El contenido del pacto anunciado esta misma mañana por el Gobierno y Ciudadanos para que el partido naranja apoye la nueva prórroga del estado de alarma ha hecho saltar todas las alarmas en el PNV y en ERC, que el pasado sábado también alcanzaron un acuerdo con el Gobierno para que esta sexta y última prórroga salga adelante.
El motivo es que ven contradictorio lo pactado con ellos, con lo pactado con Ciudadanos y se han apresurado a pedir aclaraciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lo acordado con PNV y ERC es que los presidentes de las CCAA serán autoridad delegada y gestionarán la fase 3, incluso decidirán si salen del estado de alarma. Algo que anunció públicamente el domingo el propio presidente del Gobierno.
Mientras que el acuerdo alcanzado con la formación naranja determina que las medidas en esta última fase serán «idénticas para toda España». A lo que añaden el compromiso del Gobierno de presentar un plan antes del 15 de junio que regulará la salida del estado de alarma de todos los territorios.
«O nos lo explican bien, porque igual lo estamos leyendo de manera errónea, o da la sensación de que chocan entre sí. Y no sé cómo se van a poder compatibilizar los dos acuerdos», ha llegado a decir el presidente del EBB, Andoni Ortuzar.
MEDIDAS IDÉNTICAS EN TODA ESPAÑA EN EL FINAL DE LA ALARMA
Estos acuerdos pactados con Ciudadanos dicen en sus dos primeros puntos, lo siguiente. En el primero, que «las medidas contenidas en el decreto que regula la última prórroga del Estado de Alarma para dar respuesta a la emergencia sanitaria serán idénticas para toda España en la recta final del confinamiento, sin perjuicio de la progresión sanitaria de cada territorio».
Mientras que en el segundo punto del pacto del Gobierno con el partido naranja añade: «antes del 15 de junio, el Gobierno presentará un Real Decreto-ley que regulará, teniendo en cuenta las aportaciones de Cs, la salida del estado de alarma para los territorios que la alcancen».
Sin embargo, el pacto cerrado por Andoni Ortuzar con la vicepresidentea primera, Carmen Calvo, el sábado pasado, decía que «la autoridad competente delegada para la adopción, supresión, modulación y ejecución de medidas correspondientes a la fase 3 del plan de desescalada será, en ejercicio de sus competencias, exclusivamente quien ostente la Presidencia de la Comunidad Autónoma». Y establecía solo una excepción, «las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la unidad territorial de cada autonomía a los efectos del proceso de desescalada».
Ese pacto con los nacionalistas vascos establece, además, que serán las comunidades autónomas las que puedan proponer al ministro de Sanidad, «con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos», la superación de la fase 3 en las diferentes provincias o unidades territoriales de cada Comunidad y, por tanto, su entrada en la «nueva normalidad».
También el acuerdo del Gobierno con ERC establecía la consideración de autoridad competente delegada para la adopción y la ejecución de medidas de desescalada a las comunidades autónomas, una vez alcancen la fase 3 que está recogida en el plan elaborado por el Ejecutivo.
PUNTOS COINCIDENTES DE LOS PACTOS DEL GOBIERNO CON Cs Y ERC
En el acuerdo del Gobierno con Ciudadanos hay una parte que sí podría ser coincidente con lo pactado con ERC, ya que el Ejecutivo se compromete con la formación naranja a «analizar las reformas legales para establecer un mecanismo alternativo al estado de alarma que permita a España protegerse ante eventuales rebrotes sin necesidad de recurrir de nuevo al estado de alarma».
Esto iría en la misma línea que parte de lo pactado con ERC, que acordó con el Gobierno que éste priorice «medidas normativas y legales de carácter menos excepcional que el estado de alarma en un futuro», y a desvincular del mismo las medidas económicas y sociales frente a la crisis derivada de la pandemia.
Los republicanos comprometieron al Ejecutivo a estudiar las reformas del sistema legal vigente –incluida la LO 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma excepción y sitio y la Ley de Salud Pública– para «mejorar y, en su caso, articular un mecanismo alternativo» que permita la participación autonómica en la gestión de rebrotes garantizando los derechos y libertades ciudadanas.
