El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado un paso judicial de primer orden contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. La Abogacía General de la región presentó este martes un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo al considerar que la norma invade las competencias autonómicas y asfixia financieramente a las comunidades. El texto, aprobado por el Consejo de Ministros en abril mediante real decreto, moviliza 7.000 millones de euros hasta 2030. Pero, según el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, la letra pequeña traslada a las arcas regionales una factura que multiplica por cinco la del plan anterior.
El pulso competencial que anticipó el Consejo de Estado
El recurso no llega sin aviso previo. El propio Consejo de Estado emitió un dictamen en el que advertía de que la obligación de cofinanciación que impone el plan podría constituir una «injerencia excesiva» en la autonomía financiera de las regiones. La Comunidad de Madrid ha convertido esa advertencia en uno de los pilares de su impugnación. Sostiene que el modelo restringe la capacidad de las autonomías para decidir el destino de sus propios recursos presupuestarios.
La clave, explican fuentes de la Puerta del Sol, es que el plan estatal no se negoció de manera efectiva. «La versión definitiva fue aprobada por el Consejo de Ministros sin haber sido previamente consensuada con los gobiernos regionales», señala el comunicado oficial. Esa forma de proceder, añade el Ejecutivo autonómico, dificulta la planificación de actuaciones concretas y retrasa medidas pensadas para facilitar el acceso a la vivienda.
Cuánto más tendría que pagar Madrid y por qué se habla de quintuplicar
El dato que más ha irritado a la Comunidad es económico. De acuerdo con las cifras que maneja el Gobierno regional, el nuevo plan exige a Madrid una aportación que quintuplica la del anterior programa estatal. No es un matiz contable: implica que la región deberá desviar una porción mucho mayor de su presupuesto a cofinanciar programas diseñados desde Moncloa, reduciendo el margen para políticas propias de vivienda.
Este periódico ha podido saber que el área de Vivienda ya está evaluando qué proyectos del Plan Vive o del Plan Alquila podrían verse ralentizados si el Supremo no suspende cautelarmente la aplicación del decreto. No hay una cifra cerrada sobre la mesa, pero el temor es que los fondos autonómicos queden cautivos de prioridades ajenas a la realidad madrileña.
Madrid considera que la norma la obliga a gastar en lo que dicta el Estado, sin margen para adaptar las políticas a su mercado de alquiler.
El recurso también carga contra la imposición de una protección permanente para determinadas viviendas que reciban ayudas públicas. El Gobierno de Ayuso entiende que esa exigencia excede las competencias estatales y puede forzar cambios normativos que generen inseguridad jurídica. Algo que, a su juicio, acabaría retrasando la ejecución de los programas de vivienda protegida.
Otro flanco abierto es la condicionalidad de las transferencias. El plan vincula la llegada de fondos a obligaciones de publicidad institucional, intercambio de información administrativa u organización de actos públicos. La Comunidad considera que esos requisitos son ajenos a la finalidad de la norma y abren la puerta a un uso partidista de los recursos destinados a vivienda.
Un conflicto que va más allá del Supremo
Conviene poner este recurso en contexto. No es la primera vez que el Gobierno de Ayuso lleva al Estado a los tribunales por invasión competencial. Ya ocurrió con el impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas y con varios preceptos de la ley estatal de vivienda. Madrid ha construido un perfil beligerante en la defensa de su autonomía fiscal y normativa. La diferencia aquí es que la advertencia del Consejo de Estado otorga al recurso un respaldo jurídico poco habitual en este tipo de contenciosos.
Mientras el Supremo decide si admite a trámite el recurso y, en su caso, si suspende cautelarmente el real decreto, las comunidades autónomas se enfrentan a un calendario de implantación que ya está corriendo. El plan entró en vigor en abril. Si el alto tribunal no lo frena de forma urgente, Madrid tendrá que empezar a ejecutar partidas sin saber si la norma que las sustenta acabará siendo anulada. Esa incertidumbre, más que la batalla política, es lo que inquieta ahora en la Consejería de Vivienda.
Habrá que seguir de cerca los próximos movimientos de otras regiones gobernadas por el PP, que podrían sumarse al recurso. De momento, la Comunidad de Madrid va sola.
