Las grandes empresas españolas con intereses en Colombia contienen el aliento. El informe de Transparencia por Colombia —la rama de Transparencia Internacional en el país— acaba de dictar una sentencia demoledora sobre el legado anticorrupción del gobierno de Gustavo Petro, y el nuevo gobierno de De La Espriella —que nace precisamente de la crisis de credibilidad que Petro deja— arranca con la exigencia de no repetir esos errores.
El análisis, que evalúa el cuatrienio 2022-2026, es un mazazo a la promesa con la que Petro llegó a la Casa de Nariño: “derrocar el régimen corrupto”. Cuatro años después, el balance es “deficiente”, fragmentado y salpicado por los escándalos internos que han manchado el discurso.
Un balance ‘deficiente’ que resquebraja la promesa anticorrupción
El informe examina cuatro ejes: lucha contra la corrupción, gestión pública, integridad y transparencia en paz y medioambiente. En todos ellos los resultados son insuficientes. La Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, reglamentada por decreto en 2024, se quedó en un conjunto de medidas “puntuales y fragmentadas”. Sin visión integral y con vacíos en el rastreo de fondos extrapresupuestales o la recuperación de recursos públicos.
Otro fracaso sonado fue el proyecto de ley de protección al denunciante, archivado en el Congreso en 2025 por vencimiento de plazos. Aunque volvió a presentarse, sigue sin financiación clara del sistema de protección. Y para agravar la contradicción, el propio Petro descalificó públicamente a denunciantes de su administración, como el caso de Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE.
Tampoco cuajaron las reformas políticas prometidas: transformar el sistema electoral, democratizar los partidos o reformar el financiamiento de campañas. Todo quedó en el cajón del Legislativo. En el apartado de paz y medioambiente se reconocen algunos avances técnicos —como una nueva metodología para el OCAD Paz—, pero persiste una discrecionalidad que preocupa a los observadores.
Los escándalos que agravan la imagen del país y que las compañías españolas no pierden de vista
A la evaluación técnica se suman los múltiples escándalos que sacudieron al Ejecutivo. El más grave, el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): una red probada de desvío de fondos públicos con sobrecostos en carrotanques para La Guajira y compra de voluntades en el Congreso a cambio de contratos. Exfuncionarios como Olmedo López y Sneyder Pinilla aceptaron cargos ante la justicia.
Además, las investigaciones sobre la financiación de la campaña presidencial de 2022 —con Nicolás Petro, hijo del presidente, y el gerente Ricardo Roa en el punto de mira— añaden más sombras al relato anticorrupción. Los nombramientos de Armando Benedetti y Laura Sarabia en altos cargos y el asilo concedido al expresidente panameño Ricardo Martinelli terminan de dibujar un panorama poco alentador.
Para firmas como Banco Santander, BBVA, Telefónica o Inditex, con una presencia histórica en Colombia, la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica son tan vitales como el balance financiero. La corrupción sistémica encarece el coste de hacer negocios y ahuyenta la inversión extranjera directa, el principal motor del empleo en sectores clave como infraestructuras o telecomunicaciones.
La corrupción sistémica encarece el coste de hacer negocios y ahuyenta la inversión extranjera directa, el principal motor del empleo en sectores clave como infraestructuras o telecomunicaciones.
El informe de Transparencia por Colombia marca, por tanto, el punto de partida del Gobierno de De La Espriella. La organización le reclama cinco prioridades: recuperar la credibilidad de la agenda anticorrupción, crear una instancia técnica independiente que coordine la estrategia, fortalecer la integridad electoral, mejorar la trazabilidad de los fondos climáticos y eliminar la discrecionalidad en el OCAD Paz. El nuevo Ejecutivo deberá decidir si hace de la transparencia una bandera o si la retórica vuelve a quedar en papel mojado.
La mirada española: el precedente venezolano y la necesidad de un cambio real
Conviene recordar lo que ocurrió en Venezuela. La corrupción institucional y la inseguridad jurídica llevaron a la expropiación de activos de empresas españolas —desde filiales de Telefónica hasta plantas de Repsol— y a un agujero de miles de millones en la inversión exterior. Colombia, aunque lejos de ese escenario, no puede permitirse que la desconfianza erosione su atractivo como destino de capitales.
Por eso, el ojo de las multinacionales españolas no se limita a las grandes cifras: vigilan que las reformas prometidas se traduzcan en hechos y que no se repita el patrón de promesas incumplidas que ahora ha señalado Transparencia por Colombia. El Gobierno de España, a través de su embajada y de los instrumentos de apoyo a la internacionalización, mantiene contactos discretos con la nueva administración para calibrar el rumbo.
El mensaje es sutil pero firme: la inversión española en Colombia —más de 5.000 millones de euros acumulados, según el ICEX— necesita certidumbre y un marco institucional sólido. La sentencia que ha dictado Transparencia por Colombia sobre Petro es, en realidad, una advertencia para De La Espriella. Y las empresas españolas han tomado nota.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: El informe de Transparencia por Colombia evalúa los cuatro años de Gobierno de Gustavo Petro en materia anticorrupción y concluye que sus promesas quedaron incumplidas, con un balance deficiente y salpicado por escándalos internos.
- Datos importantes: La Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción resultó fragmentada; la ley de protección al denunciante fue archivada; el caso UNGRD destapó desvío de fondos con sobrecostos. La inversión española en Colombia supera los 5.000 millones de euros según el ICEX.
- Resumen: El legado de Petro lastra la credibilidad del país y obliga al nuevo Gobierno de De La Espriella a restaurar la confianza, especialmente entre los inversores españoles que ya vigilan cada paso.
