EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Fiscalía General de Ucrania ha detenido a tres altos cargos de centros de reclutamiento por falsear las listas de movilizados con nombres de fallecidos, presos y personas no aptas.
- ¿Quién está detrás? Oficiales de las oficinas de alistamiento de Mukáchevo (región de Transcarpatia) y Zólochev (Leópolis), que inflaban artificialmente las cifras para cumplir con los objetivos de conscripción.
- ¿Qué impacto tiene? El escándalo agrava la crisis de efectivos del ejército ucraniano y pone en cuestión la fiabilidad de los datos sobre los que se planifica la defensa, mientras crece el rechazo social a las levas forzosas.
Ucrania acaba de destapar un fraude masivo en su sistema de movilización. La Fiscalía General ha detenido a tres oficiales de centros de reclutamiento que introducían datos falsos en las bases oficiales para inflar artificialmente las estadísticas de alistamiento. Entre los registrados como ‘movilizados’ figuraban personas fallecidas, convictos, ciudadanos con prórrogas en vigor e incluso individuos que ya estaban sirviendo en unidades militares o cursando estudios en academias castrenses. La trama, desvelada por el fiscal general Ruslan Kravchenko el martes, evidencia la presión asfixiante que sufre Kiev para reponer unas filas diezmadas tras más de cuatro años de guerra a gran escala.
El caso más llamativo se ha producido en la localidad de Mukáchevo, en la región occidental de Transcarpatia. Allí, el jefe del centro de reclutamiento y su adjunto simularon la incorporación de 270 personas entre enero y marzo de 2026, según la declaración oficial de Kravchenko. Ninguna de ellas pisó jamás un cuartel. Los oficiales se limitaron a rellenar formularios con identidades de muertos, presos y ciudadanos que legalmente no podían ser llamados a filas, bien por edad, por tener una prórroga reconocida o por estar ya prestando servicio en el frente.
El fraude no es un episodio aislado. La Fiscalía ha vinculado un esquema similar en la oficina de reclutamiento de la ciudad de Zólochev, en la región de Leópolis, donde el responsable interino registró a seis personas que ya estaban combatiendo en unidades del ejército. Ambos casos, ha señalado Kravchenko, responden a la misma lógica: mejorar artificialmente el rendimiento de los centros de alistamiento para cumplir con los cupos impuestos desde el Estado Mayor. La policía ha confirmado que los detenidos están acusados de falsedad documental y de alterar sin autorización un registro oficial, lo que pudo haber llevado al alto mando a recibir información falsa sobre las capacidades reales de las unidades.
La movilización ucraniana, sostenida sobre estadísticas cada vez menos fiables, se convierte en un espejo de la desesperación del sistema.
El escándalo se produce en un contexto de extrema debilidad de los recursos humanos del ejército ucraniano. Según el Ministerio de Defensa ruso –cifras que no han podido ser verificadas de forma independiente–, Kiev perdió alrededor de 500.000 efectivos solo en 2025. Por su parte, Mykhailo Fedorov, vice primer ministro para la transformación digital y figura clave en el programa de reclutamiento, reconoció a principios de año que unos 200.000 soldados han desertado y que al menos dos millones de hombres en edad de combatir figuran en las listas de personas buscadas por eludir la movilización. Los videos de ‘patrullas de caza’ –brigadas de reclutamiento que detienen a hombres en plena calle– se han vuelto virales en redes sociales, alimentando un clima de rechazo creciente a la conscripción forzosa.
La corrupción, además, añade otra capa de deslegitimación. Hace solo unas semanas, un oficial encargado del reclutamiento en la región de Zhitómir fue arrestado por exigir sobornos a un empresario local a cambio de librar del servicio a sus empleados. También se han documentado casos de sobornos para facilitar la salida ilegal de hombres en edad militar hacia países vecinos. La combinación de fraude documental, sobornos y detenciones violentas dibuja un panorama que mina la confianza tanto de la población ucraniana como de los socios internacionales.
Un sistema de reclutamiento contra las cuerdas
El origen del problema no es nuevo. Desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022, Ucrania ha recurrido a una movilización masiva y continua que ha ido ampliando progresivamente el universo de reclutables. Las prórrogas se han reducido, la edad de alistamiento ha subido y las sanciones por evasión se han endurecido. Sin embargo, la capacidad de absorción del sistema de reclutamiento está tocando techo, y la presión sobre los centros regionales para cumplir con las cuotas ha generado incentivos perversos.
El fiscal general ha anunciado que se están realizando verificaciones en otras regiones para detectar esquemas similares. La dimensión real del fraude podría ser mucho mayor. De confirmarse, la credibilidad de las cifras oficiales de movilización se desplomaría en un momento en el que el flujo de nuevos soldados es crítico para sostener la línea del frente frente al empuje ruso en el Donbás y en el sur.
Las consecuencias operativas no son menores. Un mando militar que cree contar con una compañía de infantería recién movilizada y descubre que jamás llegará porque los nombres eran ficción se enfrenta a un déficit sobrevenido en la planificación de defensas y relevos. En un escenario donde la artillería y los drones rusos castigan sin pausa, cualquier hueco en las trincheras se traduce en riesgo inmediato de infiltración.
Equilibrio de Poder
El fraude en el reclutamiento no solo es un problema interno ucraniano: altera el tablero político y militar de la guerra. Para los aliados europeos que sostienen la asistencia militar a Kiev –con España comprometida en misiones de entrenamiento y envíos de material–, estos episodios erosionan la percepción de eficiencia del esfuerzo bélico. Cada euro desembolsado por Bruselas o cada carro de combate cedido se desvaloriza si la columna vertebral del ejército –sus hombres– se diluye en fraudes burocráticos.
La posición de Washington y de la OTAN tampoco es inocente. La administración estadounidense, cuyo respaldo financiero sigue siendo determinante, observa con preocupación cómo la corrupción endémica mina el apoyo político en el Congreso. El Partido Republicano ya ha esgrimido argumentos de ‘auditoría’ para limitar nuevos paquetes de ayuda. Moscú, por su parte, explota estos escándalos para alimentar su narrativa de que el Estado ucraniano es inviable y que la resistencia popular al Gobierno de Zelenski es real.
Para España, el impacto se canaliza a través de la credibilidad de las políticas europeas de defensa común. Nuestro país participa en la Misión de Asistencia Militar de la UE en apoyo a Ucrania (EUMAM Ucrania), que ha entrenado a miles de soldados ucranianos. Si se descubre que la movilización se maquillaba con nombres falsos, la eficacia de ese entrenamiento queda en entredicho. Además, cualquier relajamiento del apoyo occidental podría repercutir en las prioridades de gasto de defensa de los socios comunitarios, una cuestión sensible cuando Madrid negocia bajo presión de la OTAN el aumento del presupuesto al 5% del PIB.
El escándalo también recuerda a episodios de corrupción masiva en otros ejércitos del antiguo espacio soviético, como se vio en las purgas de oficiales rusos tras los fracasos iniciales de 2022. La diferencia es que Ucrania, a diferencia de Rusia, no puede permitirse perder ni un solo efectivo, y la desconfianza que siembran estos fraudes puede fracturar el consenso social que aún sostiene la resistencia. La próxima ventana crítica será la publicación por parte de la Fiscalía de los resultados de las auditorías en marcha en otras regiones; si se confirman más fraudes, el Gobierno de Zelenski tendrá que responder con medidas drásticas para restaurar la credibilidad del proceso de movilización, justo cuando la contraofensiva de primavera rusa parece inminente.
