La Comunidad de Madrid ha dado el primer paso para dotarse de una ley antiburocracia tras eliminar 540 normas en los últimos cinco años. El Consejo de Gobierno publicó este miércoles en el Portal de Transparencia la consulta pública previa del anteproyecto de la Ley de medidas contra la Hiperregulación, que busca agilizar trámites y reducir cargas administrativas para empresas y ciudadanos.
Qué promete la futura ley madrileña
El texto, que ahora inicia su andadura legislativa, pretende dotar a Madrid de una herramienta jurídica para combatir el exceso de normas que ralentiza la actividad económica. La idea central es clara: acortar plazos, eliminar pasos redundantes y ofrecer a quien invierte o emprende una ventanilla más ágil. En la práctica, la ley obligará a que cualquier nueva regulación incluya un análisis de impacto sobre la unidad de mercado y el coste administrativo que generará.
Uno de los ejemplos que maneja el Gobierno regional es la modificación de la Ley del Suelo de 2023, que ya ha servido para recortar los tiempos de obtención de licencias urbanísticas. Ahora la nueva norma amplía ese enfoque a todo el ordenamiento autonómico, priorizando los trámites telemáticos y las declaraciones responsables siempre que sea posible. En materia social, se extiende el uso de las declaraciones responsables para acceder a servicios como la atención a la dependencia o las ayudas a familias, eliminando la exigencia de documentación que la Administración ya posee.
La viceconsejería de Economía subraya que el objetivo no es solo «desatornillar» procedimientos, sino enviar una señal de estabilidad a los inversores. Con esta ley, Madrid se posiciona como la primera comunidad en establecer un marco general de revisión normativa periódica que obliga a todas las consejerías a justificar la necesidad de cualquier trámite nuevo.
El precedente: 540 normas depuradas y el reto de ir más allá
El anteproyecto no parte de cero. La Comunidad ha simplificado en los últimos cinco años 540 normas, un dato que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso presenta como aval de su «compromiso contra la hiperregulación». La mayoría de las derogaciones y fusiones han afectado a reglamentos sectoriales de agricultura, industria y servicios sociales, donde la acumulación de decretos generaba contradicciones y duplicidades.
Tirar 540 normas en un lustro es un logro, pero la verdadera prueba será que la ley consiga que el autónomo no tenga que esperar meses por una licencia de actividad.
Esos ajustes previos permitieron, por ejemplo, que las licencias de obra menor pasaran a tramitarse en días y no en semanas, y que las ayudas al alquiler para jóvenes se resolvieran con un formulario único frente a los tres que exigían antes tres consejerías distintas. Sin embargo, la nueva ley quiere ir más lejos: no solo suprimir lo que sobra, sino impedir que el exceso normativo vuelva a crecer mediante una memoria de impacto administrativo obligatoria para cualquier proyecto de decreto.
La hiperregulación en la diana: una ambición que deja preguntas abiertas
El movimiento de la Comunidad de Madrid recuerda a iniciativas como la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado estatal, pero con un enfoque más quirúrgico y territorial. Mientras aquella norma chocó con resistencias competenciales, aquí el Ejecutivo autonómico tiene margen pleno sobre su propio ordenamiento. Es, en esencia, una autoimposición que obliga a la administración a ser más eficiente con sus propios recursos.
La ambición es alta, y de ahí nacen las dudas. La mayor parte de los plazos que se recortan con esta ley era de unos pocos días en trámites sencillos, mientras que los grandes cuellos de botella —licencias ambientales, autorizaciones de gran superficie o proyectos que requieren informes sectoriales de otras administraciones— apenas se tocan. Sin una coordinación real con los ayuntamientos y con otros niveles de gobierno, la simplificación corre el riesgo de quedarse en la fachada.
A eso se suma el calendario: publicada la consulta previa este miércoles, el anteproyecto deberá superar los informes preceptivos, el dictamen del Consejo Económico y Social y el debate en la Asamblea de Madrid. Si no hay acelerones de última hora, la ley no llegará al Boletín Oficial de la Comunidad antes del primer trimestre de 2027. Tiempo suficiente para que el tejido empresarial madrileño, que en su mayoría son pymes y autónomos que lidian con la burocracia a diario, observe si el Gobierno regional mantiene el ritmo de la tijera o si la hiperregulación vuelve a colarse por la puerta de atrás.
