Victoria Rosell, la jueza que iba a ser la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impulsada por Podemos, no piensa volver a la política tras quedar finalmente fuera de este órgano de gobierno de los jueces, según confesó a MONCLOA.COM. “No creo”, respondió Rosell al ser preguntada por esa posibilidad.
A la jueza le consta que el acuerdo entre la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el exministro del PP, Rafael Catalá, sobre la elección de los futuros vocales del CGPJ, incluía su nombre. Además, estuvo dentro de la lista desde el principio, pero finalmente su nombre salió del pacto.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha admitido un recurso de amparo de Rosell por la investigación de la Fiscalía, que no prosperó, pero que le impidió concurrir a las elecciones de 2016. Aquella “fue una experiencia muy dolorosa tanto para mí, como para mi familia, que aún sigo sufriendo”, recuerda Rosell, por lo que no cree que vuelva a la política.
El asunto sobre el que se tendrá que pronunciar el Tribunal Constitucional ha sido clave en la carrera de Rosell. En el mismo se cruzó también el magistrado Manuel Marchena, que admitió a trámite una querella contra la jueza en el Tribunal Supremo.
Esa decisión tuvo como consecuencia que la jueza y exdiputada de Podemos no se volviera a presentar a las elecciones. Marchena, según el acuerdo de esta semana entre los partidos, será el futuro presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo.
En todo caso, este incidente judicial no sería la causa de que Rosell se haya quedado finalmente fuera del CGPJ. La propia jueza, que ha hablado con el magistrado, está convencida de ello, según admite a MONCLOA.COM.
ROSELL Y EL EXMINISTRO SORIA
El asunto por el que el Tribunal Constitucional ha admitido su recurso de amparo fue uno de los frentes de la misma guerra. La Fiscalía de Las Palmas inició una investigación en la que indagó sobre el papel de la jueza en una causa contra un empresario. Rosell señaló entonces que el exministro del PP, José Manuel Soria, se encontraba detrás de las indagaciones.
Al final, Rosell también litigó contra la decisión de la Fiscalía de Las Palmas y el asunto llegó al Tribunal Supremo, concretamente a la Sala de Contencioso-Administrativo, que resolvió a favor de la jueza.
Sin embargo, este tribunal sólo encontró que se había vulnerado el derecho a la defensa de Rosell, por lo que ahora ella pretende ir más allá y que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre si el fiscal se excedió al invadir las competencias disciplinarias sobre jueces y magistrados que tiene el CGPJ.
La decisión de admitir a trámite el recurso de amparo de Victoria Rosell es significativo porque, según el Tribunal Constitucional, “afecta a un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina en este tribunal”. En esta última instancia sólo son admitidos a trámite el 1% de los recursos de amparo que llegan, señala la exdiputada de Podemos para subrayar la relevancia del mismo.
La Fiscalía no sólo inició una investigación que tendría que haber realizado el CGPJ, sino que, además, hizo pública una nota oficial sobre la misma que llevó a Rosell a no presentarse a las elecciones generales de hace dos años.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por el que también pasó este asunto, consideró que la Fiscalía vulneró el deber de neutralidad de los poderes públicos. Incluso, la falta de competencia de la Fiscalía produjo una falta de derecho a la defensa de Rosell, en opinión del citado tribunal.
Ahora será el Tribunal Constitucional el que remate esta guerra en la que estuvieron involucrados Rosell; el exministro de Industria del PP, José Manuel Soria; la Fiscalía de Canarias y el magistrado Manuel Marchena.
