas y las municipales, y el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, planteó el viernes recuperar la ‘Declaración de Pedralbes’ de diciembre de 2018 como punto de partida para retomar un diálogo.
Miguel Ángel Revilla, presidente Cantabria y candidato a la reelección por el PRC, inicia con el PP la ronda de contactos previa a la formación de Gobierno. El PP será la primera fuerza dentro de los distintos partidos políticos con representación parlamentaria con la que Revilla abre la negociación post-electoral.
Los regionalistas, que ganaron las elecciones del pasado 26 de mayo al obtener 14 diputados, dan comienzo al período de conversaciones con el PP de María José Sáenz de Buruaga, la segunda fuerza más votada en Cantabria con nueve escaños.
Con Vox el contacto será telefónico y para dejar claro que el diálogo «no tiene razón de ser» en este caso
Por el PRC acudirán a la reunión los cuatro integrantes de la comisión encargada de las conversaciones con el resto de los partidos, designada por el Comité Ejecutivo Regional: la secretaria de Organización y consejera de Presidencia y Justicia en funciones, Paula Fernández, y los diputados electos Pedro Hernando -que ha sido portavoz del Grupo Regionalista-, Rosa Díaz -alcaldesa de Polanco en funciones- y Guillermo Blanco -jefe de Gabinete de Revilla-.
REUNIÓN CON EL PSOE, PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN
El Comité Ejecutivo también acordó, por unanimidad y a propuesta del secretario general, que solo iniciarán conversaciones con el PSOE de Cantabria, liderado por Pablo Zuloaga, para negociar un posible acuerdo de Gobiernocuando cuente con un «compromiso previo» del presidente del Gobierno y secretario nacional de lo socialistas, Pedro Sánchez, sobre asuntos pendientes del Estado en la Comunidad.
Miguel Ángel Revilla. Foto: Cadena SER.
En concreto, las negociaciones con los socialistas -tercera fuerza más votada con siete asientos y hasta ahora y durante tres legislaturas socios del PRC en Peñaherbosa- se supeditan así al compromiso de Sánchez con la ejecución de las conexiones ferroviarias con Palencia y con Bilbao, la construcción del apartadero necesario para la viabilidad del centro logístico de La Pasiega y el pago de los 121 millones de euros pendientes por las obras de reconstrucción del Hospital Valdecilla.
Tras los encuentros con PP y PSOE, el PRC se sentará con Ciudadanos, encabezado en la región por Félix Álvarez y que obtuvo tres diputados en Cantabria, y también con Vox, que irrumpió en la Cámara con dos escaños.
Aunque en este último caso el contacto será telefónico y solo para dejar claro que el diálogo «no tiene razón de ser», dado que este partido defiende postulados «contrarios» a los principios regionalistas.
En esas conversaciones, el PRC condicionará «cualquier acuerdo de gobierno» a que «se respete la representatividad» obtenida por cada uno de los partidos en las urnas.
El Gobierno de Pedro Sánchez comunicó a los obispos a través de una carta y una llamada telefónica su intención de abordar la revisión del sistema fiscal de la Iglesia en España. La carta, según ha sabido MONCLOA.COM hablaba del régimen fiscal en general, aunque citaba concretamente el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que ha sido la diana de las últimas polémicas sobre el tratamiento fiscal a la Iglesia católica española.
Hasta el momento se sabía que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, había adelantado la voluntad del Gobierno de realizar esta revisión en su visita al Vaticano a finales del pasado mes de octubre. Sin embargo, nada se supo luego sobre si este anuncio se concretó en algo.
Según quienes conocen el contenido de los contactos, el Gobierno de Pedro Sánchez no nombró expresamente dentro del régimen fiscal de la Iglesia el sistema de financiación a través de la asignación del IRPF. Sin embargo, sí que citó el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
El sistema de financiación del IRPF fue reformado en 2007 para que el Estado no garantizara a través de los Presupuestos Generales una cantidad mínima a la Iglesia católica, independientemente de lo recaudado a través de este impuesto, como ocurría hasta ese momento.
En cuanto al IBI, el PSOE había llevado en anteriores programas electorales la intención de revisar la exención de la que disfrutan los bienes de la Iglesia. La Iglesia católica mantiene que disfruta de la misma exención que las entidades sin ánimo de lucro, como establece la Ley de Mecenazgo.
Los socialistas llevaron en su programa electoral una revisión de esta exención. El PSOE admite que no paguen el IBI los edificios destinados al culto. Estos beneficios se aplican también a las dependencias anejas, locales destinadas a oficinas, casas y conventos de órdenes religiosas. Los socialistas cree que debería revisarse todos aquellos inmuebles que no se encuentran entre los citados anteriormente.
La postura del PSOE, de la que se podría hacer eco el Gobierno, es que deben pagar los inmuebles propiedad de la Iglesia que se dedican a actividades económicas. Algo parecido ocurriría con el impuesto sobre obras y construcciones (ICIO), un tributo municipal que también entró en disputa y llegó a los tribunales.
La postura de la Iglesia es la de defender que no goza de privilegios fiscales con el IBI. Sin embargo, también es verdad que le resulta un procedimiento incómodo y considera discriminatorio una revisión de los inmuebles que podrían estar disfrutando de la exención del IBI inadecuadamente, si no se hace lo mismo con todos.
La visita de Carmen Calvo al Vaticano se produjo en un contexto en el que el Gobierno pretendía afrontar con la Santa Sede el asunto de la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco. En esta visita, Calvo se entrevistó con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin.
Los obispos consideran incómodo y discriminatorio una revisión de los edificios que están exentos del IBI
Era el primer contacto entre representantes del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez tras la llegada de los socialistas al Gobierno con la moción de censura a Mariano Rajoy. La vicepresidenta Carmen Calvo abordó con Parolin el régimen fiscal de la Iglesia en España, según hizo público el Gobierno.
Igualmente, la vicepresidenta informó a la Santa Sede sobre la revisión del proceso de inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia católica. Se trataba de otro de los asuntos más peliagudos en la agenda sobre la relación entre el Gobierno y la Iglesia. El Ejecutivo ponía de esta manera sobre la mesa otro de los asuntos molestos para la Iglesia en España.
En la reunión ambas partes trataron también las medidas contra la pederastia. El Gobierno trasladó a Petro Parolin las últimas modificaciones en el Código Penal para que estos delitos fueran imprescriptibles.
LOS OBISPOS Y FRANCO
Pero quizá el asunto que más llamó la atención de esta visita fue el de la exhumación de los restos de Francisco Franco de la catedral de la Almudena de Madrid. El Gobierno se adelantó dando una versión unilateral del contenido de la reunión. Según ésta, el Vaticano se habría comprometido a buscar una solución para la inhumación de los restos de Franco, una vez que fueran exhumados de su actual ubicación, en el Valle de los Caídos.
Sin embargo, en un gesto excepcional, la Santa Sede salió al paso de lo expresado por la vicepresidenta Calvo. En una nota, la secretaría de Estado del Vaticano señaló que no se había pronunciado sobre el asunto de la inhumación.
La tensión entre Manuel Valls y Albert Rivera crece por momentos. Atrás parecen quedar los días en los que ambos se dedicaban halagos y confiaban en su buena sintonía para alzarse como alternativa en la ciudad condal. El apoyo del político francés a un gobierno de coalición entre Barcelona en Comú y el PSC ha abierto un abismo de desencuentros en la formación naranja que en lugar de ir a menos, no para de intensificarse.
Estas diferencias plantean en Ciudadanos la sombra de la duda: ¿fue un acierto confiar en Valls?. La respuesta hace un año habría sido que sí. A Rivera le atrajo del francés su marcada línea europeísta, que Ciudadanos tanto defiende, así como su clara postura contra el independentismo de Cataluña. Mientras que Valls vio en la formación naranja la posibilidad de combatir el separatismo desde el centro.
Unos puntos en común que ahora parecen insuficientes e incluso plantean que contar con Valls fue demasiado precipitado. Ciudadanos parece el gran perdedor de este acuerdo, ya que no ha conseguido, por un lado, el objetivo que se había propuesto de llegar a diez concejales y se tiene que conformar con seis. Por otro lado, elegir a Valls le ha provocado crear más fuegos internos de los esperados y que puede que le sean difíciles de apagar sin consecuencias.
GARICANO Y EL APOYO A COLAU
Luis Garicano, el eurodiputado electo de Ciudadanos, ha sido el último en acrecentar el conflicto interno en su partido. Con un contundente tweet, el vallisoletano se suma a la propuesta de Valls de apoyo a Colau porque, a pesar de que remarca que no es “la mejor alcaldesa”, cree que es preferible contar con ella que someterse a un gobierno independentista.
¿Se puede votar a una opción mala? ¿Se puede votar a Colau aunque a uno le parezca malisima alcaldesa? Claro que se puede, si es para evitar un resultado aún peor, quizás catastrófico: que los independentistas instrumentalicen y destrocen Barcelona. https://t.co/d6p6jQEQcL
Ciudadanos todavía no ha reaccionado a las palabras de Garicano, aunque este lunes ha dejado entrever su posicionamiento al decir, después de reunir a su Ejecutiva, que no pactará con Podemos. La formación también se desmarcó de la proposición de Valls mediante un comunicado en el que asumían la victoria de Maragall y dejaron claro que sus opciones eran o trabajar desde la oposición o ayudar a investir al socialista Jaume Collboni del PSC como alcalde.
De momento, las palabras de Garicano parecen ser las únicas que apoyan la idea de Valls. Al exprimer ministro francés también le han salido voces discrepantes dentro de su propia lista de concejales. La portavoz naranja en el Parlament, Lorena Roldán, ha afirmado que los tres ediles de Ciudadanos en Barcelona (los otros dos, sin contar a Valls, son independientes) no investirán a Colau.
VALLS Y SU ‘NO’ A VOX
Además de las diferencias que suscita el consistorio condal, el distanciamiento de Valls con Ciudadanos también se ha visto alimentado por su acercamiento a Vox. El acuerdo a tres en Andalucía no fue bien visto por el francés que emitió un comunicado en el que apuntaba que “no todo vale”.
Valls también se resistió a formar parte de la manifestación de Colón, en la que Ciudadanos, PP y Vox reclamaban la unidad de España. Finalmente, el candidato a la alcaldía de la ciudad condal asistió al evento, pero evitó participar activamente y, sobre todo, esquivó aparecer en la ya famosa foto de los tres líderes del tripartido andaluz.
De izquierda a derecha: Santiago Abascal (Vox), Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Cs), entre otros, durante la manifestación de Plaza de Colón.
Este enfrentamiento podría acabar con la ruptura definitiva del francés con su partido ‘de acogida’ sí Ciudadanos repite esta fórmula de gobierno en otros territorios en lugar de levantar el cordón sanitario a los socialistas. De hecho, la noche electoral del 26-M, Valls hizo especial hincapié en este punto: “pido con mucha humildad que se me escuche en este tema. Mirad lo que sucede en el resto de Europa”, insistió.
LA DIVISIÓN DEL ENTORNO DE ADA COLAU
En el otro lado de esta historia de desencuentros está Ada Colau. La todavía alcaldesa se enfrenta a una de las decisiones más trascendentales de su corta vida política. Ella ya ha dejado patente que su principal idea de gobierno pasa por unirse a ERC y al PSC, aunque esta alternativa es inviable por los intereses cruzados de ambos partidos.
El principal dilema se sitúa en si la barcelonesa debe apoyar a Maragall y renunciar a la alcaldía o, con el ofrecimiento de Valls, seguir dirigiendo el consistorio municipal valiéndose de un acuerdo con el PSC (como ya hizo en la anterior legislatura) sumado a la abstención “sin condiciones” de Ciudadanos.
Las bases de los comunes tienen ahora la palabra. Deben sopesar las alternativas y plantear posibles dicotomías antes del día 7 de junio, fecha en la que la dirección ha convocado una amplia reunión para expresar propuestas concretas.
Un encuentro que espera esclarecer el futuro incierto de la ciudad y poner en sintonía las divisiones internas dentro de la confluencia de fuerzas que avalan a Colau. Sea como fuere, el desenlace de este conflicto tendrá lugar como máximo el 15 de junio, ya que si ni Ciudadanos se decide ni Barcelona en Comú llega a acuerdos, se investirá a Ernest Maragall en solitario por ser la lista más votada.
