Hoy se cumplen exactamente 2 años desde que el expresidente del Banco Central Europeo entregara su voluminoso diagnóstico sobre la pérdida de competitividad de la Unión Europea. Aquel nueve de septiembre de dos mil veinticuatro Bruselas contuvo el aliento ante la exigencia de inyectar ochocientos mil millones de euros anuales para no perder el tren tecnológico frente a potencias asiáticas y norteamericanas. La hemeroteca demuestra que las alarmas sonaron con fuerza en las capitales del sur ante el temor de un diseño institucional que favoreciera a los de siempre. Sin embargo el tiempo ha dictado una sentencia muy diferente en los pasillos de las instituciones comunitarias.
El bloqueo sistemático de los países autodenominados frugales y la crisis política interna que atraviesa el motor franco-alemán han dejado el documento en papel mojado. Lejos de suponer una tragedia para los intereses de Madrid este estancamiento burocrático se ha revelado como un escudo protector de primera magnitud. La ausencia de un megafondo industrial europeo ha impedido que Berlín y París utilicen el presupuesto comunitario para subvencionar a sus gigantes corporativos ahogando la incipiente reindustrialización que experimenta la península ibérica. Esta parálisis institucional ha permitido que el mercado continental opere basándose en las ventajas comparativas reales donde la geografía y el clima cotizan al alza.
El refugio de la asimetría energética
Cuando los tecnócratas que redactaron el texto fundacional del plan abogaban por una integración total del mercado eléctrico buscaban fundamentalmente abaratar la factura de las fábricas centroeuropeas. El diseño concebido pretendía que las zonas con sobreproducción renovable subsidiaran de facto la transición de aquellos socios que habían apostado todo al gas ruso y ahora sufrían las duras consecuencias. Al fracasar esta armonización forzosa el ecosistema productivo español ha logrado mantener intacta su enorme ventaja competitiva anclada en una red de infraestructuras que no tiene parangón en el resto del continente y que funciona de manera autónoma.
La combinación de la mayor capacidad de regasificación de gas natural licuado de Europa y un despliegue masivo de energía solar y eólica ha consolidado un diferencial de precios histórico. Los inversores internacionales han tomado buena nota de esta realidad matemática y están desviando sus enormes flujos de capital hacia latitudes más amables para sus balances. Grandes corporaciones tecnológicas y conglomerados de la industria pesada han optado por instalar sus nuevos centros de datos y plantas de hidrógeno verde en territorio español huyendo de los altos costes energéticos del norte. Es un movimiento de capitales silencioso pero constante que una política industrial común habría intentado frenar y redirigir mediante reales decretos comunitarios.
El auge imparable de la inteligencia artificial requiere cantidades ingentes de electricidad constante y barata algo que actualmente solo unos pocos enclaves europeos pueden garantizar a largo plazo sin arruinar sus márgenes comerciales. Regiones interiores que tradicionalmente quedaban fuera del radar del gran capital tecnológico están acaparando inversiones multimillonarias gracias a la disponibilidad de suelo industrial extenso y megavatios limpios a precio de saldo. Si el plan centralizador hubiera avanzado a la velocidad que demandaba su autor original los incentivos artificiales habrían empujado casi con total seguridad estas infraestructuras críticas de vuelta hacia el valle del Rin o las llanuras del norte de Francia.
El fracaso en la mutualización de la deuda que exigía el documento original también ha evitado una trampa de liquidez para las arcas públicas del sur del continente. En las tensas cumbres de finales de dos mil veinticuatro quedó meridianamente claro que cualquier euro emitido de forma conjunta vendría acompañado de una condicionalidad extrema diseñada por los ministerios de finanzas de La Haya y Berlín. Al depender estrictamente de sus propios mecanismos de financiación y de los fondos de recuperación ya asignados el margen de maniobra fiscal de Madrid ha sido paradójicamente mucho mayor que si hubiera aceptado un nuevo corsé de gobernanza económica. El sur ha esquivado así un secuestro burocrático que prometía inversiones a cambio de ceder la soberanía sobre su política fiscal.
Soberanía de recursos y diplomacia bilateral
Otro de los pilares fundamentales del famoso texto económico alertaba de forma dramática sobre la vulnerabilidad y la dependencia europea respecto a potencias hostiles en materia de minerales críticos y tierras raras. La gran propuesta pasaba por crear una agencia central de compras y negociar como un bloque único y monolítico frente a terceros países para asegurar el suministro de litio cobalto o cobre. La lentitud desesperante de la maquinaria diplomática comunitaria para cerrar acuerdos comerciales ha vuelto a jugar a favor de los intereses nacionales permitiendo una estrategia de aprovisionamiento mucho más ágil descentralizada y pragmática.
Aprovechando sus lazos históricos y culturales innegables la diplomacia corporativa española ha tejido una extensa red de acuerdos bilaterales en América Latina que ahora mismo levanta enormes suspicacias entre sus socios del norte. Mientras los enviados de la Comisión Europea se enredan en debates interminables sobre normativas medioambientales en los parlamentos sudamericanos las empresas españolas han asegurado de manera independiente posiciones estratégicas en el triángulo del litio. Este acceso preferencial directo a las materias primas del futuro otorga a la economía nacional un poder de negociación completamente inédito en el seno de un mercado único sediento de suministros tecnológicos.
La verdadera autonomía estratégica que tanto se predica de forma grandilocuente en los foros de Davos o Múnich se está construyendo en la práctica de forma totalmente fragmentada y asimétrica. Al no existir un mecanismo coercitivo legal que obligue a los estados miembros a compartir de manera equitativa estos recursos importados bajo un mando único continental España se está convirtiendo por la vía de los hechos en el puerto de entrada y procesamiento indispensable. Las delicadas cadenas de suministro industriales se están reconfigurando velozmente no por el mandato imperativo de una directiva europea sino por la pura fuerza de la gravedad económica.
Todo este inmenso tablero internacional dibuja un mapa de poder geopolítico radicalmente distinto al que proyectaban de forma teórica los prestigiosos centros de estudios bruselenses hace un par de años. La extrema debilidad estructural del eje carolingio ha dejado un profundo vacío de poder que impide forzar decisiones y reglamentos comunitarios directamente perjudiciales para los países de la periferia continental. Lejos de representar un triunfo del sentimiento antieuropeísta más populista la defunción práctica de este proyecto supone la constatación empírica de que la inacción comunitaria es hoy la mejor política de crecimiento para el tejido productivo del sur. Las capitales del sur han aprendido a moverse en las grietas de un sistema bloqueado aprovechando la inercia para consolidar un peso específico que las grandes reformas centralizadoras siempre intentaron diluir.
