El controvertido Josep Lluís Trapero ha arrojado la toalla. Su dimisión como director general de los Mossos d’Esquadra, formalizada apenas dos años después de haber asumido las riendas políticas de la policía autonómica, evidencia la fragilidad de un modelo de seguridad herido de muerte. Lo que en su día fue la gran apuesta personal del presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, para intentar «pacificar» el cuerpo, ha terminado transformándose en un bumerán político que ha estallado de lleno en el seno del Govern, en medio de una Cataluña atenazada por una alarmante crisis de delincuencia y crimen organizado en sus calles.
El regreso de Trapero a la primera línea, tras su convulsa y recordada etapa operativa durante el referéndum ilegal del 1-O, estuvo condicionado desde el minuto uno por el recelo institucional y las feroces críticas de la oposición. Lejos de actuar como un bálsamo, su nombramiento reactivó viejas heridas del ‘procés’. Además, el exdirector general tuvo que lidiar con la asfixiante presión ejercida por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), formación que nunca le perdonó el descabezamiento y la posterior «limpieza» que ejecutó en la cúpula policial nada más llegar, barriendo sin miramientos a todos aquellos comisarios y mandos que guardaban afinidad con los republicanos.
El desgaste ha sido absoluto. Hace escasos días, el propio presidente de ERC, Oriol Junqueras, redobló su ofensiva contra el Mayor de los Mossos exigiendo públicamente su destitución. Desde las filas independentistas se le acusó formalmente de haber arrastrado a la policía catalana hacia «prácticas poco democráticas», un eufemismo empleado para censurar la infiltración de agentes de paisano en las asambleas de los sindicatos docentes que promueven huelgas contra el Govern. A ello se sumaron los reproches por la contundencia con la que los Mossos han reprimido las últimas manifestaciones de colectivos radicales y antisistema, dinamitando el frágil equilibrio de alianzas del Ejecutivo de Illa.
El rol marcadamente político que Trapero adoptó durante los años álgidos del separatismo —del que salió absuelto tras su imputación ante la Justicia— le otorgó en el pasado un estatus privilegiado entre el separatismo catalán. Su gestión de los atentados yihadistas del 17-A y su directo cuerpo a cuerpo con el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, alimentaron la fantasía de que los Mossos actuarían como una estructura militar de resistencia frente al Estado.
Sin embargo, esa hiperexposición pública terminó devorándolo. El profundo desencanto de los sectores más radicales, que esperaban de él una insurrección armada que jamás llegó, sumado al recelo de quienes veían en su figura una intolerable contaminación política, terminaron por sellar su destino. Trapero se marcha dejando tras de sí un cuerpo fracturado y un Govern expuesto a las duras críticas de la calle, demostrando que la seguridad pública difícilmente sobrevive cuando se gestiona desde el cálculo partidista y la propaganda.
