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El Centro Criptológico Nacional (CCN) ha publicado su Informe Anual 2018 de Dispositivos y Comunicaciones Móviles, que tiene por objeto presentar algunas de las principales amenazas de seguridad y vulnerabilidades de este sistema, descubiertas a lo largo del año 2018. El CCN-CERT es la Capacidad de Respuesta a incidentes de Seguridad de la Información del CCN, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Se creó en el año 2006 como CERT Gubernamental Nacional español con contribuir a la mejora de la ciberseguridad española.

Algunos de los riesgos de seguridad analizados son: la adopción de las últimas versiones de los sistemas operativos, el mecanismo de autentificación biométrica, el desbloqueo y extracción forense datos, los mecanismos de seguridad avanzada y código dañino, y la privacidad en plataformas móviles.

Aunque en la actualidad la adopción de los dispositivos y comunicaciones móviles, tanto en el ámbito personal como profesional, ha alcanzado un nivel de “madurez y estabilidad” desde el punto de vista de la seguridad, aún queda trabajo por hacer. La adopción de las últimas versiones de los sistemas operativos móviles continúa siendo un punto crucial para hacer frente a vulnerabilidades públicamente conocidas.

En esta línea, y al igual que ya avanzó este órgano del CNI en informes anteriores, los mecanismos de autentificación biométrica se han consolidado como el elemento más habitual y solicitado para llevar a cabo el desbloqueo de estos dispositivos, tanto por su comodidad, facilidad de uso y rapidez, como por su supuesta seguridad (dependiente de la implementación).

En particular, se consolidan los mecanismos de reconocimiento facial del que disponen todos los nuevos modelos de iPhone de Apple comercializados en 2018, así como reconocimiento del iris, reconocimiento facial, y reconocimiento de la huella digital dactilar en los dispositivos Android 9, como por ejemplo, el terminal Samsung Galaxy S9.

Entre las principales tendencias esperadas para el año 2019 por el CNI, se mantienen varias de las reflejadas en años anteriores, entre las que destacan las nuevas capacidades de conexión a redes Wi-Fi con soporte para WPA3 y a redes móviles 5G o la posible existencia de malware móvil preinstalado en algunos dispositivos.

En el documento también se incluyen las estadísticas del año 2018 de la evolución de los mercados oficiales de aplicaciones móviles, que consolidan el ya conocido interés, y gran número total de apps disponibles en los mercados oficiales, dónde la Apple Store disponía de casi 2 millones de ellas en el tercer trimestre de 2018, y Google Play de 2,1 millones.

Por primera vez en la historia, se ha reducido el número de apps existentes respecto a periodos anterior, dónde Google Play llegó a alcanzar los 3,6 millones de apps entre finales de 2017 y principios de 2018, al igual que en la App Store. Este descenso se asocia a nuevos estándares más estrictos, para asegurar la calidad de las apps disponibles y su compatibilidad con las últimas versiones de los sistemas operativos.

EL CNI ADVIERTE DE NUEVAS CIBERAMENAZAS

El informe también recoge las ciberamenazas que se plantean en el año 2019. Se han detectado prácticas como la posibilidad de evitar la pantalla de autentificación o el bloqueo de los dispositivos móviles, así como la extracción de datos sin autorización y sin conocer el código de acceso.

A este respecto, el CCN realiza una comparación de las capacidades de protección frente a este tipo de amenazas de las dos plataformas móviles principales, iOS y Android. Apple incluyó en iOS 11 una nueva funcionalidad conocida como “modo restringido USB para accesorios” que deshabilita las capacidades de transmisión de datos del puerto USB, o conector Lightning, tras transcurrir una hora sin haberse desbloqueado el dispositivo móvil, es decir, es necesario introducir la contraseña, huella o reconocimiento facial para adquirir dichos datos.

Android 9 ha introducido un nuevo modo de bloqueo, conocido como ‘Lockdown Mode’ (deshabilitado por defecto), que permite que el usuario deshabilite de forma sencilla y rápida las capacidades de autentificación biométrica del dispositivo móvil, incluyendo la funcionalidad de Smart Lock, y así ocultando todas las notificaciones. Estos modos fuerzan a que sea necesario introducir el código de acceso para hacer uso del dispositivo.

En los últimos años, los dispositivos Apple han mostrado diferentes vulnerabilidades que han permitido evitar la pantalla de desbloqueo sin disponer del código de acceso, permitiendo así el acceso a información de contactos, fotos, conocer la última app utilizada, o compartir contenidos, entre otros. Esto se debe a Siri, el asistente digital personal de iOS, a partir del cual con la pantalla boqueada se podría incluso desactivar las capacidades remotas de búsqueda del dispositivo, lo que supondría un gran problema en caso de robo o extravío.

El CNI avisa que existen nuevas capacidades asociadas a los gestores de contraseñas móviles, que pueden ser empleados para ejecutar ataques de ‘phishing’, es decir, suplantación de identidad de una persona o empresa de aparente confianza a través de un SMS u otro tipo de mensaje, para así adquirir información personal del usuario, de una manera más sencilla y práctica.

Asimismo, en un momento en el que los usuarios son cada vez más conscientes de la necesidad de proteger su privacidad, tomarán especial relevancia las capacidades de las que disponen los dispositivos móviles actuales para monitorizar, registrar y disponer de un historial de todas las actividades de los usuarios, tanto en iOS como en Android.

La posibilidad -inédita en democracia- de hacer coincidir las elecciones generales con las autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo de 2019 rondó la cabeza de Pedro Sánchez y su Gobierno, pero al final no se materializó.

Los barones socialistas temían dicha coincidencia, aunque había un dato económico nada baladí que hizo a más de uno dudar: España se ahorraría en torno a 175 millones de euros al prescindir de una convocatoria electoral específica para las generales.

Los últimos comicios de junio de 2016 supusieron un coste de 130 millones de euros en gastos de organización y 45 millones en subvenciones electorales otorgadas a los partidos que concurrieron. Esos 175 millones supusieron, con todo, un pequeño ahorro con respecto a las elecciones de diciembre de 2015 ya que se destinaron 185 millones a aquella cita electoral.

Sin embargo, las elecciones del 26-J de hace dos años y medio apenas aclararon el panorama político con respecto a los comicios del 20 de diciembre de 2015 ya que Mariano Rajoy sólo pudo gobernar tras la abstención de una parte importante del PSOE, mientras que ahora Pedro Sánchez alcanzó el poder gracias a una moción de censura para la que requirió el apoyo del independentismo catalán.

¿En qué se destinó esa cantidad de 175 millones a las últimas elecciones que ahora habrá que utilizar para el 28-A? El grueso correspondió a los costes organizativos de la maquinaría electoral y dependía, por tanto del Ministerio del Interior. Al tratarse de gastos estructurales, el coste era prácticamente idéntico de unos comicios a otros, así que había poco margen de ahorro.

En este sentido, unos 55 millones de euros se fueron a pagar al personal de la Administración que intervino en cada uno de esos procesos electorales, incluidos los operativos especiales de seguridad. Otros 50 millones de euros fue el coste de los envíos electorales a través de Correos, cifra que incluyó, entre otros conceptos, la parte que cubría directamente el Estado en el franqueo de la propaganda electoral de las distintas formaciones políticas.

Además, en cada convocatoria general se destinan unos 12,5 millones de euros en gastos de logística organizativa y alrededor de 13 millones de euros en dispositivos de telecomunicaciones aplicados al proceso electoral.

SUBVENCIONES A LOS PARTIDOS EN LAS GENERALES

Junto al presupuesto de la maquinaria electoral oficial, el otro gran bloque de gasto público lo constituyeron las subvenciones que reciben los partidos políticos por participar en los comicios. Son aportaciones públicas con las que las candidaturas sufragan el dinero que destinan a sus respectivas campañas.

Entre los comicios del 20-D y los del 26-J sumaron un total de 100 millones de euros por este concepto: 55,4 millones en subvenciones políticas por las elecciones de diciembre de 2015, y algo más de 44 millones de euros por las de junio de 2016.

El abultado gasto extra que llevó consigo la repetición electoral obligó a modificar los Presupuestos Generales del Estado de 2016 con una partida extraordinaria ya que cuando se elaboraron no se contempló partida para una repetición electoral. No se había consignado dinero para unas nuevas elecciones generales y eso obligó a inyectar fondos extra al Ministerio del Interior.

En los últimos años han surgido voces que piden que en las elecciones se haga una campaña más austera y con contención del gasto, pero apenas se ha avanzado. Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general del Podemos, Pablo Iglesias, incluyeron en su acuerdo presupuestario para 2019 su compromiso de impulsar una amplia reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en la que, en otras medidas, se impone un ‘mailing’ único en las campañas electorales.

“Se acuerda realizar un ‘mailing’ electoral único”, reza el documento suscrito por ambos políticos en octubre en el Palacio de la Moncloa. Tras las elecciones generales de diciembre de 2015, los partidos ya analizaron la conveniencia de poner fin al envío postal de propaganda electoral por separado, pero finalmente no hubo acuerdo y en las legislativas de 2016 todos los electores volvieron a recibir en su buzón un sobre de cada formación.

Los defensores del ‘mailing’ único, principalmente Ciudadanos y Podemos, lo plantearon como una medida para ahorrar, pero chocaron principalmente con la oposición de PP y PNV, reacios a renunciar a una herramienta subvencionada que permite a los partidos enviar directamente las papeletas de votación a los electores en todos los rincones de España.

El PSOE sí era más proclive a aceptar el fin el ‘mailing’ y finalmente se compeometió a ello con el grupo morado, aunque haya quedado en papel mojado. En las recomendaciones para reformar el régimen y la financiación de los partidos políticos que PSOE, Podemos y Ciudadanos pactaron en el Congreso “abordar la regulación de un ‘mailing’ electoral que evite los gastos innecesarios y garantice un auténtico pluralismo e igualdad entre los partidos políticos concurrentes a las elecciones’, pero no se habló de su supresión total.

El acuerdo de socialistas y morados se selló un día después de que la Comisión de Justicia del Congreso aprobase una reforma de la LOREG, incluida en la nueva ley de Protección de Datos, que permitirá que los electores que lo deseen pedir al Censo que no pase su datos personales a los partidos para así poder evitar el buzoneo de propaganda electoral. Esta reforma se aprobó en pleno y está previsto que esté en vigor para las citas electorales de 2019. 

Con la decisión final del Consejo de Ministros para realizar la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos quedan por delante varios obstáculos legales. El Gobierno no descarta ninguna acción legal para sustituir a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos y evitar así el veto del prior a la exhumación, pero tiene que ganar el recurso de la familia ante el Tribunal Supremo.

El Gobierno señaló en su momento, cuando acordó llevar adelante los últimos pasos de la exhumación, que para entrar en la basílica solicitaría la autorización a las autoridades eclesiásticas o también podría tomar medidas legales.

Aunque el Ejecutivo explicó a qué medidas se refería, el informe de 2011 de la comisión de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos, como publicó MONCLOA.COM, mostró una vía para conseguir salvar el obstáculo en que se ha convertido el prior del Valle. El Gobierno puede modificar el convenio con la abadía de Silos, que está aprobado mediante un decreto de 1958. También podría sustituir esta comunidad por otra, según este convenio, si no ha cumplido los fines establecidos.

El senador de Compromís, Carles Mulet, realizó una batería de preguntas parlamentarias al Gobierno sobre esta posibilidad. Concretamente, el senador preguntó cuándo pensaba derogar el decreto por el que se establece la Fundación del Valle de los Caídos y si el hecho de tratarse de un decreto franquista no era “suficiente motivo” para hacerlo.

Una de las preguntas presentadas por Mulet interrogaba al Ejecutivo en estos términos: «¿Piensa el Gobierno pedir al Vaticano la sustitución de los benedictinos por otra orden religiosa menos facha?»

El senador también preguntó al Gobierno si había comunicado a la Santa Sede la necesidad de cambiar a la orden de los benedictinos de la gestión del Valle de los Caídos. Mulet considera que los religiosos estarían incumpliendo las obligaciones que les impone el convenio suscrito para la gestión de este lugar y que, tal como prevé el mismo documento, el Gobierno debería pedir al Vaticano su sustitución.

El Ejecutivo ha respondido al senador Mulet que actualmente “no existe ninguna previsión” sobre las actuaciones que señala en sus preguntas. No obstante, le recuerda que “El Gobierno se reserva todos los instrumentos legales a su disposición para dar cumplimiento al mandato democrático emanado de las Cortes Generales” para dar cumplimiento al decreto que modificó la Ley de Memoria Histórica, que sirve para ordenar la exhumación de los restos de Franco.

Además de las posibilidades legales que tiene el Gobierno a través del decreto de 1957 que aprobó el convenio con la Abadía de Silos, podrían existir otras vías. El Valle de los Caídos es propiedad de Patrimonio Nacional y, según la ley que lo regula desde 1982, el Gobierno debería haber constituido una comisión que tendría que haber realizado una propuesta sobre qué hacer con el convenio y también sobre “el régimen jurídico de los bienes integrados en el patrimonio de la fundación”.

“El Gobierno se reserva todos los instrumentos legales a su disposición para dar cumplimiento al mandato democrático emanado de las Cortes Generales”

Desde la aprobación de esta ley de Patrimonio Nacional no se ha desarrollado esta previsión. Además, esta norma ya señalaba que el Gobierno debería adecuar el decreto franquista al régimen jurídico actual y también preveía que decidiera si renovaba o daba por enterrado el convenio con los benedictinos. Esta disposición también hace referencia a que el Ejecutivo debería resolver “el régimen jurídico de los bienes que deban quedar sometidos a la legislación aplicable sobre cementerios y sepulturas”, lo que también podría influir sobre el enterramiento de Franco.

La decisión del Consejo de Ministros es el último paso en un proceso que se inició con la aprobación de un decreto ley que modificó la Ley de Memoria Histórica. Tras ello, el Gobierno inició varios trámites. En primer lugar, pedir la licencia de obras al ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, municipio en el que se encuentra el Valle de los Caídos.

El Ejecutivo también solicitó un informe sanitario de la Comunidad de Madrid, que ya fue entregado y que no pone problemas a la exhumación. Finalmente, solicitó al prior del Valle permiso para acceder a la Basílica. Como se trata de un lugar de culto, necesita el permiso de la autoridad eclesiástica.

LA FAMILIA NO AUTORIZA LA EXHUMACIÓN

El prior negó esta autorización porque la familia no ha autorizado la exhumación y porque la decisión aún no es firme, ya que faltaba un pronunciamiento final del Tribunal Supremo. Con la aprobación de este nuevo paso por el Consejo de Ministros, este puede dejar claro al prior que hay que cumplir la ley, un límite que, según han señalado en ámbitos eclesiásticos, el prior no rebasaría. Sin embargo, el religioso aún podría acogerse a esperar a lo que decida el Tribunal Supremo.

Este tribunal se pronunció ante un recurso de la familia de Francisco Franco, contraria a la exhumación, que pedía la suspensión cautelar hasta que no resolviera el recurso presentado. El Supremo no se pronunció sobre el fondo del asunto, ya que considera que todavía no se había ordenado la exhumación como tal, sino los procedimientos previos y, por lo tanto, no podía pronunciarse.

El Tribunal Supremo señaló, no obstante, que la decisión final del Gobierno, cuando se diera, no podría ejecutarse hasta que el tribunal no tomara una decisión al respecto. De esta manera, finalmente el Gobierno tiene pendiente este frente y el del prior de la abadía benedictina.

La decisión del Tribunal Supremo no está en manos del Gobierno, pero el Ejecutivo no descarta ninguna de las medidas legales que podría tomar para apartar de su camino al prior benedictino, el único gran obstáculo que se interpone, dejando aparte la decisión de la Justicia.

Por su parte, la Fundación Francisco Franco, que ha intentado sin éxito que el Gobierno admitiera su personación en el proceso, cree que la instructora del Ministerio de Justicia del expediente de exhumación debería darle traslado de la propuesta de resolución, antes de elevarla al Consejo de Ministros.

La Fundación Francisco Franco ha presentado numerosas alegaciones sobre el proceso de exhumación. Una de las últimas es un informe del exdirector general de urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, en el que señala que las normas urbanísticas de San Lorenzo de El Escorial obligan a que para cualquier tipo de obra en la basílica del Valle de los Caídos sea necesaria la elaboración de un plan especial, que no se ha realizado.