Canarias ingresará 1.300 millones de euros más al año si el nuevo modelo de financiación autonómica se aprueba en el Congreso.
La Plataforma por el 5% quiere que esa oportunidad no se quede en una mejora contable: reclama al Gobierno de Canarias que destine 800 millones de euros al presupuesto educativo de 2027 para cumplir, por fin, una obligación legal pendiente desde 2014. La financiación autonómica, el sistema que reparte los recursos fiscales del Estado entre las comunidades, marca el nuevo margen.
Un incumplimiento legal que cumple una década
La Ley Canaria de Educación obliga a alcanzar una inversión educativa equivalente al 5% del Producto Interior Bruto (PIB) regional. Sobre el papel, la meta existe. En la práctica, nunca se ha cumplido, y la Plataforma por el 5% recuerda que lograrla es una cuestión de «prioridades y voluntad política».
El objetivo estuvo a punto de alcanzarse durante la pasada legislatura. Sin embargo, desde entonces el porcentaje destinado a la enseñanza ha ido perdiendo peso. A eso se suma el argumento de la consejería de Educación: el gasto autonómico marca récords anuales, pero sobre todo por el efecto de la inflación.
Los datos de la organización sitúan la media de aumento de recursos educativos en 111 millones de euros anuales en la legislatura actual, frente a los 137 millones de euros al año de la anterior. Aquel esfuerzo se produjo pese al impacto de la pandemia y de la erupción volcánica de La Palma.
El presupuesto autonómico crece, pero la inversión educativa pierde peso en términos porcentuales: esa es la contradicción que la Plataforma por el 5% quiere convertir en decisión de gobierno.
La comparación con Extremadura y la lectura de los números
Extremadura aparece en el debate como el espejo que Canarias no ha sabido mirar: mantiene una dotación educativa superior al 5% de su PIB desde hace dos décadas. Con ello ha financiado plantillas docentes para atender la diversidad, la escolarización pública de cero a tres años y la reforma de infraestructuras obsoletas.
La plataforma cuestiona la lectura triunfal del consejero de Educación, Poli Suárez, sobre el presupuesto «más alto de la historia». En términos absolutos, el gasto sube cada ejercicio. En términos porcentuales, retrocede. Canarias ha pasado de ser la segunda comunidad que más invertía en educación en 2002 a ocupar la penúltima posición del conjunto del Estado.
Por eso, la petición concreta al Gobierno de Canarias es clara: elevar en 800 millones de euros el presupuesto educativo previsto para 2027 a partir de los 1.300 millones adicionales del sistema de financiación estatal.
El Pulso Territorial
El Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo y sostenido por Coalición Canaria con apoyo del PP, debe decidir si convierte el nuevo margen fiscal en gasto educativo o lo reparte entre otras prioridades. La negociación del modelo de financiación autonómica sigue abierta en el Congreso y las transferencias no llegarían, como pronto, a partir de 2027.
El caso de Canarias no es único, pero sí especialmente llamativo: es una de las comunidades con mayor brecha entre el discurso presupuestario y el cumplimiento legal de la inversión educativa. Extremadura demuestra que el 5% es factible desde hace años, y la propia Plataforma recuerda que Canarias fue segunda en inversión educativa en 2002. La incógnita ahora es si el nuevo modelo servirá para corregir la anomalía o para consolidarla con más ingresos y menos prioridad educativa.
Ficha Autonómica
- El caso: La Plataforma por el 5% reclama al Gobierno de Canarias que destine 800 millones de euros a educación en 2027, dentro de los 1.300 millones adicionales previstos por el nuevo sistema de financiación autonómica.
- Datos importantes: La Ley Canaria de Educación fija desde 2014 una inversión del 5% del PIB regional en educación, nunca alcanzada. Canarias ha pasado de ser la segunda comunidad que más invertía en 2002 a la penúltima.
- Resumen: La financiación adicional permitiría cumplir la meta legal si el Ejecutivo prioriza educación en los próximos presupuestos; la decisión queda pendiente del modelo en el Congreso y del presupuesto autonómico de 2027.
