Por qué la sequía en Marruecos preocupa ya mucho más al CNI que el terrorismo yihadista

La escasez extrema de agua en Marruecos y Argelia ha desplazado al terrorismo yihadista como la principal preocupación en los informes del Centro Nacional de Inteligencia. El colapso hídrico del Magreb amenaza con provocar un éxodo demográfico masivo hacia el sur de Europa y reconfigura por completo la estrategia de seguridad nacional española para los próximos cinco años.

En los despachos más restringidos del Centro Nacional de Inteligencia el mapa de riesgos del flanco sur ha sufrido una alteración estructural que los políticos prefieren no mencionar en sus discursos públicos. Los informes de prospectiva estratégica elaborados durante este año han dejado de priorizar las células yihadistas durmientes en el Sahel o la radicalización en los suburbios de Casablanca y Argel. El verdadero pánico en la comunidad de inteligencia española tiene ahora forma de gráficas hidrológicas con líneas que caen en picado hacia el cero absoluto. La desecación acelerada y crónica del Magreb ya no se aborda como una desgracia climática o un problema para las agencias de cooperación internacional sino como el mayor vector de desestabilización geopolítica que amenaza la seguridad nacional de España para la próxima década.

Las cuencas hidrográficas de Marruecos y Argelia han cruzado este año el temido punto de no retorno operativo. Con los embalses marroquíes operando por debajo del doce por ciento de su capacidad total y los acuíferos argelinos sufriendo un proceso de salinización irreversible por la sobreexplotación el colapso del sector primario norteafricano es un hecho consumado. La desaparición de la viabilidad agrícola en vastas regiones del interior magrebí está destruyendo el tejido social que mantenía anclada a millones de personas evitando un estallido demográfico inasumible para las frágiles economías locales. Sin agua para mantener los cultivos de subsistencia ni para garantizar el abastecimiento urbano ininterrumpido los cimientos de la paz social en la ribera sur del Mediterráneo se están resquebrajando a una velocidad que desborda cualquier previsión diplomática.

Este hundimiento del medio de vida rural está provocando un éxodo masivo y silencioso hacia las megaciudades costeras del norte de África que carecen de la infraestructura sanitaria y habitacional para absorber semejante ola humana. Ciudades como Tánger Orán o la propia capital argelina están viendo cómo sus cinturones de miseria periféricos crecen exponencialmente alimentados por agricultores arruinados y jóvenes sin horizonte laboral. Los analistas de seguridad advierten que estas aglomeraciones urbanas sometidas a cortes de suministro de agua potable severos y diarios son el caldo de cultivo perfecto para levantamientos populares incontrolables que podrían derrocar gobiernos enteros en cuestión de semanas.

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El impacto directo para el flanco sur europeo cambia por completo el paradigma del control fronterizo que se había diseñado en la última década. Ya no nos enfrentamos a grupos de jóvenes buscando una mejora económica o huyendo de conflictos armados focalizados en el África subsahariana. Los servicios de información alertan de que España debe prepararse para gestionar desplazamientos forzosos de poblaciones enteras empujadas por la imposibilidad física de sobrevivir en territorios que se han vuelto incompatibles con la vida humana. Es un escenario de presión migratoria asimétrica donde los mecanismos de disuasión tradicionales de Frontex resultan completamente inútiles frente a masas de ciudadanos que literalmente huyen de la muerte por sed y hambruna.

El agua como arma de guerra fría regional

A esta bomba de relojería demográfica hay que sumar la instrumentalización del estrés hídrico en la guerra fría diplomática que mantienen abierta Rabat y Argel. Lejos de buscar soluciones conjuntas para gestionar las mermadas cuencas hidrográficas compartidas o los acuíferos subterráneos limítrofes ambos estados han convertido el acceso al agua dulce en un asunto de orgullo nacional y supremacía militar. La carrera por construir megaplantas desaladoras en sus respectivas costas se ha convertido en el nuevo indicador de poderío regional sustituyendo a la tradicional compra de cazas de combate o sistemas de misiles.

El gobierno marroquí ha lanzado un plan de emergencia para conectar mediante inmensas autopistas hídricas las zonas menos castigadas del norte con los polos agrícolas del centro del país secando cuencas enteras en un intento desesperado por salvar su industria exportadora. Esta competencia feroz por los recursos hídricos residuales está elevando la tensión fronteriza hasta niveles críticos donde cualquier disputa por la contaminación de un acuífero compartido podría desencadenar una escaramuza militar directa entre ambas potencias magrebíes. Argelia por su parte utiliza sus enormes reservas de hidrocarburos para financiar un programa acelerado de desalinización que devora gigantescas cantidades de energía mientras acusa a su vecino de desviar cauces fluviales vitales.

Para Madrid esta hostilidad cruzada supone un quebradero de cabeza diplomático de primer orden que trasciende la mera observación externa. Las empresas españolas de ingeniería y tratamiento de aguas dominan el mercado mundial de la desalinización y están siendo requeridas por ambos bandos para construir la infraestructura crítica que garantice su supervivencia. Cualquier contrato firmado con Marruecos es interpretado inmediatamente como una ofensa en Argel poniendo en riesgo el delicado equilibrio del suministro de gas natural hacia la península ibérica. La política exterior española se ve obligada a caminar sobre un alambre de espino intentando no enfadar a un proveedor energético fundamental mientras asiste al hundimiento hídrico de su socio comercial prioritario en el norte de África.

El Centro Nacional de Inteligencia ha emitido directrices claras subrayando que la estabilidad de España depende intrínsecamente de que los grifos en Casablanca y Argel sigan manando agua potable. Si las plantas de desalinización fallan por problemas de mantenimiento o si el coste de la energía para impulsarlas quiebra las arcas estatales el colapso civil será inmediato y la onda expansiva golpeará las costas andaluzas y canarias en un tiempo récord. La seguridad nacional ya no se defiende interceptando comunicaciones cifradas de extremistas religiosos sino monitorizando milimétricamente el nivel freático de las cuencas norteafricanas y financiando el blindaje de sus redes de abastecimiento hídrico.

Un giro radical en la doctrina de defensa

La adaptación a esta nueva realidad está forzando a los ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores a rediseñar sus presupuestos y sus prioridades estratégicas a largo plazo. Los fondos millonarios que hace apenas un lustro se destinaban a programas de cooperación para el desarrollo enfocados en el empoderamiento democrático o la lucha antiterrorista están siendo redirigidos de urgencia hacia la construcción de infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas. Se ha asumido con una crudeza inédita que no habrá estabilidad política ni freno a los movimientos radicales si los estados vecinos son incapaces de garantizar la hidratación mínima de sus propios ciudadanos.

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La geografía ha dictado sentencia y España se encuentra en la primera línea de choque de un colapso medioambiental que actúa como un multiplicador de amenazas convencionales. La cúpula de inteligencia asume que el tiempo de los parches diplomáticos se ha agotado y que los próximos cinco años serán determinantes para evitar que el Magreb se convierta en una zona cero de refugiados climáticos. El éxito o fracaso de las políticas de contención europeas dependerá exclusivamente de la capacidad de mantener artificialmente con vida el ecosistema hídrico del norte de África mediante transferencias masivas de tecnología y capital.