El mundo rural tiene una gran importancia en Andalucía y los partidos que aspiran a gobernar esta comunidad saben que no pueden obviarlo en sus propuestas. Sin embargo, los enfoques que plantean para las políticas agrícolas pueden ser muy distintos, como se constata al comparar al PSOE con Ciudadanos.
En su programa para las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre, el PSOE concede un lugar destacado al Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA o PROFEA), anteriormente conocido como Plan de Empleo Rural o PER.
El programa electoral de Cs, en cambio, ni siquiera menciona este sistema. Para aumentar la empleabilidad, prefiere centrarse en la formación continuada de los agricultores y ganaderos, los programas de I+D+i en el sector agroindustrial o la facilitación del relevo generacional en las explotaciones agrarias.
El antiguo PER, creado hace más de 30 años, inyecta dinero público en zonas rurales de Andalucía y Extremadura –principalmente, pero también en otras comunidades– para invertir en infraestructuras y subvencionar la contratación de trabajadores del campo en aquellos periodos en los que, debido al carácter estacional de las labores agrarias y ganaderas, están inactivos.
Con una dotación de casi 223 millones de euros, en 2018 el PER habrá generado casi dos millones de jornales y unos 120.000 contratos para más de 2.000 obras, según la previsión de la Junta de Andalucía.
Este plan de fomento del empleo está financiado por el Gobierno central, que paga la mano de obra, y por el Ejecutivo autonómico y las diputaciones provinciales, que pagan los materiales. En los dos últimos años, la aportación de la Junta se ha incrementado un 17%.
LOS SUBSIDIOS AGRÍCOLAS EN ANDALUCÍA
El PSOE recalca en su programa electoral el carácter “clave y estratégico” del sector agrario para la pervivencia del mundo rural, que en Andalucía supone el 90% del territorio y el 43% de la población.
En este sector, precisa, trabajan “más de 240.000 profesionales que facturan casi 50.000 millones de euros, la cuarta parte de las cifras globales de España, contando con 6.000 industrias agroalimentarias que facturan más de 14.000 millones de euros” y unas exportaciones que ascienden a 11.000 millones de euros.
Con el argumento de mantener vivos los pueblos y “hacer efectiva la igualdad de todas las personas”, ofreciéndoles los mismos servicios independientemente de dónde vivan, los socialistas apuestan decididamente por la “consolidación” del PER.
“Resulta fundamental la consolidación del Programa de Fomento del Empleo Agrario, un programa de garantía de renta, motor del desarrollo rural, que aporta dignidad a las personas que trabajan en el campo, estimula la economía local, mejora las infraestructuras y servicios públicos de nuestros pueblos y contribuye a fijar la población al territorio”, subrayan.
Así lo defendió recientemente Susana Díaz, que sostiene que, a pesar de que desde fuera de Andalucía “lo criticaron y mucho”, el antiguo PER permitió dar cohesión social y territorial al ámbito rural. Si el apoyo del PSOE a este instrumento hubiese flaqueado en algún momento, posiblemente no habría estado 40 años gobernando Andalucía.
Por eso la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta se muestra cauta cuando anima a los agricultores y ganaderos a “dar un pasito más” en la modernización de las explotaciones y apuesta por el relevo generacional y la incorporación de mujeres, no vayan a pensar que el PER ha dejado de ser prioritario para su partido.
Estas son medidas que figuran también en el programa de Ciudadanos para las próximas elecciones andaluzas porque los dos partidos ven fundamental esa modernización, aplicar nuevas tecnologías que fomenten la producción y optimicen la eficiencia en el sector agrario. En lo que no coinciden es en el enfoque sobre el PER.
La formación naranja no se ha pronunciado en contra de este sistema, y menos aún lo haría en plena campaña electoral, pero el hecho de que no le dedique ni un apartado en su programa es significativo.
Cuando visita empresas agrícolas, el líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, suele insistir en la necesidad de potenciar la formación, el conocimiento y la investigación para hacer más competitivo y eficaz el sector ante los nuevos retos que plantea el mercado europeo.
“Resulta fundamental la consolidación del Programa de Fomento del Empleo Agrario, un programa de garantía de renta, motor del desarrollo rural”
En cuanto al PER, Marín asegura que no tiene ninguna intención de eliminarlo, pero sí ha planteado alguna vez la necesidad de reformar el sistema para “dignificar a los trabajadores del campo andaluz” planteando proyectos en función de “criterios de utilidad”, de manera que quienes los llevan a cabo puedan “sentirse útiles”.
Sin embargo, esta propuesta no aparece en el programa electoral de 2018. Ciudadanos simplemente se refiere a las “ayudas” a la agricultura y la ganadería y promete “mejorar las convocatorias y reducir los trámites, asegurando que respondan de forma directa a la mejora de la productividad y al fomento del relevo generacional”.
Quizá Albert Rivera ha aprendido la lección tras el aluvión de críticas que le cayó por decir que su partido no quería “repartir pescado” a los andaluces –como cree que han hecho los gobiernos socialistas–, sino “enseñarles a pescar”. Por estas palabras, pronunciadas en un acto electoral en Málaga en 2015 tras lamentar las altas tasas de paro, pobreza y fracaso escolar en una comunidad con el “potencial” de Andalucía, el presidente de Cs pidió disculpas “a los que se ofendieron”.
