Belarra reclama que las casas «son para vivir y no para especular» y pide prohibir los fondos buitres

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reivindicado este domingo que las casas «son para vivir y no para especular» y ha exigido la prohibición de los fondos buitres.

«En España durante décadas el bipartidismo del Partido Popular y el Partido Socialista ha permitido que la vivienda sea un bien para especular, para invertir y sacarle rentabilidad. Eso no puede seguir siendo así, las casas son para vivir», ha criticado este domingo, durante su participación en la manifestación ‘La vivienda es un derecho, no un negocio’ en Madrid.

Belarra ha reclamado que se prohíba «de una vez por todas» los fondos buitres y los grandes rentistas porque la vivienda tiene que ser para que las familias puedan vivir en ella. «Necesitamos prohibir la compra de vivienda que no sea para vivir en ella. Necesitamos una moratoria inmediata de todos los pisos turísticos y necesitamos que bajen los alquileres», ha afirmado.

Todo eso en este momento se puede hacer por ley, se puede hacer a través de políticas que haga el gobierno de España», ha comentado, al mismo tiempo que ha manifestado que el problema de España es que «hay un gobierno en el que solo manda Sánchez» y que no se toma en serio la lucha por la vivienda digna.

Por último, ha señalado que es urgente que se sigan repitiendo las movilizaciones, para exigir medidas concretas para «parar los pies de una vez por todas a los especuladores». Como se puede ver hoy aquí, le están robando la vida no solo a la gente más joven, sino también a muchísimas familias precarias que ya no se imaginan comprando una vivienda», ha apostillado.

Belarra pide explicaciones creíbles al PSOE por ‘caso Koldo’: «La corrupción es una seña de identidad del bipartidismo»

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido al PSOE que dé explicaciones «creíbles» por el ‘caso Koldo’, ya que es «absolutamente inverosímil» pensar que se estaba metiendo la mano en la caja «y el PSOE no sabía nada».

«Es absolutamente inverosímil pensar que el número dos del PSOE, el jefe de Ferraz, estaba metiendo la mano en la caja y el PSOE en su conjunto no sabía nada. Me parece que no es creíble, me parece que tienen que dar muchas más explicaciones y me parece que se está evidenciando una vez más que el bipartidismo tiene la corrupción como seña de identidad», ha asegurado Belarra este domingo a los medios de comunicación en Madrid, en la manifestación ‘La vivienda es un derecho, no un negocio’.

Belarra ha criticado que el bipartidismo piensa que «las instituciones son suyas y pueden utilizarlas para su beneficio personal» y ha asegurado que la corrupción no es cosa del pasado.

«Tenemos que seguir trabajando para acabar con la corrupción porque sigue siendo un rasgo característico del bipartidismo», ha señalado. Además, ha criticado que España tiene un Gobierno «en el que solo manda Sánchez.

El PP se querella contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias

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El Partido Popular va a presentar este lunes una querella en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional contra el PSOE por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias.

Lo ha anunciado este domingo la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en rueda de prensa en la sede de Génova tras la reunión extraordinaria del Comité de Dirección del partido para valorar la respuesta a los hechos conocidos estos días sobre el ‘caso Koldo’.

Gamarra ha indicado que hay «ocho autopistas de corrupción», relativas a temas relacionados con el ‘caso Koldo’, el viaje de Delcy Rodríguez a España, «la corrupción socialista del IVA de los hidrocarburos», la causa abierta a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o a su hermano, y que todas tienen un nexo de unión y es el mismo presidente.

«Estas ocho autopistas de corrupción, tienen un origen claro. De modo que el llamado número uno de la trama, Pedro Sánchez, es el kilómetro cero de todas las autopistas de corrupción que afectan a su Gobierno, a su partido y a su entorno más cercano. No caben cortafuegos, porque si unimos todos los puntos de todos los escándalos de corrupción que estamos conociendo, lo que sale literalmente es la cara de Pedro Sánchez», ha dicho Gamarra sobre Sánchez, de quien también ha pedido su dimisión.

((Habrá ampliación))

Mazón sostiene que Sánchez «tendría que estar dando explicaciones que no ha dado» sobre el ‘caso Koldo’

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El presidente del PPCV y ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sostenido que el presidente del Gobiero, Pedro Sánchez, «es quien tendría que estar dando explicaciones que no ha dado» respecto al ‘caso Koldo’ y ha manifestado su «respeto al procedimiento» judicial.

En estos términos se ha pronunciado este domingo Mazón, en declaraciones a los medios durante su visita a las fiestas de Moros y Cristianos de El Campello (Alicante), al ser preguntado por la reunión del Comité de Dirección del PP, convocada de urgencia por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, para que valore la respuesta a los hechos conocidos estos días sobre el ‘caso Koldo’.

«Ya sabéis que a mí cuando hay procesos en marcha no me gusta opinar, porque me gusta respetar los procesos judiciales mientras no son firmes», ha asegurado el líder de los ‘populares’ valencianos.

No obstante, ha remarcado que «no» es él «quien tiene que dar explicaciones sobre lo que estamos viendo, sobre lo que se está revelando». La gravedad de lo que está ocurriendo le corresponde al presidente del Gobierno, que es quien tendría que estar dando explicaciones que no ha dado», ha considerado, al tiempo que ha agregado: «Y a partir de ahí respeto al procedimiento.

Vox exigirá esta semana en el Congreso derogar el mercado de derechos de emisión en España

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Vox defenderá esta semana en el Congreso una iniciativa legislativa con la que propone derogar la ley de 2005 que regula la compra y venta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Se trata de una enmienda de totalidad que los de Santiago Abascal han presentado a un proyecto de ley del Gobierno para modificar el régimen de comercio de estos derechos y así transponer la directiva europea que adapta ese mercado a los objetivos de descarbonización pactados por la Comisión Europea para 2050.

En concreto, la modificación legislativa que quiere el Ejecutivo surge como consecuencia de la transposición de dos directivas de fecha de 10 de mayo de 2023, que forman parte del paquete de medidas ‘Fit for 55’ enmarcado en el Pacto Verde Europeo.

A juicio de Vox, este paquete legislativo establece un objetivo «más ambicioso, a la par que irreal», orientado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE en al menos un 55% para el año 2030, en comparación con los niveles de 1990.

IMPACTO NEGATIVO EN LA INDUSTRIA

Los de Santiago Abascal esgrimen que uno de los principales problemas de ese régimen de comercio es su impacto negativo en la competitividad de las empresas españolas, especialmente en sector industriales intensivos como la siderurgia, el cemento, la química o el papel.

Sobre todo porque la generación de energía renovable «no cubre la demanda eléctrica» que necesitan las empresas de estos sectores, al tiempo que, dice Vox, el aumento en los precios del dióxido de carbono (CO2) ha impuesto una carga financiera «insostenible» para la industria electrointensiva.

En concreto, el grupo dice que en 2018, el precio medio del derecho de emisión de CO2 se situaba en 15,88 euros por tonelada; en 2019 ascendió a 24,84 euros y en 2023 escaló hasta los 83,50 euros.

«Al encarecerse los derechos de emisión, también se incrementan los costes de producción, lo que se traduce en un aumento del precio final de los productos», argumenta la formación, advirtiendo también que el creciente coste de los derechos de emisión supone una «desventaja» frente a empresas de países extracomunitarios como India o Bangladesh, donde las políticas climáticas son más laxas o inexistentes.

Por todo ello, Vox propone un texto alternativo al del Gobierno para pedir directamente que se derogue la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, así como todas las disposiciones de igual o inferior rango que se deriven de ella o la complementen.

La comisión del Congreso que investiga la ‘Operación Cataluña’ abre el martes sus interrogatorios con Francisco Martínez

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La comisión del Congreso encargada de investigar la actuación de la llamada ‘policía patriótica’ contra el independentismo catalán, conocida como ‘Operación Cataluña’, abrirá este martes sus comparecencias recibiendo al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que estuvo en el cargo durante la etapa del ministro del Interior ‘popular’ Jorge Fernández Díaz.

El Congreso ya investigó sobre la utilización partidista de Interior y las Fuerzas de Seguridad en 2017, y en 2023 también abrió pesquisas sobre la trama parapolicial a la que se atribuyen actuaciones contra adversarios políticos del PP no sólo indepedendistas sino también formaciones como Podemos.

Francisco Martínez, que fue ‘número dos’ de Interior entre enero de 2018 y noviembre de 2016, iba a ser llamado por la comisión el año pasado, pero ese órgano se cerró precipitadamente por la convocatoria de las elecciones general de julio de 2023 y sólo dio tiempo a que compareciera el excomisario José Manuel Villarejo.

En agosto de 2023, a cambio de que los independentistas apoyaran a Francina Armengol para presidir del Congreso y garantizar una mayoría progresista en la Mesa de la Cámara, el PSOE pactó con ERC y Junts la creación de tres comisiones de investigación: sobre la ‘Operación Cataluña’, los atentados yihadistas de agosto de 2017 en Cataluña y el espionaje a políticos con el programa ‘Pegasus’.

ACORDADAS CON ERC Y JUNTS

Las tres se constituyeron a finales del pasado mes de febrero pero aún no han empezado a trabajar. Ahora se activa la de la ‘Operación Cataluña’ y antes de que acabe el mes empezarán las comparecencias de la de los atentados del 17A con el interrogatorio al ex director Nacional del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán.

Los socialistas han acordado con ERC y Junts dejar para más adelante la investigación sobre ‘Pegasus’. Las tres comisiones tenían de plazo hasta el día 28 de octubre para aprobar unas conclusiones por lo que se van a ver obligadas a solicitar autorización al Pleno para poder trabajar más allá de esa fecha.

Por lo pronto, este martes los comisionados que se encargan de la ‘Operación Cataluña’ podrán plantear sus preguntas a Francisco Martínez, quien ya acudió al Congreso en junio de 2021 para rendir cuentas sobre la llamada ‘Operación Kitchen’ el entramado montado desde Interior para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y robarle puebras que pudieran implicar a dirigentes del partido en casos de corrupción, un caso por el que está investigado en la Audiencia Nacional.

PINO YA COMPARECIÓ EN 2017

Una vez concluya el interrogatorio a Francisco Martínez, la comisión recibirá al comisario jubilado Eugenio Pino, que fue director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional entre 2012 y 2016 y que sí habló de este asunto en el Congreso durante la investigación de 2017. Pino también está siendo investigado por el ‘caso Kitchen’.

Durante su comparecencia de hace siete años en sede parlamentaria Pino negó que existiera una brigada política bajo su mando y eludió dar detalles de las investigaciones sobre la familia del expresidente catalán Jordi Pujol y sobre el exalcalde de Barcelona Xavier Trias.

Un año después, en 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le condenó por el conocido como ‘caso pendrive’ de los Pujol, el intento que hizo la policía patriótica de contaminar la investigación sobre Jordi Pujol Ferrusola a través de un ‘pendrive’ con información «de orígen ilícito.

Además, Martínez y Pino han sido citados para los próximos días 28 y 29 de octubre, respectivamente, por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien les investiga por las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial que se habrían llevado a cabo sobre varios cargos de Podemos. La portavoz de Podemos en la comisión de investigación y secretaria general del partido morado, Ione Belarra, podrá aprovechar el interrogatorio del Congreso para pedirles cuentas por este asunto.

La AN juzga desde este lunes al exembajador Raúl Morodo, a su hijo y a su esposa por delitos fiscales

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La Audiencia Nacional (AN) juzga desde este lunes al exembajador de España en Caracas Raúl Morodo, a su hijo Alejo y a la esposa de éste, Ana Catalina Varandas, por los presuntos delitos de fraude a la Hacienda Pública que habrían cometido entre 2013 y 2017. El diplomático se enfrenta a una pena de 3 años y 6 meses de cárcel y una multa de 378.700 euros por delitos contra la Hacienda Pública.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción pide tanto para Alejo Morodo como para su esposa 8 años y 6 meses, y multas que rozan los 4 millones de euros para cada uno.

En cuanto a las responsabilidades civiles, la fiscal Ana Cuenca señala que Alejo Morodo y su esposa debían ser condenados a indemnizar a la Hacienda Pública de manera conjunta con la cantidad de 617.442euro por la defraudación del ejercicio 2013; Alejo Morodo con 315.273euro por 2014; Raúl Morodo con 126.222euro por 2014; y Ana Catarina Varandas con 435.970euro por la defraudación de 2017.

En esta línea, la Fiscalía destaca que habría sido entre los años 2007 y 2015 cuando Alejo Morodo habría centrado su «actividad profesional en la supuesta prestación de servicios de asesoramiento legal y consultoría internacional«, que le habrían generado «cuantiosas rentas.

Anticorrupción explica que Alejo Morodo se valió de «relaciones entabladas por su padre con altos cargos de Venezuela durante los años 2004 a 2007 en los que ejerció el cargo de embajador de España» para así iniciar «una supuesta relación contractual con la empresa pública venezolana PDVSA para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional que se extendió hasta el año 2014».

«Con el fin de defraudar a la Hacienda Pública española, consciente de que la debida tributación de esas rentas por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) le supondría un considerable desembolso económico, decidió interponer tres sociedades instrumentales para que facturaran formalmente esos supuestos servicios, eludiendo así tributar sus rentas por el IRPF para hacerlo con el menor tipo impositivo que le ofrecía el Impuesto de Sociedades», sostiene el Ministerio Público.

En la «ejecución de esta ilícita actuación», indica Anticorrupción, «participaron Ana Varandas y Raúl Morodo». En el caso del exembajador, añade la Fiscalía, «también ocultó a la Hacienda Pública las ganancias que percibió con cargo al patrimonio de dos de aquellas sociedades».

LA ABOGACÍA SOLICITA 7 AÑOS DE PRISIÓN

La Abogacía del Estado, en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, interesa que Alejo Morodo sea condenado a 4 años de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública por el IRPF del ejercicio 2013 y a 3 años y 6 meses de prisión por un delito del mismo tipo por el IRPF del ejercicio 2014.

En este sentido, solicita que se imponga a Varandas una pena de 4 años de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública por el IRPF del ejercicio 2013 y 3 años de prisión por un delito del mismo tipo en relación al IRPF del año 2017.

Por último, insta a que Raúl Morodo sea condenado a 2 años y 8 meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública por IRPF del ejercicio 2014.

MANOS LIMPIAS PIDE LA CONDENA MÁS ALTA

El sindicato Manos Limpias, cuyo presidente Miguel Bernad interpuso la denuncia, es la acusación que contempla penas más elevadas. Así, ha pedido que Alejo Morodo sea condenado a 18 años y 6 meses de cárcel por un delito de organización criminal, uno blanqueo de capitales y dos contra la Hacienda Pública.

Además, en el escrito elaborado por la representación legal de Manos Limpias, se insta a que Varandas afronte una pena de 12 años y 6 meses por los mismos delitos. En cuanto a Raúl Morodo, interesa una condena de 9 años y 6 meses por un delito de organización criminal, otro de blanqueo de capitales y uno contra la Hacienda Pública.

Manos Limpias también pide que sean condenados a indemnizar a la Hacienda Pública en la misma cantidad solicitada por la Abogacía del Estado.

Por su parte, la Agencia Tributaria, personada también como acusación, interesa para el exembajador la pena de 2 años y 8 meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública por el IRPF del ejercicio 2014.

Para Alejo Morodo solicita 4 años de prisión por el ejercicio de 2013, y 3 años y 6 meses por el de 2014; mientras que para su esposa interesa 4 años por el IRPF de 2013, y 3 años de cárcel por el delito contra la Hacienda Pública por IRPF del ejercicio 2017.

La equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil propuesta por PP se somete a debate esta semana en el Congreso

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El Pleno del Congreso acogerá este martes un debate impulsado por el PP sobre la equiparación salarial «real, total y absoluta» de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos, una de las revindicaciones habituales de las asociaciones de sendos cuerpos y que ahora los ‘populares’ exigen al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla.

Será a través una proposición no de ley, que se someterá a votación ese mismo martes, en la que los de Alberto Núñez Feijóo recuerdan que en el año 2018, cuando todavía estaba el Gobierno de Mariano Rajoy, se firmó un acuerdo «histórico» de equiparación salarial con los principales sindicatos de la Policía y la Guardia Civil.

Según detallan, en el texto recogido por Europa Press, en ese acuerdo se estableció un proceso de equiparación gradual en tres ejercicios, 2018, 2019 y 2020, con un importe de 807 millones de euros que serían destinados al Complemento Específico Singular (el 90 % del total) y a la Productividad (el 10 % restante), más 100 millones de euros adicionales que se destinarían a incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada al servicio activo.

Asimismo, se estableció el compromiso de contratar una consultora externa que fijase los criterios y las cantidades necesarias para la equiparación salarial real, total y absoluta.

EL GOBIERNO LO «DESPRECIÓ» EN 2018

Sin embargo, en la iniciativa alertan de que el Gobierno de Sánchez «despreció» aquel informe y encargó uno nuevo que tuviera en cuenta las pretensiones de los socialistas de «no seguir incrementando» las cantidades necesarias para la equiparación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

«El PP defiende la necesidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuenten con los medios materiales y técnicos necesarios para realizar su trabajo y por ello, deben tener las mismas retribuciones que el resto de cuerpos policiales que realizan el mismo trabajo que la Policía Nacional y la Guardia Civil», inciden.

Por ello, instan al Ejecutivo a encargar un nuevo informe de consultoría externa que recoja las cantidades pendientes de consignar hasta alcanzar la equiparación real, total y absoluta de Policía Nacional y Guardia Civil con las Policías Autonómicas.

TAMBIÉN JUBILACIÓN ANTICIPADA

Asimismo le exigen ejecutar la cláusula tercera del acuerdo de equiparación acordado en 2018 para a permitir el regreso a la vida activa de los policías y guardias civiles que se encuentran en situación administrativa de Segunda Actividad o de Reserva, reconociéndoles el derecho a la equiparación.

También urgen al Ejecutivo a elaborar una ley de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que impida en el futuro nuevas desigualdades en relación con el resto de Policías del territorio español.

Y por último, reclaman que se proceda a los estudios y modificaciones legislativas oportunas, para aprobar la jubilación voluntaria anticipada a sendos cuerpos oficiales.

La ley de Familias anunciada por Sánchez lleva ocho meses en el Congreso y fue impulsada por Belarra hace dos años

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La ley de Familias anunciada el pasado miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es la misma que presentó la exministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, hace dos años y la misma que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de febrero, a propuesta del actual ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, un texto que lleva ocho meses en el Congreso de los Diputados.

«Les anuncio que las próximas semanas los partidos del Gobierno de coalición vamos a intentar trabajar con los grupos parlamentarios para aprobar una nueva Ley de Familias en esta Cámara que ampliará los derechos de las familias monoparentales, las familias numerosas, las familias migrantes y aquellas familias que tengan algún miembro con discapacidad», aseguró Sánchez ante el Pleno de la Cámara el pasado miércoles.

En este sentido, avanzó que el objetivo es «impulsar la natalidad siendo fieles a los principios de la diversidad, de la libertad, de la justicia social». En todo caso, dijo que «no es realista pensar que España vaya a recuperar esa tasa de fecundidad de 2,1 hijos por mujer que garantiza el crecimiento natural de su población» porque «ningún país desarrollado del mundo lo ha logrado».

Si bien, la ley de Familias no es nueva pues el texto sobre el que se está negociado desde hace ocho meses en la Cámara Baja es el mismo que ya impulsó hace dos años la entonces ministra de Derechos Sociales Ione Belarra y cuya tramitación decayó en 2023 al convocarse elecciones anticipadas.

Además, es el mismo texto que Bustinduy llevó el pasado mes de febrero al Consejo de Ministros. El Gobierno le dio luz verde y lo remitió a las Cortes. Desde entonces, según han precisado a Europa Press fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, han estado negociando con los diferentes grupos políticos y, actualmente el texto se encuentra en la primera fase, que es la de enmiendas a la totalidad.

La ley de Familias tiene tres objetivos: reconocer jurídicamente y tratar de equiparar la diversidad familiar al marco legal, mejorar la protección social que perciben todos los supuestos de familias en España y la equiparación jurídica de las familias.

Así, reconoce jurídicamente a todos los supuestos de familias, como las monomarentales, las adoptivas, las familias LGTBI y las que cuentan entre sus miembros a personas con discapacidad.

AUMENTAR EL PERMISO DE PATERNIDAD DE 16 A 20 SEMANAS

Además, tal y como ha explicado Bustinduy, la ley de Familias va a formalizar una prestación por crianza, concretamente, una renta de 100 euros al mes por hijo e hija durante sus tres primeros años de vida y otras medidas como ampliar los permisos por nacimiento de 16 a 20 semanas, y retribuir 4 de las 8 semanas del permiso de cuidados hasta los 8 años.

En cuanto a la renta de crianza de 100 euros al mes, actualmente, ya tienen este derecho las madres trabajadoras con hijos de hasta tres años, las que perciben prestaciones contributivas o asistenciales por desempleo, las que estén dadas de alta en el momento del nacimiento o cualquier momento posterior en su régimen de seguridad social durante un mínimo de 30 días cotizados y las madres que tienen derecho al complemento de apoyo a la infancia (CAPI) del Ingreso Mínimo Vital.

Si bien, la intención del Ministerio es negociar para extender esta renta de crianza y avanzar «hacia la universalización», para que las familias la perciban hasta que el menor cumpla 18 años.

Asimismo, la ley de Familias indica que el padre o la madre no gestante podrá anticiparse al permiso de 16 semanas, cogiéndolo en los diez días previos a la fecha prevista de parto.

Por otro lado, en principio, a través de esta nueva ley el Ejecutivo elimina el término de ‘familias numerosas’, que pasarán a llamarse ‘familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza’ y entre las que se incuirá a las que hasta ahora eran consideradas numerosas (con 3 ó más hijos) y a las monoparentales con dos hijos. Además, la cateogoría ‘especial’ pasará de cinco a cuatro hijos y englobará también a las familias con tres hijos en caso de parto múltiple –en vez de cuatro como en la actualidad– y a las familias con tres hijos y bajos ingresos.

También serán consideradas como ‘con mayores necesidades de apoyo a la crianza’ las familias de dos hijos que tengan un padre o un hijo con al menos 33% de discapacidad y los hogares encabezados por una víctima de violencia de género.

En caso de separaciones o divorcios con custodia compartida el título de familia numerosa lo podrán ostentar ambos progenitores, para acogerse ambos a los beneficios por familia numerosa.

En todo caso, según han señalado fuentes del departamento, están abiertos a revisar el cambio de nombre de ‘familia numerosa’ –algo que provocó el rechazo de la Federación de Familias Numerosas– en la negociación parlamentaria si el problema es la «etiqueta», ya que el objetivo es tener «el mayor consenso posible».

La norma también recoge que las familias monoparentales tendrán prioridad en la elección de colegios, a la hora de acceder a una vivienda protegida, entre otras situaciones.

En cuanto a las parejas de hecho, se creará un registro estatal y tendrán los mismos derechos que un matrimonio. En este caso, recibirán pensión de viudedad y quedan recogidas en el acceso al Fondo de Garantía de Pago de Alimentos para los hijos e hijas a cargo en caso de disolución de la pareja de hecho.

TRES PERMISOS PARA CUIDADO DE HIJOS Y PADRES

Tras decaer la ley por la convocatoria de elecciones anticipadas, el Consejo de Ministros aprobó, por decreto, en junio de 2023, tres permisos por cuidado de familiares e hijos que se incluían en la Ley de Familias.

El primero de ellos es un permiso de cinco días al año, retribuidos, para utilizar en caso de accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que necesite reposo, tanto de un familiar de hasta segundo grado, como de un conviviente.

El segundo es un permiso «por causa de fuerza mayor», que se distribuye por horas y puede alcanzar en total hasta 4 días al año para cada trabajador. También está retribuido y busca permitir a padres y madres ausentarse del trabajo cuando haya motivos familiares urgentes, por ejemplo, si un hijo se pone enfermo o si el trabajador tiene que acompañar al médico a sus padres.

Del mismo modo, se aprobó un permiso parental de 8 semanas, para disfrutarlo de forma continua o discontinua, a tiempo completo o parcial, hasta que el menor cumpla 8 años. No obstante, por el momento, este permiso no está retribuido y el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, reconoció el pasado mes de agosto que España debe pagar a Bruselas 7 millones de euros «de momento», en concepto de sanción por no cumplir con el plazo para hacer retribuibles cuatro de las ocho semanas del permiso por cuidado de hijos, que vencía el 2 de agosto.

El decreto aprobado en 2023 incluye otra propuesta del equipo de Belarra, que también se recogía en la Ley de Familias, por el que las parejas de hecho tienen derecho a los 15 días de permiso por registro, igual que los matrimonios.

Bustinduy aseguró el pasado miércoles que la Ley de Familias busca «saldar una deuda» de «recursos, de tiempo y de conciliación» con las familias en España.

«Es una ley que va a incorporar mecanismos de protección universal para las familias en España y también intervenciones reforzadas para algunos casos que son particularmente urgentes y necesarios, como son las familias monomarentales, que por primera vez se verán recogidas y protegidas por esta ley, las familias numerosas que verán mejoradas todas las condiciones de su protección social, las familias que cuentan con algún miembro que sea migrante o las familias que cuentan con miembros con algún tipo de discapacidad», subrayó el ministro.

El CIS ultima su barómetro de octubre, hecho tras el debate interno en PSOE, la crisis migratoria y el fraude de Alvise

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El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) está ultimando su Barómetro de Opinión correspondiente al mes de octubre, que recoge los ecos del debate interno en el PSOE a cuenta de la financiación autonómica, la crisis migratoria y la falta de acuerdo entre los dos grandes partidos y el caso de fraude que ha salpicado al eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis ‘Alvise’ Pérez, quien ha admitido que cobró 100.000 euros en efectivo y sin factura de un empresario.

El trabajo de campo de este estudio del CIS, realizado en los primeros días de este mes, coincidió con la ruptura del la negociaciones para el reparto de menores migrantes no acompañados, un asunto que ha vuelto a enfrentar al PP con el Gobierno. En el estudio de septiembre la inmigración irrumpió como primer problema nacional, con un 30,4% de menciones, un registro no se veía desde 2007, tras la conocida como ‘crisis de los cayucos’.

LA CRISIS CON MÉXICO

Mientras el CIS hacía sus entrevistas para el barómetro de octubre se hablaba también del llamado ‘giro social’ del PP, que presentó una propuesta en materia de conciliación familiar; de la polémica por la ausencia del Rey en la toma de posesión de la nueva presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y sobre el recrudecimiento de la guerra en Oriente Próximo con los ataques de Israel a Líbano.

La encuesta puede recoger igualmente los ecos del debate interno abierto en el PSOE por el acuerdo de PSC y ERC para dar a Cataluña una financiación singular ajena al régimen común. En medio de las quejas de federaciones como la de Castilla-La Mancha, el PSOE celebró en septiembre su comit*ñe federal y convocó un congreso a finales de noviembre.

Y fue a finales de septiembre cuando ‘Alvise’ Pérez reconoció que había aceptado esos 100.000 como «honorarios privados». El empresario que le habría dado el dinero en plena campaña de las europeas del pasado mes de junio es Álvaro Romillo, ex consejero delegado de Madeira Invest Club, una plataforma de inversiones a la que el eurodiputado promocionó y que está siendo investigada por una estafa piramidal.

EL PP SU PEOR DATO Y VOX, EL MEJOR

El Barómetro de Opinión de septiembre mantenía al PSOE en cabeza con una estimación de voto del 33% y una ventaja de cuatro puntos y medio sobre el PP, que, con un 28,5%, se anotaba su cota más baja de la legislatura.

En la tercera plaza Vox lograba su mejor dato en las encuestas del CIS, un 13,1%, seguida de Sumar con un 7,8% y de Podemos con un 3,6%, mientras que a la plataforma de ‘Alvise’ Pérez se le calculaba un apoyo del 2,9%, dos décimas más que antes del verano.

Feijóo retoma esta semana su agenda social y se verá con sindicatos y empresarios para abordar su Ley de Conciliación

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, retomará esta semana su agenda social y se verá con sindicatos y patronal para intercambiar puntos de vista sobre la Ley de Conciliación que el Grupo Popular ha registrado en el Congreso, con el objetivo de mejorar la norma durante la tramitación parlamentaria.

En concreto, Feijóo se verá el lunes con la CEOE y CC.OO. y el martes lo hará con Cepyme y UGT, a los que presentará las propuestas de su partido en materia de conciliación como la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, el incremento de las deducciones por hijo –de 1.200 a 1.800 euros– o la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas.

Además, Feijóo ha abierto la puerta a concentrar la semana laboral en cuatro días, con jornadas de «9 horas o 9,5 horas» y «en algunos sectores», si bien fuentes de la dirección del PP han precisado que esta propuesta estaría siempre condicionada al acuerdo entre empresas y trabajadores y sin reducir la productividad.

Esta última propuesta ha disgustado a algunos cargos del llamada ‘ala dura’ del PP, que han recriminado a la cúpula del PP la oportunidad de introducir este debate en este momento, cuando vicepresidenta Yolanda Díaz pelea con la patronal para reducir la jornada a 37,5 horas.

En ‘Génova’ están decididos a dar la batalla social en todos los aspectos, sin que le hagan mella algunas críticas internas a las que puso voz públicamente la pasada semana la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. Y ahí incluyen también el debate sobre la flexibilidad de la jornada laboral a través de un banco de horas para que los trabajadores puedan elegir cómo utilizarlas para conciliar.

Vamos a dar la batalla con la conciliación y el problema de la vivienda porque el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho nada en sus seis años en Moncloa y hay un electorado frustrado», han confirmado a Europa Press fuentes del equipo de Feijóo, que han recordado que el PP no puede seguir llegando tarde a debates sociales como le ha ocurrido en el pasado con el aborto o el matrimonio gay.

CRITICAS DE SÁNCHEZ, QUE HABLA DE «GIRO ANTISOCIAL»

Feijóo ha asegurado que su Ley de Conciliación pretende ser la «más ambiciosa de la democracia» pero el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aprovechó el Pleno del Congreso del pasado miércoles para criticar el «giro antisocial» y «reaccionario» que busca el PP, en especial la propuesta de la semana de cuatro días y que, a su juicio, llevaría a la gente a salir de trabajar «a las ocho o a las diez de la noche.

Una forma muy peculiar de ayudar a las familias a conciliar y si me permite una forma muy peculiar también de ayudar a las empresas a salir adelante. Por eso la CEOE en fin ha rechazado esta ocurrencia», espetó Sánchez a Feijóo.

En ‘Génova’ saludan que Sánchez entre al «combate» con Feijóo en medidas sociales porque, a su entender, el modelo del PP ofrece soluciones mientras que el PSOE lleva seis años gobernando sin que los españoles perciban en qué ha mejorado su vida, según han recalcado a Europa Press fuentes de la cúpula del PP.

«Creo en una política para que la gente se encuentre en una situación mejor y que el dinero que pagan con sus impuestos tenga un mayor recorrido y una mayor utilidad en beneficio de sus necesidades», declaró esta semana Feijóo en Guadalajara, tras visitar una escuela infantil.

LA PRÓXIMA SEMANA VIAJARÁ A BRUSELAS Y BERLÍN

Además, Feijóo seguirá con su agenda social en política migratoria, dado que viajará el viernes 18 de octubre a Berlín (Alemania) para verse con el líder la democristiana CDU, Friedrich Merz, con el que volverá a intercambiar puntos de vista sobre inmigración.

El líder del PP, que ya ha visitado Polonia, Grecia e Italia, seguirá así su gira para recabar apoyos a su «alianza» europea contra la inmigración ilegal. Un día antes, el jueves 17, se desplazará a Bruselas para reunirse con la familia del PPE antes del Consejo Europeo.

Con sus citas esta semana en inmigración y en conciliación, Feijóo intenta poner el foco en su agenda social después de una semana marcada por el «error injustificable» del PP –en palabras del propio líder del PP– al votar a favor de la reforma legal sobre intercambio de antecedentes penales europeos que beneficia a presos de ETA.

El crimen de Samuel Luiz, a juicio desde el día 16: cinco acusados y más de 80 declaraciones

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El crimen de Samuel Luiz, el joven de 24 años que falleció tras una paliza en el paseo marítimo coruñés en la madrugada del 3 de julio de 2021, a la salida de un local de ocio, llegará tres años después a los tribunales.

Un jurado popular determinará o no la culpabilidad de los cinco acusados — para los que se piden penas de entre 22 y 27 años de cárcel — en un juicio con 84 declaraciones, entre testificales y periciales, en la Audiencia Provincial de A Coruña.

Será tras la elección de los miembros del jurado el día 15 para proceder al día siguiente a la exposición de informes y cuestiones previas por las partes personadas: Fiscalía; acusación particular (la familia de Samuel); acusación popular (el colectivo LGTBI Alas Coruña) y las defensas.

El día 17 declararán dos de los acusados en un juicio previsto hasta el 18 de noviembre, con la entrega ese día del objeto del veredicto al jurado. Será con sesiones que comenzarán a las 9.45 horas y que se celebrarán, durante ese periodo, todos los días, de lunes a viernes, en horario de mañana.

PRIMERAS DECLARACIONES

De los acusados los primeros en declarar el día 17 serán A.M.R., para el que se piden 22 años de cárcel, y C.S.B, la única mujer que se sentará en el banquillo de acusados y para la que se solicitan 25 años de prisión.

El inicio de las testificales será también ese día con dos amigos de la víctima presentes en el lugar y los ciudadanos senegaleses que trataron de auxiliar a Samuel. Luego continuará con testificales y otras pruebas hasta que el 14 de noviembre tenga lugar la declaración de los tres acusados que han optado por hacerlo al final.

Se trata de D.M.M., el que, presuntamente, inició la agresión, A.F.G. y K.A.S.C. El primero se enfrenta a una petición de condena de 25 años de prisión, el segundo de 22 años y el tercero a 27 años.

A todos, como a los dos primeros, se les imputa un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento aunque en el caso de D.M.M. y C.S.B, también la agravante de discriminación por la condición sexual de la víctima. En el caso de K.A.S.C. se eleva la pena a 27 años por presunto delito de robo con violencia, en relación con el móvil del fallecido.

OTRAS TESTIFICALES

A partir de las testificales del 17 de octubre, será el turno de viandantes que estaban por la zona, amigos de los acusados, el empleado de un pub y otros testigos.

El 24 de octubre lo harán dos jóvenes también implicados pero que, por ser menores en 2021, fueron condenados en su momento a tres años y medio de internamiento en régimen cerrado tras un acuerdo entre las partes. Cuatro días después, el día 28, serán los padres de la víctima y al día siguiente la madre de uno de los acusados.

A partir del 30 de octubre, comenzarán las declaraciones de testigos/peritos, algo más de 40, entre ellos policías nacionales, como el coordinador de la investigación, facultativos, peritos de parte o personal de la Policía Científica. El 15 de noviembre se procederá a la lectura de los informes finales con posibilidad de que los acusados tomen la última palabra.

DISCRIMINACIÓN POR CONDICIÓN SEXUAL

El 18 de noviembre se entregará el objeto del veredicto al jurado popular, que decidirá si los hechos descritos constituyen un delito de asesinato con enseñamiento y alevosía, como sostienen las acusaciones, además de un posible delito de robo con violencia por la presunta sustracción del móvil de la víctima que se atribuyó en la investigación a uno de los acusados.

En cuanto a las circunstancias agravantes, deberá determinar si dos de los acusados (D.M.M. y C.S.B) ejecutaron los hechos relatados «por causa de su animadversión hacia la orientación sexual homosexual que le atribuyeron a la víctima».

Como circunstancias eximentes y/o atenuantes, la magistrada presidenta señaló en su auto que ha de establecerse, a través de las pruebas presentadas en la vista, si tres de los procesados, debido a la previa ingesta de bebidas alcohólicas o de drogas, se encontraban en estado de intoxicación, dando lugar «a alguna situación de alteración, disminución o eliminación de su capacidad para formar su voluntad y comprender el alcance de sus actos».

INVESTIGACIÓN

Según los investigadores, que constataron insultos de tipo homófobo hacia Samuel, que murió por un fallo multiorgánico como resultado de «muchísimos golpes», los hechos comenzaron poco antes de las tres de la mañana cuando Samuel se encontraba haciendo una videollamada con una amiga a la salida de un pub en la zona de la playa de Riazor.

En ese momento, uno de los acusados, D.M.M., se dirigió a él para recriminarle pensando que le estaba grabando. Fiscalía sostiene que «por las palabras y gestos» de Samuel «interpretó que era homosexual, hecho que desencandenó una reacción aún mucho más virulenta, llegando a decirle: ‘deja de grabar a ver si te voy a matar maricón».

Todo ello mientras «le seguía golpeando con puñetazos y patadas» para iniciarse luego una persecución con la participación, sostiene, de los otros cuatro acusados, además de los dos menores ya condenados.

«Rodeándolo para asegurar el ataque», sostiene el Ministerio Público quien apunta a una «crueldad extrema» con la intención de provocarle la muerte, en línea con las investigaciones policiales que apuntaron a una reunión posterior de los implicados en un parque antes de su detención.

El crimen de Samuel Luiz provocó numerosas protestas y muestras de solidaridad, con colocación de flores y homenajes en el lugar de los hechos, además de manifestaciones en su recuerdo y pidiendo ‘justicia’.