La detención en Londres del fundador de Wikileaks, Julian Assange, supone el fin de un callejón sin salida en la vida de este filtrador de información comprometedora. En España, los denunciantes de casos de corrupción se encuentran en una situación personal que califican de ruinosa, con graves problemas laborales.
Uno de ellos es Luis Gonzalo Segura, teniente expulsado del Ejército en 2015 tras publicar una novela sobre corrupción en las Fuerzas Armadas. El exteniente asegura encontrase en una situación “ruinosa”, en la que no puede encontrar otro puesto de trabajo “ni en una garita” a pesar de estar altamente cualificado en materia de seguridad.
“Me mantengo gracias a lo que gano con mis libros y a colaboraciones con medios”, explica a MONCLOA.COM Segura, quien cuenta que “es obvio que aquellos que hemos denunciado tenemos antecedentes, se nos googlea antes de contrata7rnos”. El militar se queja de que “he llevado unidades de telecomunicaciones de las que dependía la vida de muchas personas y ahora no valgo para teleoperador”.
Actualmente, es muy activo en redes sociales, así como en medios de comunicación. Escribe semanalmente en la revista El Jueves y colabora con el medio Las Repúblicas. Segura dice que se siente “traicionado” por parte del PSOE, especialmente por la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien se había mostrado de su lado en numerosas ocasiones, pero ahora ni le coge el teléfono.
“Nos hemos encontrado ignorados, la ministra puede readmitirme en el Ejército”, dice Segura, quien afirma que se ha gastado mucho dinero en abogados para poder volver a su puesto: “yo soy militar”, recalca.
Diferentes filtradores de casos de corrupción españoles se presentaron en febrero en el Parlamento Europeo para pedir protección para los denunciantes. La Plataforma x la Honestidad, impulsó a la Ley de protección para los denunciantes de casos de corrupción en el Congreso de los Diputados en marzo de 2016, cuando su equipo concertó las primeras reuniones con todos los partidos políticos en el Congreso, excepto con el Partido Popular, que no quiso recibirles. Actualmente, este proyecto de ley se encuentra parado. La conferencia, organizada en las instalaciones del Parlamento por los grupos de la Izquierda Unitaria y Los Verdes, contó con Segura
Otro de los casos similar es el de Ana Garrido, extrabajadora del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), que denunció el caso Gürtel de corrupción en torno al Partido Popular (PP), el golpe más duro que ha sufrido la formación de Pablo Casado y cuya sentencia fue clave para la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno.
Tras denunciar la corrupción, Garrido dejó el Ayuntamiento y no fue capaz de encontrar otro trabajo, por lo que abrió su propio negocio una tienda online de bisutería, “Chica Yeyé”. Sin embargo, actualmente su página web se encuentra inactiva.
LAS CONSECUENCIAS DE DENUNCIAR LA CORRUPCIÓN
Roberto Macías, acudió el pasado 31 de enero, respaldado por el portavoz de la Plataforma x La Honestidad, Pedro Arancón, entre otros, a la comparecencia sobre un presunto fraude de UGT en Andalucía, sindicato donde trabajaba.
Macías compareció en la Comisión de Investigación sobre los cursos de formación que se desarrollaron en la Junta General del Principado de Asturias, donde afirmó que UGT Andalucía se valió del «cobro de mordidas a proveedores», mediante las que, por las compras o facturación, devolvían al sindicato un dinero que éste «podía utilizar para cualquier otro fin».
El extrabajador de UGT también puso en evidencia un “falseamiento de facturas» acusando al sindicato andaluz de, por ejemplo, encargar 5.000 DVD y facturar 10.000. Junto a Macías ha acudió su abogado, Paco Sánchez Ramón, quien se mostró «enfadado» por la «pantomima» que a su juicio estaba siendo la comisión.
Tanto es así, que ha afirmado que la próxima semana remitirá a la Junta los gastos de desplazamiento de su defendido por su comparecencia. Macías es Responsable de Relaciones Internacionales de la Plataforma por la Honestidad y en la actualidad teme ser desahuciado de su casa.
Jaime González, funcionario de la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía, acaba de retomar su puesto de trabajo tras una baja de año y medio, causada por las supuestas vejaciones sufridas tras denunciar «el cártel del Fuego», una serie de irregularidades cometidas respecto al concurso de la Junta de Andalucía para la contratación de los medios aéreos del Plan Infoca, por un importe de 70 millones de euros.
González ha denunciado a MONCLOA.COM que si bien es cierto que no ha perdido su trabajo, se encuentra en una pésima situación en la que no puede realizarlo con normalidad porque le cierran con llave los armarios «para que no pueda acceder a ningún documento», ni siquiera a aquellos que necesita para realizar su trabajo como Asesor Técnico de Contratación de la Junta de Andalucía.
El denunciante afirmó que las vejaciones han disminuido en comparación con las sufridas antes de su ausencia, pero que en su lugar de trabajo existe un ambiente hostil que no le permite desarrollar su labor con normalidad. Además, denunció que los imputados siguen trabajando y a él le hacen la vida imposible.
