El Concello de Ourense (el ayuntamiento de la tercera ciudad de Galicia) ha quedado oficialmente intervenido en sus cuentas. La liquidación del ejercicio 2025, presentada ayer en el pleno municipal, arroja un déficit no financiero de 39,6 millones de euros y un incumplimiento de la regla de gasto que supera los 37,4 millones. El informe del interventor —introducido por trámite de urgencia— obliga sin margen a aprobar un Plan Económico-Financiero (PEF) para el bienio 2026-2027, que deberá debatirse este mismo mes de agosto.
La sesión plenaria ofreció la imagen de un gobierno local acorralado por sus propios números. El concejal de Hacienda, Francisco Lorenzo, confirmó la necesidad del plan de recortes a preguntas del portavoz del BNG, Luis Seara, quien acusó al ejecutivo de Gonzalo Pérez Jácome de dejar la institución hecha “un auténtico destrozo”. Seara denunció que “seguen acumulando débeda cos provedores” y recordó los 14 millones que reclama la concesionaria del bus urbano. La tensión financiera se completa con un periodo medio de pago a proveedores que en junio alcanzó los 118,4 días, lo que impide al Concello beneficiarse de la llamada “amnistía” estatal para entidades locales morosas.
El agujero detectado por Intervención no es un simple desfase contable. Al superar el déficit los límites de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la corporación pierde automáticamente cualquier margen de maniobra sin un ajuste avalado por el pleno. El plan de ajuste deberá detallar recortes estructurales que permitan volver al equilibrio en dos años, en un contexto en el que la deuda con proveedores ya creció en cinco millones de euros solo en el último trimestre de 2025.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El interventor del Concello de Ourense ha certificado un déficit de 39,6 millones en la liquidación de 2025 y obliga a aprobar un plan de ajuste este mes.
- ¿Quién está detrás? El gobierno de Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana) y la oposición municipal (BNG, PP, PSdeG).
- ¿Qué impacto tiene? La ciudad pierde cualquier exención estatal por morosidad y se verá forzada a recortar gastos durante el próximo bienio.
Más allá de la radiografía financiera, el pleno escenificó la claudicación definitiva de Jácome respecto a su apuesta presupuestaria de mayo. El alcalde admitió que vincular las cuentas a una cuestión de confianza resultó “estéril”, aunque esquivó cualquier autocrítica personal. “O fallo do Supremo, que creemos aberrante, fai que ese recurso non teña moito sentido”, argumentó, culpando a una sentencia antigua de un callejón sin salida que, según la oposición, ya había sido advertido.
El Concello cerró 2025 con un déficit de 39,6 millones y rebasó la regla de gasto en 37,4 millones, un agujero que obliga por ley a un plan de ajuste urgente.
La realidad, sin embargo, es más prosaica. La jurisprudencia del Tribunal Supremo no bloquea per se la aprobación de un presupuesto vía cuestión de confianza; lo que la invalidó fue la ausencia del preceptivo informe de Intervención en el expediente que Jácome elevó en mayo. El BNG había alertado entonces de la omisión al rechazar el documento, y meses después, PP y PSdeG presentaron alegaciones precisamente por ese defecto formal que impidió el debate sobre la aprobación definitiva. La torpeza administrativa del alcalde, y no una sentencia aberrante, es lo que ha llevado a Ourense a un mes de agosto con las cuentas en el aire.
Las otras grietas de un pleno tenso
El pleno abordó también el futuro del transporte metropolitano. Una moción del BNG —rechazada por el PP, que pedía un informe de costes— exige que la Xunta asuma el servicio en su etapa inicial. Jácome tachó el proyecto de “desorbitado” ante una previsión de solo 273 viajes al día y sugirió que la administración autonómica se limite a aumentar las frecuencias actuales, lo que para el nacionalista Xosé Manuel Puga equivale al “acta de defunción” del transporte comarcal. Desde el PSdeG, Alba Iglesias reprochó el agravio comparativo con otras ciudades gallegas.
En el apartado de infraestructuras, prosperó una moción socialista para minimizar el impacto de las obras de la Variante Norte, mientras el gobierno local acusó a la Diputación y a la Xunta de “actos trileros” en los plazos de traslado de la Plaza de Abastos. La lectura de fondo —la escasa capacidad de interlocución entre administraciones— preocupó incluso a los grupos que respaldaron las iniciativas. “Aquí o que se ve é un problema de coordinación institucional que pagarán os veciños”, remachó el portavoz del PP.
El Laboratorio Gallego
La crisis presupuestaria de Ourense no es solo un problema local. En una comunidad donde la Xunta de Galicia lleva años presumiendo de rigor fiscal —con un déficit autonómico por debajo del 0,3 % del PIB—, que la tercera ciudad en población se vea abocada a un plan de ajuste forzoso revela una tensión estructural entre la solvencia de la administración autonómica y el deterioro de las finanzas municipales. El caso ilustra el filo de la Ley de Estabilidad: cuando un concello rebasa los límites, la intervención estatal se automatiza sin que la cercanía política con el gobierno autonómico sirva de escudo.
En clave nacional, lo ocurrido ayer en el pleno de Ourense conecta con el debate sobre el control del gasto local que el Ministerio de Hacienda ha reactivado para todo el país. La pérdida de exenciones por morosidad —Ourense ha superado los 30 días de pago medio durante meses— es idéntica a la que sufren ayuntamientos de otras comunidades gobernados por partidos muy diversos, lo que confirma que estos mecanismos operan sin sesgo político. A corto plazo, si el plan de ajuste no se aprueba o no se cumple, el Concello podría enfrentarse a la intervención directa del Estado. En Galicia, donde la agenda política está dominada por la pugna PPdeG-BNG de cara a las autonómicas de 2028, la incapacidad de Jácome para gestionar las cuentas erosiona aún más la imagen de un espacio político propio —el de las mareas municipalistas y las candidaturas independientes— que ya había perdido fuelle tras la desaparición de las mareas coruñesas y compostelanas.
Ficha del Caso
- El caso: El interventor del Concello de Ourense detecta un déficit de 39,6 millones en la liquidación de 2025 y ordena un plan de ajuste obligatorio, mientras el alcalde Jácome admite el fracaso de su cuestión de confianza presupuestaria.
- Datos importantes: Déficit no financiero: 39,6 millones de euros. Regla de gasto superada en 37,4 millones. Periodo medio de pago a proveedores: 118,4 días en junio de 2026. Plan Económico-Financiero 2026-2027 a pleno en agosto.
- Resumen: La crisis financiera de Ourense desnuda la fragilidad de las cuentas municipales gallegas y activa los mecanismos estatales de disciplina fiscal, en un contexto político en el que la fragmentación local contrasta con la estabilidad de la Xunta.
