El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, confía en que la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados esté a probada a lo largo del próximo año o «a más tardar en inicios del siguiente».
«Confiamos que a lo largo del próximo año, a más tardar en inicios del siguiente, podamos contar con una nueva estructura normativa para la gestión de residuos en nuestro país, dando así cumplimiento a los requerimientos que la Comisión Europea Establece», ha señalado Morán.
Así lo ha manifestado este martes el secretario de Estado durante su intervención en el Congreso, durante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, al ser preguntado por el diputado del Grupo Parlamentario Vox Luis Gestoso sobre la adopción de algún plan de revisión de los vertederos españoles.
Morán ha recordado que, en estos momentos, la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados ha pasado el trámite de primera lectura en el Consejo de Ministros y que se ha sometido al trámite de información pública, habiéndose recogido 5.000 aportaciones que se están evaluando.
Una vez que se ajuste el texto, pasará a segunda lectura en Consejo de Ministros. «Confiamos en remitir a la Cámara en el primer semestre de 2021 un nuevo proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados que, entre otras cuestiones, haga trasposición de la Directiva Europea», ha dicho.
Asimismo, Morán ha recordado que el Gobierno aprobó en julio el Real Decreto 646 2020 por el que se regula el depósito de residuos en vertederos que, además de transponer la Directiva 850 2020 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva relativa al vertido de residuos, ha revisado la norma de 2001 hasta entonces vigente en la materia.
LAS CCAA, LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN VERTEDEROS
En este sentido, el secretario de Estado ha insistido en que, una vez aprobado el Real Decreto, son las comunidades autónomas «las autoridades competentes para la autorización, vigilancia, inspección y sanción» y, conforme al Real Decreto 646 2020 de 7 de julio, deben ser las Administraciones Autonómicas «las que procedan a revisar las autorizaciones de los vertederos existentes aplicando el nuevo Real Decreto».
En este contexto, el diputado de Vox ha criticado la «proliferación de vertederos ilegales» por toda España y el «desbarajuste competencial e inacción de las comunidades autónomas en este descontrol». Así, ha mencionado que el ejemplo «más palmario» es la «desastrosa» gestión del Gobierno vasco en el vertedero de Zaldibar.
Para Gestoso, la política medioambiental «no es sólo llevar a cabo su agenda climática tan demoledora para la agricultura, industria y para el futuro de España». «La política medioambiental también es cuidar el medioambiente en las demás facetas ajenas a chiringuitos y amigotes, como es vigilar lo que se vierte sin las mínimas condiciones de seguridad», ha sentenciado.
Por otro lado, la diputada del Partido Popular Paloma Gázquez le ha preguntado a Morán por el motivo del retraso de la publicación de la Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
En su opinión, el retraso en esta orden «demuestra que siempre han ido por detrás» en la gestión de una pandemia con consecuencias mortales, ya que, en sus palabras, «debería haber estado publicado y en funcionamiento en febrero, no el 22 de marzo después de la declaración del estado de alarma».
«Nos preocupa el cumplimiento de la orden y el seguimiento de la misma», ha apuntado la diputada popular, destacando su preocupación por que se recoja un protocolo para la recogida de residuos para las personas enfermas que están en su vivienda y no requieren hospitalización.
Durante su intervención, Morán ha defendido que desde principios del mes de marzo, cuando empezó a conocerse el alcance potencial de la crisis de la Covid-19, el Ministerio contactó con las comunidades autónomas y trabajaron en unas directrices «para hacer frente a la situación» que fueron distribuidas el 13 de marzo. Tras decretarse el estado de alarma, según ha subrayado, comenzaron a trabajar partiendo de esas directrices.
En la orden, el secretario de Estado ha asegurado que la incineración de residuos «no se consideró técnica prioritaria». No obstante, ha añadido que la orden contempló la posibilidad de hacer uso de ese tratamiento por parte de las comunidades autónomas ante el exceso de residuos sanitarios asociados al coronavirus y a la superación de la capacidad de las plantes de tratamiento específicas.
En concreto, Morán ha resaltado que el número de instalaciones de incineración de residuos municipales disponible en España es de diez, con capacidad de tratamiento asociada de casi 2,6 millones de toneladas. Además, ha añadido que se facilitó que las comunidades autónomas pudieran autorizar la coincineración en plantas de fabricación de cemento «con las debidas garantías».
«Esto en ningún caso supone que la orden ministerial referida se obviase el cumplimiento de los parámetros de emisión de los residuos que van asociados a dichas instalaciones», ha matizado el secretario de Estado.
