Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresident de la Generalitat Jordi Pujol y cuyo patrimonio está siendo investigado en la Audiencia Nacional, ha pedido al juez de este órgano Manuel García Castellón que le tenga como perjudicado en la macrocausa en la que se investigan las actividades presuntamente delictivas del excomisario jubilado en prisión José Manuel Jiménez Villarejo, con el fin de poder ejercer la acusación particular en este asunto.
Así lo señala en un escrito, presentado el pasado lunes, en el que su defensa recuerda al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que ya hace diez meses que se presentó escrito de personación en la causa sin que éste haya tenido respuesta.
En su petición, la defensa señala que el pasado sábado tuvo conocimiento de que el socio de Villarejo también imputado en la causa, Rafael Redondo, tenía en su poder información mercantil del mayor de los Pujol «con la que mercadeaba con terceros» y que tal tenencia era necesariamente ilícita, por cuanto ni había sido cedida por nuestro mandante ni los investigados formaban parte de la fuerza policial que tenía encomendada la investigación de las citadas mercantiles.
«Estamos, necesaria e indiciariamente, ante un delito de revelación de secretos cuyo esclarecimiento deberá abordar la presente instrucción pero que, sin duda, habilita a esta parte» para comparecer como acusación particular, según el letrado.
Argumenta además que dichos indicios apuntan a que Pujol Ferrusola fue uno de los objetivos del denominado Grupo Cenyt (empresa de detectives de Villarejo), cuya función principal, según se afirma en múltiples resoluciones, era «la mediación e intercambio de información de carácter personal, cuyo acceso estaba restringido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que aprovechándose de la facilidad que le otorgaba la doble condición de policía y de investigador privado le permitió el tráfico de dicha información con terceros».
Para la defensa de los Pujol existen sobrados indicios de que el comisario ya jubilado, «actuando al margen de cualquier legalidad y sirviéndose de su condición de funcionario público» falseó documentos de carácter mercantil, obtuvo información de carácter íntimo respecto de Jordi Pujol Ferrusola y ofreció «ventajas y cobertura económica y policial a distintos testigos para presentar declaraciones moldeadas de signo pretendidamente incriminador».
Por todo ello, solicitan al juez García-Castellón que resuelva sobre la petición de personación como acusación particular y tenga a su representado como perjudicado en la macrocausa contra el comisario.
