Esquerra Republicana (ERC) quiere saber si el Gobierno de Pedro Sánchez piensa investigar el presunto espionaje telefónico al presidente del Parlament, Roger Torrent, y otros políticos catalanes, si va a instar a la Fiscalía General del Estado a investigar este asunto y si puede afirmar que «nunca» nadie del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Policía o la Guardia Civil ha utilizado el programa ‘Pegasus’.
Los independentistas catalanes, a través de su diputada Carolina Telechea, han registrado en el Congreso una batería de preguntas pidiendo cuentas sobre la información desvelada hace unos días por los diarios ‘El País’ y ‘The Guardian’.
Preguntas que se suman a la petición de una comisión de investigación sobre las denominadas «cloacas del Estado» que ERC y otros partidos, entre ellos Podemos, registraron hace unos días en la Cámara Baja tras conocerse el presunto espionaje a Torrent, la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, fugada a Suiza, y otros representantes del independentismo.
Entre otras cuestiones, Telechea quiere saber qué acciones concretas va a llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez para investigar el presunto espionaje y si, «teniendo en cuenta la gravedad de los hechos», va a emplazar a la Fiscalía a actuar en este caso.
¿QUÉ UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN LO USAN?
Además, pregunta al Ejecutivo si ha adquirido o dispone del software Pegasus o cualquier otra herramienta apta para la intervención de comunicaciones, qué unidades de la Administración General del Estado lo utilizan o lo han utilizado y en qué tipo de investigaciones se usa.
En este sentido, la republicana catalana insta al Gobierno a garantizar que nadie «nunca» del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Policía o de la Guardia Civil han hecho uso del citado software.
Precisamente este miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a una pregunta del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, aseguró en el Pleno del Congreso que ni el Gobierno ni el CNI están detrás del presunto espionaje a Torrent.
Y subrayó el ministro que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado únicamente investigan hechos constitutivos de delito, y siempre «bajo el impulso del Ministerio Fiscal y con mandato judicial».
