En los dos años y medio que dura ya la actual legislatura en España, primero con Mariano Rajoy en la Moncloa y desde hace seis meses con Pedro Sánchez como presidente, la actividad parlamentaria de Ciudadanos ha sido intensa.
Además de promover cientos de proposiciones no de ley, preguntas al Gobierno, interpelaciones a ministros y mociones, la formación naranja ha registrado 31 proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados desde julio de 2016. Este último tipo de iniciativas tienen una mayor relevancia porque una vez que se aprueban, se convierten en ley.
Sin embargo, el análisis del proceso seguido por esas 31 iniciativas muestra que solo dos de ellas han sido aprobadas. El balance es el mismo si se tienen en cuenta los tres años que Ciudadanos lleva en el Congreso, ya que en la breve legislatura anterior solo se aprobaron siete leyes y ninguna era de este partido.
El primer gran éxito de Cs fue la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, que, tras incorporar una serie de modificaciones planteadas por otros partidos y recibir el visto bueno de la Cámara Baja y del Senado, está en vigor desde octubre de 2017.
En la votación de toma en consideración en el Congreso, donde se decide si puede comenzar la tramitación parlamentaria o no, recibió el respaldo de 323 diputados y ninguno votó en contra, aunque hubo doce abstenciones. Posteriormente, fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras.
Gracias a ello, esta iniciativa sirvió a Albert Rivera y los suyos para sacar pecho por su capacidad de alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas y mejorar las condiciones de los autónomos, uno de los colectivos a los que el partido naranja presta más atención.
La ley incluye medidas como la eliminación de trabas administrativas, la ampliación a un año de la tarifa reducida, la posibilidad de darse de alta y de baja en el Régimen Especial hasta tres veces al año, la protección del accidente in itinere, nuevas ventajas fiscales y el derecho a baja de maternidad y paternidad.
LA SEGUNDA LEY DE CIUDADANOS
La otra ley de Ciudadanos que ha prosperado en el Congreso es la de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el Proceso Final de su Vida, más conocida como Ley de Muerte Digna. Aunque todavía está pendiente de entrar en la Cámara Alta, lo previsible es que también salga adelante.
En este caso, el grado de consenso en el Congreso fue alto –315 votos a favor de la toma en consideración–, aunque no tanto como en la ley de los autónomos En la votación final del pasado 20 de diciembre, una vez consideradas las enmiendas, recibió 23 votos en contra, los de UPN y los nacionalistas vascos y catalanes.
Sin embargo, de las 31 proposiciones de ley impulsadas por Ciudadanos durante esta legislatura, solo diez han sido debatidas y sometidas a votación en la Cámara Baja, aunque esto tiene una sencilla explicación.
Puesto que el tamaño de cada grupo determina el número de iniciativas que puede llevar al Pleno, en el caso de Cs, cuarta fuerza parlamentaria y con muchos menos diputados que el PP, el PSOE o Unidos Podemos, el cupo es relativamente pequeño. Aun así, ha conseguido que tres de sus proposiciones hayan iniciado su tramitación.
Se trata de la Ley de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, la Ley para Garantizar la Independencia de los Nombramientos en los Organismos Reguladores y la de Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, que se unió después a una iniciativa similar del PDeCAT.
Por contra, el Congreso ha rechazado la toma en consideración de cinco leyes planteadas por Ciudadanos. La que ha encontrado una mayor oposición en el hemiciclo ha sido la de Lucha contra la Precariedad Laboral, para establecer un modelo de contrato único, que solo convenció a los dos diputados de UPN y recibió 302 noes.
El partido de Albert Rivera tampoco logró sumar muchos apoyos a su propuesta de reforma de la Fiscalía General del Estado, con la que buscaba “garantizar la independencia” de este órgano estableciendo que el fiscal general fuese elegido por una mayoría parlamentaria reforzada en vez de por el Gobierno. Votaron a favor Unidos Podemos y Compromís.
Mucho más ajustados fueron los resultados de las votaciones en el caso de la ley para suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en toda España, la que pretendía eliminar el requisito de conocer la lengua cooficial para acceder a un empleo público y la que apostaba por desarrollar la Alta Inspección educativa mediante la creación de una agencia independiente.
Estas dos últimas se enmarcan en la lucha de Ciudadanos contra los partidos nacionalistas; concretamente, contra el “adoctrinamiento ideológico” en las escuelas y los intentos de “discriminar” a los ciudadanos que no hablan catalán o euskera.
Aunque la formación naranja sabe de antemano que algunas de estas propuestas no van a prosperar en el Congreso, en ocasiones las impulsa con el objetivo principal de que ciertos partidos queden retratados en la votación, por ejemplo el PSOE ante la iniciativa de la Alta Inspección educativa.
