El Ministerio de Defensa ha cuantificado en 1,5 millones de euros el montante que deberá destinar durante los próximos años a la desmilitarización de más de 100.000 minas explosivas que almacena en sus arsenales y han sido declaradas inútiles.
En diferentes respuestas parlamentarias a preguntas formuladas por Vox en el Congreso, el Gobierno detalla que almacena en sus polvorines un total de 101.401 minas declaradas no útiles y que debe desmilitarizar.
El coste total de este procedimiento está cuantificado en 1.500.000 euros, aunque el presupuesto anual asignado al Mando de Apoyo Logístico (MALE) es de 350.000 euros. Por ello, una parte de ellas han sido incluidas en un expediente para este 2020 y el resto deberá hacerse «en próximos ejercicios».
Vox recuerda que estas minas fueron las responsables del accidente acaecido en Hoyo de Manzanares en el año 2011, en el que murieron cinco militares y otros dos resultados heridos graves.
Según denuncia el teniente José Manuel Candón, uno de los heridos, el accidente tuvo lugar durante unas maniobras debido a la utilización de unas minas declaradas no útiles, las mismas que ahora Defensa reconoce almacenar aún un total de 101.401 en sus polvorines.
Dado el tiempo pasado desde el accidente, el Ministerio asegura que no puede aportar «la trazabilidad» del proceso que en su momento se adoptó para llegar a una decisión «de la excepcionalidad» como la de utilizar ese tipo de ese minas en el ejercicio.
DENUNCIA DE UN AFECTADO
El teniente Candón lleva nueve años denunciando falta de respuesta de la justicia militar y «maltrato» por parte de los sucesivos ministros de Defensa; mientras que Vox pregunta al Gobierno por qué se denegó a los afectados la indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración y también pone en cuestión la lentitud de la actuación judicial.
En este sentido, Defensa recuerda que fue el exministro Pedro Morenés quien desestimó la responsabilidad patrimonial. El teniente Candón recurrió esta decisión ante la Audiencia Nacional, que en 2017 desestimó su petición.
En cuanto a la actuación de la justicia militar, el Ministerio subraya que «no corresponde al Gobierno interferir en el trabajo de los tribunales», que ejercen su función jurisdiccional «de manera independiente».
