Abascal ha llevado la ley de nietos al primer cuerpo a cuerpo parlamentario del curso. El líder de Vox y Alberto Núñez Feijóo han acusado este miércoles a Pedro Sánchez de intentar manipular el censo electoral, horas después de la decisión cautelar del Tribunal Supremo.
La ofensiva de Vox: frenar la manipulación del censo electoral
Vox ha convertido la decisión del Tribunal Supremo en una victoria jurídica y política. La formación impugnó la resolución de la Junta Electoral Central del pasado 16 de julio, que rechazó intervenir sobre la manera en que se conceden las nacionalidades al amparo de la ley de nietos y su traslado al censo. El alto tribunal adoptó el martes una medida cautelar que suspende el voto de esos nuevos nacionales mientras resuelve el fondo, justo en la dirección que reclamaba el partido de Santiago Abascal.
Abascal lo verbalizó sin matices en el Pleno del Congreso de los Diputados. Vamos a derrotar sus intentos de manipular el censo electoral, como han intentado con la ley de nietos’, aseguró durante la primera sesión de control al Gobierno del curso político. El presidente de Vox celebró la decisión cautelar y situó la ley de nietos como el ejemplo más claro de lo que considera una ingeniería electoral al servicio del Gobierno.
En la misma línea se expresó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con un mensaje casi idéntico al de la formación de Santiago Abascal. Feijóo reprochó al presidente del Gobierno no estar pendiente de la vivienda, de la calidad educativa o de la huelga sanitaria, y añadió: ‘Usted solo está pendiente de manipular el censo con la ley de nietos’. El tándem entre PP y Vox recuperó así una tesis que ambos partidos ya sostienen desde los meses previos a las elecciones generales de 2023.
La réplica del Gobierno y el choque inmediato en la Cámara
Pedro Sánchez respondió a las acusaciones de la derecha con una tesis contraria: según el presidente, PP y Vox quieren ‘cercenar el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles’. Recordó que la ley de memoria democrática que recoge la conocida como ley de nietos se aprobó el 5 de octubre de 2022 sin que la derecha criticara la medida durante quince meses de tramitación y que ya estaba en vigor en las elecciones de 2023, donde el PP ganó el voto exterior. ‘Nosotros queremos que todos los ciudadanos sean ciudadanos de primera, con los mismos derechos, y también con el derecho al voto’, afirmó.
El Gobierno ha elevado la presión sobre el Tribunal Supremo. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, calificó la suspensión cautelar de ‘enorme trascendencia’ porque afecta a ‘lo más sagrado que hay en democracia’, y pidió al alto tribunal una decisión definitiva antes de los procesos electorales de 2027. Según los últimos datos disponibles, en torno a 306.000 descendientes de españoles han culminado el proceso de nacionalidad por esta vía, aunque la participación del voto exterior en elecciones es tradicionalmente baja, cercana al 7%.
La decisión cautelar del Supremo obliga al Gobierno a defender la legalidad de la ley de nietos ante un órgano que ha dado la razón a Vox en primera instancia.
La estrategia de Vox: judicializar el censo y tensar la mayoría del Gobierno
La jugada de Vox trasciende el caso concreto. El partido ha llevado el debate al terreno que mejor domina: la defensa de la limpieza del proceso electoral y la denuncia de lo que considera una alteración deliberada del censo por parte del Ejecutivo. No es la primera vez: en los meses anteriores a las elecciones de 2023, PP y Vox alentaron dudas sobre el voto por correo y el recuento de Indra; después, al inicio de 2025, reorientaron el foco hacia el censo de residentes en el exterior y la ley de nietos. La diferencia es que ahora Vox ha obtenido una decisión judicial favorable.
El precedente importa. El recurso de Vox no impugnó la ley de memoria democrática, que no fue criticada por la derecha en su tramitación, sino una resolución de la Junta Electoral Central que evitaba pronunciarse sobre la forma en que las nuevas nacionalidades se incorporan al censo. Ese matiz permite a la formación de Abascal sostener que su objetivo no es limitar derechos de ciudadanía, sino garantizar que el censo se construya sin interferencias políticas. El Supremo, al admitir la cautelar, ha abierto un flanco incómodo para el Gobierno y para el PSOE en pleno arranque del curso.
La batalla no está cerrada. El Gobierno reclama celeridad para evitar que la suspensión se prolongue hasta el ciclo electoral de 2027, mientras Vox se anota una victoria simbólica y real en la primera sesión de control. La próxima votación o resolución del Tribunal Supremo sobre el fondo marcará el alcance definitivo de esta disputa. Por ahora, la ley de nietos ya condiciona el inicio del curso parlamentario y devuelve a Vox a un territorio del que no quiere salir: el de la defensa de la legitimidad del voto.
