Ada Colau buscaba desde hace tiempo una salida digna para su mano derecha y parece que la ha encontrado. La alcaldesa es consciente de que un peso pesado de su grupo municipal necesitaba una salida digna pese a los deseos de algunos sectores de Barcelona en Comú de despedir a Gerardo Pisarello sin remilgos.
El primer teniente de alcalde de la Ciudad Condal tenía marcada la puerta de salida desde que el ‘sector ICV’ de Barcelona en Comú calentase el ambiente interno hasta tal punto que Xavier Doménech se vio forzado a dimitir.
Los ‘comunes’ querían cobrarse la cabeza del escritor hispano-argentino y Bruselas parecía su destino idóneo. Pisarello concurrió a las primarias internas de Barcelona en Comú para las europeas y fue escogido con tan solo 119 votos, 1,37% del censo y 92.97% de los votantes.
Estas cifras evidencian el desánimo interno en el que están sumidos los socios catalanes de Podemos, que podrían llevar al profesor de Derecho Constitucional como número uno por la circunscripción de Barcelona en las generales del 28-A, tal y como adelanta La Vanguardia.
PISARELLO, GENIO Y FIGURA
Gerardo Pisarello podría caerse de las listas para las europeas por las previsibles dificultades para llegar a Bruselas. El hispano-argentino ya concurrió en la lista de Izquierda Unida en 2014 sin conseguir el éxito esperado.
En Podemos son conscientes de que Ernest Urtasun podría ser el único eurodiputado afín a Colau, que sin embargo ha preferido reforzarse para el Congreso con su hasta ahora mano derecha. Este hueco estaba destinado en un principio a Jaume Asens, tercer teniente alcalde de Barcelona.
Cierto es que el hombre escogido por Colau no contribuía demasiado a su reelección por sus continuas guerras con la oposición (en especial con Carina Mejías, a la que afeó que falsificase su currículum), por su exhibición de desconocimiento a la hora de plantear los presupuestos municipales y por un polémico viaje tan legal como polémico.
Pisarello señalaba en Twitter que tenía muchas ganas de «llevar a Europa la voz de las ciudades del cambio. Es hora de dar un paso que ayude a hacerlo realidad». Ahora sus opciones de viajar a Bruselas se rebajan. Pero otro viaje ya le pasó factura.
Xavier Domènech y Ada Colau en un mitin en Cataluña.
El profesor, huérfano de padre (víctima de la dictadura militar de Videla), disfrutó de unas vacaciones de altos vuelos el pasado año. El teniente alcalde descansó en Argentina y Uruguay entre el 2 y el 30 de agosto con sus hijos y su pareja, Vanessa Valiño, jefa de gabinete de la concejalía de Vivienda y Rehabilitación.
La polémica estuvo motivada porque el viaje de Pisarello y parte de sus gastos y dietas se cargaron al erario municipal y a las Universidades de Buenos Aires y Rosario. Barcelona en Comú explicó que los gastos de pareja e hijos se sufragaron con fondos familiares y que su primer teniente de alcalde participó en algunos actos relacionados con la política.
Pero la pregunta estaba servida y el PDeCAT la realizó: «Si el destino de las vacaciones de este año de Pisarello y su familia no fuera su país natal, ¿hubiera ido el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona en pleno mes de agosto a firmar protocolos y memorandos a Argentina y Uruguay?».
CERCANÍA CON LOS LÍDERES SOCIALES DEL PROCÉS
Pisarello se ha mostrado cercano a los líderes sociales del procés y el pasado año visitó a Jordi Cuixart en Soto del Real. En una entrevista concedida a El Diariotildó de «inaceptable» la situación de su amigo, hecho que él achacó al «retroceso muy importante en materia de libertades».
Sea como fuere, su fichaje para liderar Unidos Podemos por Barcelona el 28-A es un nuevo síntoma de la inestabilidad en Catalunya de los morados, que ganaron en 2015 y 2016 en esta comunidad autónoma en las elecciones al Congreso.
Pero los tortazos autonómicos de 2015 y 2017, la presión a Albano-Dante Fachin para que dimitiese por su apoyo a la consulta del 1-0, la renuncia de Domènech y el triunfo por sorpresa en las primarias de Podem de Noelia Bail, distanciada de Iglesias y con un escuálido apoyo interno, ha creado un caldo de cultivo difícil de reconducir.
Noelia Bail junto a Pablo Iglesias en un acto de 2016. Foto: Web de Podemos.
Aun así, Unidos Podemos quiere volver a llamar a la ‘remontada’ para el 27-A y pretende imponer la paz en Catalunya con Pisarello, rebajar la guerra en Madrid con Errejón, recabar apoyos en Galicia de los alcaldes gallegos del cambio y de Anova (pese a que perderán la marca En Marea), y no abrir un ambiente bélico con Compromís pese a que no se reeditará el pacto A la valenciana.
La dirección de Vox ha enviado a todos los afiliados una propuesta de modificación de los estatutos internos del partido, que implica la supresión de las elecciones primarias abiertas que había hasta ahora dentro de la formación conservadora.
MONCLOA.COM ha tenido acceso al texto de los nuevos estatutos (pinche aquí para leerlo) que supone un profundo cambio de las normas internas de Vox en comparación con el texto que se aprobó en octubre de 2015 (lea aquí el documento). El partido ha abierto en su web una votación telemática para sus afiliados en la que ya se puede votar la citada reforma de los estatutos.
La última palabra sobre esta reforma la tendrán los compromisarios que accedan a la asamblea general del próximo sábado 23 de febrero ya que uno de los puntos a discutir en el congreso extraordinario es la “actualización de los Estatutos y demás normativa interna” ante el crecimiento de afiliados que está experimentando el partido de Abascal.
Los nuevos estatutos reformulan drásticamente el artículo 24 sobre «el procedimiento para la designación de candidatos a cargos públicos electos». En el texto de 2015, que rige a día de hoy, se dejaba claro que los candidatos de Vox «se elegirán por el sistema de elecciones primarias abiertos a todos los afiliados de dicha circunscripción«. Es decir, en línea con las primarias que existen en partidos como el PSOE, Ciudadanos o Podemos.
En la nueva versión se elimina ese párrafo y se otorga el poder de elección ‘a dedo’ a los Comités Ejecutivos Provinciales (CEP) de cara a elecciones autonómicas o municipales, ya que estos «propondrán» al Comité Ejecutivo Nacional (CEN, la dirección del partido) los candidatos más idóneos, quedándose el CEN con la potestad de revisar, modificar y aprobar «la lista electoral definitiva».
Para las elecciones generales y europeas, el ‘dedazo’ se aplica con más contundencia ya que «el CEN aprobará las listas de los candidatos definitivos previa consulta a los CEP». Además, la dirección se guarda la posibilidad de que «en determinadas situaciones» pueda aprobar «la concurrencia de candidatos independientes».
AFILIACIÓN «PROVISIONAL» EN VOX DURANTE 9 MESES
Otro cambio polémico es el blindaje de 4 años para cambiar los CEP, cuya vigencia hasta ahora era de 2 años. Además, se concede una mayor discrecionalidad a los CEP y a sus presidentes provinciales para designar y destituir «a placer» a los coordinadores locales, «fomentando la consolidación de clanes o familias a nivel provincial», según advierten a este medio afiliados críticos con la dirección del partido.
Asimismo, se elimina la figura del Comité Ejecutivo Local y los afiliados estarán catalogados como «provisionales» durante sus primeros 9 meses de militancia. Durante este tiempo de observación, «podrán ser expulsados bajo cualquier pretexto arbitrario que cualquier delator de los CEP quiera elevar al CEN», añaden las citadas fuentes.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, junto a otros líderes de su partido en un mitin en Andalucía. Foto: Flickr Vox
Del mismo modo, se introduce la figura del «simpatizante» del partido, se crea un nuevo Comité de Garantías (CG) para que los afiliados puedan impugnar los acuerdos de los órganos del partido que se estimen contrarios a la ley o los estatutos, y se podrá expulsar del partido al que no pague durante 3 meses la cuota de afiliado (hasta ahora eran 6 meses).
Otra novedad es que para que un grupo de afiliados quiera incluir un punto en el orden del dia de una Asamblea General, se requerirá que venga avalada por el 20% de los afiliados (hasta ahora se exigía el 10%).
Entre las infracciones muy graves, que pueden ocasionar la expulsión de Vox, se incluyen ahora «las filtraciones de cualquier documentación o información» del partido y la condena «por sentencia penal firme» por delito relacionado con la corrupción. En este último caso, conllevará la expulsión de Vox sin poder acogerse a la tramitación de un expediente disciplinario.
La propuesta de eliminación de las primarias internas ha provocado revuelo interno en Vox. MONCLOA.COM ha tenido acceso a mensajes que están circulando entre afiliados descontentos, en los que se explica así el intento de Abascal por modificar los estatutos: «La reforma de estatutos que se propone realizar la Asamblea Nacional de VOX este sábado es una merma manifiesta de la democracia interna, un revés a la participación de la militancia en los órganos de gobierno del partido y un muro a la concurrencia de numerosos afiliados a procesos electorales.
Otro mensaje señala que «la eliminación de la figura del Comité Ejecutivo Local y la abolición de las elecciones primarias supone un secuestro de la democracia interna en un partido que venía a regenerar la política y a fomentar la participación«.
«BLINDAR» EL PARTIDO DE «ARRIBISTAS»
Por todo ello, reclaman que se vote en contra de la reforma de los estatutos de Vox. Para ello, informan de cómo hacerlo: «Entra en el ‘panel del afiliado’ de la web https://voxespana.es/panel-vox con tu DNI y contraseña, selecciona la opción ‘voto telemático’, busca de las 5 propuestas existentes, la de ‘reforma de los estatutos’, selecciona ‘votar ahora’ y VOTA NO».
Desde la dirección de Vox se justifica este cambio de estatutos ante el objetivo es “blindar” al partido “de los arribistas” que hayan podido entrar en el partido en las últimas semanas y que podrían intentar el asalto a algunas candidaturas para luego “hacer daño” a la formación derechista desde las instituciones.
Vox tiene previsto enviar a lo largo de la jornada de hoy una nota informativa a los casi 35.000 afiliados de cara a la asamblea general que se celebrará el próximo sábado en el teatro de Bellas Artes de Madrid, según supo MONCLOA.COM de fuentes de la dirección que lidera Santiago Abascal.
Este lugar sólo tiene un aforo permitido de 455 personas, de ahí que únicamente entrarán un número limitado de representantes de los comités provinciales -entre 7 y 8 en función del tamaño de cada provincia, según las citadas fuentes–.
Ello implica que sólo los afiliados más veteranos podrán acceder al recinto, al llevar en el partido varios años y formar parte de los citados comités provinciales. En el congreso del teatro Bellas Artes se aprobarán las cuentas auditadas de 2018 y se procederá a la modificación de estatutos tras el súbito crecimiento de afiliados en los últimos meses.
Para cumplir con los actuales estatutos, el partido ‘verde’ abrirá la propuesta de modificación de estatutos al voto telemático hasta el viernes y serán los compromisarios los que tengan la última palabra en la cita del 23-F.
Por el momento, se desconoce qué formula presentará Abascal a los afiliados para modificar los estatutos, aunque el objetivo es «blindar» al partido «de los arribistas» que hayan podido entrar en Vox en las últimas semanas y que podrían intentar el asalto a algunas candidaturas para luego «hacer daño» a la formación derechista desde las instituciones.
Las citadas fuentes apostaron por una limitación de antigüedad para aquellos afiliados que se quieran presentar a primarias o, en último término, eliminar las votaciones internas en esta ocasión y dejar que la dirección sea la que elija ‘a dedo’ a los cabeza de listas en las comunidades autónomas y municipios.
El orden del día de la asamblea del 23-F consta de cuatro puntos, tal y como adelantó MONCLOA.COM el 1 de febrero. El primero de ellos es tratar el informe del tesorero, Andrés Porta, y la aprobación de las cuentas anuales de 2018, “previamente auditadas”, en un momento en el que ha causado revuelo la noticia de cómo se financió Vox en sus inicios antes de las elecciones europeas de 2014 gracias a las donaciones de un grupo iraní en el exilio.
El segundo punto de la asamblea será un informe del secretario general del partido, Javier Ortega Smith, sobre la “situación organizativa” del partido y a renglón seguido se abordará el punto más delicado de la convocatoria: la “actualización de los Estatutos y demás normativa interna” ante el crecimiento de afiliados que está experimentando el partido de Abascal.
La avalancha de afiliaciones le ha llevado a multiplicar por seis el número de inscritos. A principios de 2018 contaba con 5.085 y un año antes, apenas tenía 3.400 afiliados.
Los estatutos del partidos fijan -a día de hoy- la celebración de primarias para elegir candidatos. En Andalucía, por ejemplo, hubo 12 candidaturas y salió elegida la del exjuez Francisco Serrano. En la actualidad se han designado presidentes provinciales y no se descarta que haya primarias para elegir candidatos a cargos autonómicas, pero no ocurre lo mismo en los pueblos y localidades, que siguen sin cabezas visibles para las elecciones de mayo salvo contadísimos casos -uno de ellos es Fulgencio Coll para la alcaldía de Palma de Mallorca-.
Abascal y el resto de miembros de la Ejecutiva temen que en la masiva afiliación que ha experimentado el partido en los últimos meses haya “infiltrados” de otros partidos, de ahí que Vox esté estudiando introducir en los estatutos “algún principio cautelar que acote la fórmula de participación en las primarias”.
Por el momento, se desconoce cuáles son los planes de la dirección, pero en algunas delegaciones provinciales se ve necesario poner un mínimo de antigüedad -se habla de seis meses o un año- para ser candidato a las primarias, salvo en aquellos casos que a la dirección le interese un fichaje en concreto. En las últimas semanas, por ejemplo, desde Vox se está tentando a cuadros medios -y algún alto- del PP para que se incorporen a sus filas.
Con ello se descartaría como candidatos a una parte muy importante los nuevos afiliados que se han apuntado en masa desde la moción de censura y las últimas elecciones andaluzas, ante las dificultades de Vox para saber quiénes son de fiar y quiénes no. A Ciudadanos le ocurrió algo parecido hace cuatro años y tuvo que recurrir a una empresa de ‘headhunters’ para cribar a los candidatos.
Más problemático para Vox sería ampliar ese mínimo de antigüedad para la votación de las primarias, ya que ese efecto retroactivo dejaría sin voz ni voto a miles de afiliados -más de 25.000 si el corte es de un año-.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, en una ofensiva en varios medios de comunicación, ha intentado evitar responder sobre las opiniones reflejadas en el almuerzo con su amigo el comisario José Manuel Villarejo recurriendo a dos clásicos: ensuciar al mensajero y acogerse a medias verdades. Sin embargo, sigue sin aclarar sus almuerzos privados con el abogado de los policías presuntamente responsables de la vergonzosa ‘Operación Kitchen’.
Delgado sostiene que “las cintas están manipuladas”, una afirmación insostenible, dado que el material fue verificado por un especialista para MONCLOA.COM y además lleva cinco meses depositado en la Audiencia Nacional y la Fiscalía, que no han manifestado duda alguna al respecto.
MONCLOA.COM ha evitado hasta ahora publicar la integridad del audio de aquel almuerzo entre Villarejo y sus amigos para respetar la vida íntima de algunos de sus protagonistas. Singularmente, la que afecta a la más íntima privacidad de la ministra Delgado y sus hijos, así como la de su amigo el abogado Baltasar Garzón, con la que este diario ha sido hasta ahora escrupulosamente respetuoso.
En realidad la ministra, que tras negar golpeando una mesa con los puños en primera instancia sus palabras en esa comida de amigos, tuvo que emitir un comunicado oficial reconociendo a los pocos minutos que sí llamó a Marlaska «maricón”.
La hoy ministra pedía permiso a Baltasar Garzón para contar algo que llevaba horas intentado decir a sus amigos policías. El diálogo fue textualmente este:
–Delgado: ¿Puedo contar lo de este?
–Garzón: Sí
–Delgado: Un maricón.
–Villarejo: ¿Quién es maricón?
–Delgado: Marlaska.
Ahora sobre la noticia de su amistad y sus comentarios impropios e indignos de un funcionario público, añade otro oprobio: a su juicio, “tuvo un tratamiento machista”. Conforme a su estructura de expresión verbal, basada en la repetición de tres en tres, declara que el tratamiento de la noticia fue «bastante machista, muy machista, exageradamente machista».
Esto llega tras lo de “derecha, extrema derecha y extrema-extrema derecha”, o su desliz de subconsciente al llamar a Casado, Rivera y Abascal, la “derecha trifálica”. Ahora reconoce que quiso decir “tricéfala”. Todo de tres en tres.
La idea del machismo ya la apuntó la hija de su amigo Baltasar Garzón, María Garzón, en los días de la ofensiva conjunta del Gobierno y la SER contra este diario por desvelar la verdadera naturaleza de la amistad entre tres elementos claves: Garzón, Delgado y Villarejo. María Garzón dijo en la SER, mientras su padre pedía que los policías se hicieran cargo de las informaciones de MONCLOA.COM, que “todo tiene un tufo machista”.
Delgado dijo en aquel almuerzo para celebrar la medalla de su amigo Villarejo –pagado por el comisario– que prefería “tribunales de hombres”, que una agencia de prostitutas para sacar “información vía vaginal” a políticos y empresarios sería “éxito seguro”, entre otros detalles sobre sus gustos sobre el género masculino y confidencias sobre la orientación sexual de su compañero de carrera judicial y gabinete, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
TOLERANCIA CON LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MENORES
La ministra acaba de enviar una severa misiva a la Conferencia Episcopal Española reclamando toda la información sobre posibles casos de abusos sexuales a menores. Sin embargo, en aquel almuerzo reveló mucha menos diligencia a la hora de actuar de oficio (como es su obligación como funcionaria pública y más aún, fiscal) cuando relató cómo vio a compañeros de la carrera judicial con menores de edad en actitudes sexuales en un viaje a Cartagena de Indias (Colombia).
Sin embargo, Dolores Delgado no aclara por qué se ve reiteradamente con el abogado Baltasar Garzón en encuentros en restaurantes, algunos menos privados y otros más íntimos. Garzón es el letrado de buena parte de lo que se ha identificado como la camarilla policial de Villarejo. En sus manos está la defensa del compañero de actividades del policía en prisión, el comisario Enrique García Castaño, ‘el Gordo’; el comisario que también fue detenido e implicado en la ‘Operación Tándem’, Carlos Salamanca, y del ex director Operativo de la policía con el PP, Eugenio Pino.
Tanto García Castaño como Pino están siendo implicados en el espionaje a Luis Bárcenas presuntamente financiado con fondos reservados. La ‘Operación Kitchen’. Ambos están pendientes de calificación por la fiscalía. Mientras, su abogado, mantiene encuentros con mesa, mantel y cuchillo, con la jefa de la Fiscalía, la ministra de Justicia Dolores Delgado.
UN HUECO EN LAS LISTAS
Fuentes del palacio de La Moncloa reconocen que la aún ministra de Justicia ha pedido a Pedro Sánchez hueco en las listas del PSOE. Aunque los márgenes de electos, a decir de las encuestas van a estar muy justos y los puestos de salida van a estar contados, parece que Sánchez está por la labor de acoger en el Grupo parlamentario socialista a todos los ministros que no eran profesionales de la política y están dispuestos a incorporarse el 28-A a las filas del PSOE.
Lo que fuentes jurídicas señalan MONCLOA.COM es el difícil viaje de vuelta de Dolores Delgado a su carrera de fiscal. No solo la ministra ha sido ofensiva a hiriente con todos los grupos de la oposición, sino que tampoco ha mostrado contención verbal hablando de muchos otros asuntos.
Su manifiesta amistad con Garzón, que tiene numerosos intereses mercantiles asociados a su despacho-empresa, tampoco ayudan a pensar en una fiscal imparcial. Además, su severa y autoritaria gestión de personal ha motivado huelgas de jueces y fiscales, poco satisfechos con su manera de abordar los problemas laborales de quienes fueron sus compañeros.
Dolores Delgado tiene 56 años, si logra ser elegida y estar una legislatura en el Congreso regresará a la Justicia con 60 años. Aún le quedarán largos periodos judiciales en los que tendrá que abstenerse de numerosas cuestiones.
Desde que dejase de ser presidenta en Andalucía, Susana Díaz se ha mantenido en la sombra de la oposición. Sin manifestarse de forma destacada acerca del nuevo gobierno de los populares, la líder socialista comenzó un intensivo rearme defensivo frente a las presiones de Ferraz.
En este amargo trago que sufre Pedro Sánchez tras convocar elecciones generales anticipadas, Díaz destacó que el presidente hacía lo correcto. Pero sólo dos meses le han bastado a la dirigente socialista para ir conformando un equipo en el que apoyarse de cara a las elecciones generales y municipales que tiene por delante. La decisión de mantenerse discretamente al margen de la oposición al Partido Popular, tras el varapalo que obtuvo en las andaluzas del pasado 2 de diciembre, favoreció ese trabajo.
Díaz también permaneció ausente en la polémica propuesta de Sánchez hace unos días de establecer la figura del relator para hacer de moderador con el Govern catalán. Esta postura al margen hizo saltar las alarmas, pues la expresidenta siempre había mantenido distancias con el líder socialista.
Finalmente, el viernes Pedro Sánchez tomó la decisión de convocar elecciones generales el próximo 28 de abril. La decisión no fue recibida con asombro por Susana Díaz, quien comentó que el presidente “ha hecho lo que tenía que hacer”. Además, subrayó que todavía no había hablado con él puesto que se verían las caras en el “primer acto de precampaña” del fin de semana.
Este silencio fue llamativo, ya que Sánchez fue quién puso en tela de juicio el futuro de la dirigente socialista en Andalucía después de los resultados en esta comunidad. Asimismo, desde el PSOE se especuló con tres nombres posibles para sustituirla al frente del PSOE andaluz: las ministras María Jesús Montero o Carmen Calvo y la ‘número dos’ de la expresidenta, Verónica Pérez.
Estos últimos movimientos no habrían dejado a la líder socialista muy tranquila. De esta manera, y viendo que la cúpula socialista podría arrebatarle su cargo, tejió una red de contactos para preparar para una “vendetta” contra Pedro Sánchez.
EL EQUIPO DE DÍAZ
“El PSOE-A da todo su apoyo y colaboración al presidente Pedro Sánchez tras convocar elecciones ante el bloqueo de los PGE de PP, Cs y el independentismo. Necesitamos una gran movilización para frenar lo ocurrido en #Andalucía con la suma de derechas y ultraderecha”, publicó, no obstante, la expresidenta en Twitter.
Susana Díaz “no ha dejado de hablar con los suyos” para hacer un análisis sobre la actual crisis interna en la que se sume su partido. Desde su entorno, se destacó que Díaz seguía teniendo a “tres o cuatro personas” de confianza a su lado.
ASESORADA POR EL VIEJO PSOE
Felipe González, Alfonso Guerra, Alfredo Pérez Rubalcaba y Manuel Chaves, son algunos de los antiguos miembros socialistas con los que conversó la dirigente andaluza. Además de haber establecido una red de contactos con los ocho secretarios provinciales andaluces y algunos alcaldes socialistas.
“Yo me siento orgullosa de ser socialista y feminista. Cuando hay que decir las cosas que hace mi partido que no me gustan, no me tiemblan las piernas”
Sin duda, la dirigente socialista, apartada del foco mediático estos meses posteriores a las elecciones autonómicas andaluzas, ha trabajado desde San Vicente (sede del PSOE andaluz) para corregir los errores cometidos durante su última etapa como presidenta.
Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP en esta región, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el vicepresidente de Ciudadanos, Juan Marín, también han reclamado a Díaz atención respecto a la crisis catalana o al “relator” de Sánchez.
“Me ha hecho referencia a los acuerdos de Pedro Sánchez, pero no mire a lo ajeno lo que tiene que ver en casa. Yo me siento orgullosa de ser socialista y feminista, pero por encima de todo me siento demócrata. Cuando hay que decir las cosas que hace mi partido que no me gustan, no me tiemblan las piernas”, reprochó Díaz al actual presidente de la Junta.
Ahora, la líder socialista andaluza pretende movilizar al electorado de izquierda que ha perdido su partido en el caso de que Sánchez se estrellase. Por ello, Díaz se mantiene en un segundo plano gracias al consejo de los barones del PSOE. De esta forma, el objetivo primordial de ésta sería centrarse primero en las municipales y después en la confrontación con Moreno Bonilla.
Después de su encuentro con Pedro Sánchez, la dirigente andaluza tendrá tiempo para preparar las elecciones generales junto con su formación. Díaz subrayó hace unos días que los votantes que no acudieron a votar el 2-D “ahora sí” tendrán la oportunidad de hacer posible un cambio.
Según hizo hincapié Díaz, son muchos los que le han transmitido que se arrepienten de no haber votado tras “el pacto de las dos derechas y la ultraderecha”. Por este motivo, la líder andaluza consideró que “la gente ha tomado nota» de este pacto y del recorrido que puedan tener promesas electorales como la creación de 600.000 puestos de trabajo.
La convocatoria de elecciones generales ha pillado a contrapié al centro-derecha navarro. UPN había acentuado en los últimos tiempos su distancia con el PP, formación con la que concurre a las elecciones generales desde 1982.
UPN, que acaba de cumplir cuarenta años de vida, nació en 1979 tras una ruptura con UCD por la decisión de Suárez de apoyar la Disposición transitoria cuarta de la Constitución que hace viable la integración de Navarra a Euskadi.
Los regionalistas acudieron de la mano de AP en las generales desde 1982 y desde entonces no han separado sus destinos a nivel estatal. Sin embargo, desde 2011 UPN y PP concurren separados a las autonómicas por el pacto entre Miguel Sanz y José Blanco después de que el PSOE imposibilitase un ‘Gobierno de progreso’ en 2007 pese al acuerdo entre PSN, Nafarroa Bai e Izquierda Unida.
Javier Esparza está moderando su discurso en los últimos meses para intentar recobrar la transversalidad tradicional de UPN. El presidente de los regionalistas es consciente de que su discurso duro contra la cultura vasca le aleja del centro y provoca que votantes que confiaban hace tres décadas en Juan Cruz Alli hoy estén apostando por Geroa Bai.
El fichaje como coordinador del argumentario de José Andrés Burguete, exlíder del extinto y centrista CDN (escisión del propio UPN), se enmarca dentro de la intención de Esparza de virar al centro y recuperar el ímpetu perdido pese a su falta de apoyos internos y mediáticos.
UPN en principio tenía previsto apostar por concurrir en solitario a las generales para hacer más audible su ‘voz en Madrid. Sin embargo, la cúpula del partido ayer dio síntomas de un acuerdo PP. El pacto se podría anunciar en los próximos días.
EL PP DE NAVARRA APUESTA POR SU ‘PLAN A’
Ana Beltrán, portavoz del PP en el Parlamento navarro, apostó en noviembre por una «unión constitucionalista» con UPN y Ciudadanos para las autonómicas que ambos rechazaron. La líder popular ahora ha vuelto a contribuir al previsible acuerdo con los regionalistas, en este caso para las generales.
Pablo Casado y Ana Beltrán. Foto: Flickr PP.
El ‘Plan A’ del PP podría cristalizar. Todavía es pronto para conocer los nombres de los candidatos, pero es previsible que se caiga de las listas por el Senado el histórico José Cruz Pérez Lapazarán, que podría despedirse de la política activa tras cuarenta y cinco años en la vida pública.
Javier García, exlíder de las juventudes del CDN y actual diputado autonómico del PP, entra en las quinielas para relevarle. Recuerden que este joven político fue el número tres de la lista del centro-derecha foralista para el Congreso en 2016. Desde las filas populares desmienten a MONCLOA.com que se haya barajado todavía ningún nombre.
El ‘Plan B’ de los populares, si UPN ‘le daba calabazas’, era articular su propia candidatura. Pero tras el previsible acuerdo esta plancha finalmente podría ser liderada en el Congreso por Sergio Sayas (UPN), tal y como adelantó el pasado jueves MONCLOA.COM. Para ello deberá someterse antes a un proceso de primarias.
Al día siguiente Íñigo Alli, portavoz de los regionalistas en el Congreso, anunció su renuncia a volver a encabezar la lista por motivos «personales y familiares». Su sonoro divorcio con Esparza, señalan fuentes cercanas al partido, sería el motivo oculto del precipitado adiós.
ANA BELTRÁN SE HACE FUERTE
Ana Beltrán tiene la confianza de Pablo Casado, al que apoyó en las primarias contra Soraya Sáenz de Santamaría, que previsiblemente hubiese impuesto una renovación en el PP navarro de haber triunfado.
Cierto es que el PP tendrá un duro examen el 26-M, aunque por ahora se ha impuesto la paz con UPN, que ha apoyado a última hora la reedición del pacto. Esparza sigue perfilando su lista para las autonómicas con la intención de que la decisión no resulte demasiado traumática.
Geroa Bai lanzó el pasado viernes una propuesta de acuerdo a sus socios en el Gobierno de Navarra, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra. Los dos últimos se apresuraron a rechazar el envite para el Congreso, sabedores de la fuerza de Unidos Podemos en la circunscripción navarra. Aunque Podemos ha dejado la puerta abierta en el Senado para intentar que las ‘fuerzas del cambio’ se hagan con tres de los cuatro senadores por Navarra.
La presidenta de Navarra, Uxue Barkos.
La coalición liderada por Iglesias tiene dos de los cinco diputados navarros en el Congreso y uno de los cuatro senadores. EH Bildu ha puesto también en un aprieto a Geroa Bai al lanzarle una propuesta para intentar recuperar la voz vasquista navarra en la Cámara Baja que tuvieron ambas formaciones en diversos pactos o en solitario entre 2004 y 2015.
La otra gran duda de la izquierda en la Comunidad Foral es si Podemos e Izquierda-Ezkerra concurrirán juntos a las autonómicas. Los morados, sumidos en una brutal crisis interna, buscan el acuerdo. Y sus socios se lo piensan de nuevo, principalmente a nivel municipal, tras haberse mostrado fríos en los últimos meses por la percepción de que la suma será más caudalosa si se presentan por separado.
La amistad con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que comparte con su abogado Baltasar Garzón, no le priva al comisario Enrique García Castaño de acumular nuevos cargos por haber apoyado presuntamente de manera ilegal al comisario José Manuel Villarejo en sus investigaciones privadas o espionajes.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado el archivo de la investigación contra los cuatro directivos de un despacho de abogados en la pieza II (Iron) de la denominada ‘Operación Tándem’, por la que se encuentra en prisión el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
En un auto, los magistrados estiman el recurso de la Fiscalía Anticorrupción –al que se habían adherido varias acusaciones– que consideraba extemporáneo el archivo de la investigación respecto de cuatro miembros del despacho Herrero&Asociados sin esperar al resultado de las diligencias ya acordadas por el instructor Diego de Egea, así como la concurrencia de indicios sólidos de la comisión de delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos .
La Sala, tras analizar pormenorizadamente los indicios expuestos por la Fiscalía y la documentación que los soporta, señala que “necesariamente hay que concluir que, en estos momentos, se mantienen indicios de la participación de los investigados” en hechos que inicialmente reviste caracteres delictivos.
En este sentido, hace mención a una reunión en el Casino de Madrid entre dos de los miembros del despacho con Villarejo y su socio Rafael Redondo, que revela pasajes “en los que se hace referencia explícita a la utilización de técnicas ilegales de las que, en consecuencia, habrían tenido conocimiento los que participaron en esa reunión”.
Los magistrados entienden que todos los indicios analizados “obligan, pues, a mantener abierta la investigación con los referidos investigados, aunque prescindiéramos de la dudosa eficacia de algunos de los elementos citados por el Ministerio Fiscal en su informe”.
En este caso el cliente del presunto espionaje fue el bufete Herrero y Asociados. Las víctimas, cuatro ex miembros de esta firma que constituyeron una rival, Balder Ip Law. El material hallado en el pendrive Pfizer, con las grabaciones de la negociación de los contratos con Villarejo y su socio Rafael Redondo, reveló que los servicios contratados y efectivamente prestados podrían incluir el acceso ilegítimo a tráfico de llamadas telefónicas, y acceso ilegal a bases bancarias y fiscales. Todo ello a cambio de 625.000 euros.
En las charlas, Villarejo explica a los clientes que obtener datos de Hacienda no sale gratis. Y en este contexto se cita, en el sumario, un documento word titulado «GESTIONES BIB 8.11.2003 que contiene una serie de requerimientos de información dirigidas a BIG, identificado como el investigado Enrique García Castaño, relativo a los movimientos de cuentas de Balder Ip Law». Igualmente, con igual alias, se cita otro informe que apunta en igual dirección: «El documento word titulado BIG 2 en el que se citan números de teléfono de algunos de los integrantes de Balder y el modelo 347 de Balder Ip Law».
Esta causa fue archivada en julio de 2018 por el juez Diego de Egea, entonces adscrito al juzgado 6 de la Audiencia Nacional, en contra del criterio de la fiscalía y las víctimas que, recurso a recurso, han logrado reponer a García Castaño en el banquillo de los acusados por esta vía.
En la documentación del «Proyecto Trampa», que recoge el espionaje financiado por el BBVA y ejecutado por Villarejo, también aparecen alusiones parecidas al alias de García-Castaño, Big, números de teléfonos y, a veces, hasta el número de fax oficial del excomisario destinado en la Comisaría General de Información. El juez Manual García-Castellíon, titular del juzgado número 6 y actual instructor del caso Tándem, ya investiga dicho material, requerido a MONCLOA.COM tras su publicación.
La investigación apunta que el equipo de espionaje de Villarejo contó con ayuda en el BBVA, aunque estaban un «poco reticentes» a facilitarla, para obtener información de las cuentas bancarias de los espiados.
Los jueces consideran increíble el argumentario que dio por bueno el juez De Egea: que los directivos del bufete Herrero no sabían que Villarejo era comisario ni que su investigación se realizaba con técnicas ilegales, algo que choca con el hecho de que el comisario alude en sus charlas con dichos clientes a sus poderosas relaciones policiales para obtener lo que sea y, eso sí, advierte que tales servicios, como rastrear llamadas, son peligrosos y costosos.
Alfonso Guerra se volvió a subir por un día a las tablas teatrales para conversar con Jordi Évole. La Sexta emitió anoche la entrevista al exvicepresidente primero del Gobierno de Felipe González entre 1982 y 1991.
El político sevillano fue uno de los destacados miembros que renovaron al PSOE en 1974 tras el triunfo de Felipe González en el Congreso de Suresnes. Mucho han cambiado los discursos de la actual ‘vieja guardia’ que sufre Pedro Sánchez.
Los socialistas aprobaron en aquel Congreso que «la definitiva solución del problema de las nacionalidades que integran el Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas que comporta la facultad de que cada nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español». No es el único cambio dialéctico de Guerra y de su generación.
ALFONSO GUERRA Y ESPAÑA
El exvicepresidente del Gobierno con Felipe González. Alfonso Guerra.
Guerra explicó ante Évole que «España está en riesgo de autodisolución. Hay grupos políticos que quiere, como llaman ellos, desconectar, fragmentar, quitarle una parte a España, por eso lo he puesto».
El autor de ‘La España en la que creo’ señala que «los políticos de izquierda en la Segunda República amaban a España, la llevaban en la voz. Hoy no hay ni uno que salga a decirlo a una tribuna. Los que no se atreven a hablar de ello son una izquierda boba».
Cuatro décadas atrás, en 1979, Guerra definía a España «como nación de naciones». En aquellos momentos se preparaba la aprobación del Estatut de Sau y por aquel entonces mostró su «apoyo a esa necesaria aspiración de identidad nacional de los catalanes».
A VUELTAS CON CATALUNYA
Guerra en ‘La Galería’ del Canal 24 horas. Foto: RTVE.
Guerra señaló ayer sobre el juicio a los líderes del procés que «está claro que hay un delito porque, según el artículo 92, puede haber referéndum consultivos que convoca el rey a petición del presidente del Gobierno y previa autorización del Congreso de los Diputados. Estos políticos han convocado dos referendos por su cuenta, sin atender a la Constitución. Además, han presumido de hacerlo».
El que fuera diputado durante 38 años señalaba en 1979 que el PSOE apoyaba a los que «durante tantos años no han podido gritar ‘visca Catalunya’. Estamos aquí para reparar una injusticia de tantos años de falta de libertad y, por tanto, de falta de realidad nacional, que pertenece de una manera irrenunciable al pueblo catalán».
NACIONALISMOS
Guerra en ‘Informe Semanal’. Foto: RTVE.
«El incremento de la desigualdad trae al extremismo, trae a los nacionalistas. Cuando los grupos constitucionalistas se dedican a mimar a los extremistas puede ocurrir una tragedia. Si sigue esto de que sólo queden extremistas, al final falta un dictador para la fiesta», señaló ayer Guerra.
Cabe recordar que en 1986 Alfonso Guerra contribuyó al apoyo de Txiki Benegas a un Gobierno del Partido Nacionalista Vasco. Benegas, miembro destacado del sector ‘guerrista’, ganó en diputados en Euskadi tras la ruptura del PNV que acabó con el nacimiento de Eusko Alkartasuna.
Los renovadores, liderados por Felipe González, creían que el PSE podía sondear a otras fuerzas progresistas para tejer un Gobierno junto a EA y Euskadiko Ezkerra. Sin embargo, los ‘guerristas’ apoyaron a apuntalar al partido nacionalista con más historia a sus espaldas: el PNV. Guerra, años después, también apoyó la negociación con el brazo armado del nacionalismo vasco: ETA.
ESTABILIDAD
Alfonso Guerra en ‘Los Desayunos de TVE’. Foto: RTVE.
Guerra ayer apostaba por la estabilidad de España. Pero el 4 de febrero de 1981, diecinueve días antes del 23-F (en plena desintegración de UCD por la dimisión de Suárez y con el Ejército y ETA calentando el ambiente), al PSOE no parecía importarle demasiado la estabilidad de España.
En una entrevista publicada por El País, Guerra explicaba que no entendía «un Gobierno de coalición con UCD, porque el país difícilmente lo entendería, no se beneficiaría de ello y ni siquiera sería viable: se convertiría en un Gobierno de locos, en que los esquemas de progreso y de inmovilismo chocarían constantemente».
En aquella entrevista deslizó una propuesta que poco tenía que ver ni con la estabilidad ni con las urnas, tan deseadas por él ahora: «Con el encargo del Rey, Felipe González lograría cerca de 200 votos parlamentarios».
FIDELIDAD
Guerra en ‘La Clave’. Foto: RTVE.
Alfonso Guerra mostró en ‘Salvados’ su fidelidad al PSOE y explicó que les votará «hasta que me muera». En marzo del año pasado no parecía que los socialistas fuesen su opción preferida de voto. Hace menos de un año recordaba que las encuestas decían «con toda claridad que Ciudadanos» era «el partido que actuó con total coherencia en Catalunya y va a ser premiado en toda España».
«En los sondeos, todos los partidos tienen unas curvas que indican que van subiendo y van bajando… pero cuando encuentras un partido con una línea sólo ascendente, significa a todas luces que ese partido va muy bien», señaló.
JUSTICIA
Guerra en pleno estallido del ‘caso Juan Guerra’. Foto: RTVE.
Guerra rebatió unas palabras de Felipe González porque su compañero de partido pidió la libertad provisional para los líderes del procés: «La prisión provisional existe. En España hay más presos en provisional que con condenas y nadie levanta la voz por esos miles, sólo cuando se trata de políticos nacionalistas, ¿por qué? ¿qué pasa aquí? ¿que el político tiene cobertura especial?».
El exvicepresidente afirma que cree en la justicia española, pero en marzo de 1982 explicaba que «existe el temor de que los juicios del 23-F van a ser una farsa, y yo lo comparto». El fiscal jurídico militar de la I Región inició acciones judiciales contra él por estas palabras.
OTROS CASOS
Guerra en ‘Salvados’. Foto: La Sexta.
Guerra, «bolchevique de salón» según Jorge Semprún, tiene una hemeroteca llena de contradicciones e incoherencias. En 1981 afirmó que si llegase al «enfrentamiento» con Felipe González tenía un destino claro: «Entonces yo me iba a casa». En 1991 dimitió por el ‘caso Juan Guerra’ y no se fue a casa: decidió quedarse en el Congreso durante 24 años más.
En 1987 también realizó unas declaraciones curiosas. Con la derecha noqueada, ciertas voces planteaban que Joaquín Leguina podía relevar a Felipe González en pleno divorcio entre PSOE y UGT que acabaría con la histórica huelga del 14-D de 1988.
Por aquel entonces señalaba que los disidentes internos eran es que «buitres que acuden cuando hay carroña». Nadie acusa de buitre carroñero a Alfonso Guerra. Ni siquiera lo ha hecho Pedro Sánchez, que ha encarado el examen del 28 de abril teniendo que lidiar con la ‘vieja guardia’ de su partido.
Los obispos guardan en los bancos más de setenta millones de euros, que provienen de la asignación tributaria del IRPF, y que no han gastado en los últimos años. La Conferencia Episcopal ha creado con estas cantidades un fondo de reserva en previsión de que en el futuro no cuenten con ingresos suficientes a través de la declaración de la renta.
Las cantidades acumuladas en los últimos años han sido consecuencia de la mejora de los ingresos del IRPF, mientras que los obispos han elaborado unos presupuestos estables en esos ejercicios. El resultado es la acumulación de remanentes que han hecho que el fondo de reserva crezca aproximadamente un 75% en cuatro años.
Los últimos datos ofrecidos por la Conferencia Episcopal dan cuenta de que los ingresos por la asignación tributaria del IRPF para los fines de la Iglesia católica del ejercicio 2017 alcanzaron la cifra récord de 267,8 millones de euros.
Si se tiene en cuenta que el presupuesto para ese año fue de 250,6 millones de euros, el superávit alcanzado ha sido de 17,2 millones de euros, el más alto conseguido por la recaudación del IRPF de la Iglesia, si es que no dedican parte de él a otros fines.
Aunque la liquidación de lo recaudado por el IRPF de 2017 no se realiza hasta 2019, indica una senda de sucesivos superávits en las sus cuentas. Aún así, valga como comparación señalar que el presupuesto que habían elaborado para el ejercicio 2019 asciende sólo a 256 millones de euros.
Los presupuestos de la Conferencia Episcopal Española para el IRPF han mantenido una previsión de ingresos por este concepto constantes en 250 millones de euros anuales. Esto fue así en los presupuestos de 2016 a 2018. Sin embargo, en esos años, la recaudación fue mucho mejor.
FINANCIACIÓN DEL IRPF DE LA IGLESIA
En el ejercicio de 2013, los obispos contaban con un fondo de reserva que ascendía en esos momentos a unos 41 millones de euros. Esta cantidad había ido acumulándose desde que en 2007 se cambió el sistema de financiación de la Iglesia católica en España.
Este cambio consistió básicamente en que el Estado ya no garantiza una dotación mínima a la Iglesia a través de los Presupuestos Generales del Estado, sino que a partir de entonces ingresa estrictamente lo que recauda a través de la asignación tributaria. A cambio, el Estado elevó el porcentaje del IRPF que Iglesia recaudaría anualmente, al pasar del 0,56% al 0,7% de la cuota de este impuesto.
Este salto supuso un incremento considerable de la recaudación de la Iglesia católica. Aprovechando esta circunstancia, decidieron la creación de este fondo de reserva, aunque parte del incremento de recaudación fue destinado a otros fines, como compensar a las diócesis por haber perdido la exención del IVA, o por donativos extraordinarios hechos a Cáritas.
Ahora, la Iglesia se enfrenta a otros posibles problemas financieros en el horizonte, como la polémica por el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de los edificios con uso lucrativo. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, llevó al Vaticano el anuncio de una reforma del régimen fiscal de la Iglesia, que ahora queda en el aire por la convocatoria electoral.
El caso es que en los últimos años el fondo se reserva ha seguido creciendo. Según los datos de la Memoria Justificativa anual que los obispos presentan al Gobierno (concretamente al Ministerio de Justicia, en cuyo organigrama se encuentra la dirección general de asuntos religiosos), en 2014 la liquidación del presupuesto del IRPF de la Iglesia terminó con un remanente de 4,8 millones de euros.
En ese remanente se incluyen 1,8 millones de euros que básicamente provienen de los intereses que renta el fondo de reserva. El año siguiente, sin embargo, la liquidación final quedó prácticamente equilibrada. El salto se produjo en 2016, cuando el superávit experimentó el incremento más importante de los últimos años, ya que ascendió a 19,3 millones de euros.
Reunión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Foto: Conferencia Episcopal.
En esta ocasión, los obispos decidieron dedicar nueve millones de este superávit a financiar 13TV, su emisora de televisión. Aún con eso, el superávit ascendió a 10,3 millones de euros que fue a alimentar nuevamente el fondo de reserva.
Aunque la Conferencia Episcopal no presentará la siguiente liquidación del presupuesto del IRPF hasta el próximo mes de junio, hace unos días que se ha hecho pública la recaudación obtenida por este impuesto en el año 2017. Esta ha alcanzado los 267,8 millones de euros, la más alta obtenida hasta ahora.
Si se tiene en cuenta que el presupuesto del IRPF diseñado por la Conferencia Episcopal mantenía la línea de prudencia de ejercicios pasados, con una previsión de ingresos por este concepto de 250,6 millones de euros, el superávit ha sido muy elevado. En 2017, por lo tanto, ha llegado a 17,2 millones de euros.
GASTOS EXTRAS
Los responsables económicos de la Conferencia Episcopal han recordado que, como novedad, a partir de este año tienen que hacer frente al incremento de la cotización de la Seguridad Social de los sacerdotes. Estos cotizan por el salario mínimo, así que el incremento de este salario este año ha supuesto un gasto extra de 1,2 millones de euros.
La suma de los últimos superávits de lo presupuestado por los obispos con el IRPF rondaría los 73 millones de euros. La Conferencia Episcopal no informa de la cantidad a la que asciende su fondo de reserva o si ha destinado alguna cantidad a otras finalidades durante estos años.
La única información que ofrece son los ingresos financieros. En ellos están incluidos lo que le renta el fondo de reserva. En 2016, el último año del que se tienen datos, estos fueron de 863.000 euros.
José Domingo Ampuero, ex vicepresidente del BBVA, sufrió en 2005 un doble acoso: por un lado, el espionaje financiado por Francisco González (FG) por considerarlo uno de los actores de la opa que buscaba su descabalgamiento de la presidencia y, por otro, Baltasar Garzón reactivó su imputación en el caso de las cuentas ocultas del banco.
Villarejo informó a FG de que alertó dos veces a Ampuero de que tal imputación «no fue coincidencia». Coincidencia o no, ese año y el siguiente el BBVA financió con 200.000 euros cursos de la Universidad de Nueva York donde daba conferencias Garzón, pero FG negó en sede judicial todo nexo entre ambos hechos.
Es difícil, en ocasiones, deslindar la fantasía de la realidad en los informes de Villarejo financiados por el BBVA. Pero igual que nunca fue capaz de aflorar ni grabar al supuesto amante del exministro Miguel Sebastián, Ivan ‘el cubano’, no queda duda de que peinó todos sus teléfonos y los de sus amigos.
Por eso la inclusión en un compendio de todas sus acciones contra el grupo hostilde la frase “2 encuentros con AMPUERO avisándole que no era coincidencia su imputación por parte del Magistrado BG (en el Sumario de las cuentas secretas del BBVA)” deja abiertas todas las dudas y posibilidades, incluida que el comisario usó como arma arrojadiza la acción judicial a espaldas del magistrado.
Lo que sí es cierto es que Garzón dictaba en enero de 2005 un auto en el que acusaba de un delito continuado de falseamiento de cuentas contra varios exdirectivos del BBVA como José Domingo Ampuero, Emilio Ybarra, Pedro Luis Uriarte, Luis Javier Bastida y Rodolfo Esteban Molinuevo.
Ese año estaba ya en marcha el proyecto Trampa contra el grupo hostil que pretendía derribar a FG de la presidencia del BBVA. La acción judicial, por tanto, era un elemento de presión añadida contra los directivos históricos. La investigación de Garzón empezó en 2000 y fue paralela a la guerra entre Ybarra, primer presidente del banco, y FG.
Pero había otro frente abierto, el Banco de España, que en octubre de 2001 envió un escrito a los copresidentes del BBVA, Emilio Ybarra y Francisco González. Les instaba a remitir toda la información relacionada con la operativa oculta. González le propuso a Ybarra por primera vez que se marchase del banco para evitar daños mayores a la entidad. Sin embargo, Ybarra se negó.
El 5 de diciembre de 2001, Jaime Caruana, entonces gobernador del Banco de España y hoy consejero de BBVA gracias a FG, remitió una carta a Ybarra en la que le conminaba a dar la «información relativa a las personas que han intervenido» en la Operación Alico (los 22 suscriptores de otros tantos fondos de pensiones) que habían sido ocultados al fisco. Ybarra y Uriarte dimitieron ese mismo mes de sus cargos en el BBVA.
Ampuero lo hizo al año siguiente, en paralelo a su citación por Garzón como imputado en la causa de las cuentas secretas del BBVA. Finalmente, el caso de las cuentas secretas se archivó en 2007 por entender el juez José María Vázquez Honrubia que no hubo enriquecimiento de los implicados.
Curiosamente, entre medias, en 2003 Garzón había archivado previamente la causa respecto de Ampuero, Uriarte y otros directivos del BBVA porque devolvieron los fondos antes de que acabara el ejercicio fiscal y no tuvieron parte determinante en su constitución. Pero en 2005, volvió a la carga, y reactivó su acusación de falseamiento de cuentas contra Uriarte y Ampuero.
Desde septiembre de 2002 el jefe de seguridad del BBVA era el policía Julio Corrochano. Tenía dos amigos que se fajaron por distintas vías (judicial y espionaje) en la guerra contra los enemigos de FG: el juez Baltasar Garzón y el comisario José Manuel Villarejo. Este último cobró facturas millonarias por su trabajo. Pero nunca explicó su enigmática frase: «Le hemos avisado a Ampuero de que su imputación por Garzón no ha sido coincidencia».
Ampuero fue objetivo prioritario en los informes de espionajeredactados por el equipo de Villarejo para el BBVA de FG: «DOMINGO AMPUERO (a partir de ahora DON) Implicado en las cuentas…aunque se ha contactado…T (Julio Corrochano, jefe de seguridad del BBVA) sabe que es imprevisible conocer si ha tomado la decisión en estos días per se o por indicación de los contactos”. No detalla Villarejo qué decisión tomó Ampuero, y si se refiere a contactos suyos con amenazas de imputaciones judiciales.
La radiografía que hacía el equipo espía daba este cuadro: «Además de los ya mencionados, componen dicho “Grupo Hostil” (GH), VICENTE BENEDITO (BENI), J. DOMINGO AMPUERO (DON), así como JESUS CAINZO (CAIN) y GREGORIO MARAÑON (MAR)».
Miguel Sebastián, en una imagen de 2017, ‘MIKY’, era objetivo prioritario del espionaje pagado por el BBVA. | Gtres
El papel de Ampuero era actuar como aglutinador de rebeldes en el BBVA: «Confían en que una vez iniciada la operación, también se implicaría un importante paquete accionarial del banco, que se habrían encargado de aglutinar BENI, con la colaboración de ex directivos hostiles a la actual presidencia, como DON y otros». Ampuero era uno de los consejeros del BBV con participaciones accionariales a título personal significativas que representaban a las ‘familias de Neguri’.
Fue el gran sacrificado de la fusión por parte del BBV, pues pese a continuar como vicepresidente del BBVA, sus opciones de alcanzar mayores metas se acabaron al recaer la presidencia sobre Francisco González. De no haber sido por la fusión, José Domingo Ampuero estaba llamado a ser el delfín y el sustituto de Emilio Ybarra.
Villarejo creía que había razones para temerlo: «Ampuero constituye un aliado natural de Sacyr en la operación, pues la constructora precisa sumar a su participación otro 2 ó 3% del capital procedente de otros empresarios, antiguos accionistas, ex directivos y ex consejeros de BBVA, que se pretende centralizar en el ex vicepresidente José Domingo Ampuero».
Los informes de Villarejo daban nombres y apellidos de los potenciales traidores a FG que podría captar Ampuero: «Algunos de los antiguos consejeros del BBVA que podrían seguir a Ampuero como damnificados de González podrían ser Alberto Cortina, los Entrecanales, Juan Lladó, Vilariño y los Aresti, que aportarían más de un 0,75% de capital.Conviene recordar que Ampuero es presidente de la filial al 50% de Sacyr, Autopista Vasco Aragonesa».
Ampuero no sólo fue biografiado por Villarejo en sus numerosos informes para detallar los avances y conclusiones de su labor de espionaje sobre el grupo hostil. También fue espiado a través de sus llamadas registradas. Escanearon sus contactos con los miembros del grupo hostil. Ampuero, cuya versión ha requerido este diario, guarda silencio. Pero no calla ante la justicia: es uno de los tres primeros espiados que han denunciado a Villarejo, como informó MONCLOA.COM.
LOS CURSOS DE GARZÓN
La otra cara de esta historia de coincidencias de ataques y amistades tiene que ver con los cursos de Garzón en 2005 y 2006 en la Universidad de Nueva York, entidad que recibió un millón de euros de diversas empresas españolas.BBVA colaboró con 200.000 dólares en el patrocinio de una serie de conferencias organizadas por Garzón.
El presidente del BBVA, Francisco González, manifestó en el Tribunal Supremo, donde Garzón fue juzgado y absuelto por estos pagos por prescripción del presunto delito de cohecho impropio (figura que penaliza recibir fondos o regalos por razón del cargo, singularmente los 302.000 euros financiados por el Santander, ya que tras los cursos inadmitió una querella contra su presidente, Emilio Botín) que su entidad se aseguró de que la donación de 200.000 dólares que prestó en 2005 a la Universidad de Nueva York, para financiar unos cursos organizados por Garzón sobre terrorismo, no irían destinados en ningún caso a pagar al juez“.
El querellado”, decía el juez instructor en su auto, “contactó con responsables de distintas empresas españolas reclamando ayuda económica para la celebración de cursos en los que él aparecía como director. Todas tenían en común -BSCH, BBVA, Telefónica y Cepsa- el haber sido objeto de investigación por hechos imputados a sus directivos en el propio juzgado del que era titular el acusado o en otros de la Audiencia Nacional”.
El expresidente del BBVA, Francisco González.
González, a preguntas de las acusaciones, precisó que esta donación no se había producido por ningún «agradecimiento» hacia el juez por haber instruido las cuentas secretas del BBVA, que laminaron a toda su oposición interna en el banco. Garzón y el jefe de comunicación del BBVA se reunieron en un hotel para abordar los detalles de los cursos. El juez le anunció al directivo del BBVA que la universidad quería que González participara en los cursos y que se pondrían en contacto con Ayuso para solicitarle un patrocinio.
Una portavoz de Garzón respecto a la reactivación de la causa contra Ampuero en 2005 afirmó que el exjuez no se acordaba con precisión, pero quería recordar que fue a petición de la Fiscalía. Y afirmó que no entendían el sentido de la frase de Villarejo a tenor de que, insistían, de que creían que el juez actuó a remolque de la Fiscalía.
La decisión de mayor importancia que ha tomado el presidente Pedro Sánchez antes de anunciar el viernes pasado la disolución de las Cámaras y el adelanto de las elecciones generales ha sido rescatar de manos extranjeras a Hisdesat, la sociedad de servicios estratégicos que proporciona las comunicaciones secretas y seguras de la administración general del Estado, fundamentalmente del ministerio de Defensa, Asuntos Exteriores, Interior y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La operación diseñada por Moncloa para volver a retomar el control de Hisdesat se ha llevado a cabo mediante una carambola por la que le permite blindar a una sociedad que es el operador de servicios estratégicos gubernamentales y propietario del único satélite espía español: Paz.
Dotado de avanzada tecnología radar de apertura sintética (SAR), Paz fue puesto en órbita hace un año, entró en servicio hace seis meses y cada día proporciona 33 imágenes radar a las Fuerzas Armadas españolas sin que la noche, las tormentas, las nubes o las nieblas le impidan observar cuanto ocurre en la superficie terrestre.
La importancia de salvaguardar el control nacional sobre Hisdesat es lo que ha obligado al Gabinete de Sánchez a utilizar toda su influencia sobre Red Eléctrica de España (REE) ‒participada en un 20 por ciento por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI‒ para expulsar al capital extranjero de Hispasat, el principal accionista de Hisdesat.
Hispasat no solo es la compañía líder en la distribución de contenidos audiovisuales en español y portugués en todo el mundo, cuarto operador en América Latina y octavo operador mundial, con unos ingresos de 204 millones de euros en el ejercicio 2018. También posee el mayor paquete accionarial de Hisdesat, exactamente el 45 por ciento. Los otros accionistas de Hisdesat son la empresa pública ISDEFE (30%), y las empresas Airbus Defence and Space España (15%), Indra (7%) y SENER (5%).
La compra efectiva del 89,68 por ciento del capital de Hispasat a la italiana Atlantia Spa y la alemana Hochtief AKT “no se completará hasta el segundo trimestre de 2019”, asegura Red Eléctrica, ya que la transacción está sujeta a la autorización del Consejo de Ministros y de los organismos reguladores.
LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE HISDESAT
Bajo la presidencia de Elena Pisonero ‒ex secretaria de Estado de Comercio 1990/2000‒, la importancia estratégica para España de Hispasat es hoy en día mucho menor que la de su hermana menor Hisdesat, a cuyo frente se encuentra el almirante retirado Santiago Bolíbar, ambos sin función ejecutiva pero con un gran prestigio y buenas relaciones en el sector.
Sin embargo, Hispasat compite en el ámbito de las telecomunicaciones civiles comerciales, un mercado que atraviesa una aguda crisis debido a la fuerte competencia de las redes de fibra óptica y cuyos operadores regionales ‒entre ellos Hispasat‒ están abocados a un proceso de integración con los grandes operadores mundiales ‒Intelsat, SES, Telesat‒ que, por el momento, no se muestran interesadas en propiciar compras o fusiones.
Si a ello añadimos que REE desconoce los pormenores del sector de las comunicaciones espaciales, ya sean civiles o militares, no es de extrañar que a los dos días de anunciarse la transacción, Juan Lasala, consejero delegado de Red Eléctrica, haya manifestado su inclinación a poder dar entrada en el capital y en el negocio de Hispasat a socios que aporten “una visión estratégica-tecnológica”.
Miguel Ángel Panduro, CEO de Hisdesat, es de total confianza de los accionistas y del ministerio de Defensa
Analistas del sector espacial consultados por MONCLOA.COM y que prefieren el anonimato consideran posible el cambio a medio plazo del actual consejero delegado de Hispasat, Carlos Espinós, un profesional procedente de Abertis Telecom que está al timón de la compañía desde mayo de 2011.
Espinós ha dado un gran impulso a la compañía, que en los últimos dos años ha puesto en órbita tres satélites de comunicaciones y que, por el momento, ha dado por concluida la renovación y ampliación de su flota, que cuenta con media docena de satélites de comunicaciones en órbita y proporcionan servicios de banda ancha y conectividad por satélite con acceso a Internet, voz y datos entre España, Europa, América y el Norte de África.
En cambio, Hisdesat está en el negocio de las comunicaciones gubernamentales seguras y confidenciales con las plataformas Spainsat y Xtar-Eur, gracias a las cuales el Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa dirige las misiones alrededor de 2.500 militares españoles que desarrollan en diferentes países de Europa, África, Asía y América del Sur.
Hisdesat también está de lleno en el ámbito de las plataformas de observación de la Tierra para uso militar, ahora con el satélite radar Paz y el año que viene también con el óptico Ingenio. Estar en dos líneas de negocio muy diferentes inducen a algunos analistas a no descartar que REE se planteé “la reorganización de la empresa”, cuya dirección efectiva está desde marzo de 2012 en manos Miguel Ángel Panduro. Persona de total confianza de las compañías accionistas y del ministerio de Defensa, Panduro es ingeniero de telecomunicaciones, al igual que Carlos Espinós.
CONTRATOS INMEDIATOS Y DE FUTURO DE HISDESAT
En la reciente entrada de REE en el sector espacial hay más, mucho más en juego. El ministerio de Defensa y el de Ciencia, Innovación y Universidades, con el apoyo del ministerio de Industria, tienen en avanzada fase de estudio el segundo Plan Nacional de Observación de la Tierra por Satélite o PNOTS 2.
Se trata de una gran iniciativa industrial sobre la que Gobierno español que salga de las urnas del 28 de abril tendrá que pronunciarse y decidir si lo pone en marcha a finales del presente año, coincidiendo con la cumbre de ministros de la Agencia Espacial Europea que tendrá lugar en Sevilla a finales de noviembre.
El PNOTS 2 es una iniciativa que consiste en desarrollar y fabricar nuevos satélites o constelaciones espía, en los que la industria espacial española deberá ponerse a trabajar a partir de 2020, si es que se quiere llegar a tiempo para relevar y dar continuidad al que ahora está en órbita y es fruto del primer PNOTS, que es el satélite espía radar Paz ‒Lanzado al espacio el 22 de febrero pasado y cuya vida útil se estima entre 5 y 8 años‒ y también el satélite Ingenio, que será enviado al espacio en 2020.
Proyecto de un volumen económico del orden de los 300 millones de euros, el director de Operaciones de Hisdesat, Miguel Angel García Primo, hace tan solo una semana avanzó que podría tomar la forma de un “programa hispano-alemán” por el que también podrían interesarse “otros países”, con la esperanza de que se convierta en “la referencia europea en satélites radar”.
Del PNOTS 2 también ha hablado la semana pasada, aunque sin citarlo, Ángel Olivares, secretario de Estado de Defensa. En el seno de una Jornada celebrada en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) dedicada al satélite Paz, Olivares subrayó que la activación de una nueva iniciativa industrial de observación de la Tierra “la tendremos que afrontar en los próximos años, sin duda ninguna”.
Carlos Espinós, CEO de Hispasat, procede de Abertis telecom y está al timón de la compañía desde mayo de 2011.
El número dos de Defensa manifestó estar convencido que España “tiene capacidad para lanzar e incluso liderar programas europeos de satélites de nueva generación (…) con Hisdesat a la cabeza”. Pero la disponibilidad económica y la sostenibilidad de las inversiones serán las claves que inclinarán al futuro Gobierno a dar el visto bueno al proyecto o retrasar su inicio.
Aunque el PNOTS 2 todavía está en el limbo, el programa que ya ha sido autorizado por el gabinete de Pedro Sánchez es el de las nuevas plataformas de comunicaciones Spainsat Nueva Generación (Spainsat NG), que deben sustituir a los dos satélites de Hisdesat que están a punto de concluir su periodo de vida.
La Intervención General del Estado rechazó a fínales de año dar forma de Convenio a la relación de prestación de servicios de Hisdesat con el ministerio de Defensa, como en anteriores ocasiones se había materializado. Ahora ha quedado claro que el retraso no ha sido solamente debido a aspectos normativos que exigen la forma de Contrato y no de Convenio, sino que la demora también ha estado provocada por la negociación que se estaba llevando a cabo entre REE y los accionistas mayoritarios de Hisdesat.
En consecuencia, es previsible que se producirá una desenfrenada carrera para que antes del 5 de marzo, el Consejo de Ministros conceda su visto bueno al contrato entre el ministerio de Defensa e Hisdesat, algo que tranquilizará a REE, cuyas acciones han caído de valor tras conocerse la entrada mayoritaria de la compañía en Hispasat.
UNA DECISIÓN SOBRE LOS SATÉLITES QUE ES ESTRATÉGICA
La adquisición por parte de Red Eléctrica del 89,68 por ciento de las acciones de Hispasat es el resultado de que, finalmente, Pedro Sanchez se ha dado cuenta de la enorme importancia y las posibles consecuenciasde la compra efectuada hace cuatro meses por la alianza italo-germana de la empresa catalana Abertis Infraestructuras, en cuyo paquete se encontraba Hispasat, en donde la SEPI y la también empresa estatal Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ostentan el 7,41 y el 2,91 por ciento, respectivamente.
La sugerencia de forma imperativa formulada por Moncloa a Jordi Sevilla, actual presidente de Red Eléctrica, ex ministro de Administraciones Públicas en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y persona de confianza de Pedro Sánchez, es el resultado de la alarma creada en los ministerios de Defensa, Industria y Ciencia cuando se conoció que el Consejo de Ministros estaba dispuesto a autorizar la entrada de los nuevos accionistas en “actividades relacionadas con la Defensa Nacional”.
Fue entonces cuando pusieron el grito en el cielo tanto la ministra de Defensa, Margarita Robles, como el titular de Ciencia, Pedro Duque, y la responsable de la cartera de Industria, Reyes Maroto, al igual que el también secretario de Estado y director del CNI, el general de Ejército Félix Sanz Roldán, todos ellos conocedores de las implicaciones y riesgos de tal decisión.
Los citados altos cargos se apresuraron a elaborar razonados informes confidenciales que han despachado en persona con el propio Pedro Sánchez y con sus asesores más cercanos. En todos los dosieres se detalla que tanto Hispasat como Hisdesat son dos compañías de marcado cariz “estratégico” y que hacen las veces de empresas “tractoras” del sector espacial nacional y, por tanto, no es razonable que sean controladas por capital extranjero, en este caso, por una alianza italo-alemana.
Aunque los máximos responsable de ambas entidades extranjeras manifestaron en reiteradas ocasiones sus buenas intenciones, los informes elaborados por el CNI y los tres ministerios dejaban bien claro el riesgo de que, por causas sobrevenidas, pudiera darse el caso de la venta del paquete de acciones a algún fondo de inversiones chino, ruso o de cualquier otra país que no gozara de las debidas garantías, especialmente para Hisdesat.
Ángel Olivares, número dos de Defensa asegura que el PNOTS 2 “habrá que afrontarlo en los próximos años, sin duda”.
Sevilla ha tenido que desplegar todas sus dotes de persuasión para convencer a los consejeros de Red Eléctrica de la necesidad de tomar el control de Hispasat, una operación que el mismo descartó hace unos meses “por no ser prioritaria” y que dio paso a la alianza en la que participa la filial alemana de ACS de Florentino Pérez.
Con los estudios sobre las perspectivas de negocio que implica el PNOTS 2, el contrato de servicios con Defensa, la importante presencia de Hisdesat en la iniciativa europea GovSatCom de alquiler de capacidades sobrantes en satélites, a lo que se añaden los informes reservados de los ministerios de Defensa, Industria y Ciencia ‒los departamentos más directamente implicados en la actividad espacial nacional‒, Jordi Sevilla ha podido recibir el placet del Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, dar el paso adelante en la transacción y devolverle el favor a su mentor Pedro Sánchez, su valedor para el alto puesto que ocupa en REE.
¿Cuánto cuesta ser padre? Según un estudio publicado por La Vanguardia 42.600 euros por niño en los tres primeros años de vida. Pablo Iglesias sabía que el gesto simbólico de tomarse tres meses de paternidad podía salirle caro.
Y para ello ha compensado su adiós temporal a la tertulia ‘Fort Apache’ con otro programa para Hispan TV, ‘Spoilers’, que se grabó durante los meses de otoño. El programa atemporal versa sobre diversas cuestiones relacionadas con Hollywood, influyente arma cultural de los Estados Unidos.
Juan Carlos Monedero se ha puesto al frente de ‘Fort Apache’ y Pablo Iglesias sigue en la antena de la televisión con capital iraní gracias a este espacio cultural que combina con ‘Otra vuelta de Tuerka’, programa de entrevistas de Mediapro que emite el suplemento audiovisual del periódico Público.
ASÍ ES ‘SPOILERS’: UNA SUCESIÓN DE DARDOS SOBRE LOS EEUU
Hispan TV anuncia en su página web que ‘Spoilers’ analizará «diferentes aspectos de la política y la historia de Estados Unidos a través de películas y series de televisión. La política exterior imperialista de Washington, su apoyo al régimen de Israel y a Arabia Saudí, su papel en América Latina y en Europa.
El programa también versa sobre «el racismo y la xenofobia, las administraciones de diferentes presidentes de EEUU, las luchas sociales en el país norteamericano, el fenómeno religioso, el funcionamiento de las empresas estadounidenses, entre otros, serían temas a analizar en este programa».
El titulo de los cuatro primeros programas de este programa de factura impecable son reveladores: «Racismo en Estados Unidos», en el que participó Irene Montero; ‘Política exterior de Estados Unidos’, donde Juan Diego Botto analiza varias películas bélicas; ‘Sistema económica de los Estados Unidos’, en el cual se denuncia la apuesta neoliberal de Hollywood; y ‘La clase obrera en los Estados Unidos’, programa que sirve como denuncia a la estigmatización del trabajador.
LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS DE PODEMOS
El equipo fundador de Podemos puso en pie tres años antes de nacer el partido ‘La Tuerka’, que fue financiado por Monedero gracias a sus trabajos de asesoría en Venezuela. En 2012 llegó ‘Fort Apache’, tertulia geopolítica conducida también por Iglesias.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, en los estudios de Telecinco antes de una entrevista. Foto: Flickr Podemos
En este caso lo hizo en Hispan TV, canal de la productora 360 Global Media que cuenta con vínculos con el Régimen iraní. OK Diariodemostró que incluso el teléfono personal de Pablo Iglesias estaba sufragado por Mahmmoud Alizadeh Azimi, director del canal islámico en España.
El pasado año Pablo Iglesias se embolsó 41.211,41 euros como presentador de televisión y autor de varios libros. Esta cifra prácticamente alcanza lo que cobró como portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, 48.748,64 euros.
CABALGANDO CONTRADICCIONES EN LA POLÍTICA ESPAÑOLA
Pablo Iglesias fue invitado a un acto de la Unión de Juventudes Comunistas de España y razonó la contradicción que supone que un político de izquierdas realice un programa para un canal con vínculos con Irán.
«A nosotros nos preguntan, ¿Pero vosotros, si sois de izquierdas, por qué aceptáis hacer un programa para un gobierno como el de Irán que es una teocracia? Pues porque la geopolítica es así», señalaba el presentador de Hispan TV.
Y añadía: «A los iraníes les interesa que se difunda en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones».
Por último, explicaba que «el gobierno español ha tenido relaciones económicas con Irán siempre. No me gusta que las presentadoras tengan que salir con un pañuelo. Puede ser un un motivo para que yo pensase no trabajar en ese cadena pero tenemos absoluto control y no tenemos censura».
PABLO IGLESIAS Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESPAÑOLES
El escritor Jacobo Rivero publicó en 2014 el libro ‘Conversación con Pablo Iglesias’, donde el secretario general de Podemos afirmaba que «los medios de comunicación, por lo menos una parte, tienen que tener mecanismos de control público (…) Si el derecho a la información es un derecho democrático, la concentración de la propiedad es incompatible con ese derecho».
¿Por qué no va a existir una regulación que garantice la libertad de prensa en el mejor sentido del término, sin condicionantes de empresas privadas o de la voluntad de partidos políticos?»
No puede ser que algo tan importante, y de interés público, imprescindible para la democracia, como son los medios de comunicación, esté solo en manos de multimillonarios», señalaba el presentador de ‘Otra vuelta de Tuerka’.
Y se preguntaba: «La sociedad civil tiene que verse reflejada con independencia y veracidad en los medios de comunicación. ¿Por qué no va a existir una regulación que garantice la libertad de prensa en el mejor sentido del término, sin condicionantes de empresas privadas o de la voluntad de partidos políticos?».
